Sinaloenses de origen, los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández aún no han concentrado los reflectores de los medios a nivel nacional, pero sí los de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, cuyos investigadores les siguen, cada quien por su cuenta, las huellas desde hace años.
Los hermanos, de acuerdo con información y documentos oficiales, han incursionado en un área hasta ahora desconocida en México: la de encabezar un complejo consorcio de más de 100 empresas reales y empresas fantasma cuyo nicho de negocio último es proporcionar servicios de lavado de dinero de procedencia ilícita para personas u organizaciones que lo requieran.
Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa.
Uno, contador con maestría en Impuestos, y otro, mecánico naval, los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández son un par de sinaloenses que encabezan Grupo Arhe, un conglomerado de más de 100 empresas en actividades económicas tan diversas como casas de cambio, consultorías financieras y contables, hoteles, gasolineras, inmobiliarias, constructoras, arrendadoras de autos, seguridad privada y equipos profesionales de beisbol y basquetbol, entre muchas otras.
Decenas de esas empresas tienen varias características en común: mueven muchos millones de pesos, sus actividades financieras no tienen ninguna lógica, no se encuentran respaldadas por alguna actividad lícita y sólo existen en el papel, por lo que las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las investigan por realizar masivas operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita, es decir, por lavado de dinero.
No es la primera ocasión que las autoridades les siguen los pasos. De hecho, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la UIF congeló durante varios años las cuentas bancarias de los hermanos Arellano Hernández y de 81 de sus empresas por considerar que sus operaciones sólo servían para encubrir el blanqueo de capitales de actividades ilícitas.
Los reportes bancarios mostraban que lo hacían a un ritmo industrial: en seis años ingresaron al sistema financiero nacional al menos mil 700 millones de pesos sin que se tuviera certeza del origen y destino de los mismos.
A la magnitud de la cifra se suma un hecho: más de la mitad de las operaciones se realizaron en efectivo, es decir, cientos de millones de pesos se depositaron y se retiraron en billetes.
Sin embargo, el bloqueo no se mantuvo: el 11 de junio de 2018, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales que sacarían al PRI del poder, hubo noticias en sentido contrario.
Ese día, el entonces titular de la UIF, que había llegado al cargo apenas medio año antes, ordenó descongelar las cuentas de los hermanos Arellano Hernández, al mismo tiempo que hacía lo propio con las cuentas de personas y empresas ligadas a los líderes sinaloenses del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Juan José El Azul Esparragoza.
Para entonces, los hermanos ya habían mostrado un frenesí en la multiplicación de empresas, actividad que ni siquiera durante el congelamiento de sus fondos disminuyó.
Una investigación realizada por este equipo de reporteros en los registros públicos de la propiedad del país logró documentar además que el grupo ha seguido creando hasta la fecha decenas de razones sociales, de las cuales una amplia proporción presenta las características de ser empresas fachada, usadas para realizar múltiples triangulaciones financieras y enmascarar así el origen, propiedad y destino final de los recursos.
Los investigadores de la agencia de inteligencia financiera del Estado mexicano no son las únicas autoridades que los siguen de cerca. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera que el par de empresarios sinaloenses ha diseñado un complejo esquema en el que decenas de empresas fachada han funcionado como factureras.
Por ello, se encuentran en proceso de armar una denuncia por defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada. Parten de un hecho: el SAT ha boletinado a 23 empresas del Grupo Arhe por considerar que son empresas factureras, es decir, que expiden comprobantes fiscales de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.
No será su primer encontronazo legal. En el pasado el SAT ya les ha embargado terrenos y 10 marcas comerciales para tratar de recuperar adeudos fiscales por más de 220 millones de pesos.
La UIF y el SAT están convencidos de que el Grupo Arhe estructuró una compleja red que provee servicios de lavado de dinero para grupos que manejan recursos de procedencia ilícita.
Esta investigación de Ríodoce y Quinto Elemento Lab es un asomo inédito a una de las áreas más desconocidas del país: la manera en que un grupo empresarial estructuró un complejo entramado de firmas fachada, mezcladas con empresas que sí operan, para proporcionar servicios de lavado de miles de millones de pesos en el sistema financiero mexicano a personas u organizaciones que requieran de ello.
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Las inusuales transacciones financieras ejecutadas por la empresa Administradora Financiera Integral SC encendieron las alarmas de los investigadores de la UIF a principios de 2015.
No era para menos: los propietarios de esa empresa, que resultaron ser los hermanos Arellano Hernández, habían logrado introducir en el sistema financiero mexicano 888 millones de pesos, sin que fuese claro el origen de esos recursos y sin que hubiese una razón para que más de 500 millones de pesos fueran depósitos hechos en efectivo.
Los investigadores de la UIF se enfocaron en rastrear las huellas financieras de siete personas y una sola empresa (Administradora Financiera Integral SC), pero al paso de unos meses conectaron a esta firma con una red de 35 personas y 81 empresas vinculadas entre sí.
Con los hallazgos elaboraron un robusto informe de más de 500 páginas que descifra la estrategia armada para ingresar cantidades millonarias al sistema bancario, esconder su origen, dispersarlo y ocultar su destino final.
Las tareas de investigación financiera forense dictaminaron que esas sociedades eran parte de un sofisticado entramado empresarial “relacionado con el lavado de activos”, para lo cual empleaban “empresas fachadas o pantalla”, directamente “vinculado con organizaciones criminales”.
Por esas y otras múltiples razones incluidas en el reporte, Alberto Bazbaz Sacal, entonces titular de UIF, firmó el 29 de junio de 2016 el Acuerdo 72/2016, mediante el cual se bloquearon las cuentas bancarias de 116 personas físicas y morales relacionadas con los negocios de los hermanos Arellano Hernández, incluidas las de éstos.
Con su firma, Bazbaz Sacal ordenó también presentar denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por considerar que las operaciones detalladas en las 527 páginas constituían una evidencia de que los recursos empleados eran de procedencia ilícita, según se hace constar en el acuerdo, una copia completa del cual obtuvieron Ríodoce y Quinto Elemento Lab.
De la denuncia, presentada ante la Procuraduría General de la República, en ese entonces a cargo de Arely Gómez, no se supo nunca más.
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Grupo Arhe es la marca que Juan José Arellano convirtió en un imperio de la nada, cuando apenas rebasaba los treinta años. En los cimientos tejió un conglomerado de más de 100 empresas, unas de papel y otras con operaciones reales, que se fueron desprendiendo de un pequeño despacho de nombre rimbombante: UPC Universal Proteccion of Capital.
Aun antes de ser Grupo Arhe, arrasaban con todo lo que encontraban en el camino: una pizzería, un taller mecánico y otro textil, una tienda de artículos deportivos, hasta un colegio de educación básica.
Y, repentinamente, subieron de nivel: constructoras con renta de maquinaria, procesadoras de concreto, una empresa regional de paquetería y mensajería o fraccionamientos.
Hoy están por todos lados. Lo mismo con un portal de noticias que con una planta de atún, una academia de beisbol infantil, una red de gasolineras con tiendas de autoservicio.
Llegados a un punto, pasaron a compras de mayor visibilidad: Álamo, la franquicia de arrendamiento de autos; hoteles (The Inn at Mazatlán, entre ellos) y un par de equipos de beisbol profesional: Leones y Vaqueros, de extremo a extremo del país, de Torreón a Mérida.
Las pequeñas empresas que ya existían, a las que se sumaban las que iban constituyendo, permitían hacer intensas actividades en el papel: la compra de acciones entre sí, inclusión y exclusión de socios, fusiones y separaciones entre ellas, cambios de nombre, y entregas de terrenos como garantía, y, por supuesto, la apertura de centenares de cuentas bancarias.
De ellas ingresaron y sacaron del sistema financiero más de mil 723 millones de pesos, la mitad en efectivo y en solo seis años.
Al seguir su estrategia de negocios y la ruta de sus empresas, es posible distinguir etapas en su “modelo de negocios”: de despacho de contadores a fiscalistas, de asesores financieros a empresarios, de socios a dueños.
Igual ocurre con la huella del dinero, que la UIF describe con frases de manual: incompatibilidad en las actividades económicas e incongruencia en los volúmenes de dinero de acuerdo con el tamaño del negocio, triangulación de recursos sin justificación alguna ni lógica financiera, incluso sin una fuente lícita de financiación.
Aparecen marcas, socios, propiedades y, a la vuelta de unos meses, se difuminan, como si ellos nunca hubiesen sido participantes ni socios de las empresas. No quedan ni los recuerdos.
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Durante los ocho meses previos a que se firmara el acuerdo de bloqueo de personas físicas y morales vinculadas al Grupo Arhe, los especialista de la UIF escarbaron en el pasado de los hermanos, husmearon en sus estados de cuenta bancarios y declaraciones de impuestos, revisaron sus entradas y salidas del país, los aviones en que se trasladaron, los salarios que recibieron; hicieron una revisión profunda de los antecedentes financieros y fiscales de las empresas y de los múltiples socios, apoderados y representantes que éstas compartían.
Al final del proceso, analizaron y ataron cabos para llegar a la conclusión de que entre mayo de 2010 y abril de 2016 las empresas del Grupo Arhe habían introducido al sistema financiero unos mil 723 millones de pesos, de cuyo origen y destino reales no se tiene certeza alguna.
La UIF no buscó a los hermanos Arellano Hernández. Ellos llegaron por su cuenta cuando solicitaron amparos judiciales para defenderse de un acuerdo de bloqueo de cuentas en el cual ni siquiera eran mencionados, pero sí una de sus empresas y varios de sus representantes legales.
Los investigadores de la UIF conectaron entonces a un grupo con otro. En la primera investigación, que revisaba el movimiento de 888 millones de pesos, el eje principal era Administradora Financiera Integral SC; en la segunda, que escudriñaba el movimiento de otros 835 millones de pesos, el Grupo Arhe estaba en el centro.
Encontraron el mismo modus operandi en ambas ocasiones: coincidencia en domicilios y en socios, triangulación de recursos sin justificación alguna, operaciones sin lógica financiera y sin que se pudiera apreciar una fuente legal de financiamiento.
Y, entonces, para tratar de encontrar respuestas al galimatías de Grupo Arhe, recorrieron el camino inverso: destejieron la telaraña de operaciones financieras y los mecanismos para introducir grandes volúmenes de dinero, dispersarlo y triangularlo; y desenredaron los mecanismos de creación de empresas, adquisición de compañías, así como los cambios de accionistas, de operadores y de razón social.
Las primeras páginas del acuerdo que ordena congelar las cuentas bancarias da cuenta de los hallazgos de los investigadores en torno a Administradora Financiera Integral y 81 empresas más, cuyos socios son directa o indirectamente los hermanos Arellano.
El equipo de la UIF analizó cientos de movimientos de las cuentas bancarias abiertas en al menos cinco instituciones financieras y destacó las siguientes prácticas, según el expediente en poder de Ríodoce y Quinto Elemento Lab:
1) Triangulación injustificada de recursos
Las decenas de empresas y personas físicas realizan una intensa “triangulación de recursos sin justificación alguna, ya que no se identifica cuál es la relación comercial o de negocios entre las entidades proveedoras y receptoras de los recursos, además de que los movimientos financieros se realizan sin lógica aparente y se advierten erráticos”.
2) Enjambre de accionistas, representantes legales y domicilios
La investigación reveló una coincidencia entre accionistas, representantes legales, apoderados, cotitulares, firmantes y domicilios entre decenas de empresas que “triangulan recursos sin relación comercial o de negocios aparente, rasgos que evidencian la irregular actuación de las sociedades”.
A eso sumaron un elemento adicional: los registros en los bancos muestran la coincidencia de domicilios, teléfonos y personas autorizadas para hacer movimientos y disponer de los recursos de las cuentas.
Por ejemplo, en un solo domicilio se registraron al menos 13 empresas, “cuyos giros económicos van de construcción de inmuebles, proyectos de construcción; alquiler de terrenos, locales y edificios no residenciales; servicios de contaduría y auditoría, incluso tenencia de libros; actividades de clubes deportivos; y compraventa de autos y camiones nuevos”.
Sólo existe un detalle, concluye el expediente: “El inmueble no cuenta con señalización ni infraestructura que permita inferir el establecimiento de un número importante de empresas que desarrollen su objeto social en ese lugar”.
3) Movimiento de cientos de millones de pesos en efectivo
Los funcionarios de la UIF detectaron que las cuentas investigadas recibieron numerosos depósitos en efectivo que totalizaron cientos de millones de pesos y que “se recibieron en diversos estados de la república, en forma fraccionada y fueron retirados de forma inmediata, dirigiéndose a otras cuentas de la misma persona moral o a otras cuentas de diversas empresas”.
4) Cuentas y dinero golondrino
La investigación encontró también una “falta de permanencia” de los recursos en las cuentas, “ya que la mayoría de las operaciones por concepto de retiro se llevan a cabo el mismo día en que se captan los recursos”.
Pero no sólo eso, sino que hallaron algo más: “Los contratos financieros son en su mayoría de reciente apertura; sin embargo, en un breve periodo se captan y se retiran copiosas cantidades de recursos”.
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En esta historia hay muchos números. Demasiados. Progresivamente, se convierten en cifras de siete, ocho y hasta nueve dígitos. Millones, decenas de millones, centenas de millones de pesos.
Estos números no son una abstracción matemática ni sólo registros contables. Son recursos y dinero constante: mil 723 millones de pesos que las empresas del Grupo Arhe ingresaron al sistema financiero mexicano y durante meses no pararon de moverse y fluir en la red de empresas del grupo.
De tan intrincados que son los nexos, los movimientos financieros son difíciles de seguir y de conectar: un día llega un depósito a una cuenta bancaria de una sociedad anónima. De ahí, salta a otra cuenta de la misma empresa; luego, se transfiere total o parcialmente a otra cuenta de otra empresa relacionada, misma que algunas veces incluso regresa el dinero a la cuenta de donde partió días o semanas atrás.
La revisión de los expedientes exhibe movimientos caóticos, sin sentido. Pero en su interior hay una lógica clara, según los hallazgos de los investigadores de la UIF: confundir y ocultar las rutas del dinero.
Apenas una muestra de todos los esquemas de triangulación, los movimientos financieros de la empresa CLC Integradora Financiera SA de CV dan una idea de lo que se está hablando.
Constituida en los primeros días de septiembre de 2014, los hermanos Arellano Hernández colocaron como accionistas a media docena de otras de sus empresas: Insurance CL Capital SC, Administradora Financiera Integral, CL Capital Centro Cambiario, Empresa y Capital SAPI de CV, UPC & Financial SC, Caja Noroeste y Crédito y Logística de Capital SA.
Como administrador único aparece Erik Ernesto y como apoderado legal Juan José.
En menos de un año abrieron 52 cuentas bancarias, en las cuales los hermanos, sus esposas, o alguno de los integrantes del primer círculo de socios, aparecen como apoderados.
A las cuentas de CLC Integradora Financiera SA de CV llegó, rebotó y se movió casi una cuarta parte del total de dinero detectado por la UIF como operaciones irregulares.
Los especialistas analizaron tres cortos periodos para tratar de entender el galimatías financiero:
A) Del 1 de julio al 18 de octubre de 2015
CLC Integradora Financiera SA de CV recibió 38 depósitos y transferencias electrónicas por 237 millones 600 mil pesos en números redondos, a un ritmo promedio de 2.1 millones de pesos por día hábil.
Pero los recursos no tuvieron permanencia en la cuenta. El dinero salió como entró. En el mismo lapso, CLC Integradora Financiera realizó 88 traspasos por 238 millones de pesos, casi todos a empresas propiedad de los hermanos sinaloenses.
B) Del 17 al 26 de agosto de 2015
CLC Integradora Financiera recibió $55 millones provenientes de Empresa y Capital SC, que a su vez recibió $35 millones de Administradora de Negocios Tres Islas y $20 millones de Impulsora de Transportes Mexicanos. En estos pocos días, transfirió los $55 millones a Sibra Arhe y otros $13.5 millones a Administradora Tres Islas. Todas empresas del mismo grupo.
C) Del 25 de enero al 17 de marzo de 2016
CLC Integradora Financiera recibió aproximadamente $130 millones, provenientes de Empresa y Capital SC, de Tecnología en Construcción de Las Lagunas, de Jaime Rosas Pacheco (director de Paquete Express, otra empresa del grupo); y del empresario Martín Benito Pacheco Ibarra.
En menos de dos meses, el dinero salió rápidamente. Se transfirieron $22 millones a Distribuidora de Inmuebles La Palma, que a su vez los remitió íntegros a Alce A&RH SAPI; otros $53 millones a Administradora de Negocios Tres Islas (a su vez transfirió $40 millones a Empresa y Capital SC); y $15 millones más a Juan José Arellano Hernández
La revisión exhaustiva de cada operación bancaria, de cada cheque expedido, de cada transferencia electrónica, de cada depósito recibido, permitió a las autoridades reconstruir en buena medida los mapas en los que es posible seguir la ruta del dinero.
Lo que encontraron al examinar las transacciones de cada una de las 81 empresas revisadas, como CLC Integradora Financiera, fue una constante en la mayoría de los casos: los recursos no permanecían en las cuentas, la mitad de los depósitos se hacía en efectivo, las transferencias se hacían invariablemente a otra empresa del mismo Grupo Arhe, o a la cuenta en otro banco de la misma empresa.
Los hallazgos, con todo, son incompletos: sólo corresponden en conjunto a 30 meses de transacciones (noviembre de 2013-abril de 2016). En todos los casos se seleccionaron periodos de cinco a ocho meses en cada cuenta. No más.
Aun así, les fue difícil seguir los movimientos de dinero, que iban y venían, como si se tratara de un choque de bolas de billar, “sin justificación alguna”, “sin una lógica aparente”, “erráticos”.
El corte de caja de la investigación de la UIF es contundente: las operaciones del Grupo Arhe “no tienen una fuente lícita de financiación y no representan operaciones ordinarias del comercio y los negocios”.
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Las organizaciones internacionales en materia de lavado de dinero, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han convenido en emplear un lenguaje estandarizado para saber exactamente de qué están hablando.
Hablan, por ejemplo, de “tipologías”, que, en palabras sencillas, son la clasificación y descripción de “técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales”.
Una “tipología”, dicen, permite identificar las “señales de alerta”, es decir, los actos, operaciones, comportamientos o técnicas que “permiten detectar la posible presencia de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”.
Cada dos años, los países miembros de GAFI y GAFI Latinoamérica presentan tipologías y señales de alerta, que luego se publican en reportes específicos. Estas son algunas de las que México y otros países aportaron en 2016:
- Depósitos en efectivo en la cuenta de un mismo cliente, efectuados por personas sin vínculo ni relación comercial aparente con él.
- Apertura de múltiples cuentas bancarias que les permita realizar transacciones complejas entre ellas.
- El domicilio declarado por diversas empresas dentro del mismo esquema a las instituciones financieras resulta ser el mismo.
- Poca permanencia de los recursos en las cuentas receptoras de las transferencias.
- Empresas de reciente creación que realizan operaciones por montos elevados en un corto periodo.
- Empresas con giros diversos que tienen a los mismos representantes legales y/o accionistas en común y/o el mismo domicilio fiscal.
- Transferencia de recursos entre empresas del mismo grupo sin justificación aparente.
- Personas que reciben recursos de otra persona física o moral en Lista de Personas Bloqueadas.
- Recursos recibidos en efectivo, por lo que se desconoce su procedencia.
- Recepción de recursos de múltiples zonas geográficas.
- Transacciones con empresas con las que no se tiene relación comercial.
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Sin antecedente empresarial alguno, a los hermanos Arellano Hernández sólo les tomó 12 años construir prácticamente de la nada un consorcio mayoritariamente de papel conformado por una centena de sociedades mercantiles creadas por ellos, su madre, las esposas de ambos y un círculo muy cercano de socios o prestanombres, como lo hacen notar las autoridades.
Arrancaron con un pequeño despacho de consultoría fiscal y contable. Desde un principio eligieron Mazatlán como su principal centro de negocios, en un edificio localizado en Sierra Rumorosa 321, Lomas de Mazatlán, en el que a lo largo de los años registraron el domicilio fiscal de unas 50 sociedades mercantiles de todo tipo, señal que las autoridades financieras han identificado como indicio de que sólo son empresas fachada.
Pero no se limitaron al puerto, se extendieron a ciudades como Tijuana, Mérida y Torreón. Y también al extranjero.
Registraron empresas de servicios, transmisión de dinero, servicios de consultoría y sociedades gestoras en San Diego, California; Carson City, Nevada, y en Panamá, tres ciudades conocidas por su flexibilidad para la creación de empresas off shore y el lavado de dinero, según una revisión hecha por los reporteros en los registros de esos países.
En 2003 había pocos indicios de que se armaría un grupo empresarial tan complejo cuando Juan José, egresado de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa, abrió el despacho contable junto a dos colegas que cursaron con él la Maestría en Impuestos en esa institución: Fred Burgueño y José Luis Ureña Lizárraga.
El 11 de noviembre de 2003, tres días después de que Juan José cumpliera 25 años, arrancaron la empresa en una oficina rentada: UPC, por Universal Proteccion of Capital.
Esta sería la primera sociedad mercantil en la que Juan José participaría como accionista, según los datos localizados por este equipo de periodistas en la Secretaría de Economía. Al paso de una década, llegaría a encabezar los consejos de administración de más de 100 empresas.
En los siguientes tres años, se les sumaron Jorge Luis Aguiar Acosta, Omar Vidaña Peraza y Rebeca Tirado García, quien años más tarde se convertiría en la segunda esposa de Juan José; entre todos crearon 22 sociedades mercantiles, dos de ellas en San Diego, California, y tres en Tijuana, Baja California.
La mayoría son despachos contables y servicios de asesoría fiscal. En ese periodo también nació la constructora Corporativo de Servicios en Construcción SC de RL de CV, conocida comercialmente como Coseco.
Luego llegó otro periodo, entre 2009 y 2011, en el que constituyeron otras 16 empresas, aunque los giros comenzaron a diversificarse; se enfocaron en el sector inmobiliario, comercio y de la construcción.
Ya sumaban 38 empresas creadas, de cuyas actividades reales no había mucho registro, pero cuyos accionistas eran ellos mismos.
Con el tiempo, armaron una estrategia distinta y aparecieron dos nuevos personajes: José Guadalupe Patrón Millán y Roberto Osuna Rubio, cuya participación fue clave en el nuevo esquema: ambos se encargaron de crear las nuevas sociedades, para después ceder las acciones a Juan José y a otras de las empresas del grupo.
Con ese modelo, Patrón Millán y Osuna Rubio constituyeron al menos 19 sociedades mercantiles, según los registros localizados en el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía.
Al llegar 2012 el imperio de los Arellano Hernández se catapultó. Y aunque en el país y en Sinaloa se vivían tiempos convulsos por la violencia derivada de la disputa de las rutas del tráfico de drogas, resultó un año muy productivo para el grupo.
Sólo ese año crearon otras 16 sociedades en los ramos inmobiliario, gasolinero, de construcción y de asesoría contable. Los hermanos cobraron notoriedad en ese entonces en Mazatlán, la ciudad que los había visto crecer en el seno de una familia de clase media, cursando sus estudios en preparatorias y universidades públicas.
En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto los Arellano Hernández abrieron tres estaciones gasolineras con la marca Grupo Hit. Además, su constructora Coseco obtuvo por primera vez contratos de obra pública con el gobierno municipal de Mazatlán, que presidía uno de sus amigos cercanos, el panista Alejandro Higuera Osuna.
La conformación de sociedades mercantiles continuó de forma ascendente los siguientes tres años.
Entre 2013 y 2016, el grupo registró 38 nuevas razones sociales. En este periodo se crearon las empresas que operan la arrendadora de autos Alamo, los dos hoteles Inn At Mazatlán, los equipos de beisbol Vaqueros de Torreón y Leones de Yucatán; el equipo de basquetbol Náuticos de Mazatlán y tres torres de condominios, entre ellas la Torre EME, a cuya inauguración acudió Margarita Zavala, en la época en que buscaba la candidatura presidencial del PAN.
A lo largo de una década, el notario público Juan Manuel Magallón Osuna acompañó el crecimiento empresarial de los Arellano Hernández y dio fe del surgimiento de al menos 50 empresas.
Los Arellano Hernández desarrollaron un patrón de movimientos accionarios particular. Crearon una centena de empresas con nombres similares que cambiaban sólo por una palabra o una letra. Los accionistas entraban y salían, cedían acciones a otras empresas y luego a los familiares más cercanos.
A partir de 2014, el círculo de socios se comenzó a cerrar hasta reducirse al núcleo familiar más cerrado: los hermanos Erick y Juan José, sus esposas Rebeca y Adriana, y la madre de ambos: María Hernández Ramos.
A ellos se les suma un reducido número de “socios”, apoderados o representantes que aparecen en los registros de los bancos: Oliver Tirado Sánchez (funcionario del Grupo Arhe), José Guadalupe Patrón Millán (tío político), José Luis Sánchez Osuna y José Fernando Ramos Mendívil (director de finanzas de Grupo Arhe).
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Los orígenes de Juan José y Erik Ernesto se hallan en un pequeño pueblo de la sierra sinaloense: Mesillas, en el municipio de Concordia.
Los Arellano y los Hernández nacieron donde abundan las fábricas de muebles, de ahí el nombre del pueblo. En la zona habita tanta gente de piel blanca que llaman la atención en medio de una tierra de morenos. De hecho, a cualquier rubio de la zona le dicen Güero de Mesillas, aunque no sea de ese lugar.
La tierra natal no tenía nada para los padres de los Arellano Hernández, por lo que decidieron emigrar.
Seguían la ruta del trabajo, empleándose en lo que podían, buscando oportunidades. El primogénito Juan José pasó sus primeros años de vida por aquí y por allá, siempre al norte. Después de un tiempo de vivir en Tijuana, Baja California, la familia regresó a la ciudad más cercana a la de donde partieron.
El retorno ocurrió 42 días antes de que naciera Erick Ernesto, el menor de la familia, en 1983. Así de específico es Juan José cuando narra su pertenencia a Mazatlán.
Ya no se moverían del puerto. En él crecieron, estudiaron, batallaron, se relacionaron y se extendieron.
Los años pasaron y llegó el 2002: Juan José era un empleado contable en una planta congeladora de Mazatlán. Trabajaba a la par para mantener sus estudios. Con muchas dificultades concluyó su carrera de Contador Público en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Viajaba en un bochito, uno de los clásicos de la Volkswagen que hoy ya no se fabrican, el mismo auto que se transforma en las famosas pulmonías mazatlecas, el sistema de transporte público sin puertas ni ventanas. El VW de Juan José ya no tenía piso por el desgaste y la corrosión y, de hecho, salpicaba su interior en cada charco.
Bajito, en ese entonces de complexión robusta, el mayor de los Arellano era un estudiante destacado, de gran agilidad con los números.
Comparada con sus apariciones públicas recientes, una foto de 2008 haría pensar que se trata de otra persona: ahora luce una barba completa y perfectamente delineada, perdió mucho peso y se esmera en vestir prendas y accesorios de marca.
Erick Ernesto Arellano Hernández, el menor, y gracias al apoyo de su hermano, concluyó la carrera de Mecánico Naval en la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, una institución superior con casi 150 años en la formación de profesionales del mar.
Erick se ha convertido en el brazo derecho de Juan José. Es el director general del Grupo Arhe. Además, por lo general, es la cara visible del consorcio en actividades públicas. A él le toca hablar de responsabilidad social ante los padres de familia cuyos hijos acuden a la escuela de beisbol, o recibir a los candidatos de todos los partidos a puestos de elección que acuden a sus empresas.
Candidato suplente a una diputación federal por el PAN hace ya muchos años, Erick atiende a la prensa deportiva y cabildea con autoridades y líderes empresariales. Cuando su hermano, en su calidad de presidente del grupo, aparece, él da unos pasos hacia a un lado. Es el número dos.
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Sonríe y abraza, en ese orden. Apenas baja de la camioneta, Juan José Arellano Hernández es todo sonrisas, saludos y abrazos. Un centenar de invitados esperan en un baldío en plena Zona Dorada de Mazatlán. Muy pronto se levantarán aquí un par de torres enormes, dos hoteles del Grupo Posadas, sus nuevos socios.
Recorre el pasillo alfombrado, estrecha manos. Sonríe, se desborda, algo extraño en un hombre que casi siempre aparece sin expresión en videos y fotografías.
No hay manteles largos, pero se aprecian camisas de manga larga, que en Sinaloa es un signo de solemnidad. Estos días de febrero de 2019 aún conservan algo de viento fresco.
Un ayudante de Quirino Ordaz Coppel, el gobernador de Sinaloa, se acerca al empresario y le avisa al oído que éste se encuentra por aterrizar en el helipuerto del Hotel El Cid, uno de los complejos turísticos más grandes y de mayor tradición en Mazatlán. Se halla justo enfrente, cruzando el malecón.
Los meseros, con el logo del Hotel Inn at Mazatlán –otra de las recientes propiedades de los Arellano– en el corazón, reparten limonada con hojas de menta y mucho hielo, un acompañante de la brisa del Pacífico.
El presidente del Grupo Arhe aprovecha para informar a los periodistas presentes que los ha invitado a atestigüar la ceremonia de colocación de la primera piedra de una nueva inversión de su grupo empresarial: destinarán 650 millones de pesos para construir los hoteles Fiesta Inn y The One, marcas del Grupo Posadas, una de las cadenas más grandes del país, que estará a cargo de su operación.
“Es momento de que salgamos a esta aventura”, dice Juan José Arellano y comparte con los asistentes lo que piensa: “El escenario es el idóneo. Nuestra posición como empresarios es invertir, es correr ese riesgo”. Se trata, sintetiza en su discurso, de “apostarle a la ciudad”.
Lo acompañan en el arranque de esta “aventura” varios empresarios sinaloenses con peso nacional, que solían comentar con desconfianza y recelo sobre los jóvenes Arellano, de quienes apenas si se hablaba vagamente hace algunos años.
Quirino Ordaz, miembro de la vieja prosapia de hoteleros de Mazatlán, cobija y acompaña el crecimiento económico de los hermanos Arellano.
No es la primera apuesta que hacen en el sector turístico. Catorce meses antes de esta ceremonia, Juan José, su hermano Erick Ernesto, la madre, María Hernández, y las esposas de ambos, habían experimentado la satisfacción de ser aceptados oficialmente por la hermética clase empresarial mazatleca.
La noche del 27 de diciembre de 2017 habían inaugurado el Hotel Inn at Mazatlán Centro Histórico, con una inversión 10 veces menor a la anunciada en febrero de 2019, pero altamente significativa porque rescataban un inmueble construido a finales de los años 60 por el arquitecto Quirino Ordaz Luna, padre del actual gobernador.
Aquella noche Juan José repasó con inquietud las palabras que leería en la ceremonia para develar la placa, a la que también acudió el actual gobernador sinaloense.
No había sido fácil. Desde que su pequeño despacho contable inició operaciones había tratado, sin conseguirlo del todo, de hacerse espacio en la celosa élite social, política y económica del puerto de Sinaloa.
Muchos años costó conseguirlo. Quirino Ordaz se deshizo en elogios con ellos. Y ahí están las fotos y el video del gobierno de Sinaloa para que conste.
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Cuatro anotaciones de expertos sobre la industria turística y hotelera como actividades económicas vulnerables al lavado de recursos de procedencia ilícita.
1.- El GAFI, el organismo internacional que desarrolla políticas para proteger al sistema financiero global contra el lavado de activos, destaca en el punto 48 del Informe de Evaluación de México en Materia de Medidas Antilavado 2018:
“El lavado de dinero es una actividad esencial para los grupos de delincuencia organizada en México, que dependen del contrabando de efectivo en grandes cantidades en ambas direcciones de la frontera EU-México, de las transferencias bancarias y electrónicas tradicionales y de las maniobras de lavado de activos basadas en el comercio.
“Los grupos de delincuencia organizada acumulan bienes de todo tipo en México y en el exterior, comenzando con dinero y moneda extranjera, vehículos, armas y joyas, seguido por propiedades urbanas y rurales utilizadas como refugios; invierten en negocios lícitos, incluso a través de la creación de sociedades pantalla y mediante el uso de montos considerables de efectivo en sectores económicos tales como sociedades comerciales, restaurantes, hoteles, clubes nocturnos y sociedades de construcción y transporte, entre otros”. (Los resaltados son del editor).
2.- Agustín Nicolás Morello, abogado penalista y subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación de Argentina, advierte en el estudio “Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros”:
“Sus bondades (del turismo) provienen de su contribución al PIB, la creación de empleo, la recaudación fiscal y la generación de divisas. Sin embargo, el desarrollo de la actividad turística la coloca frente al desafío de preservarse de la delincuencia organizada a través de la incorporación de fondos de origen delictivo a la economía formal. El turismo es una actividad económica relevante pero particularmente vulnerable al lavado”.
3.- Jorge García Villalobos, director de Servicios de Auditoría y Negocios de la consultora Deloitte, declaró en Cancún:
"Hemos detectado que en México el turismo puede ser una de las fuentes más importantes del lavado de dinero. El sector turismo registra flujos de lavado de dinero por unos mil millones de dólares al año ".
4.- Palabras de Alicia B. López, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, frente a una comisión bicameral del Congreso de ese país:
“La hotelería es la actividad por excelencia para lavar dinero. Esto tiene una razón de ser: es difícil de comprobar. Si vamos a un hotel y digo que está lleno, no hay cómo saberlo”.
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Los hermanos Arellano Hernández no son unos desconocidos para el SAT. En los últimos cinco años, el SAT ha boletinado a 23 empresas del Grupo ARHE por emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, o bien porque los contribuyentes no fueron localizados.
Derivado de estos incumplimientos, el SAT ha determinado al menos 20 créditos fiscales exigibles contra el mismo número de empresas, entre las que se encuentran UPC Corporate SC, Sibra Arhe S de R L de CV y Arrendadora de Inmuebles Arellano.
En dos casos, los abogados de las empresas interpusieron amparos y lograron desvirtuar la acusación.
Ya desde 2013, el SAT ejecutó acciones legales contra el grupo: ese año embargó tres parcelas de 2 mil 725 hectáreas del ejido El Costeño, en Ensenada, Baja California.
El embargo obedecía a dos créditos fiscales de Arrendadora de Inmuebles Arellano por casi 230 millones de pesos. Sin embargo, al año siguiente, el gravamen fue cancelado.
Años más tarde, los líos fiscales de otra de sus empresas, derivaron en el embargo por la vía administrativa de 10 marcas registradas, entregadas por la empresa Operadora de Servicios Inn At Mazatlán en garantía de un adeudo fiscal de 127 millones 806 mil pesos.
De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual consultados por los autores, en 2018 el SAT embargó las marcas Inn at Mazatlán, The Inn At Mazatlán, Papagayo Ocean Front Restaurante & Bar, The Inn At Mazatlán Paradise Spa, todas relacionadas con sus hoteles en el puerto sinaloense.
También se embargaron las obras autorales www.innatmazatlan.com.mx, los logos de Papagayo, The Inn at Mazatlán y Paradise Spa y el manual de bienvenida de The Inn at Mazatlan.
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Las conclusiones del expediente de la UIF, a partir de las cuales se congelaron las cuentas de las personas y empresas ligadas a los hermanos Arellano Hernández, son contundentes.
A) Sobre el esquema empleado para mover vastos depósitos en efectivo, “para luego retirarlos y transferirlos a otras cuentas de la propia empresa o de otras sociedades”: evidencian un complejo mecanismo de triangulación, muy probablemente desplegado para pretender desvincular los recursos de su fuente original.
B) Sobre el entramado de razones sociales: “Nos encontramos en presencia de un grupo de empresas fachada o pantalla, esto es sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que generalmente sólo existen en papel”.
C) Sobre el propósito real de las empresas: “Despliegan una operatividad a través de la cual incorporan recursos económicos al sistema financiero nacional, mediante la multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados tienen una procedencia ilícita y se efectúan con el objetivo de ocultar su origen y destino final”.
D) Sobre el origen de los recursos: “Concluimos que se realizaron operaciones dentro del sistema financiero por montos elevados de dinero tanto en efectivo como a través de transferencias electrónicas, los cuales posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar el origen, localización, destino o propiedad de los mismos”.
E) Sobre lo que significan estos mecanismos y transacciones: “Se está en presencia muy probablemente de una operación que se relacione con el lavado de activos”.
En seis palabras: lavado de dinero de procedencia ilícita.
fuente.-Semanario ZetaTijuana/
