Al cumplirse hoy un año de que la
Administración de Jaime Rodríguez anunció la Operación Tornado, con la que la
Subprocuraduría Anticorrupción procedería penalmente contra más de 30 ex
funcionarios y personajes ligados al sexenio pasado, ninguno de los
involucrados está detenido.
Pese a la expectativa pública
generada por el Estado de ir tras el ex Gobernador priista Rodrigo Medina y al
menos 30 de sus colaboradores, amigos y familiares implicados en
irregularidades en torno al caso Kia y, en menor escala, al Sistema Estatal de
Caminos, la realidad es otra.
Actualmente sólo siete de estos
31 están vinculados a procesos penales y casi todos los casos están suspendidos
o retrasados por amparos.
Sin dar una relación exacta, el
Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, ha expresado que hay cerca de 60
juicios de amparo promovidos.
Los casos de corrupción que
persigue el Estado fueron presentados públicamente el 3 de junio del año pasado
con el nombre de Operación Tornado, luego de que el Gobernador declaró que
haría cimbrar al País al combatir actos ilegales cometidos, principalmente, en
la gestión de Medina.
Ese día, incluso, se anunció el
embargo de bienes al ex Mandatario y 10 de sus colaboradores, pero en enero se
informó extraoficialmente que un juez federal amparó a Medina contra el embargo
de su rancho en General Terán.
El Estado no ha informado el
estatus de los otros procedimientos.
El caso de mayor relevancia
presentado entonces fue la entrega de incentivos presuntamente ilegales
otorgados a Kia, por los que se estimó un daño al erario por 3 mil 600 millones
de pesos.
Por este expediente, el ex
Gobernador está vinculado por el delito de ejercicio indebido de funciones, por
peculado y por daño al patrimonio del Estado.
Aunque un juez de Control le
dictó prisión preventiva el 26 de enero, cuando quedó vinculado a tres
procesos, el ex Mandatario fue liberado con un amparo después de 19 horas en el
Penal del Topo Chico.
También están vinculados por los
incentivos a Kia el ex Tesorero estatal Rodolfo Gómez y los ex Secretarios de
Desarrollo Económico Rolando Zubirán y Celina Villarreal.
Otros casos de la Operación
Tornado en proceso son la simulación de obras a cargo del Sistema Estatal de
Caminos y un contrato de servicios legales para los ex integrantes del Cabildo
de Monterrey.
Por lo del Sistema Estatal de Caminos hay tres ex funcionarios
vinculados, mientras que por el del municipio están la ex Alcaldesa panista
Margarita Arellanes y nueve ex funcionarios y ex ediles más.
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