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jueves, 11 de julio de 2024

"CRECIERON SECUESTROS,EXTORSIONES y NARCOMENUDEO": A "CRIMINALES del PAIS que les VA MUY BIEN les FUE MEJOR en PRIMER SEMESTRE de 2024"...el actual ecosistema de impudemia los prohija y alienta.


Los delitos de secuestro, extorsión y narcomenudeo registraron un aumento en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023, advirtió la organización Causa en Común.

En un recuento basado en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, de enero a junio de este año, el número de víctimas de plagio incrementó en 24 por ciento.
Este delito es el que reportó mayor alza en comparación con los primeros seis meses de 2023, pues en lo que va del presente año suman 464 casos. Esto da un promedio de 77 víctimas al mes y al menos 2 todos los días en el País.
Según cifras oficiales, en este periodo se ha informado de 5 mil víctimas de extorsión, lo que implica un aumento de 2 por ciento.
Mientras que en uno por ciento han subido los casos de narcomenudeo con 45 mil 709.
Al corte de este primer semestre del año en curso, suman 143 mil 445 casos de violencia familiar; 17 mil 298 casos de robo de vehículo con violencia; 22 mil 997 asaltos con violencia a transeúntes; mil 738 mujeres asesinadas y 388 víctimas de trata.


Estos números, acotó la organización, pueden no reflejar el total de los crímenes ocurridos en la República mexicana ante la "cifra negra". 

"No olvidemos que estas cifras no representan la realidad. En México, de cada 100 delitos que se cometen, sólo 7 se denuncian", apuntó.

"De cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 derivan en sentencia".

Con informacion.-ElNorte

LA" SHEINBAUM y las FOTOS HABLAN":"VAN por EX-GOBERNADOR PANISTA-MORENO por ENRIQUECIMIENTO ILICITO y DEFRAUDACION FISCAL pero DICE es INOCENTE como PEPE el TORO y CDV"...que es un "complo".



Javier Corral,el ex-gobernador panista de Chihuahua que defendio del desafuero al fugitivo federal Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,ahora esta en problemas y acusó a la Gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, al ex Mandatario priista César Duarte, actualmente preso, y al Alcalde morenista de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de una campaña en su contra.

Lo anterior tras darse a conocer que la Secretaría de la Función Pública estatal notificó al ex panista sobre un procedimiento en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, derivado de dos denuncias presentadas por la compra de un terreno en Juárez, una interpuesta por el diputado priista Omar Bazán y otra por el Edil de la ciudad fronteriza.

En un video difundido este miércoles en su cuenta de X, Corral fijó su postura de lo que llamó, la más reciente ofensiva mediática, y ahora también jurídica, de María Eugenia Campos y César Duarte en su contra.

"Aunque el 'maruduartismo' se empeñe en empatar los cartones, no somos ni seremos iguales, yo no poseo ranchos ni bancos, no me paseo en Dubai ni vacaciono en Miami o Las Bahamas, pero sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida, me he robado un peso y jamás he utilizado ninguno de los cargos que he ocupado para hacer negocios", aseguró Corral.
"A mí no me mueve el dinero ni me caracteriza el cinismo, ya no me extraña las campañas de difamación del 'maruduartismo'. Lo que sigue siendo muy lamentable y me puede mucho es como se dilapidan los recursos de Chihuahua para comprar a medios y comunicadores a quienes en lo que va de su administración les ha dado más de mil millones de pesos", afirmó.

Dijo que respondía ahora que cuenta con más información de lo que denominó una "embustera campaña mediática" lanzada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, y que se ha ido imponiendo de los contenidos de la notificación se hizo en la Ciudad de Chihuahua mientras él se encontraba trabajando en la Ciudad de México.

"Ya ni siquiera ocultan sus componendas, actúan como lo que son, una mafia que además de corrupta cada vez es más desvergonzada".

Aseveró que dará respuesta puntual a este procedimiento y que desenmascarará lo que llamó una falacia.

El ex Mandatario panista, ahora cercano a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, detalló que la denuncia es por un terreno de 277 metros cuadrados, cuya adquisición se logró bajo un contrato de promesa de compra venta, con un depósito de garantía de 110 mil pesos en dos transferencias desde su cuenta bancaria.

Fuente.-

"SE les PELO BALTAZAR": "MORENOS PERSIGUEN PANISTA que QUERIA GOBERNAR VERACRUZ y se REPORTA ENFERMO en HOSPITAL de EE.UU"... el que hablaba de miedo.


Miguel Ángel Yunes Márquez, senador panista electo por Veracruz, viajó a Estados Unidos previo a una audiencia programada para mañana jueves, convocada por un juez de control de Xalapa.

Yunes Márquez enfrenta los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Sin embargo, el panista, ex Alcalde de Boca del Río, argumentó un tema delicado de salud, por lo que partió a Florida, lo que derivó que el Poder Judicial de Veracruz solicitara a las autoridades de Estados Unidos que colaboren con el órgano jurisdiccional y verifiquen que Yunes se encuentra en el hotel y clínica que dice estar.

"Solicítese comedidamente a la embajada de los Estados Unidos de América, en apoyo a este órgano jurisdiccional, para que se verifique con personal a su mando el ciudadano Miguel Ángel yunes Márquez en su calidad de investigado dentro del proceso penal que nos ocupa se encuentra a partir de esta fecha físicamente en el domicilio antes referido es decir en el ubicado hotel Courtyard y Mayo Clinic, en Jacksonville, Florida", emitió el Poder Judicial estatal.

Yunes comunicó que aunque se trata de una "una clara persecución política" por parte del Gobierno de Veracruz, atenderá esa audiencia vía remota.

"Como se informó por escrito al Juez Lozada el pasado día 5, Miguel Ángel solicitó la opinión del cirujano que lo intervino en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, quien le prescribió diversos estudios que debe llevar a cabo en las próximas semanas, esto en el afán de evitar una nueva intervención quirúrgica", anotó su equipo de prensa en un comunicado.

"Esta prescripción médica es también del conocimiento del juez citado; sabe que tiene que someterse a reposo y estudios. Es por esa razón de salud que se ha trasladado a los Estados Unidos y la audiencia la escuchará en un hotel ubicado en la Clínica Mayo en el que se hospedan los pacientes externos que acuden a estudios en esa institución", se añadió.

Yunes Márquez recordó que en agosto de 2023 fue operado en un hospital de Florida y que, a pesar de las instrucciones de reposo por médicos, decidió hacer campaña como candidato de la primera fórmula por la coalición Fuerza y Corazón por México; los actos de campaña, expuso, hizo que su estado de salud empeorara.

El 10 de junio pasado, abundó, fue internado en el Hospital Español, donde destacó que le recomendaron reposo absoluto.

Por esa situación, Yunes Márquez incluso pidió suspender una primera audiencia entre 8 y 12 semanas, plazo que vencería después de que él tome protesta como Senador de la República, el 1 de septiembre de 2024.

Dicha solicitud fue rechazada por el juez de control, quien ahora pidió ubicar a Yunes en Florida.

"Es claro que el Poder Judicial del Estado ha venido violentando el derecho humano a la salud de Yunes Márquez al negarse a llevar a cabo la audiencia en el momento en que él sea dado de alta, y al dar a conocer documentos privados con el único afán de lastimar su honor.

"Igualmente es una arbitrariedad pedir la intervención de la Embajada Americana y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para confirmar su ubicación el día de la audiencia, como si fuera un prófugo de la justicia acusado de delitos graves y no un ciudadano protegido por el principio de presunción de inocencia, como cualquier otro, y no sólo eso, sino solicitar información de salidas del territorio nacional, sin que el juez tenga razón ni derecho de hacerlo", reprochó el equipo de Yunes en el comunicado.

"No quieren hacer justicia, quieren impedir que Yunes Márquez llegue al Senado de la República y para ello usan a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial. Ese es el objetivo. No lo van a lograr. No todos los jueces son como el que conoce de este caso. Habrá alguno que resuelva conforme a la Ley".

El Gobernador Cuitláhuac García (Morena) dijo que es responsabilidad de la Fiscalía informar sobre la petición del Poder Judicial de Veracruz a la embajada de Estados Unidos de localizar a Yunes Márquez.

fuente.-

"TAN SOLO unas HORAS DESPUES": "ASI MATARON a MINERVA los AMOS del COBRO de PISO que TE DAN PISO SI NO PAGAS con la PATA en el CUELLO"...porque GOBIERNO MORENO-MAÑOSO esta hasta el COGOTE".



Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) en Baja California, ha muerto acribillada en un ataque armado la noche del lunes en Ensenada, sobre la costa del Pacífico mexicano. 

La empresaria, que llevaba poco más de un año en el cargo, había denunciado horas antes de ser asesinada a grupos del crimen organizado por extorsionar a miembros de la industria pesquera y restaurantera del Estado, además de las mafias que lideran la pesca ilegal en esa parte de México. Las autoridades han dicho este martes que las indagaciones apuntan a que la agresión, en la que Pérez Castro recibió varios balazos de arma de fuego, fue “dirigido directamente” contra ella.
La noticia fue confirmada el martes por la CANAINPESCA. En un comunicado difundido por redes sociales, condenaron la agresión y exigieron justicia. “Instamos al Gobierno a tomar medidas inmediatas y efectivas para detener la ola de violencia que aqueja a quienes se dedican a las pesca y acuacultura en nuestro país”, solicitaban en la misiva. La Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (Alpescas) se sumó a las condolencias en un mensaje en el que contaron que “antes de morir, la empresaria asistió a un evento en el que denunció un aumento en la pesca ilegal en el Estado”. 

Según relatan, estas fueron sus palabras en el evento: ”La pesca ilegal llega al mismo mercado al que llega el producto legal, pero sin todos los costos de producción relacionados con una producción y con una empresa legalmente constituida”.

Los detalles del ataque han sido escasos. La Fiscalía de Baja California informó el martes que el ataque había tenido lugar en la colonia Lomas del Sauzal, a unos 10 kilómetros del centro de Ensenada, una de las ciudades más turísticas de esa entidad. Los medios locales reportaron que la empresaria, que había asumido en junio de 2023, había sufrido un primer intento de agresión en febrero de este año, cuando un comando armado llegó a la privada donde Pérez Castro estaba alojada, aunque no han dado detalles sobre lo que sucedió específicamente.

El Estado de Baja California, puntualmente en la región que abarca entre Tijuana y Ensenada, ha visto arreciar la violencia en los últimos meses. Entre enero y mayo de este año, la entidad se convirtió en la segunda en registrar más homicidios dolosos en todo el país, con más de un millar de asesinatos, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La inseguridad ha golpeado además de lleno al sector pesquero, una de las actividades más importantes de esa costa. “Desde la alianza ven con preocupación estos actos [el homicidio de Pérez Castro] que se pueden relacionar con cárteles o mafias que operan con la pesca ilegal, por lo que instan a los gobiernos y autoridades a poner acento en el combate y erradicación de este flagelo”, ha señalado Alpescas.

El asesinato de la empresaria ha puesto en alerta a las autoridades estatales y federales. Tanto el actual secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, como el próximo secretario de Agricultura, Julio Berdegué, han condenado los hechos. “He instruido al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, General Leopoldo Tizoc Aguilar, para que colabore estrechamente con la Fiscalía General del Estado (FGE) durante las investigaciones pertinentes”, señaló la gobernadora, Marina del Pilar. Horas después, la Fiscalía estatal afirmó que, gracias a “una investigación rigurosa” que habían comenzado, ya se habían realizado “cateos en diversos domicilios con el fin de recabar datos y evidencia que fortalezcan las líneas de investigación en torno a este caso”, además de aseguramiento de algunos inmuebles.

Fuente.-Diario Español/

"SUBIO 123% en 5 AÑOS de AMLO": "FRACASO GOBIERNO MILITARIZADO en COMBATIR al ROBO de HUACHICOL y se DEDICO a CONTRABANDEARLO en PIPAS de EE.UU"...juntitos y agarrados de la mano del crimen organizado


Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió desde el 2019 poner control en el "huachicoleo", las tomas clandestinas para la ordeña de combustibles aumentaron 42 por ciento en Nuevo León en sólo un año, al pasar de 374 en el 2022 a 532 en el 2023 y 123% a nivel nacional, mientras que en el rubro del "huachicol fiscal",el contrabando descarado de combustibles desde EE.UU,las cifras son escandalosas bajo corrupcion militar que que involucran al gobierno federal, el estatal de Americo Villarreal Anaya y crimen organizado, todos bien juntitos y de la mano.
En Nuevo León, de acuerdo con El Norte y datos de Pemex, el año pasado, los municipios con más afectaciones fueron Cadereyta con 93 piquetes, Mina con 70, Santa Catarina con 68 y Los Ramones con 62.
En el 2022, las afectaciones se concentraron en Santa Catarina con 80 casos, Cadereyta con 50 y Montemorelos con 41.


Las tomas clandestinas repuntan, aun y cuando AMLO puso en marcha en el 2019 una estrategia contra el robo de gasolina que implicó el cierre de ductos y el transporte de combustible por pipas.
Aún así, del 2019 al 2023, Pemex contabilizó 64 mil 032 piquetes, la cifra más alta en su historia, cuando del 2013 al 2017, en la gestión del priista Enrique Peña, sumaron 28 mil 688. No obstante, según la actual Administración federal, el robo de combustible ha bajado 94.2 por ciento.

Pero el huachicoleo continúa y a plena luz del día es fácil constatar la venta de combustible ilegal en, por ejemplo, las autopistas México-Querétaro y México-Puebla.


Pese a la presencia de la Guardia Nacional en esas vialidades, son cientos los puntos de venta ilegal al paso de los automovilistas, con mujeres y hombres que ondean franelas y ponen en el suelo garrafas o bidones para llamar la atención.

Tras darse a conocer la proliferación de piquetes en el 2019, AMLO ordenó el cierre de ductos y transportar combustible en pipas.


Sin embargo, los huachicoleros aceleraron sus operaciones en ductos que van de Tuxpan, Veracruz, a la Refinería de Tula, Hidalgo, o de Tula a la CDMX y a la Refinería de Salamanca, así como hacia Jalisco.

AMLO aseguró el 9 de julio que se ha reducido en 94.2 por ciento el robo de combustible y que entre el 1 de diciembre del 2018, cuando asumió, y el 30 de junio pasado se han "ahorrado" 337 mil 730 millones de pesos, equivalente al costo de la refinería de Dos Bocas.

Pero, según las cifras oficiales, los piquetes se han incrementado con el riesgo que implican para las comunidades donde ocurren.

De acuerdo con información federal, cada día los huachicoleros ordeñan a Pemex 747 mil 240 litros de combustible, equivalentes a 25 pipas de 30 mil litros.

Esto significaría que los traficantes de combustible obtienen al menos 18 millones de pesos al día.

En el Informe Nacional de Seguridad, el Gobierno federal señaló que en todo el 2023 reportó una desviación por mercado ilícito de combustible de 4 mil 700 barriles diarios.

En el 2024, la sustracción de hidrocarburos se mantiene en la misma cifra.

Huachicoleros sin control

En ese trazo, entre el kilómetro 70 y el 80 de la México-Puebla, existen al menos 15 casetas de huachicoleros distribuidas en ambos sentidos de la pista que son fáciles de identificar.

A la orilla de la superficie de rodamiento, los vendedores del combustible ordeñado colocan garrafas o bidones, mientras una persona ondea una franela para llamar la atención de potenciales clientes que circulan por la autopista.

Este tramo se localiza a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, desde 2012 identificado como zona de huachicol.

Habitantes de la localidad dijeron a Grupo REFORMA que el cierre del ducto y el cambio de estrategia de traslado de combustible redujeron el volumen de producto ilegal ofrecido, pero los controles de las autoridades no terminaron con la comercialización de lo robado.

Advierten que aún hay decenas de personas que se dedican a la ordeña de los ductos o al robo de pipas de gasolina y gas para después revender el combustible en sitios como la Autopista México-Puebla.

"Ahí se ve la gente a la orilla de la autopista, siguen en el mismo lugar", compartió una mujer del municipio, quien mantuvo su nombre en el anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con información de pobladores, los huachicoleros venden principalmente gasolina y diésel, productos que obtienen de la ordeña y robo de pipas.

En un paradero, un carguero llenaba su tanque de una garrafa, mientras el conductor esperaba a un costado, junto al despachador.

En el sentido de la Ciudad de México a Puebla sólo son cuatro las casetas detectadas a simple vista en el mismo tramo, pero con mayor número de consumidores.

Al final de ese recorrido hay otra estación de servicio, de Shell, prácticamente en frente de la del sentido contrario.

Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió desde el 2019 poner control en el huachicoleo, las tomas clandestinas para la ordeña de combustibles aumentaron 42 por ciento en Nuevo León en sólo un año, al pasar de 374 en el 2022 a 532 en el 2023.

Pero más allá de ser un problema estatal, las tomas clandestinas son un tema nacional, ya que en los primeros cinco años del sexenio morenista, en el País aumentaron 123 por ciento.

En Nuevo León, de acuerdo con Pemex, el año pasado, los municipios con más afectaciones fueron Cadereyta con 93 piquetes, Mina con 70, Santa Catarina con 68 y Los Ramones con 62.
En el 2022, las afectaciones se concentraron en Santa Catarina con 80 casos, Cadereyta con 50 y Montemorelos con 41.

Las tomas clandestinas repuntan, aun y cuando AMLO puso en marcha en el 2019 una estrategia contra el robo de gasolina que implicó el cierre de ductos y el transporte de combustible por pipas.

Aún así, del 2019 al 2023, Pemex contabilizó 64 mil 032 piquetes, la cifra más alta en su historia, cuando del 2013 al 2017, en la gestión del priista Enrique Peña, sumaron 28 mil 688. No obstante, según la actual Administración federal, el robo de combustible ha bajado 94.2 por ciento.

Pero el huachicoleo continúa y a plena luz del día es fácil constatar la venta de combustible ilegal en, por ejemplo, las autopistas México-Querétaro y México-Puebla.

Pese a la presencia de la Guardia Nacional en esas vialidades, son cientos los puntos de venta ilegal al paso de los automovilistas, con mujeres y hombres que ondean franelas y ponen en el suelo garrafas o bidones para llamar la atención.

Tras darse a conocer la proliferación de piquetes en el 2019, AMLO ordenó el cierre de ductos y transportar combustible en pipas.

Sin embargo, los huachicoleros aceleraron sus operaciones en ductos que van de Tuxpan, Veracruz, a la Refinería de Tula, Hidalgo, o de Tula a la CDMX y a la Refinería de Salamanca, así como hacia Jalisco.

AMLO aseguró el 9 de julio que se ha reducido en 94.2 por ciento el robo de combustible y que entre el 1 de diciembre del 2018, cuando asumió, y el 30 de junio pasado se han "ahorrado" 337 mil 730 millones de pesos, equivalente al costo de la refinería de Dos Bocas.

Pero, según las cifras oficiales, los piquetes se han incrementado con el riesgo que implican para las comunidades donde ocurren.

De acuerdo con información federal, cada día los huachicoleros ordeñan a Pemex 747 mil 240 litros de combustible, equivalentes a 25 pipas de 30 mil litros.

Esto significaría que los traficantes de combustible obtienen al menos 18 millones de pesos al día.

En el Informe Nacional de Seguridad, el Gobierno federal señaló que en todo el 2023 reportó una desviación por mercado ilícito de combustible de 4 mil 700 barriles diarios.

En el 2024, la sustracción de hidrocarburos se mantiene en la misma cifra.

Huachicoleros sin control

En ese trazo, entre el kilómetro 70 y el 80 de la México-Puebla, existen al menos 15 casetas de huachicoleros distribuidas en ambos sentidos de la pista que son fáciles de identificar.

A la orilla de la superficie de rodamiento, los vendedores del combustible ordeñado colocan garrafas o bidones, mientras una persona ondea una franela para llamar la atención de potenciales clientes que circulan por la autopista.

Este tramo se localiza a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, desde 2012 identificado como zona de huachicol.

Habitantes de la localidad dijeron a Grupo REFORMA que el cierre del ducto y el cambio de estrategia de traslado de combustible redujeron el volumen de producto ilegal ofrecido, pero los controles de las autoridades no terminaron con la comercialización de lo robado.

Advierten que aún hay decenas de personas que se dedican a la ordeña de los ductos o al robo de pipas de gasolina y gas para después revender el combustible en sitios como la Autopista México-Puebla.

"Ahí se ve la gente a la orilla de la autopista, siguen en el mismo lugar", compartió una mujer del municipio, quien mantuvo su nombre en el anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con información de pobladores, los huachicoleros venden principalmente gasolina y diésel, productos que obtienen de la ordeña y robo de pipas.

En un paradero, un carguero llenaba su tanque de una garrafa, mientras el conductor esperaba a un costado, junto al despachador.

En el sentido de la Ciudad de México a Puebla sólo son cuatro las casetas detectadas a simple vista en el mismo tramo, pero con mayor número de consumidores.

Al final de ese recorrido hay otra estación de servicio, de Shell, prácticamente en frente de la del sentido contrario.

Según el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Puebla tuvo un aumento de 66.67 por ciento en el robo de combustible en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, al pasar de 120 a 200 tomas clandestinas detectadas.

Aunque en el desglose de ordeñas por municipios, las demarcaciones poblanas que destacan son Huauchinango, Ahuazotepec y Jalpan, los tres en la Sierra Norte, mientras que la venta de huachicol en Santa Rita Tlahuapan continúa vigente.

Según el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Puebla tuvo un aumento de 66.67 por ciento en el robo de combustible en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, al pasar de 120 a 200 tomas clandestinas detectadas.

Aunque en el desglose de ordeñas por municipios, las demarcaciones poblanas que destacan son Huauchinango, Ahuazotepec y Jalpan, los tres en la Sierra Norte, mientras que la venta de huachicol en Santa Rita Tlahuapan continúa vigente.

Con información de:ElNorte/


"TODOS y...MENOS el Z-40 y 42 ?": "TRIBUNAL FEDERAL DIO LUZ VERDE para LLEVARSE a CARCEL GRINGA con AIRE ACONDICIONADO al SOBRINO de CARO QUINTERO"...no tiene amigo gobernador de Morena como los Zetas.


Un tribunal federal dio luz verde para extraditar a Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, "El R", líder del denominado "Cártel de Caborca" y sobrino del capo Rafael Caro Quintero.

El Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México le negó en definitiva el amparo con el que pretendía que fuera anulada la orden de extradición dictada el 28 de junio de 2023 por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La justicia del país vecino requirió a Páez Quintero para juzgarlo en una Corte Federal de Distrito en Arizona por diversos cargos como narcotráfico (delitos contra la salud) y asociación delictuosa.

Por unanimidad, los tres magistrados del tribunal consideraron que la determinación de la Cancillería cumple con las formalidades de la Ley del Extradición Internacional y el Tratado en la materia suscrito entre México y Estados Unidos.
"El R" planteó entre sus alegatos que no debía ser entregado porque Estados Unidos no presentó en su petición de extradición las autorizaciones judiciales para intervenir su teléfono, no obstante que en el expediente sí aparecen las transcripciones de las conversaciones interceptadas.

También argumentó que el agente de la Agencia Antidrogas (DEA), responsable de la investigación, declaró en su contra -con información que le proporcionó un testigo cooperante-, antes de que este testigo rindiera su testimonio, por lo que puso en duda la verosimilitud de la imputación.

El colegiado, sin embargo, desestimó estos argumentos porque el proceso de extradición es un procedimiento de carácter administrativo en el que los países requeridos están impedidos para valorar las pruebas que ofrece la nación requirente.

"Las autoridades mexicanas deben limitarse a analizar que la petición de extradición cumpla con los requisitos previstos en el tratado aplicable, sin que sea exigible que las autoridades mexicanas analice la forma en que se obtuvieron las pruebas en otro Estado conforme a la legislación mexicana", dice el tribunal en la sentencia.

"Máxime que bajo ese contexto, las pruebas y documentos presentados por el gobierno estadounidense no se encuentran encaminados a probar la plena participación del reclamado en los hechos que se le imputan, sino en acreditar que será procesado por los cargos establecidos en la acusación formal".

El presunto traficante también reclamó que la orden de extradición no incluía una carta compromiso de Estados Unidos, para no imponerle la cadena perpetua, una sanción prohibida en México.

El colegiado consideró que este argumento era infundado porque ya la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la prisión vitalicia no es una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución y, por ese motivo, no es necesario que el estado requirente se comprometa a no aplicarla o a imponer una menor.

El sobrino de Caro Quintero fue detenido el 30 de abril del año pasado en Zapopan, Jalisco, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

Tras su captura, las autoridades federales dijeron que el llamado Cártel de Caborca o "La Barredora 24/7" fue fundado por Caro Quintero tras salir del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2013, y que el capo mantuvo su liderazgo hasta que fue reaprehendido en julio de 2022.
A partir de entonces, quienes quedaron al frente del grupo criminal fueron sus sobrinos José Gil Caro Quintero "El Pelo Chino", Ramón Quintero Páez "El Tiko", Juan Pablo Quintero Martínez "El Pablito" y el ya referido Páez Quintero.

fuente.-

LA "LUCHA PUERCO a PUERCO": EL "ACUSADO JESUS N del CDV podra CONVERTIRSE en DIPUTADO SI el MAYELO NO OCUPA su INMINENTE CURUL PLURINOMINAL"...el hampón es el de la izq.,el de la Der. tambien.



La "lucha puerco a puerco" que sostiene el ex-gobernador de Tamaulipas,el fugitivo federal panista, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y el gobernador de Morena con clara vocacion delincuencial,Americo Villarreal Anaya,tiene otro capitulo en la serie confrontaciones jurídicas que mantiene "fallidamente" el actual gobierno y que a mas de 20 meses de nefasta gestión, ha sido notoriamente incapaz para llevar a prision a la PANdilla que saqueo el gobierno, acusada de llevarse hasta el papel higiénico usado.

Pero ahora esta confronta como vulgar topon de politicos criminalmente organizados, tiene otro capitulo, pues el ex Secretario de Administración de Tamaulipas,Jesus Alberto Salazar Anzaldua ,vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, a quien el gobierno humanista identifica como  Jesús “N”, está registrado ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) como diputado local suplente de Ismael Garcia Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional (PAN) en la próxima legislatura entrante, que lo convertiría en Diputado con fuero,si el "carnalito consentido" decide mejor no ocupar el escaño, para ocuparse mejor en dedicarse a gastar el dinero acumulado, que cuando se almacena se echa a perder.

Como ya se sabe, el gobierno que promete encerrarlos pero va perdiendo en el intento de ir contra todos aquellos que huelen a CDV,vinculo a proceso el pasado lunes a Jesús “N” en la causa penal número 86/2024; acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.
Pero ayer miércoles el IETAM confirmó que el ex secretario de Administración de Tamaulipas, Jesús “N” está registrado como diputado local suplente en la segunda posición del PAN.

De acuerdo a la lista de candidaturas registradas para el proceso electoral 2023-2024, el ex funcionario cabecista es el suplente de Ismael García Cabeza de Vaca, por lo cual, en caso de ausencia, le correspondería tomar posesión de la curul en el Congreso de Tamaulipas.
Será en los próximos días que el IETAM realice el cómputo definitivo y haga el reparto de las diputaciones de minoría que dada la votación obtenida, permiten al PAN acceder a plurinominales.

Cabe destacar que la asignación de diputaciones ‘pluris’ para el Congreso de Estado se hará hasta que el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) resuelva las impugnaciones a los distritos locales II y XXII, de Nuevo Laredo y Tampico respectivamente.
El Trieltam tiene como plazo máximo el 20 de agosto del 2024 para resolver esas inconformidades.

Con informacion: HoyTamaulipas/

miércoles, 10 de julio de 2024

"APUNTEN al COMISARIO OLEGARIO": FISCALIAS y POLICIAS pusieron a DISPOSICION del NARCO la FACILIDAD del GOBIERNO para GEOLOCALIZARTE"...FGR se gasto 142.9 mdp en 135 mil rastreos.


Desde las redes, el unico espacio de denuncia, "que aun no controla el gobierno, pero si quiere",fluye una informacion muy importante que debe preocupar a los ciudadanos,particularmente de Tamaulipas,donde "Fiscalias estatales y/o federales,asi como Policias de Investigación y que otros trascendidos apuntan a al Comisario Olegario Contreras Macias,ademas del resto del animalero del "aparato investigador y justiciero",ya pusieron a disposición del crimen organizado al mejor postor ,los servicios de "geolocalizacion" de teléfonos celulares, una herramienta inicialmente creada para proteger ciudadanos,que ahora sirve lo mismo ubicar y luego atacar a sus adversarios, que para cualesquier otro propósito que sus "majestades" del narco quieran, pues el que paga manda
.

Y aunque el ejercito poco hace y lo poco que hace lo hace muy poco, cuando se trata del mismo gobierno de Morena,debieran tomar nota de la denuncia y auditar las solicitudes de "Geolocalización" de Tamaulipas que operan en total desorden y se pagan con recursos del gobierno, donde podrán darse cuenta de las desviaciones del Fiscal Irving Barrios Mojica.
Porque el usuario @Furia_Tinta,algo sabe y no lo dice al tanteo:

"... Es bien sabido en el mundo del hampa que las autoridades federales y estatales de inteligencia en Tamaulipas venden estas geolocalizaciones por hasta $100,000 pesos, operando clandestinamente como si estuvieran en un mercado de abastos. Esta práctica se ha convertido en una herramienta que, aunque debería ser exclusiva del gobierno para combatir el crimen, es compartida con el crimen organizado como si fuera un menú de restaurante, sin ningún control ni medida. 

Las "geos", como se conocen entre los mandos policíacos de investigación y antiextorsión, se usan de manera desmedida y sin supervisión. Actualmente, las geolocalizaciones solo tienen validez legal si están respaldadas por una orden emitida por un juez para una investigación formal. Sin embargo, estas herramientas se usan de manera informal para realizar trabajos ilícitos, localizar a personas e incluso identificar amantes de los mismos delincuentes. Y un ejemplo claro del desorden criminalmente organizado",se dio en la Fiscalía General de la República, aun dirigida por Alejandro Gertz Manero, que utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente, es decir, en 0.24% de los casos, pese a que por ley estaba obligado a siempre solicitarlo.

Por estas adquisiciones, la Fiscalía gastó alrededor de 142 millones 898 mil pesos entre 2018 y 2019, según se detalla en los contratos número PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2018, PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/003/2018 y FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019. 

La Fiscalía no tiene información sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas resultado de estas vigilancias, a pesar de que son las únicas razones por las que pueden rastrear la ubicación de ciudadanos.
Durante meses, la FGR se negó a responder vía transparencia sobre las adquisiciones de este tipo de tecnologías bajo el argumento de que eran utilizadas para la “investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada”.

SIN ORDEN O EN TOTAL DESORDEN:


Fiscalía General de la República confirma compra y uso de software de intervención de ubicaciones

Sin embargo, a través de múltiples solicitudes de información y recursos de revisión, Animal Político confirmó que la institución compró y usó software de intervención de ubicaciones.

Entre 2018 y 2019 contrató a la empresa Neonlix de México S. A. de C. V. para adquirir el software Geomatrix capaz de vigilar la ubicación de celulares mediante las redes telefónicas a las que el aparato se conecta.
Aunque testó las descripciones de las compras, admitió que adquirió 390 mil 500 consultas del software Geomatrix cuya vigencia de uso se extendía hasta 2021. Al corte de septiembre de ese año, la Fiscalía lo había usado en 135 mil ocasiones, asegurando que “todas las consultas utilizadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación se realizan con autorización de la autoridad Judicial”, de acuerdo con la respuesta que proporcionó al recurso de revisión RRA 10492/22.

Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía informó que entre 2019 y 2021 había presentado 328 solicitudes de vigilancia a jueces federales, pero sin diferenciar cuántas de ellas fueron para usar el software Geomatrix o para pedirles la información a concesionarios de telefonía.

Aún si se considerara que la totalidad de estas solicitudes judiciales hubiesen sido para realizar geolocalizaciones a través del sistema Geomatrix, significa que de las 135 mil ocasiones en que usaron el software, sólo en 0.24% de los casos lo hicieron con autorización judicial. 

¿Cuántas personas vigiló la FGR?

Con la información obtenida no es posible calcular a cuántas personas vigilaron, toda vez que cada solicitud que la Fiscalía hizo a jueces puede contemplar a más de una persona o múltiples equipos tecnológicos.

Además, en otra solicitud de información, la Fiscalía reconoció haber vigilado a 3 mil 157 personas entre 2018 y 2021, pero esto incluye, además de las geolocalizaciones, intervención a comunicaciones privadas, obtención de datos conservados y extracción de datos; es decir, pudo utilizar softwares adicionales a Geomatrix.

Esta cifra también es mayor a las 328 autorizaciones judiciales obtenidas por la FGR. 

El área de comunicación social de la FGR fue contactada para solicitar una entrevista o postura, pero no hubo respuesta.

En las solicitudes a un juez federal para intervenir la geolocalización de celulares, la Fiscalía expuso como razones: la acreditación de teoría del caso, investigación, fortalecer la actuación en la investigación de delitos relacionados con Operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda. 

Corroborar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron realizados los hechos del delito; para recabar datos de prueba o agotar líneas de investigación. 

Entre las instancias que solicitaron el acceso a los registros de localización están la FGR, las delegaciones de Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo y agentes del Ministerio Público de la Federación o Juzgados, entre otros. 

El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la fiscalías del país pueden intervenir geolocalizaciones con previa autorización judicial o podrán hacerlo sin permiso, cuando la vida de personas esté en riesgo, pero en menos de 48 horas tendrán que acreditarlo ante el juez federal. 

Pero la fiscalía de Gertz Manero admitió en la respuesta de acceso a la información 330024624000021 y 330024624000011 que “no se cuenta con información” sobre la cantidad de víctimas rescatadas y las personas detenidas como resultado de las intervenciones a geolocalizaciones que efectuó.

El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García Muñoz, consideró que la legislación que regula la vigilancia de localizaciones permite interpretaciones para “decir ‘ah, no, es que aquí yo no tengo que pedir atención judicial, porque yo no necesito la colaboración de un concesionario telecomunicaciones, lo hago de manera autónoma’. Eso me parece irracional y una tontería”.

García Muñóz opinó que el problema de que autoridades puedan abusar de las intervenciones a geolocalizaciones se debe a que “está mal hecho el artículo 303 (del Código Nacional de Procedimientos Penales). (…) La manera en la que fue redactado el artículo 303 es que la localización geográfica en tiempo real sucede únicamente vía un concesionario de telecomunicaciones y yo no estoy de acuerdo con eso”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)

Con informacion: @Redes/ Animal Politico

"MIREN que ATM": "COMPAÑIA VISIONARIA en TEXAS INSTALA MAQUINA EXPENDEDORA de CARTUCHOS en TIENDAS donde PUEDES COMPRAR CHELAS o un CARTON de LECHE"...con tecnologia automatizada.


Una compañía ha instalado máquinas expendedoras computarizadas para vender municiones en tiendas de abarrotes de Alabama, Oklahoma y Texas, permitiéndole a los clientes comprar balas junto con un cartón de leche.

American Rounds señaló que sus máquinas utilizan un escáner de identificación y un programa de reconocimiento facial para verificar la edad del comprador y son tan "rápidas y fáciles" de usar como una tableta. 


Sin embargo, a los activistas les preocupa que la venta de balas a través de máquinas expendedoras resulte en más tiroteos en Estados Unidos, donde la violencia por armas de fuego causó la muerte de al menos 33 personas tan sólo el Día de la Independencia.

La empresa sostiene que la tecnología de verificación de edad significa que las transacciones son tanto o más seguras que las ventas en línea, la cuales pueden no exigir que el comprador compruebe su edad, o en tiendas minoristas, donde existe el riesgo de robo.


"Estoy muy agradecido con quienes se toman el tiempo de conocernos y no se limitan a hacer suposiciones sobre lo que hacemos", declaró el director general Grant Magers.

"Estamos muy a favor de la Segunda Enmienda, pero también de la tenencia responsable de armas, y esperamos estar mejorando el entorno de la comunidad".

En lo que va de 2024 se han producido 15 asesinatos en masa en los que se ha utilizado un arma de fuego, frente a los 39 de 2023, según una base de datos elaborada conjuntamente por The Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern.

"Las innovaciones que hacen que las ventas de municiones sean más seguras a través del reconocimiento facial, la verificación de edad y el seguimiento de las ventas en serie son medidas de seguridad prometedoras que pertenecen a las tiendas de armas, no a un lugar en donde compras la leche para tus hijos", dijo Nick Suplina, vicepresidente senior de leyes y políticas de Everytown for Gun Safety.

"En un país inundado de armas y municiones, donde las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños, no necesitamos normalizar aún más la venta y promoción de estos productos".

Magers dijo que los gerentes de tiendas de abarrotes y otros comercios se acercaron a la empresa con sede en Texas, la cual inició sus actividades en 2023, con la idea de vender municiones a través de la tecnología automatizada. La compañía tiene una máquina en Alabama, cuatro en Oklahoma y una en Texas, y planea instalar una más en Texas y otra en Colorado en las próximas semanas, dijo.

"Creo que la gente se escandalizó cuando pensó en la idea de vender municiones en una tienda de comestibles", dijo Magers.

"Pero como lo hemos explicado antes ¿cuál es la diferencia con Walmart?".

La ley federal exige que una persona tenga 18 años para comprar municiones para fusiles y escopetas y 21 años para comprar municiones para pistola. Magers dijo que sus máquinas requieren que el comprador tenga al menos 21 años.

La máquina funciona pidiéndole al cliente que escanee su licencia de conducir para comprobar que tiene 21 años o más. El escáner también comprueba que se trata de una licencia válida, explicó. Posteriormente, un escáner de reconocimiento facial verifica que "usted es quien dice ser como consumidor".

"En ese momento se puede completar la transacción del producto", explicó.

"Toda la experiencia dura un minuto y medio una vez que te familiarizas con la máquina".

La máquina expendedora es otro método de venta, que se suma a las tiendas minoristas, físicas o por internet. Everytown for Gun Safety publicó en marzo un informe en el que se reveló que varios de los principales minoristas de municiones en línea aparentemente no verificaban la edad de sus clientes, a pesar de los requisitos.

El año pasado, un minorista en línea llegó a un acuerdo en una demanda presentada por las familias de las víctimas de un tiroteo en una escuela secundaria de Texas en 2018. Las familias dijeron que el perpetrador, de 17 años, pudo comprar municiones del minorista que no verificó su edad.

Las máquinas expendedoras de balas u otros materiales restringidos por edad no son del todo nuevas. Hay empresas que han desarrollado una tecnología similar para vender bebidas alcohólicas. Una compañía ha comercializado quioscos automatizados para vender productos de cannabis en dispensarios de estados donde la marihuana es legal.

Un agente de policía de Pensilvania fundó hace unos 12 años una empresa que coloca máquinas expendedoras de balas en clubes y campos de tiro privados para mayor comodidad de los clientes. Esas máquinas no tienen el mecanismo de verificación de edad, sino que sólo se colocan en lugares en los que se requiere de una edad mínima para entrar, explicó el propietario de Master Ammo Sam Piccinini.

Piccinini habló hace años con una empresa sobre la posibilidad de incorporar la tecnología de inteligencia artificial para la verificación de edad e identidad de un comprador, pero en aquel momento el costo era excesivo, dijo. En el caso de American Rounds, hubo que retirar una máquina de un centro de Tuscaloosa, Alabama, debido a las bajas ventas, explicó Magers.

Según Magers, las máquinas han despertado gran interés en las comunidades rurales, donde puede haber pocos minoristas que vendan municiones. Las máquinas de American Rounds se encuentran en supermercados Super C Mart y Fresh Value de ciudades pequeñas, como Pell City, Alabama, con más de 13 mil 600 habitantes, y Noble, Oklahoma, donde viven casi 7 mil 600 personas.


"Alguien de esa comunidad puede tener que conducir una hora u hora y media para abastecerse si quiere ir de caza, por ejemplo", explica Margers.

"Nuestras tiendas de abarrotes querían tener la posibilidad de ofrecerle a sus clientes otra categoría que sentían que sería popular".

Fuente.-Imagenes/American Rounds/