La información contenida en dispositivos telefónicos que las autoridades hallaron en poder de sicarios de Guerreros Unidos —el grupo criminal que entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 secuestró y desapareció a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa— revela que uno de los sicarios intercambiaba mensajes con un interlocutor registrado en su agenda como “Gendarmería Guerrerense”.
El 8 de octubre de 2014, a las 3:11:50, “Gendarmería Guerrerense” le envió un mensaje al sicario identificado como Pozole:
Gendarmería Guerrerense: Que hay viejo como andamos?
Pozole: Vien viejo akiandamos.
Gendarmería Guerrerense:Ya esta viejo cuidece viejo aquí seguimos.
Según el informe técnico de la telefonía de algunos miembros de Guerreros Unidos, elaborado por la PGR y del que procede esta información, el pin de “Gendarmería Guerrerense” era el siguiente: 26AB281C.
El diálogo con Pozole fue breve, pero ayudaría a explicar, entre otras cosas, por qué uno de los jefes operativos de Guerreros Unidos, El Cabo Gil, tenía pormenores de la investigación que las autoridades estaban realizando en Iguala: sabía, por ejemplo, que “le reventaron la casa a la mamá del Valla” y que “mañana van a checar varios lugares”.
En ese instante habían pasado dos semanas desde la desaparición de los normalistas. El expediente del caso indica que El Cabo Gil había enviado mensajes a sus subordinados:
“Salte de Iguala porque hay mucho gobierno”, le escribió a Raúl Núñez Salgado, alias La Camperra.
Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como líder de la organización tras la captura de su hermano, Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, relató en su declaración ministerial que El Gil le hizo saber en un mensaje de BlackBerry “que se iba a enmontar” y se llevaría consigo al subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares.
También a través de mensajes telefónicos el jefe de sicarios apodado El Chucky le avisó a uno de sus ejecutores, Marco Antonio Ríos Berber, “que se estaba calentando la plaza e iba a haber pedo”.
Los integrantes del grupo criminal huyeron de Iguala, se escondieron en casas de amigos y familiares, y permanecieron “entusados”.
Uno de ellos sostuvo, el 2 de octubre de 2014, esta comunicación:
Madre: Dios los acompañe. Ya s han a dormir, s t olvidaron. las belas.
Sicario: Sí pues madre.
Madre: Ok ya s BAM a dormir q ban. a almorzar q quoeren.
El 5 de octubre ocurrió este diálogo:
Sicario: Tia nadms ai 2 camionetas d verdes y 1 d estatal ya se fueron judiciales todo esta trankilo m mandaron msj.
Tía: Si pero tu no vayas avenir por nada del mundo
Sicario: Ok nadms diga le ami mama k ya no me espante a jeny xk seme pone muy mal.
El 7 de octubre, el sicario se comunicó con Suegra y Amorrr.
Suegra: Andan atrás de tu colonia.
Amorrrr: Estan llegando un buen de elicopteros ya van 12… cuidate mucho.
Sicario: Si.
Amorrrr: Ok amor xfavor con mucho cuidado sale te amooo papiiitoo besiiiitooos
Suegra: flaco, andan entrando los federales y la marina asta aka al residencial ya van dos vueltas q se dan.
Otro sicario, identificado como Jaimes 78, se comunicó el 8 de octubre con Pozole:
Jaimes 78: Todo vien viejo tod vien?
Pozole: Si viejo akiandamos yakiero darles ps eltopon ya mecanse de andar es condido.
Más tarde, Pozole le avisó a Romeo (y): “Viejo contéstele al churros ya esta en la flor. Para que lo reciban”.
El Churros es José Luis Ramírez Arriaga, uno de los jefes de plaza de Guerreros Unidos que también se había dado a la fuga. Según las indagatorias, estaba encargado de controlar a los taxistas de la región para que estos informaran al grupo criminal sobre los movimientos “de autoridades y personas”.
Los datos del informe técnico son piezas que se agregan a la historia.
La llegada de Carlos Alfonso Tornero como el nuevo responsable de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal (PF) no es ninguna sorpresa. Tampoco, un cambio de fondo en el cuestionado cuerpo policial implicado en las matanzas de Tanhuato, Michoacán, y Nochixtlán, Oaxaca.
Tornero es un viejo amigo del comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, el protegido del presidente Enrique Peña Nieto.
Tornero y Castilla han coincidido en cargos policiales desde la década pasada, aunque ahora la superioridad se ha invertido. En San Luis Potosí, ambos estuvieron con el anterior comisionado general de la PF, Enrique Galindo.
En 2010, Galindo era secretario de Seguridad Pública de ese estado, mientras el nuevo encargado de Fuerzas Federales coordinaba allí a la Policía Federal y Castilla era el jefe operativo.
Después de un ataque a agentes estadunidenses, en febrero de 2011, Castilla salió de la corporación y se refugió en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que Tornero se fue a trabajar como asesor del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien también contrató en labores de seguridad a su hermano, Mauricio Tornero.
Castilla y Tornero han tenido una movilidad en la PF imposible de ocurrir en cualquier cuerpo con un verdadero servicio policial de carrera. Han llegado a los cargos más altos del principal cuerpo de policía civil en México en apenas unos años, a pesar de los periodos en que han tenido que dejar la corporación.
En 2013, Peña Nieto regresó a Castilla a tareas operativas en la PF. Le dio la División de Seguridad Regional, cargo del que fue cesado por el primer titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) del actual gobierno, Manuel Mondragón y Kalb.
Peña lo rescató y en agosto de 2014 lo hizo responsable de la División de Gendarmería. Castilla designó entonces a Tornero como su subordinado directo en el puesto de director general de la Gendarmería.
Otros antecedentes los unen. En 2008, Tornero tuvo que renunciar como director de la Policía Municipal de Guanajuato, luego de que se revelara un video en el que elementos bajo su mando estaban siendo entrenados para torturar por capacitadores estadunidenses.
Castilla, a su vez, estuvo implicado en la muerte de ocho civiles durante un fallido operativo de la Gendarmería y Fuerzas Federales en Nochixtán, el 19 de junio pasado. En ese momento el responsable de las Fuerzas Federales era Salvador Camacho.
De origen militar, Camacho además forma parte de las indagatorias por la ejecución extrajudicial de 22 civiles en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015. La CNDH investigó ese caso y luego de que emitiera una recomendación por la responsabilidad de la PF, su entonces comisionado general, Enrique Galindo, tuvo que dejar el cargo en manos de Castilla.
La CNS evitó informar qué pasará con el exjefe de Fuerzas Federales, pero el propio Camacho aseguraba a sus cercanos que se quedaría en la corporación. ¿Para qué lo quiere cerca el comisionado Manelich Castilla?
La batalla entre cárteles ZETAS del narcotráfico arreció ayer en Ciudad Victoria capital de Tamaulipas y nuevamente las autoridades del Gobierno Panista que prometio cambiarían los "Vientos" y que ahora encabeza FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA de VACA se vieron "rebasadas e impotentes" ante una oleada de tiroteos y atentados que durante seis horas mantuvieron convulsionada la capital con un saldo de cinco muertos.
Los cuatro incidentes se registraron a partir del mediodía en distintos puntos de la ciudad y todavía por la noche el Grupo de Coordinación Tamaulipas no había emitido ningún comunicado sobre el balance oficial de los hechos,el silencio oficial se ha vuelto costumbre.
La primera balacera se reportó a las 12:00 horas en el sector del 7 Berriozábal, en pleno corazón de Ciudad Victoria, donde ciudadanos reportaron en sus testimonios un hombre muerto. El área fue acordonada por soldados.
A las 13:00 horas, en la calle Llera del popular sector de la colonia Libertad, se escucharon detonaciones de fuego y al llegar oficiales de Fuerza Tamaulipas al lugar, encontraron a un hombre herido en una camioneta.
Los elementos de seguridad llamaron a una ambulancia que llegó a una tienda de conveniencia ubicada sobre la Zeferino Fajardo, en contra esquina del Centro de Espectáculos Chaparral y trasladaron al herido a un nosocomio, pero murió en el trayecto.
MÁS ATAQUES
Casi simultáneamente, con unos minutos de diferencia y a unas cuadras del lugar, otro hombre fue rafagueado en un lavadero de autos, en el fraccionamiento Praderas del Tec, donde quedó tirado en el piso el cuerpo del propietario del establecimiento.
El lavado se encuentra frente a un jardín de niños, a un lado del Tecnológico de Victoria.
Unos 30 minutos después reportaron otra balacera por la colonia Satélite, por el rumbo de la Avenida de la Paz, al norte de la ciudad, donde se reportó movimiento de autoridades por la zona.
No hubo reporte de bajas, lesionados o detenidos.
HOMBRE Y MUJER
Por la tarde, aproximadamente a las 17:45 horas, en las colonias que se ubican sobre la Sierra, específicamente Veteranos de la Revolución, se reportaron balazos y cuando acudieron las fuerzas federales localizaron dos cadáveres, de un hombre y una mujer.
Por toda la ciudad, tras esos atentados , se ha redoblado la vigilancia especialmente de militares en convoyes de hasta cuatro o cinco unidades, por el libramiento Naciones Unidas, Eje Vial y los principales bulevares.
El gobierno estatal de Tamaulipas gastó millones en proveer a policías estatales como guardaespaldas personales para dos ex gobernadores que son buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus supuestos papeles como sustitutos de los carteles mexicanos.
Como se informó anteriormente Breitbart Texas, los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores tienen órdenes de detención pendientes derivadas de acusaciones criminales cargándolos en tribunales de Estados Unidos con cargos de lavado de dinero, soborno y tráfico de drogas.Ambos funcionarios han tenido sus propiedades y cuentas bancarias estadounidenses incautadas.
Breitbart Texas obtuvo un documento filtrado del Gobierno de Tamaulipas, donde funcionarios del estado ordenaron a un agente de esa policía ministerial estatal que sirviera como guardia personal para Yarrington.
El agente fue asignado una pistola Glock de 9 mm y un fusil Colt M-4 como parte de sus armas de servicio con el fin de proporcionar seguridad al político fugitivo.
Se cree que el gobierno de Tamaulipas pagó $ 30 millones de pesos o $ 1.5 millones de dólares en salarios y equipo para proporcionar seguridad a Yarrington y Hernández.La información sobre el estado que paga por guardias armados fue reportada inicialmente por Televisa News el martes por la noche.
Tanto Hernández como Yarrington han sido acusados de blanquear millones en sobornos del cartel, reveló la acusación criminal en Estados Unidos.Además de blanquear fondos, se cree que Yarrington ayudó al cártel de Los Zetas a establecer relaciones con el gobierno de Veracruz para que la organización criminal tenga acceso a una importante ciudad portuaria.
Tras el ataque contra un convoy del ejército el secretario de la Defensa Nacional dijo que buscaría llevar ante la ley a los responsables de la emboscada del pasado 30 de septiembre en Culiacán, donde cinco militares perdieron la vida, cosa que a la fecha no ha sucedido. Hizo hincapié en la promesa de apoyar a los familiares de los caídos.
Quizá por lo mediático y aparatoso del caso, el mensaje ocupó las portadas de los medios informativos a nivel nacional. Algo que no ocurrió con un caso sucedido ocho meses atrás también en Sinaloa, donde de igual forma cinco soldados fueron abatidos en una emboscada.
En éste suceso la madre de un oficial que perdió la vida, ilustra el calvario que tienen que vivir los familiares de militares muertos en actos de servicio, cuando se trata de obtener los beneficios que por ley les corresponden.
Nueve meses después de que un error del comandante del 89 batallón de infantería en Los Mochis, le costara la vida a cinco de sus elementos entre los que estaba el subteniente de transmisiones Aldo Martín Velázquez Fuentes, la mamá del oficial fallecido vive un calvario burocrático sin que se haga efectivo el beneficio social de la pensión que por ley le corresponde.
María del Socorro Fuentes García, madre del subteniente Aldo, cuenta que tras la muerte de su hijo, caído en una emboscada el pasado 30 de enero en la comunidad de La Huerta, en Mocorito, Sinaloa, comenzaron los trámites donde en primera instancia dejó como beneficiarias a su esposa, su hija y a ella. El pasado 24 de agosto, luego de siete meses de trámites, se acordó que se le otorgaría el porcentaje que le correspondía señalado en los oficios. Tres meses después la espera continúa sin que se haga efectivo su derecho.
En abril pasado un juzgado militar en Mazatlán, sede de la comandancia de la Tercera Región de donde depende el 89 de infantería de Los Mochis, inició proceso penal contra el coronel Gabino Torres Solórzano, ex comandante de la unidad, así como contra el mayor Nicolás Navarro Olvera y el capitán Juan Manuel Parga García dentro de la causa penal 148/2016.
De acuerdo con un documento fechado el 12 de octubre de 2016, cuya copia tiene este Blog, a los tres ex integrantes del 89 batallón se les acusa de “haber ordenado y consentido que un oficial (extinto subteniente de transmisiones Aldo Martín Velázquez Fuentes) a bordo de un solo vehículo saliera del puesto de mando a efectuar un relevo de personal, circunstancia que originó que durante dicha actividad fueran emboscados y falleciera dicho oficial y tres elementos de tropa (un herido más moriría días después), puesto que conforme a las directivas emitidas, los movimientos de personal deben de realizarse en por lo menos dos vehículos para evitar actos como los suscitados”.
El error en el ejercicio del mando del coronel Torres Solórzano, un oficial Diplomado de Estado Mayor señalado de presuntos vínculos con el narco (http://www.estadomayor.mx/62850), le costó que fuera destituido y quedara procesado por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad, abandono de servicio y robo equiparado. El ex comandante del batallón interpuso un amparo ante el juzgado décimo de distrito contra el fallo, el cual hasta estos días de noviembre aún estaba pendiente de resolución.
Oriunda de Querétaro, la señora Fuentes García dice que en la 17 zona militar con sede en ésta ciudad, donde ha hecho los requerimientos de la pensión, un oficial que solo se presentó como “Daniel”, fue designado por la secretaría de la Defensa Nacional para asesorarla en todo lo relacionado con los trámites para entrega de documentos y beneficios a que tiene derecho. “Solicité entre otros la hoja de trabajo por ser para mi muy necesaria ya que en ella están plasmados la designación de beneficiarios. Me contestó que no podía verla, porque no tenía derecho”.
Dice que sospecha de firmas alteradas, un tarjetón que encontró tiene una caligrafía diferente a otros documentos, ha notado al menos tres firmas diferentes a la que tenía su hijo. “Las hojas de trabajo son distintas, el 18 de mayo en el ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas), me entregaron una totalmente vacía indicando únicamente que yo era derechohabiente de Aldo. El 27 de junio en el ISSFAM me mostraron una totalmente llena, en el documento que le envié sellado de recibido por la Sedena del mismo 18 de mayo le digo al general Cienfuegos que dudo de la veracidad de esa hoja de trabajo porque se presta a que pueda ser rellenada como quieran”.
Hasta estos días de noviembre, el único beneficio que se ha concretado lo ha recibido su nuera y madre de la niña de pocos años que dejó Aldo. Se trata de un fideicomiso por parte del gobierno de Sinaloa, para los militares caídos en labores de seguridad y combate al narcotráfico en el estado.
Por parte de la Sedena la señora asegura que le han dado puras largas. “Me dijeron que no me darán absolutamente nada de febrero de este año en adelante, no será retroactivo, únicamente a partir de que ellos decidan empezar a depositar entonces si será continuo y al parecer será a partir de diciembre o enero próximos”.
Cartas y más cartas, trámites y más trámites
“¿Cuántos militares tienen que morir para que haga algo?”, preguntó la señora semanas después de la muerte de su hijo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, en una misiva que le envió. En esa carta le exigió que se identificara y sancionara a los responsables de la negligencia que costó la vida a los soldados que iban al mando del subteniente Velázquez Fuentes. No importaba si se tratara del comandante o quien resultara responsable.
La sospecha de que había dolo y errores en la actuación militar de los mandos superiores de su hijo, se debían a que en varias misivas le había contado lo que ocurría al interior del batallón, del cual ya había solicitado su cambio a una unidad en el estado de Puebla (Ver: Sacudida en el 89 batallón en Los Mochis. 13 de abril de 2016 http://www.estadomayor.mx/62850).
El 8 de abril del 2016 el juez dictó formal prisión al coronel Torres Solórzano. En la misma fecha también se le decretó formal prisión al mayor Navarro Olvera por el delito de desobediencia, juicio que se cerró hace unos meses con conclusiones acusatorias por parte del fiscal militar. Mientras estaba pendiente que la defensa del acusado presentara también sus conclusiones para que el juez cerrara el proceso y fijara fecha de sentencia.
También en abril se inició proceso penal en el juzgado militar de Mazatlán contra el capitán Parga García por el delito desobediencia, su defensa interpuso un amparo contra el auto de formal prisión mismo que estaba en trámite por definir. “Además el coronel Torres Solórzano se le atribuyen otros tres delitos de desobediencia, por tres hechos diferentes al mencionado en el párrafo anterior, así como el delito de abuso de autoridad por dar órdenes de interés personal a personal militar, abandono de servicio por separarse una tarde de su unidad y robo equiparado por haber asegurado una arma de fuego y no haberla puesto a disposición de la autoridad competente”, dice el documento del caso.
Debido a que los delitos que se les acusa no están considerados graves por la ley como graves, el juez militar les otorgó a los tres acusados la libertad provisional bajo caución, por lo que enfrentan el proceso sin estar recluidos en el penal castrense, señala el oficio firmado por el coronel y fiscal militar Sergio Hernández Cancino.
"Ya no mates a ninguno, ya reporté dos vivos", fue la orden de un mando de la Policía Federal a sus oficiales en el ‘Rancho del Sol’ en Tanhuato, Michoacán, tras un operativo donde perdieron la vida 42 personas, y al menos 22 de ellas fueron ejecutadas arbitrariamente por los uniformados.
Tres víctimas sobrevivientes relataron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cómo fue la detención y los abusos de los que fueron objeto el 22 de mayo de 2015.
El organismo nacional señaló tras una investigación que existían elementos para establecer que las tres víctimas sobrevivientes fueron víctimas de actos de tortura por parte de la Policía Federal.
El falso ataque
La Policía Federal informó en el oficio SEGOB/CNS/IG/DGAJ/3087/2015 de fecha 10 de junio de 2015 -suscrito por el Director General de Apoyo Jurídico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)-, que aproximadamente a las 8:30 horas del 22 de mayo del 2015, elementos de la División de Fuerzas Federales fueron atacados por los tripulantes de una camioneta Toyota de color blanco mientras circulaban en el kilómetro 371 de la carretera Nogales-México, lo que derivó en una persecución que culminó con un enfrentamiento en el Rancho del Sol.
Además en un informe de la CNS remitido a la CNDH se informó también que elementos de dicha corporación policial fueron agredidos cuando circulaban sobre la carretera Nogales-México por personas armadas que viajaban a bordo de una camioneta Toyota, y que posteriormente en el interior del “Rancho del Sol” se suscitó un enfrentamiento con civiles armados.
Sin embargo, declaraciones y documentos oficiales revelan que no se trató de una agresión de los civiles si no de un operativo montado tras una denuncia ciudadana y que hubo un uso excesivo de la fuerza letal.
El 21 de mayo de 2015 en la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR) se presentó una persona que denunció que un grupo armado de entre 25 y 30 personas invadió su propiedad, el “Rancho del Sol”, la noche del 17 de mayo de 2015.
Se emitió el acuerdo ministerial de 21 de mayo de 2015, en el que se ordenó solicitar a la Policía Federal Ministerial y Policía Federal investigar los hechos denunciados.
En el Oficio 01/2015 firmado por agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la PGR en Guadalajara, Jalisco, se comunicó que si en la investigación de los hechos denunciados encontraba a alguna persona en flagrante comisión de delito, debía actuar conforme a sus atribuciones y facultades, haciendo “uso mesurado y racional de la fuerza”.
Estos tres documentos revelan que se trató de un operativo, ya que se contaba con la información de que el rancho había sido invadido, pero la Policía Federal intentó disfrazarlo de una agresión.
En la tarjeta informativa número 3014/2015 de 22 de mayo de 2015 dirigida al Coordinador de Operaciones Especiales y del Operativo Jalisco se informó que “[…] siendo las 08:00 hrs. Arribamos al rancho conocido como Puertas del sol ubicado en el kilómetro 370, de la carreta Guadalajara-Morelia, donde fuimos recibidos a balazos por la delincuencia organizada […]”.
Un Policía Federal declaró que junto a otros elementos ingresaron al rancho, en ningún momento señaló la supuesta persecución.
“[...] el día veintidós de mayo de 2015 […] siendo las ocho horas con quince minutos aproximadamente, ingresamos al parecer a un rancho, ya estando adentro observé una casa dentro del inmueble por lo que procedimos a acercarnos a ella y al estar a escasos doscientos metros aproximadamente de ella, comenzamos a recibir agresiones con arma de fuego las cuales provenían de varias partes del inmueble [...]”, indicó el elemento federal.
Otro elemento de la Policía Federal coincidió en que ellos ingresaron al rancho, tampoco mencionó el seguimiento a la camioneta Toyota.
“[...] el día veintidós de mayo de dos mil quince […] sin poder recordar la hora ingresamos al parecer a una propiedad, ya estando adentro observé que la punta del convoy había llegado a una casa dentro del inmueble, fue cuando escuché múltiples detonaciones de arma de fuego y al avanzar cincuenta metros más adelante comenzamos a recibir agresiones con arma de fuego las cuales provenían de varias partes del inmueble [...]”, contó.
El piloto del helicóptero Black Hawk PF102 de la Policía Federal declaró que llegaron al rancho por un operativo.
“[…] que el día veintidós de mayo de dos mil quince, me encontraba en el Estado de Jalisco […] siendo las siete horas, recibí la llamada de un Oficial […] informándome que iban a tener un operativo en el Rancho del Sol […] le comenté que iba a dirigirme a la base aérea militar número 5, por si se requería apoyo aéreo […] siendo las siete horas con cincuenta minutos […] arribé a dicho lugar teniendo contacto con el capitán de la aeronave […] recibí una llamada telefónica del citado Oficial, solicitando el apoyo aéreo ya que estaba lesionado un compañero a causa del enfrentamiento […] por lo que ordené al capitán de la aeronave despegar […] al llegar al lugar el piloto comenzó a realizar sobre vuelos […] pude ver personas civiles en el suelo, así como compañeros de la institución”, indicó el piloto al Ministerio Público.
Esta última declaración también contradice la hora de inicio del operativo, y el cual habría registrado antes de la referida por la Comisión Nacional de Seguridad.
La Policía Federal trató de difundir que se trató de una agresión y no de un operativo, lo cual genera dudas.
Ya reporté dos vivos
Las victimas sobrevivientes declararon que la Policía Federal llegó directamente al Rancho el Sol y que los uniformados recibieron la orden de que “ya no mataran a más detenidos”.
En el Acta Circunstanciada de 13 de octubre de 2015 se asentó la entrevista del personal de la CNDH con la Víctima Sobreviviente 1, el cual narró que “el día de los hechos yo estaba dormido, en compañía de Víctima Sobreviviente 3, afuera de la caseta que se ubica a la entrada de la propiedad, eran aproximadamente las 6:30 horas cuando llegaron los policías federales, quienes me taparon la cara con una playera, me esposaron con las manos hacia atrás; nos gritaban muchas groserías y me patearon en la espalda muchas veces. Además, se escuchaban disparos, mucho ruido y truenos durante […] aproximadamente dos horas o tres, es decir, como de las 6:30 a las 9:00 o 9:30 horas […]”.
El sobreviviente contó que “me subieron a una camioneta, con el rostro tapado, me gritaban, me golpeaban en todo el cuerpo […] De repente, ya no se escucharon disparos. Me llevaron a una casa que se encontraba como a diez minutos de la caseta, me bajaron y me metieron a la casa, donde vi a cuatro personas hincadas, a quienes jalaron de las cabezas para ver si yo los reconocía […] levantaron a uno de los hincados y se lo llevaron a otro lado de la casa, casi en seguida se escucharon disparos en el interior del inmueble, cerquita, además de un ruido fuerte”.
Relató se les acercaron y “nos dijeron ‘hablan o los vamos a matar’. Luego, pararon a otra de las personas hincadas y le hicieron lo mismo, […] pararon a otra persona, lo dejaron que corriera, entonces se escuchó mucho ruido y gritos que decían: ‘agárrenlo, va por allá’, se oyeron más disparos y otros ruidos”.
Declaró a la CNDH que los policías federales recibieron la orden de que “ya no mataran a más detenidos”.
“Nos incorporaron, nos cuestionaron y nos golpearon. Para entonces ya habían llegado más federales y uno de ellos ordenó que ya no mataran a más detenidos, porque él ya había reportado que había sobrevivientes, entonces, nos volvieron a hincar luego nos sacaron y nos llevaron a una barda lisa, de color rosa con piedras grises”, señaló.
La Víctima Sobreviviente 2 coincidió en su narrativa con la llegada de los policías federales al Rancho del Sol y que los uniformados recibieron la orden de no matar a más detenidos.
Contó a la CNDH que “aproximadamente a las 6:20 horas, estaba amaneciendo cuando llegaron los policías federales, quienes nos agarraron dormidos y nos cubrieron el rostro con nuestras camisas, escuché que entraban varias camionetas y a lo lejos se oían detonaciones. Más tarde llegó un helicóptero y disparó sobre las personas que estaban en el rancho. Cuando me quitaron la camisa vi a cuatro personas que estaban hincadas”.
“Minutos después oí distintas voces de los policías federales que decían ´tráete la gasolina´, ´ya no mates a ninguno, ya reporté dos vivos´ y enseguida llevaron a Víctima Sobreviviente 3 a nuestro lado”, reveló al Organismo Nacional.
Le dijo a la CNDH que “después nos llevaron a la barda de enfrente y enseguida me subieron a una camioneta, además me pusieron una pistola en la sien derecha y me preguntaron ´quieres que te mate´. Después me llevaron a unas oficinas en las que me hicieron firmar unas hojas que no me dejaron leer”.
Por su parte, la Víctima Sobreviviente 3 contó al Organismo Nacional que “las otras cuatro personas que iban corriendo conmigo también se tiraron al piso y los policías federales se dieron cuenta que estaban vivos, por lo que les empezaron a disparar para matarlos, yo me hice el muerto, sin embargo un federal me disparó y la bala pegó en el suelo, ello me asustó y giré la cabeza, en ese momento sentí que me dieron un disparo en el hombro”.
“Después llegaron los federales para revisar quién estaba vivo, me movieron y me esposaron, escuché que entre ellos empezaron a gritar: ‘dónde está la gasolina’. Momentos después vi que se estaba incendiando la bodega que estaba a un lado de la casa. Enseguida me llevaron a la casa y me introdujeron a ella, en la entrada, ahí había dos personas hincadas enfrente de una pared”, detalló a la CNDH.
Las dos personas eran Víctima Sobreviviente 1 y Víctima Sobreviviente 2, “nos empezaron a sacar muchas fotos, nos llevaron fuera de la casa y nos pusieron en una barda, donde nos hincaron, la barda era de color amarillo y después nos subieron a una camioneta. Luego, fuimos llevados a una bodega”.
De estos últimos dos testimonios la CNDH señaló que “se advirtió que servidores públicos de la PF lesionaron con proyectiles de arma de fuego a V30 (cadáver 36), cuando la víctima aún se encontraba con vida, además de haber estado expuesta a fuego directo”.
En la Recomendación No. 4VG/2016 se expuso que se acreditaron transgresiones al derecho a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal por la muerte de V30 (cadáver 36) y de otras 21 personas, lo cual coincide con las declaraciones de los tres sobrevivientes.
También existe evidencia que fortalece las declaraciones de los sobrevivientes de que hubo personas hincadas antes de ser ejecutadas arbitrariamente.
“Expertos de esta Institución consideraron que las maculaciones blanquecinas que se observan en el pantalón de la víctima a la altura de ambas rodillas, permiten establecer indiciariamente que estuvo hincado en algún momento previo a su deceso, situación que se robustece con las manifestaciones de Víctima Sobreviviente 1 y Víctima Sobreviviente 2”, indicó la CNDH.
El Organismo nacional concluyó que “se contó con elementos suficientes que evidencian violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, con motivo de los actos de tortura cometidos en perjuicio de Víctima Sobreviviente 1 y Víctima Sobreviviente 2, así como por el uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel inhumano y/o degradante al que fue sometido Víctima Sobreviviente 3, ambas por servidores públicos de la PF”.
Presuntamente la orden de "ya no mates a ninguno” la cifra de civiles muertos sólo quedó en 42 personas, la cual pudo llegar a 45.
Al mas puro estilo "PRIISTA",desconociendo en la realidad los compromisos ciudadanos y fortaleciendo y validando en la realidad cotidiana el COMPROMISO con el NARCO,el hoy GOBERNADOR de TAMAULIPAS FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA de VACA y su equipo mas cercano conformado por VICTOR SAENZ trasciende UTILIZARON TESTAFERROS del TORO del CARTEL del GOLFO para PRESIONAR a INTEGRANTES del CABILDO de REYNOSA que trasciende fueron LEVANTADOS para PRESIONARLOS y así lograr se PRONUNCIARAN en CONTRA de la ALCALDESA de REYNOSA que derivo en invalidación reciente de varios miembros del GABINETE.
Reynosa,Tam.-17/Nov/2016La mecánica muy recurrente en las administraciónes vinculadas al crimen organizado fue la misma y acusa varios regidores de distintas facciones políticas fueron LEVANTADOS y sujetos al acoso del CARTEL del GOLFO unas horas antes de emitir su posición en torno a las "diferencias" que mantiene la administración estatal presidida por "Cabeza de Vaca" que busco recientemente echar abajo los nombramientos que la alcaldesa Maki Ortiz había formulado para conformar su gabinete y que degeneraron en fuertes presiones incluso avaladas con pronunciamientos y "llamadas de atención" desde el congreso alimentadas por el encono personal del Gobernador con la hoy Alcaldesa también de filiación panista.
La DENUNCIA CIUDADANA siempre bien informada muchas de las veces a nivel de infidencia,acusa maniobras orquestadas desde el maquiavelismo del Jefe de la Oficina del Gobernador VICTOR MANUEL SAENZ MARTINEZ a quien señalan COMPROMETIDO con el NARCO y tiene por objeto literalmente desestabilizar la administración de Reynosa para finalmente previas triquiñuelas legales tumbar del puesto a la hoy Alcaldesa creándole condiciones adversas pero favorables al propósito de Cabeza de Vaca que permitan instalar a uno de los suyos,un incondicional que no se oponga a sus "intereses" que podría ser JESUS MARIA MORENO IBARRA,el "CHUMA".
Víctor Manuel Sáenz de la Oficina del Gobernador. le decimos regidores de todos los partidos a usted y a su jefe Francisco Cabeza De Vaca que nos sentimos .lastimados humillados y atemorizados con eso que nos mandaron hacer levantarnos con el crimen Organizado para imponer nuestro voto en la sesión de cabildo donde le dijimos no a nuestra Alcaldesa MAKI ORTIZ pero que sepan nuestra primera autoridad que fuimos levantados ,cacheteados y humillados y amenazados de muerte a nuestra integridad física y la de nuestras Familias para empezar a buscarle la contra para que su paso por la presidencia así nos dijeron que se vea que no es capaz de administrar la alcaldía y que pronto habría otra reunión donde usted pediría permiso al congreso del estado para pedir licencia por su salud y que su lugar vendría Diputado Jesús María Moreno Ibarra CHUMA como nuevo alcalde les decimos a los Ciudadanos estos están peor que los del PRI necesitamos que venga una comisión del congreso se la unión en san lázaro , la procuraduría general de la republica a tomarnos nuestras Denuncia para dejar un testimonio plasmado en esas dependencias federales donde seamos escuchados las cosas cada día esta mas tensas y temerosas en la presidencia municipal dicen manda la gente de estos funcionarios estatales y están buscando a como de lugar derrocar el mandato a nuestra alcaldesa si como dicen las elecciones el pueblo la eligió el pueblo que decida si es que seda esta Grosería y Amenaza como la que vivimos en carne propia a nuestra alcaldesa le pedimos a estos Cobardes dejen Gobernar a la señora Maki Ortiz y a ese secretario del Gobernador maquiavélico deje de mandar a sus amigos Sicarios a amenazarnos no cabe ni la menor duda que así Ganaron la Gubernatura con sus compromisos y amenazando a quien se les interpusiera en su camino que sepa Tamaulipas que Reynosa hoy por hoy esta bajo amenaza de el tercer piso de Gobierno donde Don Víctor Manuel Sáez impone y dispone y ahora asta Ordena amenazar y levantar a los representantes del Cabildo de Reynosa a nuestros compañeros y representantes de los cabildos que representan a las Alcaldías de Tamaulipas les decimos Denuncien si los amenazan con cual quiere grupo criminal como ahora lo estamos haciendo los Funcionarios del gobierno Municipal de Reynosa No Dejaremos que nos impongan Presidente Municipal ya Tenemos...."
Hombres fuertemente armados irrumpieron en las oficinas de Proyectos y Planeación Estratégica del Ayuntamiento de Ciudad Madero apoderándose de llaves de vehículos, teléfonos celulares, así como aparentemente documentos oficiales.
El reporte se hizo a las 11:10 horas, acudiendo al sitio elementos de la Policía Fuerza Tamaulipas, quienes constataron que instantes antes tres hombre encapuchados habían entrado haciendo uso de la violencia excesiva a las oficinas alternas a la presidencia municipal ubicadas en la calle Jalisco 107 de la colonia Unidad Nacional.
Pese al hermetismo que se manejo en este asalto se logró conocer que los hombres ingresaron a las oficinas portando armas de grueso calibre, exigiendo pertenencias a los empleados.
Fueron dos llaves de automóviles estacionados en las afueras, así como los teléfonos celulares y documentos oficiales el botín de los delincuentes, mismos que al salir amenazaron a los empleados con matarlos si intentaban seguirlos.
Dicha oficina fue utilizada por el ahora alcalde Andrés Zorrilla como Casa de Campaña y a unos cuantos metros se ubica el Jardín de Niños denominado “Colores” que es presumiblemente de su propiedad. A la llegada de la fuerza policial, se estableció un operativo de búsqueda de los maleantes a los que no se les pudo localizar.
