105 años de prisión. Una cifra que suena más a epitafio judicial que a castigo real para un capo que, por edad, salud, estrategias de dilación o simple cálculo biológico, difícilmente verá completada esa condena. La sentencia pega en el papel, sí, pero en la práctica luce como esas promesas institucionales que nacen grandilocuentes y mueren en la burocracia.
Mientras ,el país sigue cargando con las cuentas pendientes del caso Ayotzinapa y sus ramificaciones criminales que también mancharon la curricula de Omar Garcia Harfuch,entonces Comisario de la policia Federal en Guerrero.
Le cayeron 105 años, un castigo tan severo que casi parece diseñado para tranquilizar conciencias más que para imaginarse cumplido. En México, estas sentencias monumentales suelen tener algo de teatro jurídico: se pronuncian como si el tiempo no existiera, como si la cárcel fuera eternidad administrada, y no una institución donde hasta los números terminan negociándose con la realidad.
Que dice El Pais:
La desaparición de los 43 estudiantes rurales en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala se convirtió en uno de los casos más dolorosos para la sociedad mexicana en los últimos años. Ha pasado más de una década de aquello, y esa historia todavía navega entre las incógnitas, los vacíos de información y las teorías —en ocasiones casi contradictorias— acerca de lo ocurrido. Mazari fue uno de los narcos locales a los que las familias de los jóvenes pidieron ayuda en 2015 para tratar de revelar detalles de lo ocurrido, cuando desconfiaban firmemente de las versiones oficiales.
Los familiares colgaron un mensaje en la calle de Iguala, en el que hacían referencia a un mensaje que, a su vez, El carrete había dirigido a las familias: “Señor Santiago Mazari Hernández. Nosotros los padres de familia leímos el mensaje en la manta. Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos, porque este mal gobierno [entonces el de Enrique Peña Nieto, 2012-2018] no ha sido serio con nosotros. Al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad. Háganos saber de alguna manera cómo puede ayudarnos. Estamos dispuestos a encontrarnos con usted si así lo desea”.
El Carrete fue detenido en agosto de 2019 por soldados y elementos de la Guardia Nacional en la sierra de Guerrero. Mazari viajó entonces a Corral de Piedra, una remota comunidad, para tratar de cerrar un pacto con un policía comunitario. Buscaba socios para abrir rutas en ese Estado y Morelos, pero las negociaciones no salieron del todo bien, derivando en un conflicto que llegó a oídos de las autoridades. El operativo terminó con el arresto de El carrete, que, herido de bala en aquel momento, fue retirado del lugar en helicóptero.
Los Rojos, apunta la Fiscalía, estuvieron liderados por El carrete entre 2012 y el momento de su detención, en 2019, un periodo en el que se mantuvo ese conflicto con Guerreros Unidos. Esas hipótesis que han rodeado al caso tienen un punto común, la de Guerreros Unidos, el grupo que presuntamente atacó y desapareció a los 43 muchachos.
Documentos divulgados en 2021 por la comisión presidencial encargada de las indagaciones revelaron las conversaciones entre integrantes de ese grupo criminal y policías de la zona, que mostraban que el Ejército había monitoreado a Guerreros Unidos durante el ataque a los normalistas.
Uno de los diálogos interceptados es del mismo 26 de septiembre, en la noche del ataque; y el otro, un tiempo después, el 4 de octubre.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ RODRIGO SORIANO/
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