La corrupción es un tema que domina el debate público. Es el mal que todos los gobiernos dicen querer combatir y que sin embargo persiste. La razón principal por la que no logramos acabar con este delito es simple: la impunidad.
El problema de la impunidad reside en un sistema de justicia que simplemente no funciona. ¿Qué entendemos como justicia? En sentido estricto, es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.
En un sentido formal, la justicia es el conjunto de reglas que el Estado, a través de los organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando no son respetadas. Esto es crucial para evitar que los delitos se repitan. Si sabes que te van a castigar, probablemente lo pienses dos veces antes de hacerlo; si tienes la certeza de que no te pasará nada, no hay motivo para no violar la ley.
En nuestro país sobran las denuncias y las acusaciones, pero faltan los responsables que paguen por sus delitos. Es como si viviéramos en un país lleno de corrupción, pero sin corruptos.
Es cierto que cada sexenio hay un “caso ejemplar” de castigo. Ya sea Elba Esther Gordillo en los tiempos de Enrique Peña Nieto o Rosario Robles en el actual gobierno, es común que haya una persona que sea el símbolo del combate a la corrupción.
Sin embargo, estos casos emblemáticos suelen ser más venganzas políticas que verdaderos actos de justicia, y nunca resuelven de fondo este problema en el país.
Así, la lucha contra la corrupción se ha vuelto más un arma de propaganda que una verdadera acción por el bien común. Hoy sirve para denostar a grupos políticos, empresas o personas en particular, pero salvo pocas excepciones nunca hay un castigo formal.
Hemos escuchado incansablemente sobre los abusos cometidos en torno al Aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, sin que se haya señalado nunca un acto concreto de violación a la ley. Las empresas “corruptas” que se llevaron esos contratos han sido compensadas con otras obras, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.
En el umbral de la guerra electoral de este año, podremos ver múltiples acusaciones volar en todas direcciones. Los candidatos se acusarán unos a otros y denunciarán a quienes quieren reemplazar. Pero al final, solo será para ganar votos y no para corregir este problema de fondo.
Seguimos enfrentando, además, el problema de una institucionalidad que no refuerza ni respeta la transparencia, los debidos procesos administrativos o la rendición de cuentas. Todo esto es un caldo de cultivo perfecto para que prosperen los abusos, excesos y desvíos.
Así, pronto estaremos escuchando de más Estafas Maestras, de sobornos de empresas extranjeras, de robos flagrantes, y sin embargo, no cambiará nada.
Este es un problema que nos debe preocupar a todas y todos. De alguna manera, es la tolerancia social a la corrupción lo que permite que sirva como ariete publicitario sin que llegue a verdaderas consecuencias y cambios.
Nos corresponde, a las personas y a los medios, volver la corrupción algo inaceptable. Algo condenable socialmente, repudiable culturalmente. Debemos dejar de festejar los golpeteos políticos y demandar que se acabe la impunidad.
Es con ese ánimo que esta semana en Cuestione haremos un recuento de los casos que han terminado sin castigo, y analizaremos cómo, tanto a nivel federal como en los estados, se siguen presentando. También analizaremos las propuestas que existen para atajarla.Es crucial que asumamos esa responsabilidad, sobre todo en estos tiempos electorales. Solo así podremos desgajar el entramado institucional que alienta y permite la existencia de este grave problema.
El Congreso de Tamaulipas aprobó con 31 votos a favor y una abstención, que el quinto informe del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sea el próximo 15 de marzo.
Cabe recordar que el Poder Legislativo aprobó en septiembre del 2019, que el titular del Ejecutivo estatal realice su informe durante la primera quincena del mes de marzo.
En 2020, el cuarto informe de gobierno se presentó el sábado 7 de marzo, en donde por única ocasión dio cuenta de los últimos tres meses del 2019, esto debido a que fue posterior al tercer informe de gobierno que rindió el 25 de septiembre pasado, acorde a que la Constitución local establecía que debía entregarse el informe la segunda quincena de septiembre.
Sin embargo, la fracción panista decidió cambiar la fecha, bajo el argumento de falta de tiempo para poder evaluarlo y analizarlo de manera objetiva. Además, que dificulta la comparación entre lo informado y lo autorizado por el Congreso en materia presupuestal, entre otros puntos más.
Modificación del Congreso
Por lo que el Congreso del Estado decidió modificar los artículos 44, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado para permitir un mayor tiempo para analizar el informe.
Además, de dictaminar su glosa y poder plantear oportuna y adecuadamente los ajustes requeridos en materia de políticas públicas para el siguiente ejercicio fiscal. Se espera que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presente el informe de gobierno ante los diputados del Congreso de Tamaulipas, en la sede del Poder Legislativo.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 10,4 millones de dólares entre 2009 y 2010, según una investigación de EL PAÍS. El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado.
La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones; a su hija; y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del ministerio público.
La senadora Beltrones, hoy de 38 años y representante priista por Sonora, estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre abrió entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2,8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.
El expresidente del PRI resta importancia a las pesquisas. “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, indica por teléfono Manlio Fabio Beltrones.
El exdirigente tricolor señala que no ha sido notificado de esta investigación de la fiscalía, cuyas indagaciones son secretas. “Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, pronostica Manlio Fabio Beltrones.
Primera página del documento know your client (conozca a su cliente, en inglés) que rellenó en la Banca Privada d'Andorra (BPA) para abrir una cuenta en marzo de 2009 la senadora del PRI Sylvana Beltrones.EL PAÍSLa jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora, a su madre y al expresidente del PRI por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, en referencia al Estado mexicano del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la Cámara Alta. La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneció oculto a la opinión pública.La investigación en Andorra se archivó provisionalmente el 18 de octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle había prescrito.Durante el mandato del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), la fiscalía utilizó la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en el Principado. La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.Tras el archivo de este caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, según confirman fuentes de la fiscalía y reconoce el editor a este periódico.“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “, indica Capdevielle.
Segunda página del documento know your client (conozca a su cliente, en inglés) que rellenó en la Banca Privada d'Andorra (BPA) para abrir una cuenta en marzo de 2009 la senadora del PRI Sylvana Beltrones.EL PAÍSUna de las primeras diligencias de la fiscalía mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el envío de una comisión rogatoria [procedimiento de colaboración judicial entre países]. En un intento de impedirlo, Capdevielle presentó una petición de amparo ante una juez mexicana que aceptó parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados. La magistrada dictó entonces suspensión de la petición de información a Andorra, pero determinó que la investigación de la fiscalía podía continuar. En los próximos meses celebrará una audiencia en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del ministerio público.La documentación a la que ha tenido acceso este periódico revela que la senadora Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 un total de 10,4 millones en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. Y que figuró como titular de una cuenta personal en la BPA entre 2009 y 2011. También, que se vinculó a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.Capdevielle traspasó el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de dólares. El dinero llegó una semana después de que el editor cobrara en el banco andorrano 10 millones de dólares de Videoserpel LTD, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel LTD, hoy inactiva, se fusionó con Mexvisa LTD, filial helvética del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.Capdevielle, que presidió entre 2003 y 2007 la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana (AEDIRMEX), sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa por 10 millones de dólares de la marca de la publicación Aviso de ocasión, una sección de clasificados donde se vendían coches y propiedades.El letrado de Mexvisa, sociedad helvética de Televisa, defendió ante la jueza que la compra por 10 millones de dólares de Aviso de ocasión fue real. “Fue adquirida al legítimo titular con la inscripción de la compraventa en el registro público”, expresó. Jordi Segura Cobo, abogado en Andorra de dos ejecutivos del Grupo Televisa que permanecieron investigados en la causa hasta su archivo, en 2018, ha declinado responder las preguntas de este periódico.La senadora mexicana Sylvana Beltrones acompañada de su padre Manlio Fabio Beltrones.REDES SOCIALESEn su momento, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la denominada Ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres años antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de la citada compañía rechaza que la reforma de la ley de televisión de 2006 “supusiese ningún beneficio a favor de Televisa ni de ninguna otra empresa de radiodifusión”.La senadora Sylvana Beltrones también lo niega y afirma a este periódico que abrió su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en Ciudad de México. Y añade que ingresó en 2009 en el país pirenaico nueve millones de dólares porque Capdevielle le “pidió” que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La parlamentaria rechaza que sus millonarias cuentas andorranas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre.Manlio Fabio Beltrones rechaza también que el pago de Televisa a Capdevielle tuviera que ver con el cambio de la ley. “Es ridículo y falso que se pueda haber hecho. No teníamos mayoría en el Congreso. Además, he tenido momentos de fricción con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos costó muy cara”, añade el exdirigente priista.Nacido en Villa Juárez (Sonora), Manlio Fabio Beltrones pasa por ser una de las figuras más influyentes de la política mexicana de las últimas cuatro décadas. Economista de 68 años, Beltrones ha tocado todas las teclas del poder. Fue diputado, senador, gobernador de Sonora, presidente de la Mesa Directiva de los Diputados y del Senado. En 2011, presentó y retiró su candidatura presidencial frente a un emergente Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.El peso de Manlio Fabio Beltrones ha sido especialmente notorio en el Congreso. Como líder del PRI en ambas cámaras, fue el gran operador en la sombra que facilitaba el tránsito de las iniciativas y quien construía acuerdos que permitían las mayorías. Desde diciembre de 2012 y hasta mediados de 2015 fue fundamental como cabeza de la bancada para sacar con éxito el ambicioso programa de reformas impulsado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), entre ellas la reforma energética. En agosto de ese año se convirtió en presidente del PRI, un partido que sufrió en las urnas por la impopularidad del mandatario y salpicado por varios escándalos de corrupción. La formación perdió en junio de 2016 en las elecciones intermedias de junio 7 de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas en Estados que siempre había gobernado. Esto significó la salida de Beltrones.Desde su caída, se alejó de los principales escenarios de la política. Su última polémica se remonta a 2017, cuando fue arrestado el que fuera su adjunto en la presidencia del PRI, Alejandro Gutiérrez, por pertenecer a una presunta trama que desvió 12,6 millones de dólares a través de gobiernos locales para favorecer a la formación en las elecciones locales de 2016. Beltrones defendió entonces a su excolaborador y rechazó la existencia del supuesto esquema de financiación ilegal.Frente al apartamiento del padre, la figura de su hija ha ido ganando presencia. Abogada por la Universidad Iberoamericana, un centro privado de Ciudad de México, inició su trayectoria política en marzo de 2010 como coordinadora de programas de Estrategia y Difusión en la secretaría general del PRI, en manos en ese entonces de Jesús Murillo Karam. Desde entonces, Beltrones Sánchez comenzó a escalar posiciones. Primero dentro del partido hasta que en 2015 se convirtió en diputada por el Estado de Sonora, que su padre gobernó entre 1991 y 1997. La legisladora no llegó al Congreso por el voto popular sino por la vía plurinominal, un sistema de representación proporcional que otorga diputados a los diferentes partidos dependiendo de los votos sumados en la contienda. En la legislatura, Beltrones Sánchez tuvo una marcada predilección por los temas sociales. Presentó reformas para regular la reproducción asistida, proteger a las madres reclusas y eliminar los plásticos de un solo uso. En febrero de 2018 pidió separarse del cargo para comenzar su camino al Senado. En las elecciones de ese año su partido fue arrollado en el Estado, pero se convirtió en senadora por ser la primera minoría.
La venta de la discordia
El segundo ingreso más importante de la senadora Beltrones en su cuenta personal en la BPA se registró en marzo de 2009. La parlamentaria, quien había regresado tres años antes de la universidad y no tenía trabajo según su currículum público, percibió entonces dos traspasos de Capdevielle por valor de un millón de dólares. El dinero, explicó este último al banco, procedió de la venta por 2,4 millones de una propiedad de 894 metros en el número 39 de la calle Julio Verne en el exclusivo barrio de Polanco de Ciudad de México. El comprador fue el propio banco andorrano, que destinó el inmueble a su sede social. La BPA se desprendió del local en 2012 tras venderlo por casi el doble. Actualmente, el edificio está en venta y se encuentra ocupado por la minera Autlán.
El hecho de que la hija del expresidente del PRI tuviera 26 años en 2009, cuando se formalizó la venta del inmueble y la poderosa figura de su padre, llevaron a los investigadores andorranos a apuntar que la senadora pudo actuar como “representante de su familia” en Andorra. Capdevielle no tenía en Andorra cuentas con saldos significativos, salvo los ya mencionados.
En enero de 2013, ya durante la presidencia de Peña Nieto, Sylvana Beltrones se convirtió en directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En su declaración patrimonial, la funcionaria evitó hacer públicos sus datos. Tampoco añadió información sobre presuntos conflictos de interés. La negativa se mantuvo en dos modificaciones más de su declaración, una obligación para los funcionarios públicos. Beltrones Sánchez abandonó el cargo de la Secretaría de Turismo en mayo de 2014 para preparar su campaña como diputada.
¿Por qué Capdevielle volvió a traspasar el dinero a la hija de Manlio Fabio Beltrones? Según explicó el editor al banco del principado pirenaico, la senadora era su socia al 50% en la empresa de decoración Habica SA ubicada en el local vendido al banco andorrano en Julio Verne. La relación entre Habica y la senadora se remonta a septiembre de 2003, siete meses después de su creación y cuando la hoy parlamentaria tenía 20 años. Sin embargo, la mandataria no mencionó su vínculo con esta firma, hoy inactiva, en su declaración ante el Senado. “Los dos éramos socios. Habíamos vendido Habica. Yo me divorcio. Transferí mis recursos a Sylvana en custodia y luego me los devolvió cuando se dictó la sentencia de divorcio. No conocía a nadie más en el banco y decidí pasárselos a ella”, esgrime Capdevielle por teléfono.Manlio Fabio Beltrones, Jorge Estefan Chidiac y Alejandro Capdevielle durante un evento de negocios.REDES SOCIALES
La dirección de Habica se registró en el número 145 del Bulevar de los Virreyes, en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. La dirección coincide también con la ubicación de los Consultores Jurídicos Alesy, el despacho de abogados de Capdevielle que dio a Sylvana Beltrones su primer trabajo como asociada tras salir de la universidad, donde revisaba y formulaba contratos entre 2010 y 2013, según detalló en su ficha al acceder al cargo de diputada federal. El editor dijo a la juez que su amistad con Beltrones se remonta a 32 años y que conoce a su hija desde la infancia. Otra cuenta en Andorra se abrió también a nombre de Consultores Jurídicos Alesy S.C.
La jueza andorrana Mingorance, sin embargo, incidió en que una cosa era el local vendido y otra el negocio de decoración que acogió el edificio. El dueño del local era una sociedad exclusivamente de CapdevielIe, por lo que la magistrada destacó que “no hay documentación” para acreditar la relación de Sylvana Beltrones y la firma dueña local.
La cuenta personal en la BPA de la senadora permaneció abierta entre el 9 de marzo de 2009 y el 14 de diciembre de 2011. La política del PRI cerró entonces su depósito, traspasó sus productos financieros y 850.555 dólares a Capdevielle, que dio en ese momento plenos poderes en su cuenta a la hija de Manlio Fabio Beltrones. Según el editor, Sylvana le transfirió todo el dinero que le había dejado bajo “custodia”.
El depósito donde figuraron el editor y la senadora estuvo abierto hasta marzo de 2015, cuando la BPA fue intervenida por un presunto delito de blanqueo de capitales tras bloquearse el capital de sus 29.200 clientes. “Mis fondos fueron liberados y están ahora en el nuevo banco andorrano “, señala Capdevielle en alusión a Vall Banc, la entidad financiera del país europeo que asumió los activos de la BPA tras su disolución.
Joan March Masson, exresponsable de la BPA en México y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, explicó a la juez en enero de 2016 que la senadora traspasó la mayor parte de sus fondos al editor para proteger su anonimato. “Beltrones es una familia muy conocida en México y [la senadora] no sabía qué repercusiones podía tener el hecho que se conociera su cuenta en el extranjero”, indicó el ejecutivo.
Documento know your client (conozca a su cliente, en inglés) que rellenó en la Banca Privada d'Andorra (BPA) para abrir su cuenta Sylvia Sánchez, esposa del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones.EL PAÍS
La hija de Manlio Fabio Beltrones se suma a la nómina de dirigentes y personalidades próximas al PRI que recurrieron en la última década a la BPA para ocultar sus fondos, según ha revelado este periódico. La relación de clientes priistas en la institución financiera incluye al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que refugió 1,5 millones, y a los exdiputados Oscar Javier Lara Arechiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un millón). Este último fue compañero de bancada de Manlio Fabio Beltrones en la LIX Legislatura.
El PRI, el partido que gobernó México ininterrumpidamente durante 71 años hasta 2000, se ha visto salpicado por innumerables casos de corrupción en los últimos años, muchos de los cuales salieron a la luz durante la presidencia de Peña Nieto, con la que el partido tricolor recuperó el poder tras 12 años de gobiernos panistas, entre Vicente Fox y Felipe Calderón. La mancha de la corrupción acarreó un fuerte castigo a la candidatura del PRI en las últimas elecciones, en las que se impuso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
JAQUE BANCARIO EN ANDORRA A LA FAMILIA DEL EXPRESIDENTE DEL PRI
Las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia de México sobre la senadora priista Sylvana Beltrones; sus padres, Manlio Fabio Beltrones y Sylvia Sánchez; y el editor y exdiputado federal Luis Alejandro Capdevielle dependen, en buena parte, de la información de Andorra.
Tras el archivo provisional de la causa en el país pirenaico contra la familia del expresidente del PRI en 2018, las nuevas indagaciones en México están a la espera de recibir una comisión rogatoria del país europeo, que es como se denomina el auxilio judicial entre Estados.
La jueza andorrana aceptó el pasado 8 de enero de 2020 la petición de información del Ministerio Público mexicano sobre Sylvana Beltrones, Sylvia Sánchez, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Capdevielle. La magistrada decretó "el control bancario" de todos ellos y ordenó el secreto de sus actuaciones.
Solo la senadora –que acumuló 10,4 millones en un depósito entre 2009 y 2010- y su madre -que manejó dos cuentas sin movimientos- figuraron como clientes de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Los depósitos de ambas fueron cerrados posteriormente.
El abogado de Capdevielle pidió a la magistrada de este país europeo que no contestara a la solicitud de México, "por tratarse de información privada e íntima", y la magistrada estimó parcialmente el pasado 11 de agosto su solicitud hasta que las autoridades mexicanas “aporten una copia legalizada” de su reclamación.
"Previo a la remisión de la información solicitada deben aportar la resolución de la autoridad judicial que autorice a su acceso", esgrime Capdevielle por teléfono refiriéndose a la petición de la fiscalía mexicana.
Por otra parte, el pasado 24 de noviembre, una juez mexicana estimó parcialmente una demanda de amparo presentada por el editor contra la comisión rogatoria remitida por la fiscalía mexicana a Andorra por la que se suspende "la ejecución del requerimiento de datos" al Principado. La jueza, no obstante, señala que esta suspensión "no implica la paralización de la investigación del Ministerio Público".
Capdevielle argumenta que la comisión rogatoria de la fiscalía mexicana se aprobó "sin autorización judicial".
La jueza mexicana que estudió la petición de amparo del editor celebrará en los próximos meses una audiencia constitucional en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la nueva investigación de la fiscalía de México.
SYLVANA BELTRONES: “CAPDEVIELLE ME PIDIÓ CUSTODIAR NUEVE MILLONES DE DÓLARES”
La senadora priista Sylvana Beltrones explica que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para cobrar la liquidación de un negocio de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México que tuvo con el editor y exdiputado federal Luis Alejandro Capdevielle. Justifica que ingresó ese año en Andorra –un país blindado entonces por el secreto bancario- nueve millones de dólares porque Capdevielle se lo “pidió”. Lo hizo, dice, porque el editor se enfrentaba a una demanda de divorcio.
Pregunta. ¿Por qué abrió una cuenta en la BPA en 2009?
Respuesta. En septiembre de 2003, el señor Luis Alejandro Capdevielle me invitó a incorporarme como accionista a la sociedad mercantil Habica. Dicho negocio mercantil era una tienda ubicada en Julio Verne 39, colonia Polanco, Ciudad de México, edificio propiedad del señor Capdevielle. Posteriormente, al venderse el inmueble en 2009, me fue devuelta la inversión que realicé en la remodelación y equipamiento de dicho giro mercantil. La única forma que el señor Capdevielle me propuso pagar mi inversión, fue aceptando abrir una cuenta en Andorra, ya que la representación de BPA en México fue quien le compró el inmueble. Y por ende, dejó de funcionar la tienda Habica.
P. ¿Por qué su cuenta en la BPA ingresó en 2009 nueve millones de dólares del señor Capdevielle?
R. Al tener el señor Capdevielle una cuenta en Andorra por la venta del negocio (Habica) y por la venta de una marca de su propiedad, me pidió custodiar esa cantidad bajo la figura jurídica de un mandato sin representación, ya que el señor Capdevielle se enfrentaba una demanda de divorcio y sus hijos eran menores de edad, y expresamente me manifestó que una vez terminado su juicio o arreglo le devolviera las cantidades, lo cual sucedió.
P. Según la investigación judicial de Andorra, los nueve millones que le transfirió Capdevielle se enmarcan en una contraprestación por las presuntas gestiones de su padre, Manlio Fabio Beltrones, para aprobar en 2006 la denominada Ley Televisa, ¿qué tiene que decir al respecto?
R. Es falso. La ley conocida como Ley Televisa fueron modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones en el año de 2006, cuando ni siquiera habíamos abierto la negociación mercantil Habica.
P. ¿Por qué cerró su cuenta personal de la BPA en 2011 y traspasó sus ingresos a Capdevielle?
R. Como le expliqué en su segunda pregunta, el señor Capdevielle al tener arreglada su situación personal de divorcio me pidió devolverle las cantidades que estaban en mandato sin representación. A cambio, se comprometió a devolverme en mi país el porcentaje que recibí por el negocio mercantil Habica, ya que no era de mi interés tener cuenta alguna en el extranjero, como hasta la fecha ha sido.
P. ¿Por qué su madre abrió dos cuentas en la BPA que no registraron movimientos?
R. Creo que fue un servicio que le ofreció el banco y que nunca utilizó ni depositó cantidad alguna.
EL PLAN DE LA MADRE DE LA SENADORA PARA COLOCAR 2,8 MILLONES EN LA BPA
La senadora Sylvana Beltrones no fue la única cliente de su familia de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Su madre, Sylvia Sánchez, esposa de Manlio Fabio Beltrones desde 1979, controló dos cuentas en esta institución financiera. Una con su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad al estar numerada bajo el código 441958, que permaneció activa entre marzo de 2008 y mayo de 2009. Ninguna registró movimientos.
La pareja del expresidente del PRI dejó constancia escrita de sus intenciones financieras en Andorra al rellenar el documento de BPA know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado donde los usuarios informan al banco sobre sus planes de inversión y el origen de sus fondos.
Sánchez se presentó en esta entidad como psicóloga e indicó que abría una cuenta en la BPA para “rentabilizar el patrimonio”. Explicó que tenía previsto ingresar 2,8 millones de dos apartamentos vendidos “hace años” en Miami. Y que cobraría esta suma a través de tres transferencias de 950.000 dólares procedentes “de EE. UU.”, según un documento del 10 de marzo de 2008. El texto recoge, además, el interés de la clienta de colocar 2,8 millones de dólares en un “portfolio BPA” (conjunto de activos financieros).
A la pregunta ¿conoce a otro cliente de la BPA?, la esposa del expresidente del PRI respondió: “Juan Collado”, en referencia a Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto. Según reveló este periódico, este letrado movió 120 millones de dólares (107,8 millones de euros) entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en el país europeo. Un informe de la Policía de Andorra situaba el pasado año a Collado como “posible testaferro” de terceros.
Joan March Masson, exresponsable de BPA en México y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, declaró a la jueza de la Operación Sonora que entró en contacto con Sylvia Sánchez en 2008. “La conocí en un acto social, le presenté la entidad, nuestros productos y servicios. La señora me dijo que estaba interesada en abrir una cuenta […]. Había vendido unos pisos que tenía en Miami, tenía el dinero en el Wellsfargo de Miami y quería enviar una parte a la cuenta que le estábamos abriendo en la BPA. Le pedí las escrituras de compraventa”, dijo Masson.
La BPA no puso ninguna objeción para abrir las cuentas de la esposa de Beltrones y de su hija Sylvana, que llegó a registrar 10,4 millones de dólares. Tampoco sometió a sus clientas a ningún escrutinio especial para evitar que colocaran en el banco dinero opaco.
Los fondos en la BPA de la hija del expresidente del PRI y su madre llegaron a la entidad financiera a través de la casa de cambios mexicana Tiber. La Policía de Andorra considera este tipo de establecimientos pantallas para clientes que quieren blindar su identidad. Y ponen como ejemplo de opacidad que la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó en 2018 a seis años de prisión al accionista de Tiber mexicano Carlos Djemal Nehmad por un fraude de 20 millones de dólares.
Manlio Fabio Beltrones quita hierro a las cuentas de su esposa en la BPA "Fue un servicio que le ofreció la BPA. Hizo los trámites para abrir las cuentas, pero no las usó porque no eran de su interés", opina.
El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), gastó 3.7 millones de pesos en cuatro equipos portátiles anti-drone de la marca HIKVISION modelo Uav Jammer.
Los aparatos adquiridos en septiembre del año pasado por la Sedena son los que el gobierno federal ha utilizado este 8 de marzo para resguardar el Palacio Nacional durante la manifestación de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer y en Amazon,aunque de diferente marca, cuestan 5,800 dólares,poco mas de 121 mil pesos.
Aunque,de acuerdo con documentos oficiales en poder de Latinus, la Sedena compró cada unidad en 946 mil pesos a INT Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.
La adquisición fue mediante el concurso internacional de invitación directa a tres participantes IA-007000999-E486-2020.
INT Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V. fue la empresa que hizo la oferta más económica aunque obtuvo menos puntos en la evaluación técnica.
Entre las características técnicas de estos equipos el vendedor destaca que “son dispositivos con diseño de fusil, que permite la identificación y el bloqueo de la comunicación entre los objetivos (Equipos de Drone) y sus respectivos radiocontroles, así como de su señal de navegación G.N.S.S (Global Navigation Satellite System)”.
INT Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V. indicó a la Sedena que los inhibidores tienen un alcance mínimo de un kilómetro, operan en un rango de frecuencia de 428-5, 940 Mhz y disponen de una batería que le ofrece una duración de una hora en operación continua hasta 10 horas en modo reposo.
Además, cuentan con una mira telescópica con zoom mínimo de 9x y antenas direccionales, de acuerdo con la propuesta técnica enviada a la Sedena.
Como parte de la adquisición, INT Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.se comprometió a brindar capacitación al personal de la Sedena para su operación y mantenimiento.
La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles,descartó convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
“No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley.
“Nada se gana utilizando la justicia, este preciado bien, para vendettas. Esto no es propio de la izquierda. Tampoco tiene nada que ver con la República Democrática que muchos queremos defender y por la que hemos luchado toda la vida”, señaló a través de una carta enviada a EL UNIVERSAL.
Esto, a pesar de que esta mañana su abogado Sergio Ramírez afirmó que la próxima semana personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acudirá al penal de Santa Martha para encontrarse con Robles y pactar la forma en que la exfuncionaria puede acogerse a la figura de testigo colaborador para evitar ser llevada a juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Ramírez indicó en conferencia de prensa que hasta enero pasado no había suficiente información para acercarse a negociar con SEIDO pero en estos momentos, la exfuncionaria está en posiblidades de entregar información que tiene en su computadora sobre el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.
Además que también ofrecerá información sobre su ex jefe de oficina en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, quien es señalado de concretar las contrataciones irregulares por las que se desviaron recursos en el esquema denominado la Estafa Maestra.
En su misiva, Robles confirmó que solicitó a su equipo de defensa desistirse de la petición de procedimiento abreviado en la causa de ejercicio indebido del servicio público, por lo que ya no se declarará culpable.
Un jefe regional de un cártel continúa operando su organización criminal en un estado fronterizo mexicano a pesar de una serie de atentados contra su vida que han matado a varios de sus sicarios y socios.
Jerónimo Hernández de la Rosa, conocido en el mundo del crimen como El Jero o Gero, es un jefe regional del Cártel del Golfo que controla el área en Cadereyta, Nuevo León y sus alrededores. En esa ciudad, El Gero supervisa varios intereses del Cártel del Golfo, incluidas las rutas de contrabando y operaciones de robo de combustible. En las últimas semanas, la facción Cártel del Noreste de Los Zetas ha estado realizando varios ataques contra El Gero y sus hombres en un intento de apoderarse de sus lucrativos territorios.
A pesar de los varios atentados contra su vida, El Gero continúa dirigiendo las operaciones del CDG en Cadereyta con la ayuda de varios funcionarios municipales corruptos, revelaron fuentes policiales a Breitbart Texas.
El mes pasado, El Gero conducía una GMC Sierra negra blindada con placas de Nuevo León PS2216A en Cadereyta cuando un grupo de sicarios lo emboscó. Los pistoleros dispararon numerosas ráfagas contra el vehículo de El Gero, pero logró resistir el ataque y escapar a pie, abandonando su camioneta.
En los días siguientes, dos de los sicarios de El Gero murieron en una serie de ataques de sicarios del CDN. En enero, Breitbart Texas informó sobre cómo El Gero y su red estaban usando una clínica de rehabilitación de drogas para albergar a hombres armados del Cártel del Golfo. Las autoridades supieron por primera vez de esa táctica después de que un grupo de sicarios del CDN-Los Zetas realizó un ataque a tiros allí en la víspera de Año Nuevo.
En Cadereyta, la lucha entre los dos cárteles se ha realizado principalmente a través de una serie de ataques y emboscadas en lugar de largos enfrentamientos. Uno de los primeros ataques sucedió en marzo de 2020, cuando un grupo de sicarios del CDN-Los Zetas disparó y mató al predecesor de El Gero, Ulises “Ramsés” Lozano, y a otro capo del crimen durante una pelea de gallos clandestina.
Ese ataque fue dirigido por Iván “Peñita” Peña Hernández, de 19 años, un miembro del Cártel del Golfo que cambió de bando mientras estaba en prisión y había tratado de apoderarse del territorio de Ramsés. Pocos meses después de ese ataque, Peñita murió en un tiroteo afuera de un estacionamiento de autos en Cadereyta.
Fuente.-Gerald “Tony” Aranda/ (imagenes propiedad de breitbart)/
En 2018, luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón se convirtió en el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña. Ahí protagonizó debates que no alcanzaron para nada. Luego se hizo vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pero solamente duró unas horas antes de que le quitaran su papel. Ahora va con Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional(PAN), será el vocero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca durante el proceso de desafuero que enfrenta.
Quien es el Ex-Senador Panista igual de bandido
En su reporte de 2012 ante las autoridades electorales, el Senador Javier Lozano Gracia no incluyó la Cadillac que le fue entregada en un acto público, en 2012, por un grupo de empresarios entre los que se encontraba “El Cachetes”, presunto saqueador de combustibles de Pemex.
El entonces Senador prometió cuando se dio a conocer una foto donde aparece con el presunto líder huachicolero, transparentar los gastos. No lo hizo. Y tampoco, parece, hay manera de que lo haga: ni en comodato, ni en donación, ese bien aparece en su reporte de gastos de campaña.
El entonces Senador panista Javier Lozano Alarcón no reportó al Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), la camioneta que le fue entregada para la campaña de 2012 por un grupo de empresarios entre los que se encontraba Othón Muñoz Bravo, detenido por la Marina Armada de México el 20 de agosto en Puebla.
Lozano dijo a SinEmbargo y a Periódico Central que “no fue donación (fue comodato) y no fue Othón Muñoz. Favor de precisar”, en referencia a una nota y una foto que lo exhibía recibiendo el vehículo de lujo, Cadillac Escalade.
Lozano Alarcón ofreció documentos de la donación y el destino del inmueble que debió reportar a las autoridades, de acuerdo con la Ley electoral. No hizo ni lo uno ni lo otro: no dio los documentos ofrecidos, y la Cadillac no aparece en su reporte de gastos de campaña. La revisión de las cuentas entregadas a las autoridades electorales indican que el Senador panista no reportó el bien inmueble.
En el Informe sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campañas Federales Electorales del PAN, aparece el reporte de gastos del ex-Senador Javier Lozano Alarcón por un total de 8 millones 691 mil 558 pesos, con un sobre ejercicio de 559 mil 409 pesos: solo reportó ingresos por 8 millones 132 mil 149 pesos.
El panista obtuvo 3 millones 48 mil 689 pesos como Aportación del Comité Ejecutivo Nacional; 4 millones 702 mil 706 pesos por aportaciones de otros órganos del partido; como candidato, Lozano aportó 320 mil pesos.
Es en el rubro de Aportaciones en Especie en donde debería estar reportada la camioneta Cadillac Escalade que recibió de los empresarios. Pero no se encuentra. Solo dio cuenta de 882 pesos que ingresaron de los militantes y 59 mil 870 pesos de los simpatizantes; el rubro queda bastante lejos del millón de pesos que costó el lujoso vehículo.
Documentos: Archivo del Instituto Nacional Electoral
Durante la campaña de 2012, Lozano fue evidenciado por medios locales por la ostentosa casa de campaña que tenía, en un terreno de 643 metros cuadrados y en la Vía Atlixcáyotl, una de las zonas de mayor plusvalía en el estado de Puebla. Había 20 empleados en su organigrama.
En se entonces, el candidato a Senador declaró que la residencia se la había prestado un amigo.
Muñoz Bravo, presunto saqueador de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) conocido como “El Cachetes”, estuvo en el grupo de empresarios poblanos que proporcionaron al polémico político, en 2012, una camioneta de lujo valuada en más de un millón de pesos para trasladarse durante su campaña al Senado de la República.
Lozano negó ayer, específicamente, haber recibido recursos de “El Cachetes” para sus campañas políticas. Pero en la foto, que presuntamente fue encontrada en una propiedad del capo, posan Muñoz Bravo, el Senador y otros empresarios. El político recibe, en ese instante, las llaves del vehículo de sus donantes, entre ellos el presunto saqueador de recursos nacionales.
En una la rueda de prensa que ofreció Lozano en Puebla, los periodistas le cuestionaron el origen y la razón por la que aparece en otra foto sentado junto a “El Cachetes” en una comida en el fraccionamiento El Cristo en Atlixco. El entonces Senador confirmó que él y otros políticos departieron con el individuo señalado por la Marina como “capo huachicolero”, sin saber que se trataba de un delincuente.
Dijo que fue el ahora Diputado local Sergio Moreno Valle, primo del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, quien se lo presentó.
El panista fue cuestionado directamente sobre si Othón Muñoz Bravo había participado en su campaña.
Respondió con un tajante “no”.
“Creo que me lo presentó Sergio Moreno Valle, no quiero ser injusto, pero creo que él me lo presentó por esas fechas […]. No hubo aportaciones en mi campaña como tal. Lo conocí. Un par de ocasiones coincidí como él. Si él está metido en estas cosas, que él pague las consecuencias”, dijo.
Pero la nueva fotografía pareció desmentirlo: entre los que aportan el vehículo de lujo aparece el presunto ladrón de combustible, detenido por la Marina Armada de México.
La camioneta Cadillac Escalade fue entregada (como donación o comodato) por los empresarios a Javier Lozano Alarcón en 2012 como un apoyo para que se trasladara durante su campaña al Senado. Y así fue. El panista fue a bordo de la camioneta a su gira en Xicotepec el 17 de junio de ese año, cuando casi fue linchado por los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Según la nota publicada por la reportera Leticia Ánimas, Lozano abandonó su camioneta para poder escapar de la trifulca y los manifestantes aseguraron que dentro del auto de lujo encontraron un arma R-15 de uso exclusivo del Ejército.
Sobre el arma, el entonces candidato dijo que era propiedad de un escolta federal que le habían asignado para cuidarlo.
El 31 de mayo de 2012, Lozano posó a un lado de su vehículo cuando llegó al hotel Camino Real de la Vía Atlixcáyotl para el debate con sus competidores al Senado de la República.
La fotografía de Periódico Central parece revelar una mayor relación entre el aspirante a la gubernatura de Puebla y Othón Muñoz. En la imagen se puede ver al presunto capo del huachicol posando con otros empresarios y gasolineros durante la entrega de las llaves de una camioneta Cadillac Escalade 2012, valuada en ese entonces en al menos un millón de pesos.
En la imagen aparece además el empresario Manuel Veana, quien en 2010 participó en el Comité de Financiamiento de la campaña del priista Javier López Zavala; el empresario Manolo Torres, dueño de un lote de compra-venta de autos de lujo en la capital; Ángel López, constructor en Veracruz y supuesto socio de “El Cachetes”, de acuerdo con las averiguaciones; el Diputado local del PAN Sergio Moreno Valle, primo de Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla y quien también ha sido cuestionado por las fotos en las que aparece con el presunto capo.
Aparecen, en esa foto, Leodegario Pozos Vergara, alías “El Tigre”, aspirante a Gobernador de Puebla como candidato ciudadano en 2016 y empresario gasolinero en Libres; también Ludivino Mora Tejeda, ex Secretario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Puebla y ex Director de la Policía Auxiliar en la administración de Rafael Moreno Valle.
Manuel Veana, Manolo Torres, Javier Lozano, Ángel López, Sergio Moreno Valle, Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”, Leodegario y Ludivino Mora Tejeda. Foto: Periódico Central, especial para SinEmbargo
Fuentes de la justicia federal que entregaron el lunes a Periódico Central la imagen informaron que ésta y otras fotografías fueron decomisadas en el operativo que llevó a cabo la Marina Armada de México en tres propiedades de Othón Muñoz el pasado 20 de agosto.
Dijeron que hay más imágenes que “El Cachetes” tenía en su poder “como trofeo de su relación con políticos del más alto nivel”. Esas otras fotos podrían involucrar a más políticos.
La madrugada del 20 de agosto, Othón Muñoz fue detenido en su casa en el lujoso fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Además, la Marina llevó a cabo cateos en dos de sus propiedades en Haras del Bosque y El Cristo.
A pesar de que en las primeras horas del operativo trascendió que el detenido era un importante líder huachicolero, en la audiencia de Control de Detención se le fincaron delitos solo por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
DE FOTO EN FOTO
El Periódico Central dio a conocer publicó una primera fotografía en la que aparece Javier Lozano Alarcón y el ex Diputado federal del PAN Néstor Gordillo, en una comida departiendo con Othón Muñoz.
Cuando el panista fue cuestionado al respecto, confesó que el capo convivía normalmente con las más altas esferas de la política en Puebla, pero que nadie estaba enterado de que se tratara de un delincuente.
Dijo que fue el actual Diputado local y primo del extinto ex Gobernador Rafael Moreno Valle, Sergio Moreno Valle, quien se lo presentó.
“Ya lo dije desde que incluso salí en la defensa de Rafael Moreno Valle cuando en Reforma apareció una fotografía como la que exhibieron con Rafa y Othón Muñoz no lo hace ni socio ni cómplice. Lo conocemos, y digo conocemos porque claro que lo conocemos muchos en Puebla, porque se movía con mucha naturalidad, como pez en el agua, entre una buena parte de la sociedad y de la clase política y lo que no nos imaginamos, al menos yo, ni por asomo, es que estuviera metido en ese tipo de enjuagues”.
Pero Sergio Moreno Valle dijo al periódico poblano Cambio, el pasado 28 de agosto, que la Notaría de su familia efectivamente había escriturado algunas propiedades del capo, pero que no era su amigo.
En su Cadillac de lujo, durante la campaña de 2012. Foto: Cuartoscuro
Lozano dijo que el primo del Gobernador fue quien lo presentó.
“Yo como Diputado tengo vinculación con mucha gente –justificó entonces Sergio Moreno Valle, a propósito de las fotos con el ex Gobernador–. En muchos lugares y me he sacado muchas fotografías pero desgraciadamente no me pongo a investigar cuál es el giro o qué se dedica cada una de las personas. Yo no soy vinculante, ni coadyuvante en ese tema, en las relaciones interpersonales que pueden surgir entre ellos [Rafael Moreno Valle y el Cachetes]. No tengo nada que ver”.
Lozano sostuvo que “El Cachetes” de ninguna manera financió su campaña.
Pero el capo participó al menos en la camioneta de lujo que estuvo usando para sus giras en 2012 con placas del Distrito Federal, 836-UXW, y que hoy no aparecen en los registros públicos de vehículos.
En esta imagen se observa a “El Chachetes” junto al ex Gobernador extinto Rafael Moreno Valle. Foto: Especial.
La relación entre los ladrones de combustible y funcionarios del Gobierno de Moreno Valle,viejo amigo y financiador del hoy Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca se fue trasluciendo con el tiempo, como hoy ocurre con el mandatario norteño.
La madrugada del 14 de julio del 2015, fueron detenidos el entonces Director de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez Lozano, el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en un operativo que llevó a cabo Seguridad Física de Pemex y el Ejército. Ambos funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle fueron asegurados mientras protegían a la banda de “El Gasparín” y los apoyaban con el resguardo de 37 camionetas que se usaban para la ordeña de ductos de Pemex y el traslado del combustible.
El 28 de julio del 2015, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, entregó su renuncia al cargo luego de que se reveló que sus mandos policiales formaban parte de la cadena de robo de hidrocarburo.
Hasta el momento, Estrada y Méndez siguen un proceso penal por el delito de robo de hidrocarburo ante el Poder Judicial Federal de Puebla y no han podido comprobar su inocencia.
La vinculación de funcionarios estatales de Puebla con la actividad del robo de combustible ha coincidido con otro dato: durante el sexenio del ex Gobernador Moreno Valle, el número de tomas clandestinas de gasolina incrementó en un mil 800 por ciento.
De acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dados a conocer a través de la plataforma Gobierno Fácil, Mario Marín cerró su gobierno en 2010 con 108 ductos ilegales, mientras que al cierre del 2016 se reportaron 3 mil 52.
El total histórico de Pemex informa 3 mil 218 tomas clandestinas en 27 de los 217 municipios del estado durante los últimos 16 años.
El repunte del robo de hidrocarburo ocurrió a partir del año 2011 con Rafael Moreno Valle.
La plataforma Gobierno Fácil mantiene el conteo de cada toma clandestina registrada en los ductos de Pemex, lo que permite confirmar que el robo de hidrocarburo se asentó en el sexenio morenovallista:
Marín cerró en 2010 con solo 49 tomas clandestinas detectadas y de ahí en adelante, con Moreno Valle, las cifras se dispararon: en 2011 fueron 74 tomas; 2012, 110; para 2013, 210; y en 2014 se detectaron 2014.
Todo empeoró en los dos últimos años de su gobierno, para 2015 Pemex detectó un total de 815 tomas clandestinas en territorio poblano, y Moreno Valle cerró el 2016 con mil 533 tomas.
Manlio Fabio Beltrones, Jorge Estefan Chidiac y Alejandro Capdevielle durante un evento de negocios.REDES SOCIALES
