De acuerdo a datos del SINAIS, en los últimos cinco años, al menos 518 personas han muerto a manos de policías, soldados o marinos. Creemos que esta es una enorme subestimación: tan sólo en 2011 la base de datos de enfrentamientos publicada por el CIDE reportó 2,107 muertos a manos de autoridades contra apenas 53 del SINAIS.
Se encuentra en el senado la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que otorga un marco legal para que las fuerzas de seguridad nacional cumplan también con tareas de “seguridad interior”, un término que no existe en nuestro marco constitucional, pero que incluye tareas de seguridad pública. Hay múltiples argumentos en contra de esta iniciativa, uno de ellos tiene que ver con la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas frente al uso excesivo de la fuerza y el asesinato de civiles, presuntos criminales o no, en enfrentamientos.
Hasta 2014, mediante solicitudes de información investigadores lograron contabilizar los saldos de enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado http://www.redalyc.org/pdf/139/13925007004.pdf; sin embargo, a partir de dicho año Sedena respondió que no guardaba un registro de muertos, heridos y detenidos en sus enfrentamientos, dado que esa tarea quedaba a cargo de las procuradurías estatales. Así, nos quedamos sin una fuente central de información para evaluar el uso de violencia por parte de fuerzas federales y construir al menos un diagnóstico para movernos hacia mecanismos de rendición de cuentas.
Asimismo, el CIDE hizo públicos los datos y resultados de una base de datos sobre enfrentamientos con detalles antes desconocidos sobre víctimas, contexto y características de los enfrentamientos. Lamentablemente, esta base sólo llega hasta 2011, año en que se dejó de publicar la base de “homicidios por presunta rivalidad delincuencial”.
La diferencia entre ambas fuentes es brutal: en 2011 la base del CIDE contabilizó 2,107 muertos en enfrentamientos con fuerzas policiales o federales; contra apenas 53 casos en SINAIS; al tiempo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ni siquiera distingue víctimas a manos de autoridades. Dicho de otro modo, hoy no tenemos forma de conocer el número real de estos homicidios y el SINAIS nos da una imagen pequeñísima de un problema enorme.
En este ejercicio queremos aproximarnos a lo que ocurrió desde 2014 a partir de una categoría contenida en la base de datos de homicidios SINAIS publicada por INEGI cada año. Del mismo modo, queremos contrastar estos datos con los datos de enfrentamientos para entender su composición. Una limitante de estos datos es que nos impiden distinguir qué autoridad participó en el enfrentamiento y/o fue responsable de la muerte de civiles (i.e. Ejército, Marina, Policía Federal, policías ministeriales, estatales o municipales. En total, entre 2011 y 2016 contabilizamos 518 civiles asesinados por autoridades.
La causa Y35 o ¿cómo llegamos a esa cifra?
En México hay distintas fuentes que reportan el número de homicidios en el país. Una de estas, son las cifras reportadas por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Si bien el SNSP no publica el número de homicidios, sí da a conocer mes a mes, la cantidad de averiguaciones previas abiertas por homicidio, con base en lo reportado por la PGR y las Fiscalías Generales de cada estado. Estos datos proveen una aproximación al número de homicidios que hay en el país, sin embargo, se trata de una aproximación imperfecta. Una averiguación puede incluir más de un homicidio, también es probable que haya homicidios por los cuales no se abre una investigación. Con esto en mente, el SNSP publica desde 2014 el número de víctimas de homicidio. A pesar de esto, no es posible conocer el perfil completo de ellas (sexo, edad, escolaridad, estado conyugal, etc.).
Hay, sin embargo, otra fuente que reporta datos de homicidios en México en el que sí es posible conocer el perfil de las víctimas y obtener más datos sobre la causa de muerte de las mismas. Esos datos son publicados por el INEGI en sus estadísticas sobre mortalidad, basándose en el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) y los reportes de médicos legistas. Es decir, las estadísticas de homicidios del INEGI están basadas en cuerpos y no en averiguaciones.
Una característica importante de los datos sobre mortalidad del INEGI es que utilizan una metodología comparable con estándares internacionales. A nivel internacional la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo responsable para establecer normas, emitir recomendaciones y proveer asistencia técnica, sobre las políticas que lleven a cabo los gobiernos encaminadas a mejorar las condiciones de vida de su población. Parte de esos esfuerzos, requieren de datos comparables sobre las causas de muerte de las personas. Para unificar criterios, la OMS instituyó la Clasificación Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE). Que no es otra cosa más que un catálogo para poder clasificar la causa de muerte de una persona.
La clasificación CIE incluye entre sus causas desde enfermedades hasta causas violentas. La causa que nos permitió obtener el número de muertos a manos de fuerzas públicas es la causa Y35. La cual atribuye la causa de muerte externa de la persona a una intervención legal. Es decir, quienes murieron por esta causa murieron a manos de alguna corporación de la fuerza pública.
Enfrentamientos y agresiones: fuerza pública involucrada
Si bien los datos de homicidios de INEGI nos permiten conocer el perfil de las víctimas, no sabemos a manos de qué corporación de la fuerza pública fallecieron. Sin embargo, pudimos aproximarnos a identificarla utilizando la base de datos del Programa de Políticas de Drogas del CIDE. Esta base identifica enfrentamientos y agresiones relacionadas con el crimen organizado, con base en reportes de prensa. La base tiene información sobre el municipio donde ocurrió el enfrentamiento o la agresión, la fuerza pública involucrada, qué se decomisó (armas, drogas, etc.), el lugar de la agresión (centro comercial, medio, etc.). Lo que hicimos fue unir ambas bases en el período que coinciden. Desgraciadamente SINAIS comenzó a registrar esa causal de muerte a partir de 2011, además ese año es el último año de la base de datos del CIDE, por lo que sólo pudimos unir las observaciones por municipio y día de ocurrencia para 2011.
La base del CIDE identifica 2,151 enfrentamientos o agresiones únicamente para el año 2011. Sólo en 25 casos, de todo ese universo, también se registraron muertes por intervención legal en SINAIS el mismo día y en el mismo municipio. Es decir, SINAIS sólo contiene información sobre víctimas de homicidios de 25 de 2,151 registros. Y al dái hoy, SINAIS sobrevive como la única fuente para aproximarnos al problema. Hay además nueve casos más que sólo se encuentran en SINAIS pero que no tienen ningún enfrentamiento o agresión registrada ese día en la base del CIDE. Se trata, quizás, de víctimas de homicidio a manos de autoridades que no ocurrieron durante un enfrentamiento con presuntos miembros del crimen organizado.
Así, hay 2,126 agresiones o enfrentamientos en 2011 para los cuales SINAIS no registró ningún fallecimiento por intervención legal, a pesar de que hubo involucramiento de alguna corporación de la fuerza pública y a pesar de que hubo fallecimientos de presuntos delincuentes del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional es quien más estuvo involucrada en las agresiones y enfrentamientos durante el año 2011. Participó en 39% de los registros que sólo aparecen en la base del CIDE. Mientras que en los 25 casos donde coinciden los registros de ambas bases, la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo involucrada en 72% de estos enfrentamientos o agresiones. En el 28% restante de los casos coincidentes, estuvo involucrada alguna corporación policíaca (Policía Federal, Policía Estatal o Policía Ministerial).
¿Cuántos mueren?
La base del CIDE también nos permite aproximarnos al perfil de las víctimas pues distingue entre elementos de la fuerza pública, presuntos miembros de la delincuencia organizada y civiles. Comparamos las muertes de los presuntos delincuentes con las muertes por intervención legal.
Los resultados no podrían ser más dispares. Tan sólo en 2011, el año más violento hasta este 2017, fallecieron 2,107 presuntos delincuentes organizados en enfrentamientos o agresiones en los que participó una corporación de la fuerza pública: SEDENA, Marina, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal, etc. En ese mismo año, SINAIS sólo reportó la muerte de 53 personas por causa de una intervención legal.
Entonces, al cruzar ambas bases no sólo descubrimos que SINAIS contiene un número mucho más pequeño de eventos; sino que al identificar los eventos en los que ambas bases tienen registro de víctimas, SINAIS registra menos víctimas.
¿Qué nos dice esta heterogeneidad? Primero, que no podemos concluir que todos los muertos por intervenciones legales se deban necesariamente a enfrentamientos o agresiones relacionados al narco. En diciembre del 2011 por ejemplo, se registraron nueve personas que murieron a manos de alguna autoridad, pero la base del CIDE elaborada a partir de reportes de prensa, no tiene registros a cerca de ningún presunto delincuente fallecido en algún enfrentamiento o agresión.
Dicho de otro modo, la base de enfrentamiento contiene muchísimos más casos de muertes por parte de autoridades que no son contabilizados en SINAIS; mientras que no todos los casos del SINAIS se deben a enfrentamientos con presuntos miembros del crimen organizado.
¿Quiénes mueren?
Lo que sí podemos saber con certeza es el perfil sociodemográfico de quienes han muerto por intervenciones legales, el cual no se aleja de las víctimas tradicionales de la violencia en México en la última década.
El 96.7% de las personas fallecidas por una intervención legal en México han sido hombres. El 41.3% de ellos tenían entre 26 y 40 años. Los hombres de entre 18 y 25 años, le siguen como el segundo grupo que más ha muerto por esta causa y representan el 37.8% de los casos. Es decir, son hombres jóvenes los que han muerto en mayor medida a manos de la fuerza pública.
¿Dónde mueren?
Sólo 3% de todas las muertes por intervención legal han muerto en su casa. La mayoría de las víctimas, 66.8% de ellas han muerto en la vía pública. Sorprendentemente no sabemos donde murieron el 28% de las víctimas, pues no se especifica o simplemente se ignora el lugar donde ocurrió el hecho. A partir de los datos, podemos llegar a pensar que muy pocos lograron atenderse en algún hospital o centro de salud, apenas un 2.12% logró llegar a una unidad de salud pública, mientras que sólo una persona murió en una unidad médica privada.
Ver la distribución geográfica de los homicidios a manos de la fuerza pública, nos permite identificar que si bien hay algunos lugares que coinciden con escenarios de la guerra contra el narco, hay otras entidades no relacionadas a esta violencia pero que sí han registrado varios casos de homicidios por intervenciones legales.
Tamaulipas encabeza la lista de entidades con más casos. De 2011 a 2016, en Tamaulipas han muerto 247 personas a manos de elementos de la fuerza pública. Siendo en 2012 el año cuando se registró el mayor número de casos: 62 muertos. Sinaloa otro de los estados más violentos del país, sólo registró 14 muertos en ese mismo período. Guerrero registró sólo un caso en todo el período. Mientras que Michoacán tuvo 15 fallecimientos por esta causa. En segundo lugar, después de Tamaulipas se encuentra Zacatecas. A comparación de Tamaulipas, en Zacatecas sólo se registraron dos muertos menos, quedando en un total de 60 personas que murieron a manos de la fuerza pública.
Este primer análisis descriptivo de los estados donde se registraron los muertos por intervenciones legales nos puede llevar a pensar que no necesariamente ocurrieron en lugares tradicionalmente violentos. Al analizar la tasa de homicidios por arma de fuego contra los homicidios por intervención legal en los municipios donde se registraron los casos en 2011 vemos que se confirma esa tendencia. Los homicidios por intervenciones legales no necesariamente ocurrieron en municipios con altas tasas de violencia.
Si analizamos la distribución geográfica dentro de los estados, también podemos observar una concentración de los homicidios por esta causa. En Coahuila el 25% de los casos ocurrieron en el municipio de Monclova. En Michoacán el 66.7% de los homicidios por intervención legal ocurrieron en los municipios de Pátzcuaro y Churintzio. En Sinaloa el 35.7% de los casos tuvieron lugar en Ahome (Los Mochis). En Veracruz 22.7% de los homicidios por intervención legal ocurrieron en el municipio de Perote. En Zacatecas 41.7% de los casos ocurrieron en Fresnillo. Mientras que, en estado con más casos, en Tamaulipas, los casos se concentraron en Reynosa, donde se registraron el 49.4% de los homicidios.
Licencia para matar
La única fuente disponible hoy para conocer el número de personas que mueren a manos de autoridades es el SINAIS en la causa de muerte Y35. La base de datos sobre homicidios por presunta rivalidad delincuencial se dejó de publicar en 2011, y en ella se consignaban muertos, heridos y detenidos por enfrentamientos entre autoridades y presuntos miembros de la delincuencia organizada; como supimos gracias a la publicación de una versión mucho más detallada de esta base por parte del CIDE y su Programa de Política de Drogas. A su vez, SEDENA decidió dejar de publicar información sobre víctimas de homicidio en enfrentamientos con sus miembros en 2014.
Cuando comparamos SINAIS con la base del CIDE para 2011, el único año en el que ambas fuentes coinciden temporalmente, descubrimos que la primera sólo contenía 2.5% de las víctimas de la segunda. Mientras que el SNSP ni siquiera identifica casos de muertes a manos de autoridades. Es importante recordar que la base de SINAIS se origina por reportes de médicos legistas sobre cuerpos; mientras que la base del CIDE se origina por reportes de las propias autoridades federales involucradas en enfrentamientos; y la base del SNSP se origina de averiguaciones previas / carpetas de investigación de procuradurías estatales.
Entonces hoy, que discutimos la Ley de Seguridad Interior que ampara las funciones de ejército y marina en tareas de seguridad pública; no podemos saber siquiera cuántas personas mueren como resultado de esas tareas; y si atendemos a lo que ocurrió en 2011, lo que sí logramos ver es apenas el 2.5% del problema. Esta no es una desinformación accidental o inevitable, es un acto intencional que se profundiza con la Ley de Seguridad Interior que explícitamente establece la reserva de información sobre las tareas de seguridad pública de ejército y marina.
Es, no hay otra forma de decirlo, una licencia para matar.
Nota metodológica
Para calcular el número de muertos por intervención legal se utilizó la causa de defunción Y35 del catálogo CIE-10 de los datos de defunciones del INEGI. Para determinar el lugar y el año de la defunción se utilizaron las variables de año, estado y municipio de ocurrencia.
La base de SINAIS y la base del Programa de Políticas de Drogas del CIDE fueron unidas por municipio, día, mes y año.
Fuente.-Jose Merino/Mariano Muñoz/
