En el Tamaulipas aun bajo gobierno de MORENA y Don Americo Villarreal ,no hay campaña interna, hay tianguis con cuchillos debajo de la mesa, zancadillas y piquetes de ojos. Y como el olor a pólvora ya estaba empezando a opacar el incienso de la “transformación”, la dirigencia de Morena ya salió a dar su homilía dominical: “compórtense o habrá sanciones”. Traducido al castellano político: bájenle tres rayitas al cochinero… pero no dejen de competir.
El llamado —difundido con ese tono entre regaño de primaria y catecismo exprés de Rómulo Pérez Sanchez,Presidente del Consejo Politico Estatal del partido— advierte que el “golpeteo” y las “campañas negras” entre aspirantes podrían acarrear castigos. Una especie de “no se peleen enfrente de la visita”, porque la casa ya está patas arriba desde hace rato.
Y es que el contexto no ayuda. Mientras la dirigencia pide unidad, abajo el lodazal burbujea con entusiasmo digno de temporada electoral. Entre senadores que de manera cifrada responden a gobernadores «huachiucleros» que apuntan a los «verdaderos» que como el también han sido mencionados en expedientes militares, pero que responden con desplantes de pólvora verbal en videos fugaces.
Estructuras locales donde —dicen— todos se conocen demasiado bien como para fingir pureza, la narrativa de la “familia unida” se parece más a cena navideña con pleito heredado.
Por si fuera poco, el ecosistema mediático tampoco está para rezar el rosario. Hay plumas que, más que informar, parecen cotizar por paquete: hoy te destrozo, mañana te limpio la cara, dependiendo de quién pase lista en la nómina informal.
El “periodismo de guerra” en Tamaulipas no solo cubre batallas, a veces las fabrica, las amplifica o las dosifica según convenga. Porque aquí no solo se disputan candidaturas, también se subastan narrativas.
Así, mientras desde el púlpito morenista un cuadro politico venido de menos a mas, sin la mínima posibilidad que le hagan caso,insiste en que no habrá tolerancia para el fuego amigo, en la trinchera todos traen cerillos. Alcaldesas, senadoras, operadores regionales y aspirantes varios se lanzan dardos con precisión quirúrgica… o con la elegancia de una cubetada de lodo, según el presupuesto en la prensa de prepago.
El problema no es que se ataquen —eso es deporte nacional— sino la hipocresía institucional de pedir “civilidad” cuando el incentivo real premia al que mejor golpea sin dejar huella. Porque en la práctica, la sanción rara vez llega; lo que sí llega es la candidatura para quien sobreviva al tiroteo.
Morena Tamaulipas intenta, pues, lo imposible: organizar una misa en medio de una riña campal bajo la mirada de un gobernador blandengue,huidizo,timorato y bandido ,además de colaborador del terrorismo,que no inspira respeto, menos temor.
Piden silencio, orden y respeto… mientras atrás del altar siguen pasando la lista de agravios, traiciones y facturas pendientes.
Y así, entre llamados a la unidad que suenan a chiste involuntario y aspirantes que ya afilaron todo lo afilable, la “transformación” local avanza como procesión desordenada: unos rezan, otros empujan, y varios más ya van viendo a quién le apagan la vela antes de que llegue la hora de repartir el pan… y el poder que paradogicamente les ha servido para no poder y…traficar con el delito convertido en deleite a la vista de todos, incluido Estados Unidos.
Otra vez la sierra de ese municipio de Badiraguato ,el mismo que en Sinaloa el ex-presidente Andres Manuel Lopez Obrador visitó 5 veces, amanecio sitiada como si fuera episodio repetido de una serie que ya todos conocemos: helicópteros sobrevolando, convoyes subiendo brechas imposibles y un objetivo que, como es costumbre, no aparece cuando lo buscan
El Gobierno federal lanzó un operativo con unos 340 elementos por aire y tierra en pleno corazón del Triángulo Dorado, esa zona donde el Estado entra con uniforme… pero no necesariamente con control.
El blanco: Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano del Chapo y figura persistente en el mapa criminal que, pese a los años, sigue resistiendo detenciones como si tuviera GPS anticipado.
Omar García Harfuch salió a confirmar lo inevitable: sí hay operativo, sí hay detenidos, pero no, el objetivo principal todavía no cae. Traducción libre: mucho movimiento, resultados parciales y el pez grande —otra vez— nadando.
El despliegue incluye Ejército, Guardia Nacional y demás piezas del Gabinete de Seguridad, operando en una geografía que históricamente habia sido leal al gobierno, tan leal como a los grupos criminales. Ahí donde los mapas oficiales terminan, empieza el verdadero territorio de poder.
No es la primera vez que entran a la zona con fuerza o con falta de ella. Tampoco es la primera vez que salen con decomisos, algunas detenciones y la narrativa de “seguimos trabajando”. En operativos previos han asegurado armas, laboratorios y droga, pero la estructura territorial —la que realmente importa— sigue operando con notable resiliencia.
“El Guano” no es un personaje menor: se le ubica como operador clave en la sierra, con control de rutas y producción, especialmente de drogas sintéticas. Encabeza una facción conocida como “Los Guanos”, que no solo sobrevive, sino que se adapta en medio de las fracturas internas del Cártel de Sinaloa.
Por si hiciera falta presión externa, Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. Pero en la práctica, esa cifra lleva años sin traducirse en resultados concretos.
Badiraguato, cuna del Chapo, sigue siendo lo que siempre ha sido: un bastión simbólico y operativo del narco, donde las disputas internas del cártel se mezclan con la incapacidad estructural del Estado para imponer control duradero. Cada operativo ahí es más un gesto político que una solución estratégica.
Y así, entre comunicados oficiales y despliegues espectaculares, la historia se repite: entran, detienen a algunos, aseguran lo que encuentran… y el objetivo central sigue siendo, literalmente, inalcanzable.
Porque en la sierra, el Estado llega… pero no se queda.
Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder, la pregunta dejó de ser si las agencias de inteligencia de Estados Unidos están operando en territorio mexicano. Eso es evidente: la CIA, la DEA, Homeland Security Investigations, el Comando Norte e incluso el Comando Sur han desplegado un aparato de vigilancia clandestina para asistir al gobierno de México en el combate a los cárteles de la droga. La duda relevante, sin embargo, es si estas capacidades de inteligencia están preparando el terreno para una intervención militar en México.
En Washington, alguien está apostando a que eso suceda. Literal y figurativamente. De acuerdo a Polymarket, el mercado de predicciones más importante del mundo, la probabilidad de que una agencia gubernamental de Estados Unidos participe de manera directa en una operación terrestre contra los cárteles antes del 30 de junio es de 47 por ciento. Tres días antes, la probabilidad era de apenas 17 por ciento, según información arrojada por las apuestas colocadas en la plataforma.
Polymarket se ha convertido en un vehículo para capitalizar información privilegiada sobre decisiones de seguridad nacional. El comportamiento atípico del mercado, el aumento súbito en el precio del contrato de opciones, indica que es posible que, desde dentro del gobierno norteamericano, alguien considere la intervención militar en México como un hecho inminente.
No sería la primera vez que algo así ocurre. Los movimientos en Polymarket asociados a la guerra de Irán son prueba de ello. En el caso mexicano, la plataforma es clara en la definición de qué condiciones se deben cumplir para capitalizar la apuesta: “Personal de Estados Unidos debe participar directamente para calificar. El involucramiento en roles de inteligencia, supervisión, apoyo logístico o asesoría no cuenta”.
El contexto inmediato del cambio en la dinámica de este mercado es la revelación, a todas luces, de que la CIA ha emprendido operaciones encubiertas en México. El 19 de abril, la Fiscalía de Chihuahua informó que dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, el comandante de la Agencia Estatal de Investigación y un agente ministerial murieron en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara. De acuerdo a la primera versión, venían de un operativo en el que la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno de Chihuahua desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas. En palabras del fiscal estatal, César Jáuregui, “uno de los más grandes en el país”. En principio, no se reveló la identidad ni a qué agencia pertenecían los funcionarios norteamericanos. El embajador de Estados Unidos en México y ex agente de la CIA, Ronald Johnson, publicó en X que el evento “es un recordatorio solemne de los riesgos que estos oficiales asumen al dedicarse a la protección de sus comunidades”.
El lunes en la mañana, en la conferencia de prensa presidencial, Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no había sido informado del operativo conjunto en Chihuahua. Demandó una investigación sobre potenciales violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, un entramado legal promovido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para registrar todos los movimientos y captación de inteligencia de agentes extranjeros en México. La reforma, por cierto, fue una reacción del primer gobierno de la Cuarta Transformación a la acusación de narcotráfico que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en contra del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional de México.
La inquilina de Palacio Nacional está atrapada entre dos frentes. Por un lado, su administración ha llevado la colaboración con Estados Unidos a su mayor nivel en la historia reciente, según el testimonio de oficiales mexicanos y norteamericanos. La prueba más contundente está en la entrega extrajudicial que hizo el gobierno mexicano de más de 90 capos de los cárteles para ser juzgados en tribunales al norte del Río Bravo. No obstante, por otro lado, Sheinbaum entiende que abrirle la puerta del aparato de seguridad nacional a Washington es una línea roja para la base de Morena, para los políticos de la Cuarta Transformación comprometidos por sus relaciones con el crimen organizado y, sobre todo, para el inquilino de Palenque. Cuando la presidenta de México sostiene que no fue informada del operativo en Chihuahua, esto plantea dos opciones: la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fue ignorada nuevamente por los generales del Ejército Mexicano, lo que implicaría un acto de traición institucional, o Sheinbaum está mintiendo para salvar cara con su propia coalición.
La Fiscalía de Chihuahua, que en los hechos depende de la gobernadora panista Maru Campos, cambió su versión de los hechos. Después de haber insinuado que los funcionarios estadounidenses estuvieron en el sitio del operativo realizando tareas de capacitación, comunicó que, en realidad, estaban en un lugar a seis horas del operativo y que se trasladaron en los vehículos de la Agencia Estatal de Investigación porque pidieron apoyo para ser transportados. La historia es inverosímil. Desde el Congreso, el senador morenista y ex gobernador chihuahuense, Javier Corral, exigió que Campos y Jáuregui fueran llamados a comparecer. Las voces más radicales de la izquierda llegaron a exigir el inicio de un proceso de desafuero contra la gobernadora por traición. En ese caso, la demanda debería extenderse a los generales de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en el operativo conjunto entre Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua.
Los funcionarios de la embajada norteamericana eran agentes de la CIA, de acuerdo a un reporte del medio Pie de Nota que ha sido confirmado por fuentes del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos, citadas por The New York Times, The Washington Post, CNN y The Intercept. En la comunidad de inteligencia estadounidense admiten, en privado, que los agentes participaron en el desmantelamiento del laboratorio de metanfetaminas en Morelos, Chihuahua.
El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que “sí hubo colaboración”, que se trató de un operativo conjunto y emitió un reclamo abierto al embajador de Estados Unidos: la relación bilateral en materia de seguridad nacional es facultad del gobierno federal; cualquier contacto directo con los estados es inconstitucional.
¿Es posible que las acciones de Chihuahua fueran llevadas a cabo a espaldas de la presidenta? La primera versión, la del aparato de seguridad civil en México, es que no. Washington ha construido líneas de acceso directo que hacen imposible ignorar a Palacio Nacional: el Comando Norte con la Secretaría de la Defensa Nacional del general Ricardo Trevilla, la CIA con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch, el Departamento de Estado con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Roberto Velasco. Desde junio de 2025 se hizo del conocimiento de la comunidad de inteligencia, en México, que Washington desplegó un aparato de vigilancia clandestina contra los cárteles. La plataforma especializada Intelligence Online reportó el uso de drones, satélites, tecnología de Palantir, contratistas en el terreno, operadores del Equipo Seis de los Navy SEALs y una amplia red de inteligencia humana. Difícil que Palacio Nacional no estuviera enterado.
La segunda versión, no obstante, hace eco del operativo en el que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ fue presuntamente abatido. El equipo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional no informó a la presidenta ni al secretario de Seguridad Ciudadana. A pesar de ello, la CIA aportó inteligencia crucial que llevó al supuesto asesinato del capo: la agencia movilizó drones MQ-9 Reaper para interceptar comunicaciones y participaron operadores del Comando Sur en el terreno, de acuerdo a un reporte posterior de Intelligence Online. Claudia Sheinbaum no tuvo conocimiento de la captura criminal más importante en la historia reciente de México. Un hecho sin precedentes.
Esto abre cuestionamientos importantes sobre la naturaleza de la cooperación bilateral en materia de seguridad y sobre los pasos subsecuentes. ¿Estamos frente a una intervención militar inminente? Por ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expandido significativamente el rol de la CIA en el combate a los cárteles. En administraciones anteriores, esta era una prerrogativa del Departamento de Justicia y de la DEA. Bajo la gestión de John Ratcliffe, la CIA ha adoptado nuevas facultades de contraterrorismo para actuar contra las organizaciones criminales mexicanas. También ha modificado los límites legales que le impedían utilizar fuerza letal contra miembros de los cárteles que han sido designados como organizaciones terroristas internacionales. La CIA es el cerebro de un esfuerzo ínter agencias para combatir a los cárteles, cuya responsabilidad operativa recae en el Comando Norte.
The Intercept reporta que dos oficiales del gobierno de Estados Unidos afirman que la CIA ha implementado operaciones encubiertas en México, de la mano de fuerzas policiales estatales. Este es el indicio más reciente de que Washington ha elevado su actividad anticárteles en México. Esta semana, el Departamento de Justicia estrechó su acusación contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Guzmán Salazar, líderes de ‘Los Chapitos’. La modificación coincide con el anuncio que hizo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre la cancelación de visas a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. De igual forma, este mes, Presidencia de México solicitó al Senado autorizar la entrada de Navy SEALs para tareas de capacitación a las Fuerzas Armadas mexicanas. Las señales están en todos lados.
Recientemente, en comparecencia frente al Congreso de Estados Unidos, el almirante Frank M. Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, aseguró que existe “un incremento percibido en el apoyo de Estados Unidos en las operaciones contra los cárteles”y que las fuerzas de élite “están en posición para ofrecer apoyo a las fuerzas militares y de seguridad en México para desmantelar a las organizaciones narco-terroristas”.
¿La intervención militar es inminente? Hagan sus apuestas.
Antes, en este país surrealista pero más o menos entendible, tú comprabas algo, te daban tu factura y listo: ese papelito era tu escudo fiscal. Hoy no. Hoy el SAT decidió que la factura ya no basta, porque ahora lo importante no es lo que compraste… sino demostrar que no te lo imaginaste.
Bienvenidos al nuevo invento burocrático: la “materialidad”. Traducción al español de a pie: “a ver, contribuyente, pruébame que no eres un simulador profesional”.
Porque sí, ahora resulta que aunque tengas tu CFDI impecable, el SAT puede mirarte con sospecha, fruncir el ceño y decirte: “mmm… no te creo”. Y entonces empieza el viacrucis: demuestra que esa compra existió en el mundo real, no en tu Excel creativo.
¿Compraste equipo de cómputo? Perfecto. Ahora enséñales contratos, correos, cotizaciones, estados de cuenta, pólizas, fotos, evidencia física… básicamente, arma un expediente digno de serie de Netflix.
Pero eso no es todo. El SAT no solo duda de ti, también duda de tu proveedor. Así que prepárate para probar que el tipo al que le pagaste no opera desde un tejabán facturando millones como si fuera Amazon en chanclas. Tienes que demostrar que tiene oficinas, gente, infraestructura… casi casi su acta de bautizo y certificado de primaria.
Y por si faltaba algo, también quieren que justifiques tu “razón de negocios”. O sea: explícales por qué hiciste esa operación, por qué elegiste a ese proveedor y no al de enfrente, qué esperabas ganar y hasta qué otras opciones consideraste. En resumen: el SAT ahora quiere meterse a tu junta de decisiones… pero con lupa y desconfianza.
¿Pagaste una obra? No basta con decir “ahí está el edificio”. No señor. Necesitas contrato, especificaciones técnicas, avances, reportes, autorizaciones, evidencia del proceso y probablemente hasta selfies con el albañil para que quede claro que no fue obra del Espíritu Santo.
En pocas palabras: el SAT ya no audita impuestos, audita historias. Quiere narrativa, coherencia, personajes creíbles y pruebas documentales como si fueras acusado en un juicio.
Y mientras tanto, el mensaje entre líneas es claro: si no puedes probar hasta el último detalle de tu operación, aunque sea real, para la autoridad simplemente no existió. Y si no existió… no deduce.
Así que vaya preparándose, porque en México ya no basta con pagar impuestos. Ahora también hay que defenderlos como si fueras sospechoso desde el inicio.
La 4T ya no disimula: ahora tampoco le interesa. El Instituto Nacional Electoral (INE), ese que durante años fue incómodo por su relativa autonomía, acaba de ser domesticado por la vía más burda pero efectiva: mayoría legislativa, disciplina partidista y perfiles a modo. No fue una reforma constitucional estruendosa; fue algo más quirúrgico: cambiar a las personas correctas.
Con 334 votos a favor —y el rechazo testimonial de una oposición que grita pero no impide— Morena y sus aliados colocaron a tres nuevos consejeros electorales que sustituyen a perfiles incómodos por otros funcionales. Arturo Manuel Chávez, operador con historial en la estructura gubernamental de la 4T; Blanca Yassahara Cruz y Frida Denisse Gómez Puga, ambas con trayectorias que difícilmente pueden presumir distancia del oficialismo. No son ciudadanos incómodos para el poder: son piezas previsibles.
El resultado es matemático y político: de 11 consejeros, al menos 8 alineados con el proyecto gobernante. Es decir, mayoría calificada dentro del árbitro electoral. Traducido al castellano simple: el gobierno ya no solo compite en la cancha, también tiene control sobre quien marca las faltas.
Y aquí es donde el discurso oficial se vuelve irrelevante. Porque mientras Morena insiste en que todo fue “legal”, el problema nunca ha sido la legalidad formal. También las democracias en retroceso votan, legislan y cumplen procedimientos. Lo que se erosiona no es la norma escrita, sino la independencia real.
El panista Germán Martínez lo dijo sin maquillaje: consejeros fabricados con “filias, fobias, venganzas y premios”. Puede sonar estridente, pero describe con precisión el método político: lealtad antes que capacidad, afinidad antes que autonomía. Un INE “genuflexo con el poderoso y riguroso con la oposición”, en sus palabras. La frase clave, sin embargo, fue otra: “una elección con el ladrón detrás del juez”. No es metáfora exagerada; es advertencia institucional.
Del lado oficial, la defensa fue la de siempre: legalidad, institucionalidad y llamados abstractos a la imparcialidad. Pero pedir independencia a perfiles construidos desde el poder es como pedirle neutralidad a un empleado del patrón. No es una expectativa realista, es propaganda.
Y si alguien piensa que esto es un exceso retórico doméstico, basta mirar el Informe V-Dem 2026. El instituto sueco no habla en caliente ni en tribuna: mide tendencias. Y lo que encuentra en México no es una anécdota, sino un patrón consistente de deterioro democrático. El diagnóstico es claro: el país atraviesa un proceso de desmantelamiento institucional impulsado desde el poder electo. No un golpe de Estado clásico, sino algo más sofisticado y peligroso: el autoritarismo por goteo, legitimado en las urnas.
V-Dem coloca a México en una trayectoria donde las instituciones que deberían contener al poder —tribunales, órganos autónomos, árbitros electorales— son gradualmente subordinadas. No desaparecen; se transforman en extensiones funcionales del Ejecutivo. Justo lo que hoy ocurre con el INE.
La concatenación es evidente: primero se desacredita al árbitro, luego se coloniza, finalmente se utiliza. El ciclo está casi completo.
Porque cuando el órgano encargado de garantizar elecciones libres deja de ser creíblemente independiente, la democracia no muere de inmediato. Sigue votándose, siguen existiendo partidos, siguen contando los votos. Pero el terreno ya está inclinado. Y en política, inclinar la cancha es mucho más eficaz que cerrarla.
Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados no es un episodio aislado. Es la confirmación de una estrategia más amplia: concentrar poder sin romper formalmente las reglas. Un autoritarismo que no necesita tanques, porque le basta con mayorías legislativas disciplinadas y oposiciones fragmentadas.
El problema no es que Morena gane elecciones. El problema es que ahora también diseña las condiciones en las que se ganan.
Y eso, como advierte V-Dem, ya no es una democracia funcional. Es otra cosa.
En la vitrina aspiracional de la CDMX —Polanco, donde el metro cuadrado presume más que las autoridades— ejecutaron a Carolina Flores Gómez, ex Miss Teen Universe Baja California de 10 disparos en un domicilio de la Tercera Sección. No en una brecha, no en la periferia olvidada: en uno de los códigos postales del “México bien”.
El feminicidio ocurrió el 15 de abril, pero el escándalo no lo detonaron las balas, sino el calendario. El esposo decidió que la urgencia no era llamar a emergencias, sino esperar al día siguiente… y llegar al Ministerio Público acompañado de abogados. Prioridades.
Su versión: la responsable sería su propia madre, Érika María “N”, ex candidata a regidora en Ensenada. Sí, la política local aparece en escena no como funcionaria, sino como presunta agresora. Un giro que parece escrito por alguien con exceso de cinismo y cero pudor institucional.
Cuando finalmente las autoridades entraron al domicilio de Avenida Edgar Allan Poe —ironía involuntaria incluida— encontraron a Carolina sin vida, con múltiples impactos de arma de fuego. La Fiscalía abrió carpeta por feminicidio, activó el protocolo y, como dicta el manual, publicó en X que “se realizan diligencias”. Traducción: el expediente camina, pero los responsables no aparecen.
Hasta ahora, nadie detenido. Ni siquiera la principal señalada.
Mientras tanto, el cuerpo de Carolina fue enviado de regreso a Baja California, donde la narrativa cambia: de escena del crimen a ceremonia de despedida. Velación el 19 de abril, entierro en Ensenada. Allá, donde no hay comunicados institucionales, pero sí memoria.
Carolina no era un número. A los 17 años ganó Miss Teen Universe y representó a su estado. Tenía 27 cuando la mataron. En redes, quienes la conocían repiten lo que el Estado suele administrar a cuentagotas: exigencia de verdad y justicia.
“Ni silencio ni olvido”, dicen.
El problema es que en México, demasiadas veces, lo que sobra es precisamente eso: silencio oficial, olvido institucional… y feminicidios que se acumulan incluso el mismo día, como el de Edith en Avenida Revolución.
Dos casos, una ciudad, la misma constante: violencia que irrumpe, autoridades que documentan… y justicia que, como siempre, llega tarde o no llega.
