Al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar lo mataron mientras comía, como si en México hasta el acto más básico —sentarse a desayunar— ya viniera con sentencia de muerte. Le dispararon a la cabeza cuando estaba de espaldas a la calle; no vio a sus agresores, y quizá ni alcanzó a oírlos llegar. Era un periodista de 60 años con una trayectoria larga en Oaxaca y con una costumbre que en este país resulta peligrosísima: criticar con nombre y apellido a los gobiernos de Morena.
Su asesinato no es un hecho aislado, sino el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año, y el libreto oficial volvió a ser el de siempre: “se investigará”, “se atenderá”, “se coordinarán”.
El problema es que, mientras el arguende de las mañaneras de Palacio Nacional repite fórmulas gastadas, la realidad responde con una palabra mucho más honesta: impunidad. Mariana Suárez, de Artículo 19, lo dijo sin maquillaje: en México se mata a periodistas porque se puede, y se puede porque las agresiones rara vez terminan en consecuencias reales.
Leyva Aguilar escribía la columna El zumbido del Moscardón y también la movía en TikTok, donde dejó testimonio de que, si algo le pasaba a él o a su familia, responsabilizaba al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a su secretario de Gobierno, Jesús Romero, y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.
En su último video anticipó una columna sobre “la permisibilidad del gobernador Salomón Jara para institucionalizar el crimen” mediante su hermano Noé Jara y la ASAEO, además de haber acusado antes al mandatario de tener “al narco metido hasta las narices” en su administración. También había denunciado amenazas previas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y después ante la FGR.
El patrón de sangre
El caso de Leyva no llega solo: forma parte de una cadena de asesinatos de reporteros que cubrían corrupción, seguridad, crimen e irregularidades locales. Entre ellos están Josué Martínez Contreras, asesinado frente a su madre y su hijo en Puebla; Alex Serna, hallado muerto tras denunciar amenazas y presuntas corruptelas ambientales; y varios comunicadores más en Veracruz, el estado que volvió a colocarse como uno de los lugares más peligrosos para la prensa.
En todos los casos se repite el mismo guion burocrático, esa versión institucional del “ya veremos”, que suele traducirse en nada.
Veracruz, por ejemplo, tuvo una secuencia brutal: Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado a tiros en Poza Rica; después desaparecieron dos jóvenes vinculadas con su funeral; y meses más tarde mataron a Luis Ángel López Valdez, reportero protegido que había denunciado hostigamiento de autoridades.
Luego vino el caso de Roxana Berenice Guzmán, secuestrada en su casa y hallada muerta, con policías y un alcalde bajo investigación. O sea: no es “violencia difusa”, es una maquinaria que castiga a quien incomoda.
La postal oficial
Salomón Jara dijo estar dispuesto a declarar si la fiscalía lo cita y negó que existan elementos para sostener las acusaciones que Leyva había hecho en su contra. Muy institucional todo, muy correcto, muy “vamos a colaborar”, mientras el país sigue acumulando nombres de periodistas asesinados y familias buscando respuestas que casi nunca llegan. Las autoridades locales incluso difundieron videos con al menos tres hombres y una motocicleta involucrados en el ataque, uno de ellos haciendo una llamada antes de disparar.
La frase que deja todo claro la dio Artículo 19: la impunidad no solo significa ausencia de justicia, también funciona como incentivo para que la violencia se repita. Y esa es la gran tragedia mexicana: que matar periodistas no solo sale barato, sino que encima el Estado suele responder con el clásico teatro de la investigación eterna.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE/
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