La Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero oculta las declaraciones de los militares del caso Ayotzinapa, a pesar de que años atrás el Ministerio Público ya había entregado versiones públicas legibles de las primeras declaraciones hechas por los soldados.
Obligada por la Ley de Transparencia tras un recurso de revisión, la FGR entregó 239 hojas con amplias zonas testadas de las versiones del personal militar que pudo conocer información o participar en la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Las declaraciones son ilegibles. Hay hojas que tienen sólo dos palabras sin tachar, y otras donde sólo se pueden leer palabras como “después”, “no recuerdo”, “no recuerdo bien” o “26 de septiembre”. En otras páginas se pueden ver párrafos completos que no contienen información sustantiva que ayude a conocer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
MILITARES FUERON PARTE DE LA BARBARIE Y RECIBEN PROTECCION:
A siete años de la desaparición forzada de los jóvenes, las investigaciones de la FGR apuntan cada vez más a la participación del Ejército, como la detención del “Capitán Crespo” en 2020. Sin embargo, el abogado que acompaña a los padres y madres de los normalistas, Vidulfo Rosales, ha dicho que no hay voluntad del gobierno mexicano para indagar a las fuerzas castrenses, y que hay un testigo que asegura que al menos 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre Espinosa, afirma que aunque se ha realizado un buen trabajo por parte de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, la FGR mantiene las inercias del pasado que no permiten el avance del esclarecimiento, y el Ejército no tiene disposición real de cooperar.
Desde el principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a esclarecer la desaparición de los jóvenes sin proteger a nadie, así se tuviese que investigar y castigar a integrantes del Ejército Mexicano. Por eso, desde que se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa se ha citado a declarar a 44 elementos militares, de los cuales se han presentado 30 elementos, y 14 de ellos no han comparecido, informó esa unidad en respuesta a una petición de información vía transparencia, fechada en abril pasado.
La postura del actual Ministerio Público de la Federación de no transparentar las nuevas declaraciones rendidas por los militares difiere de la que había adoptado la institución en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando era aún Procuraduría General de la República (PGR). En ese entonces, la PGR, por órdenes del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), tuvo que elaborar una versión pública del expediente conformado por miles de fojas debido a que los hechos de Ayotzinapa constituían una violación grave a los derechos humanos.
La versión pública, que incluía las primeras declaraciones hechas por los militares fue revisada por el instituto de transparencia en un largo y arduo trabajo que les llevó semanas. El objetivo del Inai era que no se testara más información de la necesaria. La presión y el descontento social obligó a la PGR a abrir la documentación oficial.
En 2015 EL UNIVERSAL fue el primer medio en tener acceso a los documentos desclasificados, y eso ayudó a encontrar las fallas en la investigación que contribuyeron a derribar con elementos claros la versión oficial impulsada por el gobierno del expresidente Peña Nieto y su procurador Jesús Murillo Karam.
A diferencia de entonces, la actual FGR no está dispuesta a que se conozcan las declaraciones de los militares que pudieron participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Para Estefanía Medina, codirectora de Tojil, una organización sin fines de lucro especializada en litigio estratégico en contra de la corrupción y la impunidad, la opacidad de la fiscalía busca evitar que la ciudadanía pueda revisar la actuación institucional, lo que representa un retroceso en el sistema de transparencia y acceso a la justicia.
“No hay un interés de transparentar estos procesos con la finalidad de evitar ser evaluados y de evitar tener un contrapeso ciudadano”, advierte.
Un hito en transparencia
En 2015, primero que cualquier otro medio, EL UNIVERSAL tuvo acceso al expediente desclasificado de una de las investigaciones más grandes que se han hecho en México: el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por primera vez la PGR abrió una averiguación previa en curso para consulta pública. Esto lo hizo después de que reservó la información por 12 años, y tras casi un año de deliberaciones en el Inai que concluyeron en la decisión de abrir el expediente a consulta pública por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad. La necesidad de conocer la verdad llevó a la PGR a digitalizar cerca de 54 mil fojas de la investigación y publicarlas en internet.
Así, en este diario se publicaron 17 notas en las que se mostraba que la llamada “verdad histórica” de la PGR no se sostenía con hechos, y que en realidad estaba desaseada y manipulada por la autoridad. Otros medios publicaron decenas de notas más.
En EL UNIVERSAL se dio a conocer que la noche en que la FGR asegura que quemaron a los estudiantes en el basurero de Cocula hubo lluvias moderadas, lo que debió complicar la presunta quema; que en el basurero de Cocula fueron sembrados por la autoridad 41 casquillos percutidos; que según partes militares, soldados monitorearon durante 15 horas los movimientos de los estudiantes, y que dos miembros del Ejército siguieron a través de las cámaras del C-4 los movimientos de los normalistas e hicieron nueve llamadas al cuartel militar para informar sobre el desplazamiento de los jóvenes.
También se pudo conocer con declaraciones legibles de militares que un soldado infiltrado y vestido de civil perteneciente a los cuerpos de inteligencia militar presenció la primera agresión a los jóvenes y se limitó a tomar fotos de lo sucedido, además se obtuvieron los estudios criminalísticos y sicológicos hechos a la organización Guerreros Unidos, entre otras informaciones.
La desclasificación y publicación marcó un hito en el acceso a la información pública, porque permitió conocer con certeza las entrañas de una investigación en curso plagada de irregularidades y de torturas.
Un paso atrás
En febrero de este año se le solicitó a la FGR que entregara tres documentaciones del caso Ayotzinapa: 1.- El número de militares que han declarado entre el 1 de diciembre de 2018 a la fecha de la solicitud como parte de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; 2.- El rango y cargo de los militares que se presentaron a declarar en dicho periodo, y 3.- La versión pública de las declaraciones rendidas por los militares.
En la misma solicitud se advirtió que aunque las declaraciones se encuentran inmersas en una indagatoria en curso que no ha concluido, éstas debían ser entregadas en versión pública porque dicha pesquisa está relacionada con violaciones a los derechos humanos y la ley de transparencia señala que bajo ese supuesto no podría invocarse la clasificación o reserva de la información.
La FGR indicó que hasta esa fecha habían declarado 30 militares, pero que no podían dar más información. Esto derivó en un recurso de revisión ante el Inai, y antes de que el instituto resolviera, el Ministerio Público de la Federación envió un documento de alcance en el que se informó que la Policía Federal Ministerial realizó entrevistas a militares con los siguientes rangos: general Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor, sargento Primero de Infantería, cabo de Infantería, cabo de Policía Militar, teniente de Infantería, sargento Segundo de Infantería, subteniente de Infantería, soldado de Transmisiones, soldado de Infantería, soldado Policía Militar, sargento Primero de Sanidad, cabo de Transmisiones, sargento Segundo Peluquero, sargento Segundo de Informática, sargento Segundo Conductor.
En la resolución, el Inai se obliga a revisar la versión pública antes de ser entregada, pero tras una comunicación con el instituto, no se aclaró si ésta se realizó.
Fiscalía, atada al pasado
El director del Centro Pro, Santiago Aguirre Espinosa, menciona que el tema de las versiones públicas de las investigaciones en proceso es discutible en materia de transparencia, pero que cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, la autoridad tiene que hacer un ejercicio de ponderación entre el sigilo y la garantía de la sociedad para acceder a la información.
“Y debería evitarse en lo posible testar hasta el punto de que se tornen ininteligibles las declaraciones, máxime cuando hay un precedente de que en el pasado sí se transparentaron”, comenta.
Aguirre Espinosa advierte que aunque se han hecho esfuerzos importantes por parte del gobierno mexicano y por la fiscalía especializada del caso, se está incumpliendo el compromiso de esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Los avances han sido muy magros”, lamentó el titular de una de las organizaciones que más han acompañado a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en estos siete años.
Entre los elementos que detienen el avance de la investigación, afirma el activista, es que la estructura de la FGR se encuentra atada a las inercias del pasado y no ejecuta las órdenes de aprehensión, que el Ejército entrega información a cuentagotas pese a que tiene datos relevantes del contexto, e incluso que al gobierno le ha faltado incluir en las investigaciones a personajes de mayor nivel del sexenio pasado que decidieron crear la llamada “verdad histórica” y dar “carpetazo” a la investigación.
Se buscó la versión de la FGR y de la Sedena; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían emitido postura.
fuente.-(imagenes/Reforma/ElNorte/
Gloria Trevi con su esposo, Armando Gómez. Foto: TV Notas. 
