La narrativa de “la culpa es de Estados Unidos” es el último escudo de un sistema político que lleva décadas coexistiendo, negociando y, en demasiados casos, enriqueciéndose con los mismos cárteles a los que finge deplorar. No es una explicación: es una coartada.
El truco del espejo: culpar al norte
Cuando Claudia Sheinbaum condena la operación militar de Trump en Venezuela, repite el viejo mantra de la “no intervención” y enseguida gira el foco: los muertos, las armas y hasta los cárteles serían, en esencia, problema ajeno y made in USA. El guion es clásico: se denuncia el intervencionismo estadounidense mientras se omite prolijamente el intervencionismo cotidiano del crimen organizado en alcaldías, gubernaturas, fiscalías y partidos.
En el mismo discurso en que presume cooperación, extradiciones y cifras de aseguramientos, Sheinbaum traslada la responsabilidad principal a las armas de Estados Unidos y al consumo estadounidense de drogas, como si México fuera una víctima pasiva arrastrada por corrientes ajenas. Ni una línea sobre lo obvio: cárteles mexicanos controlan rutas, laboratorios, territorios y aparatos municipales y estatales gracias a décadas de colusión político-criminal que se recrudécieron bajo le color guinda sangriento.
El elefante en la sala: Estado capturado
Mientras la presidencia mexicana acusa a Washington de ser la fuente del horror, Trump responde que los cárteles son los verdaderos gobernantes de México, y que la mandataria teme enfrentarlos. Reducir el país a “narcoestado fallido” es simplista, pero la frase incomoda porque toca un nervio real: las organizaciones criminales han colonizado instituciones que, en el papel, son soberanas.
Cuando un presidente mexicano, antes López Obrador y ahora Sheinbaum, sugiere que las masacres son consecuencia de operativos de Estados Unidos o de su mercado de drogas, no está explicando la violencia: está borrando deliberadamente el rol de policías, militares y políticos que llevan años cobrando nómina doble.
El mensaje implícito es brutal: si en Sinaloa o Michoacán corren ríos de sangre, la prioridad no es limpiar corporaciones propias, sino regañar a embajadas ajenas.
Soberanía selectiva y cinismo oficial
Frente al arresto de Maduro, Sheinbaum invoca la doctrina Estrada, denuncia invasiones y exige respeto a la soberanía latinoamericana. Pero en casa, esa soberanía se reduce a un eslogan hueco cada vez que alcaldes son ejecutados, policías desaparecen y zonas completas son administradas por consejos de facto encabezados por jefes de plaza.
Es una soberanía temeraria mas que valiente contra Washington, pero tímida hasta la cobardía ante los grupos armados que cobran piso al pequeño comercio, a transportistas y a migrantes en territorio mexicano. Esa selectividad no es ideológica, es funcional: resulta más rentable sermonear al norte que enfrentarse a las redes criminales que también financiaron campañas y estructuras territoriales del propio partido en el poder.
El reparto real de culpas
Decir que la violencia es “principalmente culpa” de Estados Unidos por sus armas y su consumo simplifica al punto de la caricatura una economía criminal transnacional en la que ambos países son corresponsables, pero de maneras distintas. Del lado estadounidense, hay un mercado masivo de drogas, una industria armamentista voraz cuyos rifles cruzan la frontera casi cruzandose en el camino con la droga que ingresa.
Del lado mexicano, el problema no es solo la oferta de drogas:es la decisión política de tolerar que los cárteles se conviertan en operadores electorales, recaudadores paralelos y gestores de “orden” local allí donde el Estado se retiró o se vendió. Cuando el oficialismo grita que el origen de todo está en la demanda estadounidense, está intentando esconder que, sin gobernantes coludidos, cuerpos de seguridad podridos y partidos financiados en efectivo criminal, ese mercado tendría muchas más dificultades para operar desde México
La narrativa “echaculpas” como política de Estado
El discurso que Breitbart recoge de Sheinbaum no es un exabrupto: es la continuación disciplinada de la línea de López Obrador, que ya había culpado a operativos de Estados Unidos por desatar guerras internas entre facciones del Cártel de Sinaloa, como se vio tras capturas recientes. La fórmula es estable: si Washington no actúa, se le acusa de omiso; si actúa, se le acusa de provocar masacres, siempre preservando la ficción de que el aparato mexicano es un convidado de piedra sin agencia propia.
Esa narrativa “echaculpas” es cómoda para un gobierno nutrido de figuras que han convivido con el narco en estados clave y han administrado, al menos, una paz mafiosa de facto. Mientras la presidencia se indigna con la extradición de un dictador extranjero o con los desplantes de Trump, en su propio territorio sigue pendiente la extradición política más urgente: la del poder público, aún secuestrado por la alianza tácita entre partido en el gobierno y crimen politicamente organizado.
Con informacion: BREITBART/
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