El tráfico ilegal de combustibles y la impunidad son tan lucrativas en Tamaulipas ,que el crimen organizado,el Cartel del Golfo,quien regula y controla la actividad delictiva en Reynosa, puede levantar sus propias refinerías.
La Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, reveló el incautamiento de un inmueble en esta ciudad fronteriza que contaba con infraestructura de procesamiento, almacenamiento y transportación de gasolinas y diesel, un hecho sin precedente en Tamaulipas que nadie vio.
Asimismo, se aseguraron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, una cantidad que tendría un valor superior a los 90 millones de pesos, según incautaciones previas hechas en Tamaulipas.
Pero el hallazgo de una refinería clandestina en Reynosa no debería leerse como un éxito del Estado mexicano, sino como la confirmación de su fracaso más estructural: la normalización de un crimen que ya no se esconde, se industrializa.
Porque no estamos hablando de bidones en una brecha ni de tomas improvisadas en ductos de Pemex. Estamos frente a una operación con siete tanques fijos, once “frac tanks”, pipas, tractocamiones, motobombas y hasta generadores eléctricos. Es decir, una infraestructura que no se arma en la oscuridad de una noche, sino que requiere tiempo, logística, capital y —sobre todo— una certeza: nadie va a molestar.
La narrativa oficial insiste en vender decomisos como golpes certeros. Pero aquí hay un detalle incómodo: no hay detenidos. Ni uno y no es hecho aislado.
La refinería estaba ahí, operando, produciendo entre 200 y 500 barriles diarios, y aun así no hay responsables. Como si las instalaciones se hubieran autoconstruido por generación espontánea, como si los tanques se llenaran solos y las pipas se manejaran sin conductores.
El silencio institucional agrava la escena. La FGR “informará cuando tenga la carpeta completa”, el Ejército no precisa ubicación, y las fuentes militares se refugian en la conveniente niebla de una “investigación en curso”. La opacidad no es un efecto colateral: es parte del ecosistema que permite que estos complejos existan.
El dato clave lo dan los especialistas: el combustible base proviene del “diésel negro”, ordeñado de ductos que transportan productos sin terminar. Es decir, el crimen organizado no sólo roba, también refina, distribuye y comercializa. Ha cerrado el ciclo productivo completo. Una cadena de valor ilegal más eficiente que muchas empresas formales.
Y mientras tanto, la estrategia gubernamental presume operativos contra el huachicol fiscal y decomisos espectaculares —como el buque con 10 millones de litros en Altamira—, pero el fenómeno no disminuye: evoluciona. Se sofistica. Se vuelve móvil. Se adapta más rápido que las instituciones que intentan combatirlo.
Lo verdaderamente alarmante no es que exista una refinería clandestina. Es que puede existir. Que puede operar lo suficiente como para volverse rentable. Que puede instalarse cerca de una de las zonas energéticas más vigiladas del país. Y, sobre todo, que puede ser descubierta sin que eso implique consecuencias penales inmediatas.
En Tamaulipas, el mensaje es brutalmente claro: el negocio del combustible ilegal que tambien practica el gobernador Americo Villarreal, no sólo es lucrativo, es viable. Tan viable que permite al crimen organizado montar su propia industria energética paralela. Y tan impune que, cuando finalmente se exhibe, lo único que cae es el decorado.
Con información: ELNORTE/
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