En el contraste entre México y Estados Unidos, la pregunta resulta cada vez más incómoda: ¿se busca que los operadores de una presunta red criminal hablen para llegar hasta arriba o basta con encerrarlos y dejar que el expediente haga menos ruido? El caso de Miguel Ángel Solano Ruiz permite plantearla.
Al capitán de corbeta en retiro, conocido como «El Capitán Sol» o «El Fantasma», un juez federal le impuso prisión preventiva de oficio en el penal del Altiplano. La Fiscalía General de la República lo acusa de integrar una supuesta red de delincuencia organizada dedicada al huachicol fiscal en las aduanas marítimas. Todavía falta que el juez determine si lo vincula a proceso: estar preso no equivale a haber sido declarado culpable.
Pero, según los testimonios citados en la investigación, Solano no sería precisamente un empleado que pasaba por ahí con una carpeta bajo el brazo. Lo señalan como pagador de sobornos, enlace con superiores y supuesto intermediario capaz de destrabar las complicaciones de los contrabandistas. Un hombre al que, de acreditarse esas funciones, habría mucho que preguntarle. Sobre todo, quién daba las órdenes y hasta dónde llegaba el reparto.
Una audiencia sin espectadores
La audiencia inicial de ayer domingo comenzó a las 6:10 y terminó a las 17:27 horas. Se celebró a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso del público ni de la prensa. Uno de los fiscales federales sí acudió al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
A petición de la defensa, el juez duplicó el plazo para resolver la situación jurídica del marino y fijó para el jueves, a las 5:00 horas, la continuación de la audiencia.
La imputación es por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Ese fue el fundamento de la prisión preventiva de oficio. Conviene distinguirlo: una cosa es la medida judicial y otra, todavía no acreditada, la sospecha política de que resulte más cómodo tener al presunto intermediario encerrado que escucharlo señalar hacia arriba.
Sobornos con tarifa por barco
El capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y hoy testigo protegido de la FGR, declaró que Solano le enviaba un millón 750 mil pesos por cada buque con huachicol que permitía descargar. Según su testimonio, repartía el dinero con otros seis funcionarios.
Torres admitió que, entre abril de 2024 y enero de 2025, permitió la descarga de 14 de los 31 buques mencionados en su declaración. Los sobornos, dijo, llegaban entre tres días y una semana después de que los barcos zarparan. Primero salía la mercancía; después, según ese relato, se liquidaba la obediencia.
El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar también señaló a Solano. En una carta fechada el 14 de junio de 2024 y dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, afirmó que, cuando encabezaba la Aduana de Pantaco, recibía de «El Capitán Sol» 200 mil pesos mensuales como «bono» por su buena administración.
Qué considerada resultaba esa supuesta administración: además del sueldo, venía con gratificación. Guerrero fue asesinado el 8 de noviembre siguiente, casi cinco meses después de escribir la carta. La secuencia merece investigación, pero no permite afirmar, por sí misma, que el homicidio estuviera relacionado con la denuncia.
«Solo para tus ojos»
Otro testimonio introduce el ingrediente políticamente más delicado. Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas y hoy testigo colaborador de la FGR, declaró que Solano intervino para facilitar la descarga de petrolíferos ilegales del buque Torm Agnes.
Según Soto, Solano le dijo que hablaría con Rafael Ojeda porque el embarque era «un tema de Andy». La información proporcionada identifica esa referencia con Andrés Manuel López Beltrán, aunque el testimonio no lo menciona por su nombre completo. Esa alusión no acredita, por sí sola, su participación en un delito.
«Esto es solo para tus ojos», habría advertido Solano. Una frase bastante poco compatible con la vocación de transparencia.
Soto también relató que informó a un hombre identificado como Cordero, quien le respondió que se trataba de un asunto político y que ya estaba arreglado. Según su declaración, en una hora o una hora y media habían salido las pipas y concluido las maniobras cuando llegó la fiscalía, el barco ya estaba en maniobra de zarpe.
El encierro no responde todo
La pregunta de fondo no es únicamente si «El Capitán Sol» debe enfrentar un proceso. Es si la investigación seguirá la cadena de presuntas complicidades hasta donde conduzca, sin detenerse ante uniformes, cargos o apellidos.
Porque una cosa es perseguir al supuesto repartidor de sobres y otra averiguar quién autorizaba el reparto. Una cosa es encerrar al presunto enlace y otra identificar a los enlazados.
Ahí está el contraste que incomoda: buscar que un detenido hable para investigar a sus superiores, o conformarse con exhibir su captura mientras las preguntas importantes se quedan afuera.
Con información: ELNORTE/
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