El debate en el Congreso de la Unión sobre la aprobación o no de un modelo de mando policial único o mixto se encuentra empantanado desde hace años. A pesar de un aumento en los índices de delincuencia en todo el país, los políticos no logran ponerse de acuerdo sobre la mejor opción y han mantenido el cambio institucional en vilo.
En México existen seis modelos policiacos. Algunos fuera de la ley y otros creados por los propios ciudadanos, todos dan cuenta de los intentos que ha habido por dar una solución al problema de inseguridad, pero han sido también un factor para el incremento de la violencia.
Para Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad y académico de la UNAM, la guerra contra las drogas dio prioridad a la mano dura por sobre los derechos humanos, lo que contradice incluso a la Constitución Política mexicana.
“La crisis institucional de la seguridad pública incubada desde inicios de los años noventa llevó a sus extremos las ‘soluciones’ al problema: desde la mano dura a través de las Fuerzas Armadas, hasta la autoorganización en grupos paramilitares.
“Ninguna de estas dos salidas tiene viabilidad en el medio y largo plazos, pues surgieron solo para afrontar la emergencia del ascenso del crimen, tanto del común como del organizado. Las formas viables y legales de organización institucional se encuentran entre esos dos extremos”, consideró Benítez Manaut en su análisis “Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública”, publicado dentro del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 (Senado de la República, 2017).
El debate en el Congreso de la Unión sobre la aprobación o no de un modelo de mando policial único o mixto se encuentra empantanado desde hace años.
A pesar de un aumento en los índices de delincuencia en todo el país, los políticos no logran ponerse de acuerdo sobre la mejor opción y han mantenido el cambio institucional en vilo, al que ahora se ha sumado la presión para aprobar una Ley de Seguridad Interior que dé un marco legal a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero también para profesionalizar a las policías.
No a los extremos
Benítez Manaut es enfático: la solución a la crisis de inseguridad y violencia que vive México no está en ninguno de los extremos. Ni en la militarización de las labores de seguridad, ni en su ciudadanización absoluta.
El catedrático de la Universidad Nacional explica que en el país hay seis modelos de policía que operan en el país: 1. La militarización total de la seguridad pública (no contemplada en la Constitución); 2. La profesionalización de la seguridad pública a través de la Policía Federal (artículo 21 de la Constitución); 3. La profesionalización basada en el mando único o el mando mixto.
Además: 4. La profesionalización de la Policía Municipal (esquema constitucional, artículo 115); 5. Policía comunitaria, en los casos de las comunidades indígenas basadas en leyes de usos y costumbres; y 6. La población organizada en autodefensas (ninguna de las dos últimas están contempladas en la Constitución).
La convivencia de todos estos modelos en algunos territorios, sostiene el experto, ha tenido consecuencias adversas en el control de la violencia.
“En México la problemática se incrementa porque existe una especie de ‘modelo híbrido’ de policía, donde coexisten la Policía Federal, explícitamente creada y fundada en 1999 para hacer frente a una delincuencia cada vez más peligrosa y organizada, a la cual las corporaciones municipales no tenían capacidades reales de contener; las policías de investigación federales (al interior de la Policía Federal y en la Procuraduría General de la República); las policías estatales (de investigación judicial y de prevención); y las municipales, para la contención de los delitos del crimen no organizado ni de alto impacto”, expone.
A ello se suma la lucha constante que ha tenido desde su creación la Policía Federal Preventiva, transformada después en Policía Federal, con la PGR, por labores coincidentes.
“A estas rivalidades se agregan las que aparecen con las Fuerzas Armadas, y también con las policías estatales y municipales. Todas se acusan unas a otras de ser frágiles y estar corrompidas, y en todos los casos han aparecido tanto escándalos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos”, apunta Benítez Manaut.
De toda esa polémica, hasta ahora han sido los militares quienes han ido ganando terreno.
La propuesta del Gobierno federal de establecer el modelo de Mando Único –ahora llamado Mando Mixto- en el que se busca desaparecer a las policías municipales y establecer cuerpos policiacos que obedezcan a un solo mando estatal, va en contra de la idea de que la policía pueda actuar también como agente preventivo, acota el experto.
“Este ‘nuevo modelo’ se contradice con la Constitución, en cuanto supone la imposibilidad de que sea desplegado por las policías municipales, además de que aleja la doctrina policiaca de los conceptos de ‘seguridad ciudadana’, más cercanos a la filosofía garantista de la Carta Magna mexicana”, apunta.
Modelos de policía
El experto en temas de seguridad y académico de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, explica que en México operan seis modelos de policía:
1La militarización total de la seguridad pública.
2La profesionalización de la seguridad pública a través de la Policía Federal.
3La profesionalización basada en el mando único o el mando mixto.
4La profesionalización de la Policía Municipal.
5 Policía comunitaria, en los casos de las comunidades indígenas basadas en leyes de usos y costumbres.
6La población organizada en autodefensas.
Más militarización
La militarización de las tareas de seguridad ha ido en aumento desde sus orígenes, en el sexenio de Ernesto Zedillo.
A partir de ahí, cada vez más se envolvió a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que ha demostrado no ser exitoso del todo.
“El problema que envuelve la militarización de la seguridad pública en México es que no ha logrado resultados contundentes y estratégicos contra las grandes organizaciones criminales, por lo que se ha expandido la acción de las mismas.
“La acción militar ha logrado éxitos parciales en algunos estados y contra ciertos grupos delictivos, pero no ha podido evitar su expansión y su fragmentación, lo que abre numerosas interrogantes para diversos cuerpos policiacos incluso en ciudades que en años anteriores no vivían la violencia del narcotráfico”, afirma Benítez Manaut.
Esta militarización aumentó considerablemente después de que comenzó la “guerra contra el narcotráfico”, por lo que el papel de las policías fue relegándose gradualmente.
“Así, la guerra contra las drogas le dio prioridad a la mano dura, en detrimento de los conceptos de seguridad ciudadana, poniendo a los derechos humanos en segundo lugar (contra la prioridad que les otorga la Constitución, al incluirlos en el Artículo Primero).
“De esta manera, al desplegar la mano dura, el Gobierno federal optó por la persecución de muchos delitos que antes eran ‘tolerados’ para no alterar el orden y la paz social. Así, perseguir el delito se volvió un tema confuso, pues se determinó la persecución a toda costa, lo que modificó los equilibrios entre militares, policías y ciudadanía”, expone el experto.
Conforme el papel y la imagen de las policías municipales fue relegado también fueron estigmatizados; ahora se ve como única posibilidad la conformación de cuerpos con capacidades de combatir delitos de alto impacto, pero se corre el riesgo de dejar de lado la cercanía con la ciudadanía.
El problema, comenta el experto, es que ni siquiera en el Gobierno se tiene claridad sobre el modelo que se quiere impulsar.
“No hay consenso en el seno del Gobierno federal, ni conciencia en muchos gobiernos estatales y municipales, del peligro de radicalizar las salidas en favor de la acción de las Fuerzas Armadas (modelo 1), o que el cansancio de la población conduzca a la autogestión en seguridad (modelos 5 o 6). En otras palabras, no está claro si se quieren ‘militares con dedicación policiaca’, o ‘policías con formación y estructura militar’.
“Tampoco está claro en las estructuras gubernamentales el nivel de profundidad que se espera de la participación de la población, que puede variar entre tener un grado aceptable de presencia colaborativa (modelo 4), y correr el riesgo de la autogestión en seguridad (modelos 5 o 6)”, dice.
Benítez Manaut expone que en otros países como Chile, Argentina, Colombia, España, Francia o Italia que tienen cuerpos nacionales de policías, el modelo 2 es la mejor opción, “incluso para sustituir a las Fuerzas Armadas”.
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