La historia del periodista Hector De Mauleón ya es demoledora;vamos a volverla todavía más incómoda: un país donde al enemigo se le aplica el Código Penal y al amigo, el catálogo de pretextos espirituales.
Rufo, el “huachicolero” perfecto
Primero toman al exgobernador Ernesto Rufo Apel, lo exhiben esposado, cabeza abajo, como si fuera jefe de plaza y no un señor de 74 años que hizo política cuando Morena ni existía.
Lo acusan de delincuencia organizada y de mover millones de litros de combustible, como si hubiera pasado de opositor histórico a campeón del huachicol en su vejez dorada.
La versión oficial suena a serie de Netflix mal escrita: una empresa llamada Ingemar, 15 millones de litros, 129 ferrotanques, Coahuila como escenario y un accionista que, según la Fiscalía, ya no es cliente sino cerebro criminal.
Rufo dice que solo hacía logística y papeleo aduanal, que la que movía el combustible era otra empresa; el gobierno dice que no, que él es el villano principal, porque en este sexenio todo cliente incómodo termina siendo capo.
Jueces: el que piensa y la que obedece
Un juez de carrera, Mario Elizondo, se atreve a cometer el pecado mortal de la 4T: leer el expediente y concluir que la Fiscalía no fundó bien sus inferencias.
Como no les gustó la respuesta, no mejoraron la investigación; mejor cambiaron de juez, como quien cambia de tarjeta SIM.
Entonces aparece la jueza del acordeón, Alejandra Ramírez de la Vega, que con la misma información que su colega rechazó, ve ahí la “red de contrabando más grande detectada hasta el momento”.
La fiscal Ernestina Godoy remata con cifras gordas: más de 4 mil millones de pesos de daño al fisco y movimientos financieros internacionales, porque sin narrativa de thriller fiscal no hay mañanera.
Sheinbaum: pruebas infinitas, silencio selectivo
La presidenta Claudia Sheinbaum insinúa en la conferencia mañanera que contra Rufo hay “muchísimas pruebas”, expresión mágica que sirve igual para huachicol que para universidades tomadas.
Rufo, nacido en San Diego, pudo haberse perdido en la cómoda impunidad del vecino del norte, pero decidió quedarse, enfrentar el proceso y hoy duerme en el Altiplano por esa osadía.
Mientras tanto, el caso Rufo funciona como cortina perfecta para tapar el escándalo que rodea a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, exhibida en audios ofreciendo información del Estado mexicano a una agencia estadounidense para recuperar su visa y limpiar sospechas de protección al cártel de Sinaloa vía su entonces esposo.
Ahí la justicia no corre, camina en chanclas: no hay esposas, no hay Altiplano, no hay operativo espectacular; solo silencio administrativo y prudencia revolucionaria.
Los intocables del huachicol y del narco
Rufo fue detenido con una velocidad que jamás se ve cuando los acusados llevan la playera guinda puesta.
Ahí está Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, pedido por el gobierno de Estados Unidos junto con otros ocho funcionarios por colaborar con el cártel de Sinaloa, y aquí seguimos fingiendo que el problema es un exgobernador de oposición.
Están también los seis gobernadores ,entre ellos Americo Villarreal que llegaron al poder con el dinero del “rey del huachicol”, Sergio Carmona, que financió campañas como si fuera banquero oficial de la transformación.
Y, por si faltaba ironía, aparece Mario Delgado, hoy secretario de Educación, pero antes operador de campañas morenistas financiadas con dinero de Carmona, según señalamientos que en Estados Unidos no se toman como chisme de café.
Desfilan también Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas y exsecretario de Gobernación, grabado en reuniones con un líder criminal que ya está preso, y Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz acusado en documentos hackeados de la Sedena de haberle abierto la puerta del estado a un cártel.
Toda una galería de personajes, pero a ninguno lo vemos con casco, chaleco antibalas y cámaras transmitiendo su paseo rumbo al reclusorio.
La corona guinda: Adán, Cuauh y compañía
La colección sigue: Cuauhtémoc Blanco, Crutilo Escandón y la joya de la corona, Adán Augusto López, vinculado a la Barredora y a importación de combustible ilegal.
Pero a diferencia de Rufo, ellos gozan del beneficio premium de la 4T: la presunción de inocencia eterna y la incapacidad crónica de la justicia para alcanzarlos.
Aparecen también los hijos de López Obrador, metidos en los grandes negocios de la obra pública de su padre, en ese típico modelo familiar donde el Estado es proyecto, la obra es negocio y la justicia es un accesorio decorativo.
Si existe algún expediente, no llega al Altiplano ni a la mañanera; se queda varado en algún escritorio donde se decide qué escándalo se persigue y cuál se archiva bajo la etiqueta de “guerra sucia”.
Justicia a la carta
De Rufo Apel no se sabe si es culpable o inocente; lo que sí se sabe es que es el único exmandatario detenido desde que la 4T llegó al poder.
Y que mientras a unos se les protege con una fe casi religiosa, a otros se les aplica la justicia de manera parcial, quirúrgica, con espectáculo televisivo y discurso moralizador.
Ese doble rasero ya no se puede ocultar: la cárcel para el opositor ejemplar, la impunidad para los aliados estratégicos y la justicia convertida en arma política del nuevo régimen.
En resumen, la transformación presume combatir la corrupción, pero practica la selección de clientes: al enemigo se le llama criminal; al amigo, compañero de lucha.
Con información: LATINUS/HECTOR DE MAULEON/
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