El esquema era el siguiente: un productor dueño de una empresa era llamado por el gobierno y se le invitaba a producir spots, ya sea para la Secretaría de Marina, el IMSS o cualquier entidad gubernamental. El costo de la campaña realmente era de 500 mil pesos, pero se cotizaba en cuatro o seis veces más, dos o tres millones de pesos. Al final se incluía no sólo la realización de spots, sino la creación de una serie para elevar el costo artificialmente a ocho millones de pesos.
En el caso de las producciones adquiridas, a algunos productores se les pedía un 40% de sobreprecio a su producción que, al final, presuntamente, paraba en los bolsillos de funcionarios.
Esto es lo que descubrió el equipo que encabeza Jenaro Villamil en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano (SPR) y por eso, el ahora director de este organismo que pretende convertirlo en el eje de la plataforma del sistema público de medios, solicitó la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigue las contrataciones posiblemente fraudulentas efectuadas en la gestión de Armando Antonio Carrillo Lavat.
La suma: mil 579 millones de pesos están bajo investigación, porque de acuerdo con la información obtenida por ejecentral, entre 2016 y 2018 se otorgaron por adjudicación directa 465 contratos de “servicios relacionados con la producción”, que se emplearon para la elaboración de campañas publicitarias y producciones.
Para que este ejercicio estuviera protegido por la ley, la contratación se realizaba al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, para exceptuar la licitación pública, y en el que en realidad se contrataba en un 100% a productores privados y no el 49% al que obliga la norma.
La producción de programas era una simulación para pagar el negocio de las campañas subcontratadas con privados: Jenaro Villamil
“Era un ejercicio de simulación. Entonces la producción de la serie que traían evidentemente no tenía ningún valor televisivo, no era para realmente transmitirla en pantalla, era pagar el negocio de las campañas subcontratadas con privados. Se inflaba el costo de las campañas para que entonces hubiera un beneficio del privado y del funcionario”, denunció Jenaro Villamil en entrevista con este periódico.
Ni están ni se transmitieron
De acuerdo con el desglose de cifras, que muestran la dimensión del posible fraude, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, en 2018, el SPR erogó 396 millones 102 mil 62 pesos en 87 contratos de “servicios relacionados con la producción”, de los cuales casi la mitad, 143 millones 21 mil 523 pesos se destinaron a campañas y 252 millones 900 mil 539 en 10 producciones.
Un año antes, en 2017, el Sistema gastó 600 millones 340 mil 510 pesos en un total de 153 contratos, que se dividieron de la siguiente forma: 314 millones 974 mil 583 se destinaron a spots, y 285 millones 365 mil 927 pesos a 17 producciones. Y en 2016 se reportaron en convenios 583 millones 66 mil 574 pesos, en los que más de la mitad, 281 millones 924 mil 376, se gastaron en campañas y 301 millones 142 mil 198 pesos en 11 producciones.
Los documentos y reportes que encontró la nueva administración muestran que algunas de estas producciones y campañas ni siquiera se transmitieron. En algunos casos no existe en archivos por qué se pagó, qué contenían los trabajos ni cuándo fueron difundidos.
La Función Pública entregó el 14 de marzo una primera auditoría del Sistema bajo el número 1/2019. Revisó la gestión de 2018 de la Coordinación Administrativa/División de Recursos Material y Servicios Generales, documento que ejecentral obtuvo vía transparencia. En sus observaciones la dependencia alerta, por ejemplo, de la deficiente preservación y respaldo del material audiovisual del SPR.
“El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, no cuenta con un respaldo del material audiovisual”, se lee en el documento en poder de este periódico.
›Los resultados de esta revisión hicieron necesario una nueva auditoría, más profunda y de toda la gestión de Carrillo Lavat, la cual iniciaría en un par de semanas.
Pero la auditoría reveló algo más. El 93% de los recursos presupuestales erogados por el sistema fueron a través de adjudicaciones directas, por lo que “no se aseguró al Estado mexicano las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio y calidad de los servicios contratados, contraviniendo el artículo 134 de la Constitución y el 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pública”.
Un ejemplo, el contrato SPR-096-2018, celebrado el 8 de octubre de 2018 entre el sistema y la empresa Expertos en Cómputo y Comunicaciones, así como Sictel Soluciones TI, para el arrendamiento de equipo de cómputo, por 10 millones 499 mil 639 pesos. En la revisión, la Función Publica no localizó 21 equipos y 246 computadoras, al no ser asignadas a usuarios se almacenaron en la bodega de Santa Catarina 267, donde están expuestas a sufrir daños por la humedad del sitio.
La auditoría 1/2019 también asentó “la deficiente preservación y respaldo del material audiovisual del SPR” y concluyó que no cuenta con un respaldo audiovisual.
“La oficina de Videoteca del …(SPR) ubicada en Canal 11 y Santa Catarina 267 Colonia San Ángel Inn (…) no cuentan con un espacio apropiado para la guarda y custodia del material audiovisual, es decir, se guardan en cajas de cartón expuestas a temperaturas no adecuadas, luz, polvo, humedad y sin seguridad alguna”, se lee en el documento de la SFP.
En los estatutos del SPR existe una obligatoriedad de promover la producción independiente. Si se contrataron producciones independientes fue porque en la Ley de creación dice que había que hacerlo”.Armando Carrillo Lavat, exdirector del SPR.
En esta auditoría que inició el 30 de abril y se entregó el 14 de marzo de 2019, se expone que en la renta de las actuales oficinas del SPR, por las que se pagan mensualmente 510 mil 400 pesos, no se efectuó una investigación de mercado, ni se justificó el arrendamiento, por lo que no se apegó a los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Sumado a que en el mantenimiento de la bodega de Cana11, que se realizó a través del pedido P-054-2018, con un importe de 255 mil 200 pesos, la Función Pública detectó que la selección del procedimiento de adjudicación directa no se fundó ni motivó a efecto de obtener las mejores condiciones para el gobierno. Por lo que se solicitó al SPR justificar la erogación de esos recursos o en su defecto se reintegre el monto de los trabajos no ejecutados con los intereses respectivos.
Otro ejemplo, es el contrato SPR-061-2018, de fecha 19 de julio de 2018, para adecuar el sistema electrónico de potencia media y baja tensión para el suministro de energía eléctrica en oficinas del sistema, y por el cual se erogaron 2 millones 155 mil 541 pesos. La secretaría advirtió que no se presentó un dictamen de excepción a la licitación pública ni se justificó las razones por las que se optó por realizar una invitación a cuando menos tres personas ni se indicaron los criterios con los que se evaluaron las propuestas.
Ahora el Sistema Público de Radiodifusión tiene un plazo de 45 días hábiles para enviar a la Función Pública la documentación que compruebe que atendió las recomendaciones planteadas.
¿Y dónde están?
El descuido en la administración del sistema fue de tal tamaño, explicó Villamil, que al recibir el Acta Administrativa de Entrega-Recepción, la nueva presidencia del SPR advirtió una serie de faltantes que rayaban en el absurdo, de acuerdo con el oficio SPR/PRESIDENCIA/0-36/2019, fechado el 19 de marzo de este año.
Por ejemplo, no se informó sobre las auditorías realizadas por las diversas instancias fiscalizadoras, así como sus resultados que se efectuaron durante la gestión de Armando Antonio Carrillo Lavat.
Respecto a la situación financiera del SPR, la nueva dirección solicitó a Jorge Pedro Castolo Domínguez, titular del OIC del SPR, requerirle a la administración saliente el informe desglosado de los recursos autogenerados (contratos celebrados, importes y destino de ese dinero), el reporte histórico de los ejercicios 2017 y 2018 de gastos en viáticos y pasajes, ya sea nacionales o internacionales.
En el apartado de Recursos Materiales se requirió precisar el número total de bienes y el importe correspondiente para que la nueva dirección pudiera verificar que la base de datos coincidiera con las cifras reportadas. “El soporte documental (base datos), no cuenta con los elementos de validación necesarios, es decir, con firmas de los responsables de la integración y autorización de la relación de los bienes”, se denuncia en el oficio.
Sumado a esto se expone que en dicho apartado se omitió presentar información sobre los bienes informáticos, los vehículos y el almacén.
En el caso de los recursos humanos, el oficio dirigido al OIC, requiere que se le solicité a la administración saliente la información relativa a la plantilla de personal, de estructura y de honorarios, con la especificación de sus nombres, el puesto que ocupan, su sueldo y el inmueble en el cual prestan sus servicios.
Luego de presentar ese conjunto de observaciones a la Acta Administrativa de Entrega-Recepción, Jenaro Villamil refirió que han sido entregados algunos faltantes, “pero a ese nivel de descuido se estaba”, señaló.
Mejor auditar todo
Ante los primeros resultados que arrojan posibles daños al erario, la presidencia del sistema pidió el pasado 16 de abril a la Función Pública una nueva auditoría, ahora más amplia y detallada, desde 2015 hasta 2018, de toda la gestión de Carrillo Lavat en el SPR, de acuerdo al oficio SPR/PRESIDENCIA/O-058/2019 que ejecentral obtuvo también vía transparencia.
La secretaría deberá revisar los mil 579 millones 509 mil 246 pesos que otorgó el SPR vía adjudicación directa para la elaboración de campañas publicitarias y producciones.
En entrevista, Villamil confirmó a este periódico la nueva auditoría: “Ya hay una solicitud específica de mi parte a la Secretaría de la Función Pública donde yo pido que haya una auditoría específica sobre procedimientos de contratación y/o adquisición de materiales audiovisuales. De prestación de los servicios de producción integral de campañas de comunicación social por parte del SPR”.
Y la razón por la cual no había un control en las producciones del SPR se debía a que una puerta estaba abierta: el Órgano Interno de Control (OIC) no se dedica solamente al sistema, sino que está adscrito al área de Comunicaciones y Transportes.
›“La lógica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es muy distinta a la lógica de un medio público. Por ejemplo, no te está auditando producciones. Si el costo de las producciones fue el correcto, si la calidad de esas producciones está coincidente con el monto que se pagó. Y eso tiene que ver con el escándalo del caso de Fernando Coca.
“Él acusa de que hay una serie de producciones que se adquirieron y que efectivamente están en un proceso muy irregular. Pero no sólo eran esas series, son casi todas las producciones del sistema anterior”, subrayó Villamil.
Es por eso, añadió en el oficio dirigido a la Función Pública que “considero necesario que se lleve a cabo una auditoría de mayor magnitud, especificidad, profundidad y rigor en relación con el proceso de contratación y/o adquisición de todo tipo de producciones y materiales audiovisuales, la prestación de los servicios de producción integral de campañas de comunicación social, así como respecto de los inventarios de bienes muebles (instrumentales) que conforman el patrimonio del SPR.
“Pues de los documentos e información que obran en los archivos del Organismo se desprenden diversas circunstancias que pudieran ser resultado del desarrollo de esquemas y prácticas incorrectas y, en consecuencia, constituir posibles responsabilidades administrativas”.
¿Las series ni siquiera se transmitieron? Hay algunas que se adquirieron, y no se transmitieron.
¿Y quiénes fueron los productores privados consentidos? No te lo puedo decir, porque ya están en investigación. Sería un asunto de que digamos podría incurrir en una violación de la presunción de inocencia. No eran más de 10, que además tenían tres denominaciones distintas. Una productora podría ser Patito Tv, y podría tener dos o tres denominaciones y evidentemente simulaban que no eran la misma, pero sí lo eran.
“Este fenómeno es herencia de un modelo despilfarrador de los recursos públicos para enriquecer a un puñado de privados y de funcionarios bajo el pretexto de la propaganda y de la comunicación política”.
¿Y cuánto se puede tardar para que se de este cambio del Órgano Interno de Control? Esa es la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Cuánto pueden tardar? Quién sabe, lo ideal sería que tardaran menos de 100 días naturales, pero pueden tardar un poco más. Siempre que pides una auditoría se pide información y tienes un plazo para responder y de observaciones.
“No había un control en las producciones del SPR, pues el Órgano Interno de Control estaba adscrito al área de Comunicaciones y Transportes”: jenaro villamil.
El antídoto
A decir del nuevo director del SPR, para acabar con el esquema de subcontratación que benefició a productores privados y no a los medios públicos, se decidió que en este sexenio las campañas se realizarán en 90% con la infraestructura de los medios públicos y con los productores de Canal 11 y 22.
“La campaña del SAT, que ya se produjo vía SPR, tuvo en números redondos un monto de un millón de pesos. De ese monto, el Sistema Público de Radiodifusión se queda con 60 por ciento. Es bajar el costo de la campaña y además le dejas al medio público, recursos”, aseguró.
Para 2019, detalló Villamil, realizarán 326 campañas para todas las dependencias del gobierno federal, en las que calculan que cada una tendrá un costo que variaría de uno a un millón y medio de pesos. “Estás hablando de 326 millones el costo de producción”, subrayó.
“¿Sabes qué es lo más triste de este caso o de esta historia?”–apuntó el encargado del sistema–, “que muchos productores talentosos les convenía más producir spots, que series de 13 capítulos. Así recibían más dinero, trabajaban menos, pero desgraciadamente entraban a un circuito de corrupción en donde hay una especie de Omerta, nadie habla, nadie dice, nadie da la cara, porque todos sabían”.
Las tareas del SPR
Estas son las funciones que realiza el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano que fue creado en 2014 como un organismo público descentralizado no sectorizado.
Su objetivo es proveer el servicio de radiodifusión pública digital sin fines de lucro, para asegurar el acceso al mayor número de personas del país a contenidos que, según la ley, promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, así como la igualdad entre mujeres y hombres.
Se integra del Canal 14, como plataforma para ofertar contenidos televisivos; así como cinco concesiones de radio.
El SPR deberá en esta administración coordinar a los medios públicos del país: Canal 14, Canal 11, y Canal 22, así como el IMER y Radio Educación, para establecer un plan de medios nacional.
Otra de sus tareas es difundir información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional.
Deben contar con independencia editorial y dar espacio a las obras de producción independiente, que expresen la diversidad y pluralidad de ideas “que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
Reporteros huyen tras el tiroteo. 
El sospechoso es sometido por la Policía. 
Ofrenda en el sitio del doble asesinato. 
