La nueva Ley General de Extorsión que presume mas orden y justicia,llegó envuelta para regalo para muchos criminales que compurgan penas por extorsion en muchos estados del pais y que ahora seran beneficiarios de la nueva reforma impulsada por el gobierno y aprobada por el legislativo.
Una solución hipócrita para enmascarar el fracaso de un grave problema que no requería una solución técnica, pues en realidad es un delito que fue creciendo por falta de accion en su contra y no por falta de códigos o penas severas, fue el desdén con que la autoridad aplica las leyes.
Pero ahora, el oficialismo engañabobos y su receta oficial parece ser reducir las penas para igualar hacia abajo, en nombre de la proporcionalidad y de la jurisprudencia “civilizada” que dicta la Suprema Corte.
La uniformidad suena bonita en papel: 25 años máximo, para que nadie diga que un estado del pais castiga más que otro. Pero ese gesto “progresista” tiene efectos que huelen a retroceso.
De un plumazo, quienes antes purgaban condenas de 40, 50 o 70 años podrán salir bajo el manto benévolo de la retroactividad. A eso le llaman justicia equilibrada; en los hechos, es un regalo envenenado para un sistema penitenciario que lleva años pidiendo clemencia, no por saturación, sino por corrupción y descomposición.
La narrativa oficial asegura que penas de medio siglo son desproporcionadas frente al daño causado por la extorsión agravada. Pero habría que preguntarse qué tan “razonable” le parece esa lógica a un comerciante que paga derecho de piso, a un transportista al que le queman el camión.
Ni que decir de una familia que pierde a su padre en Reynosa,quien tras reclamar la extorsión cuatriplicada y dar los nombres de los responsables del Cartel del Golfo,incluido el Fiscal de Justicia Irving Barrios Mojica,fue ejecutado enseguida.
Ni que decir de aquellos que pierden la tranquilidad tras recibir llamadas amenazantes a diarios «si no pagas,te descuartizo». La Corte habla del bien jurídico tutelado; el ciudadano de a pie habla del miedo como rutina.
Y es que aquí la discusión no es de gramos de castigo, sino de gramos de cumplimiento. No hay ley que funcione si quien debe aplicarla es parte de la maquinaria que la corroe. La experiencia demuestra que ni las penas más severas disuaden al criminal cuando sabe que puede comprar impunidad más barata que un abogado. Reducir los años de cárcel no genera justicia: genera incentivos, y no precisamente los correctos.
Los legisladores insisten en que esto “armoniza” el sistema. En realidad, lo achata. Equiparar a Jalisco con San Luis Potosí o a Oaxaca con Nuevo León es como recetar el mismo analgésico para una fractura y para un resfriado. La extorsión tiene mil rostros, y cada estado la padece de manera distinta. Pero en la aritmética del Congreso, todo cabe si se elimina lo incómodo: las agravantes, la realidad, el contexto.
Quizá la verdadera extorsión no ocurre en las calles, sino en la narrativa política que nos vende justicia barata a cambio de que bajemos la voz. Esta ley, que presume corregir excesos, podría convertirse en la evidencia más clara de que el problema nunca fue el castigo, sino la voluntad de hacer valer la ley.
Con informacion: REFORMA/
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