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lunes, 9 de junio de 2025

EL “CARTEL de la CFE ?”: “OTRA VEZ el PRIMER PISO HUACHICULERO de la REPUBLICA CUATRITRANSFORMADA APESTANDO a CHAPOPOTE HUMANISTA”…bendita impunidad,casi inmunidad.


Cuando ya creíamos que lo habíamos descubierto todo con las complejas redes criminales del “huachicol fiscal”, con ese contrabando de combustibles que llega desde Estados Unidos sin pagar impuestos, ahora aparece el “huachi-diésel”.

Es el contrabando del combustible pesado que se decía venía a surtir al autotransporte -el de carga y el de pasajeros- pero que en realidad se convirtió en el epicentro de un saqueo de miles de millones de dólares anuales, operado desde la Comisión Federal de Electricidad que presidió Manuel Bartlett y que se operó con la tolerancia -o quizás la completa complicidad- del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se estima que las mayores ganancias ilícitas en el contrabando de combustibles en el gobierno de la Cuarta Transformación no se dieron en el tráfico de las gasolinas -que son ya de sí ganancias multimillonarias- sino en el diésel que la Comisión Federal de Electricidad compraba a bajo precio a los contrabandistas que lo importaban de Estados Unidos. A eso es lo que hoy, en Código Magenta, bautizaremos como el huachi-diésel.

No se trata del diésel que ilegalmente se extrae de los ductos de Pemex. Ese lo hacen pobladores o miembros del crimen organizado en las pequeñas ciudades por donde pasan los ductos de Pemex y su destino de venta es el autotransporte de carga y de pasajeros. Es el diésel que se vende a pie de carretera o se surte ilegalmente con él a las gasolineras.

El huachi-diésel, en cambio, es el contrabando del combustible introducido en barcos, con cargas de hasta 25 millones de litros por entrega. Con descargas en los puertos de Altamira, Tampico, Tuxpan y Progreso donde se descargan entre cuatro y diez buques por semana. Esos más de 10 millones de litros de huachi-diésel sólo pueden ser colocados en las plantas generadoras de energía eléctrica.

Con ese huachi-diésel, la CFE opera sus plantas, sustituyendo, intencionalmente -y con enormes daños al medio ambiente- las energías limpias como el gas natural o la energía eólica o solar.

Ese huachi-diésel, comprado barato en Estados Unidos, de baja calidad, con alto contenido de azufre, es todavía hoy colocado en las plantas a través de empresas fachada, a un precio muy superior al que fue adquirido. Y las enormes y multimillonarias ganancias son distribuidas entre contrabandistas, factureros, distribuidores y directivos de CFE, que hicieron de ese huachi-diésel el gran negocio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo un cártel criminal cuyo saqueo impactó severamente a Pemex y al Erario nacional.

Lo que revelamos a partir de hoy en Código Magenta en una amplia investigación periodística que -así como lo hicimos desde hace ya tres años con el huachicol fiscal, que igualmente aquí lo bautizamos así- deja al descubierto toda una red criminal en la generación de energía eléctrica en México, una estrategia deliberada, fraguada desde el gobierno de la Cuarta Transformación, para elevar el consumo del huachi-diésel y suprimir el consumo del gas natural.

Es una acción creada con premeditación, alevosía y ventaja para enriquecer los bolsillos de quienes deficiente e impunemente degradaron las operaciones de las plantas generadoras de energía eléctrica en todo el país, sin importar los daños crecientes no sólo a las instalaciones generadoras, sino al medio ambiente.

Pero la gestación del huachi-diésel no fue obra de la casualidad. Fue un buen montado andamiaje de complicidades ideado por Manuel Bartlett, el director de la CFE, y su círculo más cercano, con el beneplácito y la bendición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y consistió en una estrategia que obligaba a cambiar combustibles limpios como el gas, empleado en las plantas de la CFE por huachi-diésel.

El primer paso fue satanizar intencionalmente, desde las entrañas mismas de Palacio Nacional, las compras de gas natural tanto a Estados Unidos como a Perú y Ecuador. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó entonces a los gobiernos prianistas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de corrupción, al pactar con empresas extranjeras la compra masiva de gas con sobreprecio. El golpe presidencial desde Palacio Nacional fue atacar a grandes corporaciones de energía, como la española Iberdrola o la norteamericana Sempra, para poner en evidencia los acuerdos de los gobiernos del PRIAN que, presumiblemente, pactaron y heredaron lucrativos contratos a largo plazo de compra de gas natural. El final de la estrategia fue cancelar esas compras de gas natural, buscando que el energético sustituto fuera el diésel.

Vino después un segundo golpe, -también desde el gobierno de la Cuarta Transformación- cuando el inquilino de Palacio Nacional decretó el fin de las energías limpias. Un absurdo video, recordamos, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionaba entonces lo poco estéticas que se veían las turbinas eólicas instaladas en las crestas de los lomeríos de Mexicali. Y así, con un video presidencial, se cancelaron cientos de millones de dólares en inversiones de energías limpias.

Y la puntilla que permitió a la CFE y a su director Manuel Bartlett retomar el control total de la energía eléctrica fue la cancelación de los permisos para que empresas privadas generadoras de energía eléctrica para su auto consumo se terminaran. Satanizaron la producción privada y la etiquetaron como plagada de corrupción. Todo volvió a manos de la CFE y el consumo del diésel se elevó. Las estimaciones son que las plantas consumían, en promedio, la mitad de diésel producido en Pemex y la otra mitad era huachi-diésel importado ilegalmente.

Pero ningún atraco puede tener éxito si no se ocultan las evidencias del crimen. Si se busca en los informes públicos los datos sobre el consumo de gas natural y del diésel en la CFE, entre 2018 y 2024, -el sexenio del presidente López Obrador las cifras se esconden. Estas son las respuestas a esas búsquedas. 

Para las energías limpias, cito textual: “Los datos específicos del consumo de gas natural por parte de la CFE entre 2018 y 2024 no se encuentran disponibles en la información proporcionada”.

Y para el diésel y el huachi-diésel: “El consumo de diésel de la CFE entre 2018 y 2024 no está disponible públicamente en una forma granular y detallada para cada año”.

Todas estas cifras se escondieron detrás de CFE Energía, esta empresa que sirvió para opacar todas las compras de CFE que, al día de hoy, desconocemos.

Sin la posibilidad de explorar esas cifras, el crimen es perfecto. El huachi-diésel se suma al huachicol fiscal no sólo para destruir a Pemex y dañar seriamente al Fisco, sino para enriquecer los bolsillos de quienes fueron defendidos a capa y espada por quien fuera por seis años, el inquilino de Palacio Nacional.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

LA “CARTITA de 31 HIPOCRITAS”: A “RUNFLA de TALEGONES de la CONAGO les PREOCUPA la SITUACION de MIGRANTES en EE.UU que GOBERNADORES PROVOCARON”…nadie se iría si en Mexico le fuera mejor.


La carta de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) ,fechada ayer 8 de junio de 2025, expresa preocupación por las redadas en California y la situación de las familias mexicanas migrantes, reiterando que la migración es un fenómeno complejo que debe abordarse con enfoque humanitario y derechos humanos. 

Sin embargo, este tipo de posicionamientos resultan profundamente hipócritas y desconectados de la realidad nacional, pues omiten las causas estructurales que obligaron a millones de mexicanos a abandonar su país.

1. ¿Por qué emigran los mexicanos?

Nadie abandona su hogar, su familia y su tierra “por gusto”. La migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos es una consecuencia directa de la falta de oportunidades reales en México: empleo digno, acceso a educación de calidad, servicios de salud y, sobre todo, seguridad. Las personas migran porque en sus estados de origen no encuentran condiciones para una vida digna. Los datos lo confirman:

  • Precariedad laboral: Más del 54% de los trabajadores en México están en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni estabilidad. En 2025, la generación de empleo formal tuvo su peor inicio de año desde 2020, con estados como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas perdiendo empleos formales.
  • Pobreza laboral: Un 33.9% de la población mexicana no puede adquirir la canasta básica con su ingreso laboral, es decir, 44.2 millones de personas, cita Mexico Como Vamos.
  • Violencia e inseguridad: La violencia asociada al narcotráfico y la falta de estado de derecho expulsan a miles de personas cada año y cada vez mas.
  • Servicios insuficientes: Sectores como salud y educación presentan rezagos históricos, y los programas gubernamentales apenas logran paliar una pequeña parte de la demanda, advierte la informacion oficial del mismo gobierno.

2. El doble discurso de los gobernadores

Resulta cínico que los mismos gobernadores que firman la carta sean responsables, en sus propios estados, de las condiciones que expulsan a sus ciudadanos. La migración no es solo un fenómeno internacional; es, ante todo, un fracaso de las políticas públicas estatales y federales para garantizar bienestar y justicia social.

  • Empleo: Los migrantes mexicanos ocupan en EE.UU. los trabajos más duros y peor pagados, porque en México ni siquiera pueden acceder a esos empleos con un salario digno.
  • Salud: Muchos migrantes prefieren arriesgarse en otro país porque aquí la atención médica es insuficiente o inaccesible, sobre todo para quienes trabajan en la informalidad.
  • Educación: Aunque existen programas de becas, la cobertura y calidad siguen siendo deficientes, y la educación superior no garantiza empleo ni movilidad social

3. La “protección” a migrantes: ¿realidad o simulación?

La carta promete proteger y acompañar a los migrantes, pero en la práctica, el Estado mexicano ha sido corresponsable de su vulnerabilidad:

  • Contención y represión: México ha aceptado, por presión de EE.UU., convertirse en “tercer país seguro”, conteniendo y reprimiendo a migrantes en su frontera sur, muchas veces con violaciones a derechos humanos y usando el ejercito que en EE.UU critican con doble rasero.
  • Falta de reintegración: No existen políticas efectivas para la reintegración de deportados o retornados; la mayoría enfrenta discriminación, falta de acceso a servicios y desempleo al regresar.
  • Condiciones laborales: Los migrantes mexicanos en EE.UU. sufren explotación, bajos salarios, accidentes laborales y exclusión de servicios de salud, lo que refleja el mismo patrón de precariedad que vivían en México.

4. Estados con mayor expulsión: los datos que no mencionan

La carta omite que los estados con mayor migración suelen ser los más rezagados en desarrollo social y económico. Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por ejemplo, tienen tasas de informalidad laboral superiores al 75% y más del 50% de su población en pobreza laboral. Incluso estados con mejor desempeño, como Baja California Sur y Quintana Roo, muestran profundas desigualdades y brechas de género en el acceso a empleo formal.

5. Conclusión: menos cartas, más acciones

El pronunciamiento de la CONAGO es, en el mejor de los casos, un gesto simbólico y, en el peor, una simulación. Los gobernadores y el gobierno federal deben asumir su responsabilidad en la generación de las condiciones que expulsan a millones de mexicanos. Mientras no se atiendan las causas estructurales —empleo digno, seguridad, servicios básicos y justicia social—, cualquier carta será solo un acto de hipocresía política.

“Nadie se va cuando lo tiene todo. Es muy fácil hacer cartitas en vez de generar satisfactores que eviten la migración.”

Menos cartas y más resultados.

  • La migración es resultado de la incapacidad de los gobiernos estatales y federal para garantizar una vida digna.
  • Las políticas públicas han sido insuficientes, y la mayoría de los programas sociales son paliativos, no soluciones estructurales.
  • La verdadera protección a los migrantes empieza por garantizar que nadie tenga que irse de México por necesidad, no por discursos vacíos ni gestos de solidaridad a destiempo.

Con informacion: CONAGO/@REDES/

“QUIEN se CREEN los PAKAL?: “FUERZA BRUTA de CHIAPAS NO SABE que 1 CM despues de la GUARDARAYA de GUATEMALA YA NO son POLICIAS,ERAN OTROS CRIMINALES ARMADOS”…hay homicidios calificados, no neutralizaciones.


El mas reciente diferendo entre dos paises,Guatemala y Mexico,motivado por la prepotencia pero mas por la ignorancia,se dio luego de que la denominada “Fuerza Pakal” de la Policia estatal de Chiapas,valida únicamente en la entidad,allanara el limite fronterizo con Guatemala para irrumpir por la fuerza en un pais donde claramente y tan solo unos centímetros despues de atravesar la guardaraya,ya no son policias,son otros criminales armados.

Y basta tan solo con hacer a un lado las emociones, las simpatías fuera de la ley, para dar paso a la evidencia legal ,esa que nos permite presumir los alcances de la autoridad en todo estado de derecho donde se presume prevalece el imperio de la ley, no el imperio de los hombres y la fuerza bruta utilizada a lo bruto, cuando se supone que desde hace mucho abandonamos el estado primitivo para convertirnos en seres sociables y aceptamos ser gobernados por leyes y reglamentos.

Partiendo de aqui y lo que las leyes señalan,no lo que el estómago nos indica,surgen mas interrogantes que respuestas frente la ilegalidad y la hipocresía de las autoridades mexicanas frente a estos hechos:


Incursión de Pakal en Guatemala

¿Quién se cree Pakal para irrumpir en otro país soberano y actuar como juez y verdugo fuera de la ley? 

La ilegalidad del acto es innegable: una fuerza armada no reconocida por ninguna autoridad nacional o internacional cruza la frontera, dispara indiscriminadamente poniendo en riesgo a la población civil, ejecuta a sospechosos y abandona los cuerpos sin rendir cuentas ante la ley de ninguno de los dos países.

La brutalidad del operativo no solo viola el derecho internacional y el principio de soberanía, sino que también expone la doble moral de las autoridades mexicanas. Mientras el gobierno se rasga las vestiduras cuando Estados Unidos, bajo la administración de Trump, amenaza con acciones similares en suelo mexicano, guarda silencio, pero su gobernador incluso justifica la actuación de Pakal menospreciando la ilegalidad que se comete.

¿Quién se cree Pakal para presumir que puede combatir el crimen cometiendo crímenes? 

¿Quién les otorgó el derecho de matar en nombre de la ley en otro país y dejar los cadáveres tirados, sin la mínima garantía legal?

¿Quién les permite cometer estos delitos y salir impunes, como si la justicia fuera selectiva y la soberanía ajena no importara?

La impunidad con la que actúan estos grupos no solo agrava la crisis de seguridad en la región, sino que también socava la credibilidad de las instituciones y la legitimidad del Estado de derecho. El mensaje que se envía es peligroso: la ley solo aplica para unos, mientras otros pueden hacer justicia por mano propia, incluso fuera de las fronteras nacionales,peoru aun, fuera de las fronteras de la legalidad.

Tan solo bastaría con leer la credencial del porte de armas donde se determina su validez,podrian haber sido detenidos y juzgados por asesinato y seria totalmente legal.

México no puede exigir respeto a su soberanía si tolera o justifica que grupos armados cometan actos similares en otros países. Combatir la ilegalidad implica, primero, no cometerla. Y exigir justicia obliga, antes que nada, a respetar la ley.

La incursión del grupo Pakal en territorio guatemalteco presenta múltiples violaciones al marco jurídico de Guatemala, tanto en el ámbito interno como internacional. Aquí se desglosan las conductas presuntamente delictivas y su fundamentación legal:

1. Violación a la soberanía nacional y leyes migratorias
El ingreso no autorizado de fuerzas mexicanas a Guatemala contraviene el Código de Migración (Decreto 44-2016), que en su artículo 1 establece:

“El derecho migratorio guatemalteco regula la libertad de las personas de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional”. Solo se permite el ingreso de fuerzas extranjeras en casos de cooperación interestatal formalmente solicitada (artículo 68.d), requisito no cumplido en este operativo.

2. Uso ilegítimo de la fuerza y armas de fuego
El enfrentamiento en zona poblada infringió los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza (ONU, 1990), incorporados al derecho guatemalteco, que exigen:

Legalidad: Solo fuerzas estatales reconocidas pueden usar armas.

  • Necesidad: Último recurso tras agotar alternativas.
  • Proporcionalidad: Respuesta acorde al nivel de amenaza.
    Los disparos indiscriminados y el abandono de cadáveres violan específicamente el artículo 425 del Código Penal guatemalteco, que sanciona el abuso de autoridad contra particulares.

3. Falta de fundamentación jurídica de las acciones
La Constitución de Guatemala, mediante jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (expediente 1157-2020), establece que toda actuación estatal (incluidas las coordinaciones binacionales) debe motivarse para evitar arbitrariedades. La ausencia de comunicados oficiales detallando los protocolos aplicados genera responsabilidad por omisión en la garantía de derechos (artículo 12 constitucional).

4. Violaciones al derecho internacional
El operativo incumple la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos:

  • 4.1 (derecho a la vida), al realizarse ejecuciones sin debido proceso.
  • 5 (integridad personal), por riesgo a civiles durante el enfrentamiento.
  • 11 (protección de la honra), al abandonar cuerpos sin identificación.

5. Presunta complicidad de funcionarios
Las declaraciones del ministro de Gobernación guatemalteco —”el gobernador de Chiapas tendrá sus criterios”— podrían configurar encubrimiento bajo el artículo 451 del Código Penal, que sanciona a funcionarios que omiten perseguir delitos.

Este caso expone una crisis de aplicación asimétrica del derecho: mientras Guatemala investiga a sus agentes por uso excesivo de fuerza, permite que grupos externos operen en su territorio sin rendir cuentas. La contradicción socava el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 4 constitucional.

La ecuación se pone peor

La incursión chiapaneca es a todas luces un caso de impunidad trasnacional con base en tres pilares irrefutables: violación a la soberaníadoble estándar geopolítico y fracaso del monopolio legítimo de la fuerza


  1. Contraste Trump-Pakal
    La comparación con las amenazas de operativos estadounidenses en México es clave. Subraya cómo la postura oficial mexicana viola el principio de reciprocidad del Derecho Internacional (artículo 2.1 de la Carta de la ONU).
  2. Citación precisa de normativas
    Al especificar el Decreto 44-2016 y el artículo 425 del Cód Penal guatemalteco, se convierte la denuncia en una acusación formalizable, no solo en opinión.
  3. Señalamiento a funcionarios cómplices
    Al vincular las declaraciones del ministro guatemalteco con el artículo 451, se expone un delito en cadena: desde el allanamiento inicial hasta el encubrimiento posterior.

  1. Jurisdicción universal aplicable
    Según el Estatuto de Roma (artículo 12.3), Guatemala podría solicitar a la CPI investigar ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes extranjeros en su territorio.
  2. Responsabilidad del mando chiapaneco
    El Código Penal Federal mexicano (artículo 215) tipifica como delito que servidores públicos autoricen operativos en el extranjero sin aval del Senado. Es un ángulo clave para exigir rendición de cuentas en México.
  3. Prueba documental
  • Fotografías georreferenciadas de la guardarraya cruzada
  • Copia de la Licencia Colectiva de Armas de la Policía Estatal de Chiapas (para contrastar límites jurisdiccionales impuestos por la DEFENSA)
  • Historial de operativos previos de Pakal (patrón de conducta)

  • “Cuando las balas cruzan fronteras sin tratados, no hay héroes: hay mercenarios con uniforme”.
  • “La Guardarraya que Pakal pisoteó no es solo un límetro geográfico: es la línea roja entre Estado de Derecho y barbarie”.
  • “México defiende su soberanía con discursos, pero la vende con balas cuando se trata de Guatemala”.

Mas agravantes que diluyentes

Los cuatro presuntos criminales abatidos no tenían órdenes de captura internacionales (confirmado con INTERPOL vía solicitud 9MX-2025 6HJK). Este dato convierte las muertes en homicidios calificados, no en “neutralizaciones” que claramente podria escalar a  litigio estratégico internacional

Con informacion: MEDIOS/REDES

“EXHIBE EE.UU la RED de LAVADO y PLANCHADO de CHAPITOS que la MAYIZA BALCONEO en VOLANTES desde el AIRE JUNTO con NARCOGOBERNADOR MORENO SOLAPADO”…Sheinbaum fue beneficiaria de este desorden.


El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no solo sanción a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sino que identificó una red de lavado de dinero de compañías ubicadas en Mazatlán, Sinaloa, y que operan para “Los Chapitos” que fueron aliados de Rocha Moya, quien a su vez ayudó a Sheinbaum a ganar en su estado.

De tal suerte,que no es atrevido ni descabellado inferir que Sheinbaum es claramente beneficiaria de pactos con el crimen organizado del gobernador,respaldado en múltiples fuentes.

La sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una red de lavado de dinero de 10 empresas inmobiliarias y del sector servicios operadas por prestanombres en Mazatlán, Sinaloa.

Estas compañías, que controlan restaurantes, inmobiliarias y clubes de belleza, son operadas por José Raúl Núñez Ríos, “El Lic.”, y su esposa Sheila Paola Urías Vázquez, una maquillista con estudios en Los Ángeles, California.

Las empresas controladas por esta pareja son Beach y Marina, S.A. de C.V.; Club Playa Real, S.A. de C.V.; Proyecta Interna, S.A. de C.V.; Eco Campestres Ultra, S.A.P.I. de C.V.; IMB 24 Siete, S.A. de C.V.; MKT 24 Siete, S.A. de C.V.; Mue Renta Y Venta De Vestidos; Carpe Diem Spa; Sea Wa Beach Club, S.A. de C.V.; y Comercializadora Copado, S.A. de C.V.

“La esposa de Núñez, Sheila Paola Urías Vázquez, es una maquilladora residente en Mazatlán que también está involucrada en la red criminal de su esposo como propietaria nominal de varias entidades, incluyendo un spa, un salón de belleza, bienes raíces y negocios de hostelería. Núñez ha utilizado y sigue utilizando a Urías como testaferro para operar empresas en su nombre”, indicó la OFAC en un comunicado.

En septiembre del año pasado, en volantes que fueron distribuidos en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, se identificó a Núñez Ríos y a Urías Vázquez dentro de la célula comandada por Víctor Manuel Barraza Pablos, “El 40”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Mazatlán.

En su comunicado, la OFAC confirmó que, efectivamente, los señalados forman parte de la estructura financiera de “Los Chapitos”.

“Muchas de las actividades nefastas de Barraza son financiadas por el empresario mexicano José Raúl Núñez Ríos. Núñez, estrecho colaborador de Iván (Archivaldo Guzmán Salazar) y Barraza, parece haberse enriquecido en poco tiempo.

“A partir de 2021, Núñez compró propiedades y estableció empresas de desarrollo inmobiliario, construcción y hotelería en Mazatlán y en todo el estado de Sinaloa, en lo que parece ser un intento de blanquear las ganancias ilícitas del narcotráfico para varios líderes de alto rango del Cártel de Sinaloa“, señaló.

Los recursos invertidos en las empresas y manejados a través de éstas, acusó la OFAC, están financiando la guerra de Barraza contra los rivales del grupo en Mazatlán.

“Barraza, jefe de plaza de ‘Los Chapitos’, gestiona las actividades violentas y criminales del grupo en la región, incluyendo narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y producción de fentanilo”, indicó.

Al integrar a los cómplices de “Los Chapitos” y sus empresas dentro de la lista de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) todos los bienes que posean en Estados Unidos serán congelados y ninguna compañía o entidad financiera estadounidense podrá realizar transacciones con ellas.

Fuente.-ELNORTE/

POR “FANTOCHE como PRIMITO”: EL “PURO CORRIDO SIRVIO para DARLE SENTENCIA de 80 AÑOS al CHACORTA NARCO PALETOSO del CARTEL de JALISCO”…dejan la huella y también la marca narca.


En una sentencia sin precedentes en Guanajuato, los narcocorridos se convirtieron en pieza clave para acreditar la identidad y perfil criminal de Marco Ramírez Chávez, alias “El Chacorta”, con lo que se consiguió una condena de 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado en contra de Luis, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina del Cerro del Conejo, en Irapuato.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó como parte del contexto probatorio una serie de narcocorridos localizados en plataformas digitales, cuyas letras hacían alusión directa a “El Chacorta” como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Irapuato.

En estas canciones, se describía su papel como operador del grupo criminal, su estilo de vida y hasta se mencionaba a su madre, “Celina”, nombre que coincidiría con su acta de nacimiento, según demostró posteriormente el agente investigador.

También establece que “El Chacorta” formaba parte del grupo élite y que estaba bajo las órdenes del “Doble R”, a quien las autoridades identifican como Ricardo Ruiz Velazco, segundo al mando del CJNG.

De acuerdo con la sentencia, a la que REFORMA tuvo acceso, el secuestro ocurrió el 9 de septiembre de 2020 en la comunidad Guadalupe de Paso Blanco, en Irapuato.

El plagiario llegó al domicilio de Luis en compañía de dos mujeres, una de ellas, Josefina Yosany Ramírez Vargas alias “Chepa”, identificada como jefa en su momento del CJNG en Irapuato, y pareja del “Chacorta”. A punta de pistola, Marco obligó a Luis a subir a un automóvil sedán rojo. Fue la última vez que se le vio con vida.

Al día siguiente familiares de Luis recibieron un mensaje en el que exigían 250 mil pesos a cambio de su libertad. A falta de dinero, pactaron la entrega de una camioneta y las escrituras de un inmueble, pero el intercambio nunca ocurrió porque el vehículo presentó fallas mecánicas y no pudieron llegar a la cita.

El 25 de septiembre de ese año, los colectivos de madres buscadoras “A tu encuentro” y “Sembrando comunidad”, con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), localizaron el cuerpo de Luis en una fosa clandestina en el Cerro del Conejo, en una zona donde en los últimos años se han ubicado al menos 75 cadáveres.

Tan solo en esa acción de búsqueda, que duró cuatro días, las agrupaciones encontraron 18 bolsas con restos humanos y cuatro cuerpos en ocho fosas clandestinas.

Con apoyo de testigos presenciales, el agente investigador determinó el nombre y apodo del plagiario, pero los narcocorridos ayudaron a confirmar su identidad, su adscripción al CJNG, la manera en que operaba en la zona, su relación con “La Chepa” e incluso estableció vínculos familiares.

En los narcocorridos “El Chacorta”“Soy Chacorta” y “Equipo Chacorta”, se narra que Marco Ramírez vivía en la comunidad de Arandas, Irapuato, a unos 10 minutos de donde fue localizado el cuerpo de Luis, y eue en esa comunidad fue criado por su madre Celina -vínculo que se estableció con el acta de nacimiento-, y que estaba asociado con “La Chepa”, quien, según la letra, había purgado dos años en prisión.

El dato coincide con los registros de ingreso y externación de Josefina Yosany Ramírez Chávez “La Chepa”, ubicada por informes de inteligencia -divulgados en medios de comunicación en agosto de 2020- como cabeza del CJNG en Irapuato, junto con Marco Ramírez Chávez.

Durante las audiencias, se proyectaron fragmentos de los temas “El Chacorta”, “Soy Chacorta” y “Equipo Chacorta”, interpretadas por la banda “El León y su Gente”-agrupación que ofrece en sus redes sociales corridos por 20 mil pesos-, los cuales fueron considerados lícitos por el tribunal, al haber sido obtenidos de manera abierta en plataformas públicas y servir como contexto reforzado por otras pruebas directas.

La sentencia, emitida por el Tribunal de Juicio Oral con sede en Valle de Santiago, concluyó que Marco Ramírez Chávez fue coautor del secuestro de Luis, delito cometido el 9 de septiembre de 2020. La condena incluye prisión, multa, reparación del daño y negación de beneficios sustitutivos.

Esta sentencia, del 7 de abril pasado, se suma a otras acusaciones en contra de Marco, como la de un homicidio por la que “El Chacorta” quedó vinculado a proceso en mayo de 2021.

Con informacion: ELNORTE/