Una inspección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en colaboración con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) puede contar con elementos para establecer que miembros de la Secretaría de la Marina dispararon desde un helicóptero contra el vehículo de la familia Rojas Ruiz, la madrugada del 25 de marzo.
En entrevista con Proceso, el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, no duda que la investigación por violaciones a derechos humanos iniciada de oficio por la CNDH demostrará que la verdad está lejos de la versión oficial, de que la tragedia fue resultado de un fuego cruzado.
Esto demostraría la autenticidad de la versión que horas después de los hechos difundió en sus redes sociales un familiar de las víctimas –entre ellas dos niñas de seis y cuatro años, además de su madre–, que señala a un helicóptero de la Marina como el atacante del vehículo.
“Vamos a demostrar que en el escenario donde queda el vehículo baleado de la familia de Efraín (Rojas) no hubo enfrentamiento, no hubo fuego cruzado, no hubo más vehículos ni de la Marina ni de la delincuencia, por lo tanto, que la agresión fue directa”, advierte Ramos Vázquez.
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El martes 27 del mismo mes, visitadores de la CNDH acudieron al lugar del crimen con Ramos Vázquez para recabar evidencias del operativo de la Marina, presuntamente motivado por las emboscadas que la delincuencia organizada le tendió a las Fuerzas Armadas la noche del sábado 24 y la madrugada del 25, las cuales dejaron un saldo de un oficial de Marina y cuatro presuntos integrantes del Cartel del Noreste muertos y 12 marinos lesionados, además de las tres víctimas fatales de la familia Rojas Ruiz y sus tres heridos: dos niñas de 12 y ocho años, y el padre de familia, cuyo estado se reportaba grave hasta el cierre de la edición.
La sobreviviente de 12 años describió los hechos a su madre: “Eran marinos (los atacantes), era el helicóptero de la Marina, cuando se bajaron traían los chalecos y decían Marina”. Después llegaron al lugar más tropas en camionetas de la Semar, que en vez de auxiliar a sus víctimas las abandonaron a su suerte.
Ramos Vázquez sostiene que el trabajo del comité y la CNDH demostrará que “desde el helicóptero sí hubo disparos, no propiamente granadas” –como se había dicho en la primera versión oficial–, Ramos señala que al menos hasta el 27 de marzo la PGR no había realizado diligencias. Y explica:
“Anduvimos en el lugar de los hechos. Recorrimos un kilómetro y contamos 78 impactos, que se realizaron desde el helicóptero. No puedo decir que todos fueron directamente contra la familia. Todo parece indicar que son impactos con trayectoria ascendente-descendente, es decir de arriba hacia abajo, lo cual tendría que confirmarlo un perito” en balística.
Agrega que ese tramo del Boulevar Luis Donaldo Colosio Norte, en dirección al fraccionamiento El Progreso –donde está el domicilio de la familia atacada–, “es muy poco transitado a esa hora de la noche. Está en despoblado a las orillas de Nuevo Laredo, en dirección a Piedras Negras”.
Errores, engaños y criminalización de víctimas
El presidente del CDHNL recuerda que no es la primera vez que elementos de la Marina disparan contra civiles desde aeronaves en Tamaulipas. En abril del año pasado, una pareja residente en McAllen, Texas, fue baleada por tierra y aire cuando circulaba por calles de Reynosa. Los dos tripulantes del auto resultaron heridos, “pero no interpusieron queja en territorio nacional”.
Calcula que durante el gobierno de Peña Nieto, “si sumamos los fallecidos en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, son más de 300 víctimas inocentes en los últimos cinco años, resultado de enfrentamientos, persecuciones, de operativos en general de Ejército, Marina, Policía Federal y Policía Estatal. Las autoridades lo saben y no lo dan a conocer precisamente porque cuidan la figura presidencial y a las Fuerzas Armadas por encima de las víctimas”.
Tampoco es la primera vez que menores son víctimas de la guerra contra el narcotráfico: los niños Martín y Bryan Almanza Salazar fueron atacados con su familia por soldados en abril de 2010.
Ramos Vázquez insiste: “No hay nada que justifique la muerte de un civil, y menos de niños y niñas en un operativo, en el que dicen que iban a detener una persona. Por lo que vemos ahora, fue un fracaso de la Marina, porque no solamente no la detuvo sino que resultaron lastimados y todavía causan muertes de civiles, en este caso dos niñas. Es un fracaso y una irresponsabilidad”.
Considera que el caso empeora cuando se considera que, ante la tragedia, la dependencia pretende evadir su responsabilidad “diciendo que se trató de fuego cruzado, pero además, a través de un supuesto asesor, el abogado Juan Velázquez, revictimizar a la familia”.
El 26 de marzo, tras negar que los proyectiles correspondieran al calibre de las armas utilizadas por los marinos, Velázquez aseguró en algunos medios que “para algunas organizaciones y algunas llamadas víctimas se ha vuelto un negocio la indemnización”.
Para Ramos Vázquez, la actuación de la Marina en este caso es una muestra de cómo opera la Ley de Seguridad Interior, que tiene “como objetivo avalar el uso de la fuerza de todas las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, prioriza la seguridad de las Fuerzas Armadas, pero evidencia la desprotección a los ciudadanos y a los derechos de los ciudadanos”.
El presidente del CDHNL, quien también representó a la familia de Martín y Bryan Almanza, advierte que en el caso de la familia Rojas Ruiz, incluso para los deudos sería preferible que se reconociera el error fatal de las Fuerzas Armadas y no el intento de ocultar los hechos.
“Si el personal de la Marina hubiera prestado auxilio (a las víctimas) y admitido que se trató de una confusión, creo que la sociedad lo habría entendido, incluso la familia les hubiera otorgado el perdón, me atrevo a pensar; pero lejos de auxiliarlos y aceptar el error, intentan hacer creer que no tienen responsabilidad en los hechos, todo para salvar el honor de la institución, lo cual me parece un acto reprobable y cobarde: (pretender) que antes de la vida de los civiles y este caso de niñas, está la institución”, concluye Ramos Vázquez.
De acuerdo con información proporcionada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los menores de 17 años son el sector más vulnerable en la “guerra contra el narcotráfico”, pues entre 2006 y 2014 se registraron 2 mil asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales “la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron a fuerzas de seguridad”.
El 28 de marzo, la Redim se pronunció por una investigación efectiva del caso por la PGR y la CNDH, “evitando que sea llevado a tribunales militares, que garantizan la impunidad a sus efectivos”.
“Exigimos una investigación profunda e imparcial sobre el asesinato de las niñas y su madre en los hechos antes señalados; deslindando responsabilidades de funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos humanos, castigando a todos los responsables de los mismos y que todo se realice desde tribunales civiles (…), que se indemnice a la familia y se brinden los servicios médicos disponibles y rehabilitación de calidad y de forma gratuita para las niñas sobrevivientes”, concluye el comunicado de la organización civil.
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