Desde las redes, el unico espacio de denuncia, "que aun no controla el gobierno, pero si quiere",fluye una informacion muy importante que debe preocupar a los ciudadanos,particularmente de Tamaulipas,donde "Fiscalias estatales y/o federales,asi como Policias de Investigación y que otros trascendidos apuntan a al Comisario Olegario Contreras Macias,ademas del resto del animalero del "aparato investigador y justiciero",ya pusieron a disposición del crimen organizado al mejor postor ,los servicios de "geolocalizacion" de teléfonos celulares, una herramienta inicialmente creada para proteger ciudadanos,que ahora sirve lo mismo ubicar y luego atacar a sus adversarios, que para cualesquier otro propósito que sus "majestades" del narco quieran, pues el que paga manda.
Y aunque el ejercito poco hace y lo poco que hace lo hace muy poco, cuando se trata del mismo gobierno de Morena,debieran tomar nota de la denuncia y auditar las solicitudes de "Geolocalización" de Tamaulipas que operan en total desorden y se pagan con recursos del gobierno, donde podrán darse cuenta de las desviaciones del Fiscal Irving Barrios Mojica.
#reynosafollow,#nuevolaredo,#cdvictoria,#matamoros,#mtyfollo "YA sabe el EJERCITO y se VAN HACER TARUGOS ?": FISCAL de AMERICO NOMBRO JEFE de PERJUDICIALES a LUGARTENIENTE de CAPOS ZETAS en NUEVO LAREDO"...que se puede esperar de un "huachigobernador". https://t.co/hV8Pp06TqA pic.twitter.com/cJWGczl0ET
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) February 14, 2024
Porque el usuario @Furia_Tinta,algo sabe y no lo dice al tanteo:
"... Es bien sabido en el mundo del hampa que las autoridades federales y estatales de inteligencia en Tamaulipas venden estas geolocalizaciones por hasta $100,000 pesos, operando clandestinamente como si estuvieran en un mercado de abastos. Esta práctica se ha convertido en una herramienta que, aunque debería ser exclusiva del gobierno para combatir el crimen, es compartida con el crimen organizado como si fuera un menú de restaurante, sin ningún control ni medida.
Las "geos", como se conocen entre los mandos policíacos de investigación y antiextorsión, se usan de manera desmedida y sin supervisión. Actualmente, las geolocalizaciones solo tienen validez legal si están respaldadas por una orden emitida por un juez para una investigación formal. Sin embargo, estas herramientas se usan de manera informal para realizar trabajos ilícitos, localizar a personas e incluso identificar amantes de los mismos delincuentes. Y un ejemplo claro del desorden criminalmente organizado",se dio en la Fiscalía General de la República, aun dirigida por Alejandro Gertz Manero, que utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente, es decir, en 0.24% de los casos, pese a que por ley estaba obligado a siempre solicitarlo.
Por estas adquisiciones, la Fiscalía gastó alrededor de 142 millones 898 mil pesos entre 2018 y 2019, según se detalla en los contratos número PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2018, PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/003/2018 y FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019.
La Fiscalía no tiene información sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas resultado de estas vigilancias, a pesar de que son las únicas razones por las que pueden rastrear la ubicación de ciudadanos.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#saltillo,#guadalajara,#verfollow,#slp "QUIEREN la IP del CELULAR": FISCAL de FGR CONFRONTA a TELMEX para QUE le PONGA el DEDO al USUARIO que SUBIO AUDIOOS a YOUTUBE...que lo incriminan. https://t.co/91QHGWPxuy pic.twitter.com/HEOG31agbf
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) June 6, 2022
Durante meses, la FGR se negó a responder vía transparencia sobre las adquisiciones de este tipo de tecnologías bajo el argumento de que eran utilizadas para la “investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada”.
SIN ORDEN O EN TOTAL DESORDEN:
Fiscalía General de la República confirma compra y uso de software de intervención de ubicaciones
Sin embargo, a través de múltiples solicitudes de información y recursos de revisión, Animal Político confirmó que la institución compró y usó software de intervención de ubicaciones.
Entre 2018 y 2019 contrató a la empresa Neonlix de México S. A. de C. V. para adquirir el software Geomatrix capaz de vigilar la ubicación de celulares mediante las redes telefónicas a las que el aparato se conecta.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#slp,#tijuana,#cdvictoria "DESTAPA ESCANDALO el NEW YORK TIMES" "FISCALIA "MORENA BANDIDA" SOLICITO REGISTROS TELEFONICOS de POLITICOS y FUNCIONARIOS CONTANDOLE una de VAQUEROS a TELCEL"...que esculquen al "yo no fui". https://t.co/Bh7ZzcooEE pic.twitter.com/xWW5ffG4Xx
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) November 9, 2023
Aunque testó las descripciones de las compras, admitió que adquirió 390 mil 500 consultas del software Geomatrix cuya vigencia de uso se extendía hasta 2021. Al corte de septiembre de ese año, la Fiscalía lo había usado en 135 mil ocasiones, asegurando que “todas las consultas utilizadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación se realizan con autorización de la autoridad Judicial”, de acuerdo con la respuesta que proporcionó al recurso de revisión RRA 10492/22.
Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía informó que entre 2019 y 2021 había presentado 328 solicitudes de vigilancia a jueces federales, pero sin diferenciar cuántas de ellas fueron para usar el software Geomatrix o para pedirles la información a concesionarios de telefonía.
Aún si se considerara que la totalidad de estas solicitudes judiciales hubiesen sido para realizar geolocalizaciones a través del sistema Geomatrix, significa que de las 135 mil ocasiones en que usaron el software, sólo en 0.24% de los casos lo hicieron con autorización judicial.
¿Cuántas personas vigiló la FGR?
Con la información obtenida no es posible calcular a cuántas personas vigilaron, toda vez que cada solicitud que la Fiscalía hizo a jueces puede contemplar a más de una persona o múltiples equipos tecnológicos.
Además, en otra solicitud de información, la Fiscalía reconoció haber vigilado a 3 mil 157 personas entre 2018 y 2021, pero esto incluye, además de las geolocalizaciones, intervención a comunicaciones privadas, obtención de datos conservados y extracción de datos; es decir, pudo utilizar softwares adicionales a Geomatrix.
Esta cifra también es mayor a las 328 autorizaciones judiciales obtenidas por la FGR.
El área de comunicación social de la FGR fue contactada para solicitar una entrevista o postura, pero no hubo respuesta.
En las solicitudes a un juez federal para intervenir la geolocalización de celulares, la Fiscalía expuso como razones: la acreditación de teoría del caso, investigación, fortalecer la actuación en la investigación de delitos relacionados con Operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda.
Corroborar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron realizados los hechos del delito; para recabar datos de prueba o agotar líneas de investigación.
Entre las instancias que solicitaron el acceso a los registros de localización están la FGR, las delegaciones de Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo y agentes del Ministerio Público de la Federación o Juzgados, entre otros.
El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la fiscalías del país pueden intervenir geolocalizaciones con previa autorización judicial o podrán hacerlo sin permiso, cuando la vida de personas esté en riesgo, pero en menos de 48 horas tendrán que acreditarlo ante el juez federal.
Pero la fiscalía de Gertz Manero admitió en la respuesta de acceso a la información 330024624000021 y 330024624000011 que “no se cuenta con información” sobre la cantidad de víctimas rescatadas y las personas detenidas como resultado de las intervenciones a geolocalizaciones que efectuó.
El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García Muñoz, consideró que la legislación que regula la vigilancia de localizaciones permite interpretaciones para “decir ‘ah, no, es que aquí yo no tengo que pedir atención judicial, porque yo no necesito la colaboración de un concesionario telecomunicaciones, lo hago de manera autónoma’. Eso me parece irracional y una tontería”.
García Muñóz opinó que el problema de que autoridades puedan abusar de las intervenciones a geolocalizaciones se debe a que “está mal hecho el artículo 303 (del Código Nacional de Procedimientos Penales). (…) La manera en la que fue redactado el artículo 303 es que la localización geográfica en tiempo real sucede únicamente vía un concesionario de telecomunicaciones y yo no estoy de acuerdo con eso”.
Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)
El Olegario ahora anda pelando las cuotas de las pipas por que ya se las reparten el truco y el procurador traen un desmadre cada quien trae sus grupo y si no les pagan no trabajan el. Barrios Mujica dicen le tiene que pagar a él. Olegario no lo tomen en cuenta así las cosas por Reynosa. Matamoros
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