La nueva Ley General de Extorsión que presume mas orden y justicia,llegó envuelta para regalo para muchos criminales que compurgan penas por extorsion en muchos estados del pais y que ahora seran beneficiarios de la nueva reforma impulsada por el gobierno y aprobada por el legislativo.
Una solución hipócrita para enmascarar el fracaso de un grave problema que no requería una solución técnica, pues en realidad es un delito que fue creciendo por falta de accion en su contra y no por falta de códigos o penas severas, fue el desdén con que la autoridad aplica las leyes.
Pero ahora, el oficialismo engañabobos y su receta oficial parece ser reducir las penas para igualar hacia abajo, en nombre de la proporcionalidad y de la jurisprudencia “civilizada” que dicta la Suprema Corte.
La uniformidad suena bonita en papel: 25 años máximo, para que nadie diga que un estado del pais castiga más que otro. Pero ese gesto “progresista” tiene efectos que huelen a retroceso.
De un plumazo, quienes antes purgaban condenas de 40, 50 o 70 años podrán salir bajo el manto benévolo de la retroactividad. A eso le llaman justicia equilibrada; en los hechos, es un regalo envenenado para un sistema penitenciario que lleva años pidiendo clemencia, no por saturación, sino por corrupción y descomposición.
La narrativa oficial asegura que penas de medio siglo son desproporcionadas frente al daño causado por la extorsión agravada. Pero habría que preguntarse qué tan “razonable” le parece esa lógica a un comerciante que paga derecho de piso, a un transportista al que le queman el camión.
Ni que decir de una familia que pierde a su padre en Reynosa,quien tras reclamar la extorsión cuatriplicada y dar los nombres de los responsables del Cartel del Golfo,incluido el Fiscal de Justicia Irving Barrios Mojica,fue ejecutado enseguida.
Ni que decir de aquellos que pierden la tranquilidad tras recibir llamadas amenazantes a diarios «si no pagas,te descuartizo». La Corte habla del bien jurídico tutelado; el ciudadano de a pie habla del miedo como rutina.
Y es que aquí la discusión no es de gramos de castigo, sino de gramos de cumplimiento. No hay ley que funcione si quien debe aplicarla es parte de la maquinaria que la corroe. La experiencia demuestra que ni las penas más severas disuaden al criminal cuando sabe que puede comprar impunidad más barata que un abogado. Reducir los años de cárcel no genera justicia: genera incentivos, y no precisamente los correctos.
Los legisladores insisten en que esto “armoniza” el sistema. En realidad, lo achata. Equiparar a Jalisco con San Luis Potosí o a Oaxaca con Nuevo León es como recetar el mismo analgésico para una fractura y para un resfriado. La extorsión tiene mil rostros, y cada estado la padece de manera distinta. Pero en la aritmética del Congreso, todo cabe si se elimina lo incómodo: las agravantes, la realidad, el contexto.
Quizá la verdadera extorsión no ocurre en las calles, sino en la narrativa política que nos vende justicia barata a cambio de que bajemos la voz. Esta ley, que presume corregir excesos, podría convertirse en la evidencia más clara de que el problema nunca fue el castigo, sino la voluntad de hacer valer la ley.
La barbarie en Reynosa ha llegado a niveles de escenario posapocalíptico: mientras las tropas militares, marinos y soldados desfilan por la ciudad, los criminales con y sin charola bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal se pasean como Pedro por su casa, esparciendo y enterrando cuerpos como si fueran basura de un día cualquiera.
La “seguridad” de Tamaulipas volvio a quedar exhibida como una triste broma macabra: una familia entera –Berenice “F”, Heriberto “G”, Ángel Manuel “G” y una menor de apenas 10 años, con discapacidad– fue arrancada de la faz de la tierra, asesinada con saña y sembrada en puntos distintos de Reynosa, mientras las autoridades buscaban, pero no encontraban, hasta que ya no quedaba nada que salvar.
El colmo de la impunidad: la niña fue hallada, enterrada como secreto maldito, dentro de una vivienda en un fraccionamiento del Valle Soleado; los adultos, aventados en un camino rumbo a San Fernando, víctimas anónimas de un operativo de simulacro permanente que nunca logra anticipar ni mucho menos prevenir la violencia real. Y aún así, la Fiscalía de Tamaulipas que dirige el peligrosisimo Fiscal general Irving Barrios Mojica,total y enteramente al servicio del Cartel del Golfo,igual que el Comisario General,Olegario Contreras,responsables ambos de las policias Ministeriales y de Investigación, emiten comunicados con tono protocolario, prometiendo investigaciones, exámenes periciales, y reservándose cualquier dato incómodo “para no entorpecer el debido proceso”, como si el verdadero crimen fuera el desorden en los papeles y no los cuerpos rapiñados a media ciudad.
En medio del desastre, sólo se filtra el escándalo de dos presuntos detenidos, uno de ellos un guardia de seguridad maquilador, que sospechosamente no exhiben para no entorpecer las torpes y sesgadas investigaciones.
Aunque de sobra es conocido,que el principal cometido del gobierno es proteger al Cartel del Golfo,pues nadie mata, nadie levanta y nadie esparce cuerpos sin su permiso,y esto incluye al sector maquilador que también es víctima del cartel descuartizador del golfo.
Ninguna autoridad se atreve a pronunciar palabra sobre los engranajes podridos del infierno cotidiano que permite que familias enteras se evaporen sin rastro, ni sobre la eficacia de unos operativos militares que, en el mejor de los casos, llegan cuando todo está consumado. Lo demás es silencio institucional; la barbarie, esa sí, ni descansa ni disimula.
Las cifras sangran solas, son el saldo de las tres principales violencias que aterrorízan Sinaloa,donde las autoridades de todos los niveles, pero con muy poco nivel, siguen perfeccionando el arte del simulacro de combatir al crimen, mas de las veces cometiendo mas crimenes,pero con balance en contra, pues a mas de 1 año de la guerra de bandos de la misma banda, del Cartel de Sinaloa, los números lo dicen todo y hablan de FRACASO de la ESTRATEGIA:
2,283 homicidios dolosos, como si cada día celebráramos un festival de muerte patrocinado por la inoperancia oficial y la eficiencia criminal del Cartel.
2,192 personas desaparecidas , o, en la jerga nacional, “levantones”: un boleto diario hacia la incertidumbre en una entidad donde desparecer casi equivale a morir, sin ser encontrado.
8,102 vehículos robados: el combustible económico del cartel, con tanque lleno y desechables, de fácil robo e impunidady garantizada.
1,858 personas detenidas, porque incluso el sistema necesita simular que algo intenta, pero son mera estadística que no impacta, que no se traduce en satisfactores de seguridad que allanen la paz.
155 personas abatidas en supuestos “enfrentamientos”, aunque nunca sabremos cuántos eran criminales y cuántos daños colaterales del gatillo militar fácil que también mata niñas, padres, y todo tipo de inocentes, es una ruleta macabra donde incluso entre autoridades se matan por confusion.
Este no es un reporte, es un acta de defunción colectiva donde la víctima es la esperanza y el verdugo, la clase política. Son números que cuentan historias clandestinas y una realidad oficial que gotea ineptitud. Porque aquí, el ciudadano paga “cuotas” diarias: la vida, la libertad o el patrimonio… mientras los funcionarios piden tiempo que no hay y presumen logros inexistentes para enmascarar el fracaso garrafal.
La “Ola” como la describe NOROESTE, no es solo criminalidad: es la ola de la complicidad oficial y la marea alta de la miseria en la administración pública. Si esto no es barbarie, que baje Dios y le dé una cátedra de cinismo a estos funcionarios de utilería.
«Que baje Dios y le dé una cátedra de cinismo a estos funcionarios de utilería” no es literal: es una ironía que subraya la magnitud del cinismo mostrado por las autoridades frente a la violencia y el sufrimiento social. Y «Dios» como una figura máxima de sabiduría y justicia, y decir que quien representa la bondad tendría que enseñarles cinismo, significa que los funcionarios han rebasado cualquier estándar moral o ético ordinario. Es una forma irreverente de señalar que el nivel de apatía, simulación o indiferencia gubernamental es tan alto, tan grotesco, que ya ni siquiera la moral tradicional alcanza para describirlo.
Significado:
La expresión evidencia que lo que ocurre es tan indignante, que ni siquiera los principios universales bastan para explicar la impudicia oficial; “solo Dios” podría hacerlo, y en tono irónico, seria como pedirle que enseñe a las autoridades a mejorar su cinismo.
La analogía busca exponer la perversión y el desgaste total de los valores en la gestión pública ante la violencia sufrida por la sociedad.
Culiacán no deja de arder y mientras el estratega Omar Garcia Harfuch se distrae ,ahora con Michoacan,donde la lumbre ya estaba encendida y el gobierno vuelve a reforzar reforzamientos que ya habia reforzado, como en Sinaloa,el infierno sigue prendido con gasolina y risas de sicarios en territorio culichi.
Porque las llamas ya no distinguen entre fraccionamientos, avenidas ni horarios: cada madrugada es una ruleta rusa encendida por los piromaníacos que se creen dioses del fuego. Diez casas calcinadas en una semana de mas de un centenar y contando, sin un solo detenido. ¿Quién necesita más tropas si lo que faltan son mangueras y coraje?.
Porque lo de ahora ya no es “la narcoguerra”; es una temporada de incendios patrocinada por el cinismo y la impunidad. Los “Mayitos” y “Chapitos” se disparan, pero tambien se burlan con fuego. Rebautizan las calles con humo y dejan sus firmas en ceniza, como si las colonias fueran su tablero personal de venganza.
Mientras tanto, los uniformados patrullan el aire. Desfilan de un incendio al siguiente, no para apagarlo, sino para declararlo territorio controlado. Rubén Rocha Moya,el narcogobernador de Morena,la mas peligrosa organización criminal de este pais, promete orden, aunque el es parte del desorden, mientras los bomberos, esos verdaderos héroes anónimos, apagan ruinas y respiran humo acre en lugar de justicia.
La mas reciente vivienda tatemada fue siniestrada en la esquina de Poetas y Dramaturgos —ironías que solo el diablo entiende—, otra casa ardió hasta quedar en silencio. Un coche reducido a huesos metálicos y vecinos convertidos en cronistas involuntarios del miedo. Portalegre ya no es un fraccionamiento; es una antología del terror contemporáneo.
Y así va la capital sinaloense: con más blindados que extinguidores, más miedo que gobierno, y más fuego que esperanza.
Culiacán no necesita más soldados. Necesita bomberos, sí, pero también algo que el agua no puede apagar: vergüenza institucional, voluntad política y una dosis urgente de humanidad frente a esta orgía de fuego y poder.
En San Salvador Huixcolotla la muerte llegó en convoy, cronometrados y con GPS, cámaras encendidas y una coreografía de guerra. No fue un ataque improvisado, fue una emboscada planeada al milímetro, ejecutada con el descaro de quien sabe que puede grabar su crimen y subirlo a redes como si se tratara de un videoclip.
La madrugada del 3 de noviembre, tres policías municipales —Yusami Monterrosas Apolinar, subcomandanta; y los agentes Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigosa— avanzaban por la carretera federal Puebla–Tehuacán sin imaginar que en el acceso principal al municipio los esperaba una jauría armada. Dos camionetas interceptaron su unidad y, durante cuarenta segundos de fuego cerrado, el sonido de los fusiles se volvió la única ley en Huixcolotla.
El video del ataque, difundido con frialdad quirúrgica, muestra a los sicarios del autodenominado grupo Operativa La Barredora, bajo las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, posando entre ráfagas y adrenalina. Lo grabaron todo: el terror, los disparos, la firma criminal. No bastaba matar; había que dejar constancia.
Tras el asesinato, el miedo hizo lo suyo. Dieciocho de los veinte policías municipales renunciaron en masa, dejando al municipio prácticamente sin fuerza pública. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla tuvo que tomar el control inmediato mientras su titular, el vicealmirante Francisco Sánchez González, hablaba de “dos líneas de investigación” y “falta de evidencia conclusiva”.
El alcalde, Manuel Alejandro Porras Florentino, alegó que no había reportes de riesgo ni se habían pedido refuerzos, pero esas palabras suenan huecas en un pueblo donde el silencio ya es sinónimo de supervivencia. La emboscada fue más que un ataque: fue un mensaje calculado, una demostración de poder grabada en tiempo real, la prueba de que en Huixcolotla la guerra ya no se esconde… se publicita.
Ante los asesinatos brutales en Michoacán del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder de productores de limón, Bernardo Bravo, la presidenta Claudia Sheinbaum pregunta: “¿Qué proponen?”.
La respuesta es simple: romper el pacto político-criminal que ha convertido al estado un sitio de guerra. Michoacán es la sede de un conflicto paramilitar y de una carrera armamentista entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, sus aliados temporales de “Los Viagras” y los Cárteles Unidos, una coalición dominada por antiguos mandos de “Los Caballeros Templarios” y las mafias locales.
El saldo de la guerra son miles de vidas perdidas por las balas de los cárteles, como la de Josefina, la joven de 19 años que trabajaba como “puntera” de un grupo criminal en Tierra Caliente y que fue asesinada por la paranoia de sus empleadores. Su cuerpo fue quemado y enviado a su familia como un mensaje de terror. El padre de Josefina, un sicario asociado a un cártel rival también fue asesinado.
El territorio michoacano refleja la realidad de una guerra con características de la África Subsahariana: drones con explosivos, minas terrestres, vehículos blindados, armas Barret calibre 0.50, mercenarios colombianos, estadounidenses y francotiradores de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano a sueldo de los cárteles.
Este poder de fuego es utilizado para disputar un negocio de extorsión de miles de millones de dólares al año, a las industrias de exportación agrícola de limón y aguacate. Bernardo Bravo, el líder empresarial que se atrevió a alzar la voz contra estos abusos, fue asesinado en Apatzingán. Su muerte fue un mensaje político de la mafia.
Nancy Canjura, experta en seguridad de la organización Causa Común, le dijo a The New York Times que el ataque contra Carlos Manzo, en la plaza pública, frente a los ojos de su hijo pequeño, “confirma que los grupos criminales, no las autoridades, controlan el territorio”.
Los cárteles no operan solos. La mafia ha infiltrado al Estado mexicano en todos sus niveles. El gobierno de Claudia Sheinbaum no es ajeno a esta realidad. La presidenta tiene a su lado a dos funcionarios que conocen a la perfección la radiografía criminal de Michoacán:
Lázaro Cárdena Batel, actual Jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el gobernador que en 2006 pidió al presidente Felipe Calderón la intervención de las Fuerzas Armadas después de una masacre perpetrada en Uruapan. La historia mexicana reconoce este punto como el inicio formal de la guerra contra las drogas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, fue un alto mando de la Policía Federal asignado a Michoacán en 2014, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto rompió el monopolio criminal de “Los Caballeros Templarios” mediante la construcción de un nuevo entramado de grupos de autodefensa.
Tanto la política de confrontación armada de Felipe Calderón como la del arreglo de cárteles de Enrique Peña Nieto fueron un rotundo fracaso. A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca en culpar al pasado. Sus comentarios son igualmente hipócritas e ignorantes: la realidad violenta de Michoacán también es una función de los pactos criminales signados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En otoño de 2021, elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano se coludieron con grupos paramilitares de Michoacán para asesinar a 400 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Taixtán, Tepalcatepec y Buenavista. Los cuerpos de las víctimas fueron desaparecidos en fosas clandestinas para evitar que se iniciara una investigación por crímenes de lesa humanidad. Eliminaron la evidencia de un crimen de Estado.
Sin embargo, la historia fue confirmada a International Crisis Group, un think tank especializado en conflictos armados, por cinco fuentes independientes, tanto del gobierno como de los cárteles. El reporte concluye que la operación fue coordinada por un líder criminal, por dos miembros de células rivales del cártel, por funcionarios locales de Tierra Caliente y por un oficial federal de alto nivel.
“Anteriormente, y en el contexto de la ofensiva del CJNG en Michoacán ese año, soldados ya habían formado un pacto con grupos criminales para enfrentar al CJNG de manera conjunta y coordinada, según nuestras fuentes”, dijo a Animal Político Falko Ernst, el especialista de seguridad nacional que recopiló el reporte de Crisis Group.
En el fondo, la masacre de 400 soldados del CJNG confirma que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con los cárteles. El horror fue parte de un cálculo político que ha permitido a Morena mantener alianzas con los poderes fácticos que realmente dominan el territorio: los capos criminales a cargo de la extorsión, el tráfico de drogas y el asesinato de figuras políticas y empresariales como Carlos Manzo y Bernardo Bravo.
La alianza del Ejército Mexicano con Cárteles Unidos se fraguó apenas meses después de que Alfredo Ramírez Bedolla fue electo gobernador de Michoacán bajo las siglas de Morena. Su campaña fue beneficiaria de dos instancias criminales paralelas: el miedo territorial de las mafias locales y el dinero de la estructura de huachicol fiscal orquestada por Sergio Carmona.
Carlos Matienzo, especialista en seguridad nacional con un posgrado de la Universidad de Columbia, argumenta que “la situación actual de Michoacán se explica por la ‘narcoelección’ de 2021, la primera en la historia donde el Tribunal Electoral anuló las casillas de cuatro municipios enteros, más de 45 mil votos, por intervención del narco”. En mayo de 2021, días antes de los comicios, el candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Uruapan, Omar Plancarte, fue secuestrado por un comando criminal. Los cárteles ratificaron lo que para todos es evidente: en el territorio, ellos son los que mandan.
Tres años más tarde, en el contexto de las elecciones de 2024, fueron asesinados en instancias separadas la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, y el activista extranjero a favor de los derechos humanos, Jean Cadot Odimba.
Morena arrasó en Michoacán en 2021 y en 2024. Jacobo Dayán, académico especializado en derechos humanos y seguridad nacional, cuestiona: “¿Los partidos políticos están dispuestos a sacrificar victorias para limpiar filas y eliminar el vínculo político-criminal?”. No parece ser el caso.
La organización ‘Narcopolítcos’, un colectivo de activistas abocado exhibir las redes criminales de la clase política mexicana, publicó recientemente un expediente sobre Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán: “Ha sido señalado en documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional por su vinculación con Cárteles Unidos, una alianza de siete cárteles que operan en Michoacán. En Estados Unidos, un tío y primo hermano de Bedolla fueron sentenciados por traficar metanfetaminas y trabajar para ese mismo cártel. Ramírez Bedolla ha sido acusado por el precursor de autodefensas, Hipólito Mora, de haber ganado su elección gracias al apoyo de dicho cártel”.
Aunque la evidencia es contundente, la presidenta Sheinbaum no incluyó en su programa de pacificación denominado “Plan Michoacán” ni un solo punto para atacar el vínculo político-criminal. El gobierno federal corre el riesgo, tal como ocurre en Sinaloa, de ser un simple testigo de la violencia y la impunidad.
Michoacán está repitiendo un ciclo interminable de asesinatos y enfrentamientos armados. En abril de 2019, cuando los “Caballeros Templarios” y “Los Viagras” ganaron una batalla clave contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente declararon que la guerra continuaría en Uruapan y en Morelia. Fueron explícitos. En agosto de ese año, una masacre de 19 personas estremeció a Uruapan. El gobierno federal desplegó a la recién creada Guardia Nacional. El analista Falko Ernst cuestionó decisión: “Lo de hoy subraya que la creación de un nuevo esqueleto no significa que existe una estrategia para atender y mitigar el conflicto y la violencia”. Las palabras fueron atinadas entonces y lo son ahora: “¿Cuál es la estrategia? Es decir, ¿un enfoque que permita sanar las causas socioeconómicas de raíz en el largo plazo, pero que en el corto plazo defina medidas contundentes para impedir homicidios y proteger a la población vulnerable ahora mismo?”.
La solución implica, necesariamente, la ruptura de los pactos político-criminales. No hacerlo habrá significado que Carlos Manzo, Bernardo Bravo y la ola de indignación que atraviesa a México fue totalmente en vano.
Vaya papelón el de la seguridad presidencial: mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum paseaba campante por la calle de Argentina, corazón del Centro Histórico, un tipo se le fue encima como si nada, intentó plantarle un beso en el cuello y, ya encarrerado, la abrazó por la espalda, pegadito al pecho, como si no hubiera cámaras, escoltas… ni vergüenza.
¿La reacción de sus guardaespaldas? Bien, gracias. La mandataria tuvo que hacer lo que el equipo de cuidadores no pudo (o no quiso): quitarse de encima las manos del oportunista. Solo hasta que la escena se hizo pública, Juan José Ramírez, jefe de la ayudantía, decidió dejar el modo espectador y aparecer, pero lo suyo, lo suyo… fue tarde y mal.
Recuerde que AMLO desmanteló al legendario Estado Mayor Presidencial, aquel que no dejaba ni que una mosca se acercara. En su lugar nos dejó a “Las Gacelas”, ese club de escoltas modernos que, por lo visto, prefieren mirar el show a intervenir.
¿El saldo? Una mandataria acosada, un agresor identificado y detenido—dicen que se llama Uriel Rivera—y una ayudantía que quedó, otra vez, como relleno decorativo. Puro protocolo para la foto. ¿Y la seguridad? Pregúntenle a Claudia.
Ponen en riesgo a la Presidenta y al pais
Si el episodio de acoso contra la presidenta hubiera escalado a un ataque letal, como el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán, el país habría sido sacudido por una crisis política, social e institucional de proporciones históricas.
Impacto inmediato
Un magnicidio de esta magnitud generaría un sismo en la estructura de seguridad nacional, evidenciando una falla absoluta en los cuerpos encargados de proteger al máximo líder del país. El hecho paralelo al caso Manzo —donde un atacante logró asesinar al alcalde de Uruapan en un evento público, a pesar de contar con protección— muestra la vulnerabilidad de las figuras públicas ante ataques armados, y lo poco que basta para consumar una tragedia política.
Reacción social y política
La sociedad mexicana reaccionaría con conmoción, miedo e indignación, similar a como sucedió tras los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o políticos emblemáticos del siglo XX. El mensaje hacia la ciudadanía sería brutal: si ni la presidenta está segura, nadie lo está. El gobierno, bajo presión nacional e internacional, tendría que responder con operativos, cambios inmediatos en los protocolos de seguridad e incluso reestructuración de instituciones.
Consecuencias de gobernabilidad y legitimidad
El magnicidio haría estallar disputas internas en el gabinete, en partidos y en sectores de seguridad, reavivando debates sobre el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial y exponiendo la fragilidad del modelo de “ayudantía”. Se pondría en tela de juicio la continuidad gubernamental, la transición de poderes y la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad y la estabilidad democrática.
En resumen, un ataque letal no sería solo un agravio personal: detonaría una crisis nacional profundamente desestabilizadora, envuelta en miedo, incertidumbre y desconfianza institucional, cuyos efectos políticos y sociales serían impredecibles y de largo plazo.
