«EMPRESA YA los HUBIERA CORRIDO: AMERICO y MILITARES se SIENTAN a la MESA MIENTRAS el CARTEL del GOLFO se TRAGA REYNOSA»…inseguridad sigue creciendo AVAnza al 90%.

En Reynosa, en Tamaulipas,bajo el aun gobierno de Morena y Americo Villarreal, la seguridad pública ya parece el comité de una empresa quebrada: mucha junta, mucha foto, mucho discurso de “avances”, pero el producto final sigue saliendo defectuoso. La más reciente medición de Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU 2026) en su segundo trimestre, publicada por el INEGI,confirma que la percepción de inseguridad sigue creciendo, rozando el 90 por ciento.

Este dato, por demás desastroso, debería bastar para mandar a revisión toda la franquicia gubernamental de Tamaulipas, incluida la parte de responsabilidad militar, no para seguir celebrando en mesas de construcción de la paz como si el problema se resolviera con café, sillas plegables y lenguaje de grafiquitas.

Porque una cosa es administrar un estado y otra muy distinta gobernarlo administrando la simulación. Américo Villarreal y su corte militar‑administrativa insisten en presentar “coordinación” donde la ciudadanía ve descomposición; insisten en vender “resultados” donde la calle registra miedo; insisten en llamar estrategia a lo que, en términos empresariales, sería una operación con pérdidas, clientes en fuga y un consejo de administración que aplaude mientras la compañía se incendia.

La empresa del miedo

Si esto fuera una firma privada, ya habrían despedido al equipo directivo por ineptitud, conflicto de interés o ambas cosas. Ningún accionista serio mantendría a un gobernador multiacusado por EE. UU. que encabeza reuniones para presumir estabilidad mientras los ciudadanos reportan lo contrario; nadie sostendría una gerencia de seguridad cuya principal habilidad visible es posar junto a autoridades y repetir que “todo va mejor” y que “en seguridad estamos en la media nacional”, como si la terca realidad obedeciera comunicados.

Y es que el problema no es solo la ineficacia. El problema es que cada vez resulta más difícil distinguir entre el gobierno y el entorno criminal que dice combatir. 

Cuando la policía aparece señalada como parte del problema, cuando la extorsión se vuelve rutina y hasta deporte exclusivo de criminales y gobierno, cuando el ciudadano siente que denunciar equivale a firmar su sentencia aunque en materia de extorsion la ley que no cumplen no la exija, ya no estás ante un estado fallido: estás ante una estructura que parece funcionar como proveedor, protector y cómplice al mismo tiempo del crimen organizado. 

Mesas, fotos y negocio

Las mesas de paz, en ese contexto, son el equivalente corporativo a pintar la fachada mientras el sótano se desmorona. Sirven para la conferencia de prensa, para la foto institucional y para inflar el ego burocrático, pero no para devolverle la calle al ciudadano ni para demostrar que el Estado, cuya presencia se cuenta por cientos, tal vez miles de efectivos, recuperó el control territorial de manos del narco, que ha hecho de la extorsión su principal fuente de ingresos y del levantón la intimidación necesaria para lograrlo.

Por eso la pregunta es incómoda pero obligatoria: ¿merece seguirles pagando la nómina política, policial y militar a quienes no han podido frenar el deterioro, y que además insisten en celebrar como logro lo que la gente vive como fracaso? Si una empresa entregara pérdidas así de evidentes, el mercado la castigaría sin compasión; en el gobierno, en cambio, todavía pretenden que el contribuyente financie el teatro, el uniforme, el protocolo y hasta el aplauso.

Complicidad y costo

Más grave aún: cuando la percepción ciudadana apunta a que el gobierno no solo es incapaz, sino funcional a la maquinaria criminal, el asunto deja de ser incompetencia y entra en la zona tóxica de la sospecha pública. 

Y una administración que tolera policías convertidos en problema, que convive con redes de extorsión y que sigue vendiendo normalidad en medio del miedo, no está gobernando: está administrando un desastre con vocación de negocio.

En un país serio, esa evidencia bastaría para aplicar una auditoría completa: de mando, de presupuesto, de complicidades y de resultados. 

En Tamaulipas, por desgracia, el gobierno de Morena de Americo Villarreal parece haber optado por otra estrategia:negar la quiebra, maquillar los números y convocar a más mesas para que el crimen, la impunidad y la propaganda sigan compartiendo el mismo estacionamiento de su gobierno, la pregunta apremia,a quien se debe combatir primero ?

Los criminales que asolan las calles o el gobierno criminal que los prohija y hace crecer la violencia con sus acciones pero mas con su inacción selectiva.

Con información: ENSU 2026 2.T/Medios/ Redes/