En medio de uno de sus peores descalabros ante la delincuencia organizada, durante las emboscadas ocurridas el 24 de marzo en Nuevo Laredo, la Secretaría de Marina “omitió” informar sobre la muerte de una familia.
Un día después, hasta que medios locales revelaron que dos adultos y dos niñas fueron masacrados a raíz de los enfrentamientos, la Semar mencionó el caso al afirmar que sus integrantes no causaron esas muertes, aun cuando hay testimonios que indican lo contrario. Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la violencia se ha incrementado en el norte del país desde que los marinos asumieron el control de la seguridad pública.
La Secretaría de Marina (Semar) sufrió una de sus peores derrotas desde que fue declarada la guerra contra el narcotráfico. Pese a tener el control directo de la seguridad pública en Tamaulipas y contar con tres sectores navales, la delincuencia organizada perpetró un inusitado ataque en Nuevo Laredo: en unas cuantas horas realizó tres emboscadas contra infantes de marina, a raíz de las cuales murió uno de ellos y otros 12 resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.
En el saldo también se cuenta la indignación por la muerte de una familia, incluidas dos niñas, hecho que la Marina intentó mantener oculto.
Aunque la institución se deslindó por las muertes de esos civiles, desde el principio los familiares de las víctimas han sostenido públicamente que los papás y las dos niñas, de cuatro y seis años, fueron alcanzados cuando los marinos dispararon desde un helicóptero la madrugada del domingo 25. Las víctimas regresaban a su casa después de una reunión familiar.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) recordó que un caso similar ocurrido en 2010, en el que estuvo implicado el Ejército, terminó en manos de los tribunales militares, los cuales “no pudieron probar” la participación de los soldados en los hechos y el asunto quedó sin castigo. La organización pidió que sean las autoridades civiles las que hagan la investigación de lo que realmente pasó en Nuevo Laredo entre la noche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de marzo.
Tras los ataques, los agresores, supuestos miembros del Cártel del Noreste, advirtieron a la población que a partir de ese día declaraban un toque de queda: “Si no tienen que salir por ningún motivo, ni se asomen (…) Toda esta semana será de puros topones”.
La Marina se deslindó de la muerte de la familia en Nuevo Laredo, aunque sin mencionarla en ningún momento. Argumentó que los calibres de los casquillos encontrados en el lugar no corresponden a las armas con que van artillados sus helicópteros, además de que su actuación se apegó al Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas y en estricto respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, la Secretaría de Marina se negó a dar más explicaciones y evitó dar detalles de su versión. Durante horas, los elementos de esa fuerza armada tuvieron el control del lugar de los hechos.
La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el 26 de marzo que se realizaría una investigación del caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo lo propio al día siguiente; le pidió a la PGR esclarecer la muerte de la familia y de un efectivo de la Marina, así como las heridas que sufrieron otros 13.
El relevo
Desde hace año y medio, cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió la gubernatura, la primera del PAN en el estado, la Marina se hizo cargo de la seguridad pública, desplazando al Ejército, que había estado al mando en el último gobierno del PRI.
La administración del panista inició apenas el 1 de octubre de 2016 y ya hay un segundo secretario de Seguridad Pública, sin que se haya marcado ninguna diferencia respecto de la inseguridad del estado. Entre enero y febrero de este año se registraron en la entidad 885 delitos contra la vida y la integridad personal, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Del control de la seguridad en el estado por parte de la Marina también habla el nombramiento del capitán de navío Carlos Jesús Miravete Estrada como subsecretario de Operación de la Policía, anunciado por el gobernador en agosto de 2017. Hasta entonces, el capitán era comandante de un batallón de infantería de marina, la fuerza que ha sido impulsada desde el gobierno de Felipe Calderón para combatir al narcotráfico.
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El primer secretario de Seguridad Pública del estado fue el vicealmirante Luis Felipe López Castro, quien fue requerido a principios de mes por la Marina “para cumplir otra misión”, la cual no se especificó. El almirante salió entre severas críticas por la falta de control de la seguridad, como en el caso de la balacera de dos días en el penal de Ciudad Victoria, con saldo de 13 muertos, en junio pasado.
Su sucesor, el contraalmirante Augusto Cruz Morales, llegó apenas hace tres semanas de Nuevo León, donde el gobierno del ahora aspirante presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, modificó la ley para que pudiera ser director general de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.
El contraalmirante Cruz Morales también fue secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey y coordinador de los Centros de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación. Su bautizo en Tamaulipas fueron las sucesivas emboscadas sin precedentes en el país.
Antecedentes y versiones
Las batallas al interior de lo que fue el Cártel Golfo-Zetas son las que ahora están imponiendo el ritmo de la violencia en Tamaulipas. La Marina atribuyó los ataques sorpresa a “grupos criminales responsables de la generación de la violencia en el estado”, a los que, dijo, les aseguró uniformes y vehículos apócrifos rotulados con la palabra “MARINA”, además de armamento, munición y pertrechos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Marina declaró que sus efectivos fueron agredidos en tres ocasiones entre la noche del sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de marzo en las inmediaciones de Nuevo Laredo, pero no especificó los lugares de los ataques, “que tuvieron las características propias de una emboscada”.
De acuerdo con esa explicación, el primer ataque ocurrió durante un patrullaje, aunque versiones extraoficiales han indicado que los militares iban contra el liderazgo del Cártel del Noreste (CDN), una escisión del Cártel del Golfo que está en confrontación con sus antiguos aliados de Los Zetas. La nueva organización es liderada por Juan Gerardo Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z40 y El Z42, respectivamente, ya detenidos.
Los marinos fueron atacados con armas de alto poder desde vehículos en movimiento. En esa primera arremetida, tres quedaron gravemente heridos. En el contraataque, murió uno de los atacantes. En auxilio de los marinos salió un nuevo piquete de una Base de Operaciones cuya ubicación no fue precisada por Marina. La dependencia sólo indicó que la segunda emboscada ocurrió a 660 metros de la instalación militar. Ahí, otros seis navales resultaron heridos y uno más murió. Versiones periodísticas señalaron que la víctima tenía el grado de capitán.
Ante la magnitud de la ofensiva, y para “disminuir el nivel de la agresión y reducir el peligro de bajas civiles”, salió un helicóptero artillado de otra Base de Operaciones cuya localización la Marina tampoco especificó. Ésta aseguró que, como la nave fue atacada desde tierra, los marinos respondieron con fuego. Tampoco dio detalles de ese enfrentamiento tierra aire ni de las circunstancias en las que cuatro marinos resultaron heridos en la tercera agresión. Dio cuenta de la muerte de tres delincuentes.
En su reporte público, la Marina reportó un elemento muerto y 13 heridos, tres de ellos de gravedad, así como cuatro delincuentes fallecidos. En esa primera comunicación soslayó a la familia asesinada. Horas más tarde, el diario El Mañanade Nuevo Laredo informó que la familia había sido acribillada por la Marina.
El diario citó testimonios de dos sobrevivientes, dos menores de 8 y 12 años, quienes aseguraron que el auto en el que viajaba la familia fue alcanzado por los disparos del helicóptero cuando circulaban a las 2:20 horas por la carretera a Piedras Negras, Coahuila, para ir a su casa en la colonia El Nuevo Progreso. Los familiares dijeron que cuatro elementos de la Marina bajaron a rapel e impidieron la atención médica del padre, de 25 años. La madre tenía 28.
Una vez que se divulgó que niñas y adultos habían sido acribillados por la Marina, al día siguiente de los ataques emitió un nuevo comunicado en el que se deslindó de la muerte de la familia, hecho que había omitido en su reporte del domingo 25. Se refirió a las víctimas como “personal civil ajeno a los acontecimientos” y dijo que lamentaba su deceso.
Sin especificar aseguró que, según los “resultados preliminares” de balística, las víctimas murieron en un fuego cruzado a nivel de tierra y no desde el aire y que el calibre de los impactos en el vehículo de la familia no corresponde al armamento con el que son artilladas las aeronaves de la Armada.
La institución sostuvo que “bajo ninguna circunstancia” sus elementos excedieron en el uso de la fuerza y negó que hubieran rechazado la asistencia médica para el padre de las niñas. El herido fue trasladado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas a un hospital, en donde murió al día siguiente.
Revictimización
La Redim calificó como ofensiva la omisión inicial por parte de la Marina respecto de la muerte de la familia y consideró que los fallecidos fueron re-victimizados por el asesor legal de la Marina, Juan Velázquez, quien en una entrevista de radio dijo que “para algunas organizaciones y algunas llamadas víctimas se ha vuelto un negocio… la indemnización”.
Según la organización de protección a la infancia, lo que ocurrió con la familia muestra “el padrón de violación a los derechos humanos de las víctimas fatales en actos de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal y de las policías estatales, cuyos elementos suelen alterar las escenas del crimen, responsabilizar a las víctimas y vincularlas con grupos criminales, como una forma de evitar la investigación de sus actos delictivos y el uso de recursos públicos contra las víctimas”.
En un comunicado difundido el 27 de marzo, el director ejecutivo de Redim, Juan Martín Pérez García, señaló que el 3 de abril de 2010 en Matamoros efectivos del Ejército dispararon contra una familia y causaron la muerte de los niños Bryan y Martín Almanza, además de lesiones a sus papás. “El Ejército no logró probar que este hecho fue causa de fuego cruzado. Sobra decir que el caso quedó impune porque se ‘investigó’ en tribunales militares”.
Mencionó que desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, más de 234 mil personas han fallecido, de las cuales entre 20 y 25% han sido niños y adolescentes; es decir, entre 58 mil y 70 mil menores de edad.
Precisó que de 2006 a 2014, según reportes de la sociedad civil entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se registraron casi dos mil asesinatos de niños y adolescentes, de los cuales más de la mitad ocurrió en enfrentamientos que involucraron a las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue cuestionado por la organización porque, según dijo, evitó darles atención a las niñas heridas. El lunes 26 el mandatario estatal hizo una declaración en la cual lamentó la muerte del capitán y las heridas de otros 13 elementos de la Marina. Sin embargo, al igual que la institución militar, evitó mencionar a la familia.
García Cabeza de Vaca ha sido obsequioso con la Marina. El 8 de febrero pasado entregó al secretario Vidal Francisco Soberón Sanz los terrenos contiguos a la Base Naval en Matamoros para la construcción de una nueva Comandancia y la ampliación de otras instalaciones. La donación duplica el tamaño del terreno ocupado actualmente por Semar, según reportes de la prensa local.
La Marina ha sido acusada por organizaciones sociales de generar más violencia en el noreste del país. Tres días antes de las emboscadas, el 22 de marzo, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo León, refirió que existen “sospechas” de que marinos estén implicados en la desaparición de 14 personas en la frontera de Nuevo León con Tamaulipas.
Luego de que familiares encontraran dos cuerpos semienterrados en el poblado de Colombia, a 200 kilómetros de Nuevo Laredo, el Ramos señaló: “La Marina está haciendo del poblado de Colombia un tiradero de cadáveres”.
