Previo a la elección presidencial del 1 de julio, Prevención y castigo analizará las propuestas de seguridad de los principales candidatos a la presidencia del país. En esta ocasión toca el turno a Andrés Manuel López Obrador.
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Derivado de la crisis de seguridad que hemos vivido en los dos últimos sexenios, la expectativa en esta materia es alta respecto a las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República. Los mexicanos queremos conocer sus prioridades; exigirles integralidad y conocer los cómos de lo que proponen.
Para esta serie, se me pidió analizar las propuestas que hasta el momento conocemos del candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador que, dicho sea de paso, es el que más ha hablado del tema.
Para esta serie, se me pidió analizar las propuestas que hasta el momento conocemos del candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador que, dicho sea de paso, es el que más ha hablado del tema.
Empezáremos por lo que ha dicho pero que no esta escrito en su Proyecto de Nación 2018-2024: su propuesta sobre otorgarle amnistía a narcotraficantes. Existe evidencia de que, aunque en el plazo inmediato puede tener algún efecto, los resultados de este tipo de medidas no son sostenibles. Debido a las estructuras sistémicas del crimen, las piezas se vuelven a desordenar. Al ver la polémica y reacciones contra la propuesta, se nos matizó argumentando que no era para los grandes capos y crimen organizado, sino para quienes, debido a los contextos complejos en los que se han desarrollado, han equivocado el camino y merecen una segunda oportunidad. Lo que AMLO quiso decir es que… se utilizaría en casos específicos, con personas cuya reinserción social sea más factible, y con la aprobación de las víctimas. Esta segunda versión de la amnistía suena mejor y con un par de elementos y estrategia, podría tener como consecuencia la reinserción social de los beneficiarios.
También, en esta tónica, propuso brindar becas a los jóvenes que no estudian ni tienen un empleo. Se trata de población en riesgo, en la que, sin duda, debemos generar factores de protección debido a que, por sus contextos, corren un mayor riesgo de involucrarse en conductas delictivas. Sin embargo, hay que ir más allá de lo asistencial y tener un plan de más largo alcance y visión. Urgen políticas y oportunidades responsables de inclusión económica, educativa y social para estos jóvenes que les ha faltado acceso a todo y para ello se requieren estrategias transversales, recursos y focalización, prevención secundaria.
En el ámbito de diseño institucional en seguridad, Obrador tiene entre sus principales planteamientos desmantelar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sin que haya explicado cómo piensa sustituir las tareas del mismo. Si bien se ha dado un crecimiento atípico e inexplicable del presupuesto de esta institución en el último sexenio, hay un servicio de carrera y funciones importantes para el Estado que desde ahí, se deben procurar. Lo urgente en el CISEN y a lo que deben comprometerse AMLO y el resto de los candidatos es a no caer en la tentación de combinar las labores de inteligencia con la política como ha sucedido. El nombramiento de su director debe hacerse con base a la experiencia y técnica, nada más. Los intereses políticos son lo que más daña este tipo de instituciones. Por ello, lo que se requiere, es fortalecer los controles democráticos y el marco legal para asegurarnos que las labores de inteligencia de nuestro país se concentren en lo que deben. Asimismo, cada seis años se replantean los intereses de seguridad nacional que el Centro debe seguir. Se debe institucionalizar el enfoque con una visión de largo plazo de manera constante y sistémica para contar con un CISEN más efectivo.
Por otra parte, Obrador propone —al igual que el candidato panista, Ricardo Anaya—, el resurgimiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Más allá de esto, lo que se requiere es que, un mismo ente que cuente con la responsabilidad y los recursos de los diferentes pilares de la Seguridad Pública. El reto es evitar las estructuras enormes poco efectivas, como sucedía en la antigua SSP y lograr la verdadera conexión de todas las piezas del sistema. Es decir, la planeación conjunta y la coordinación efectiva desde la prevención hasta la readaptación social, incluyendo las policías y la procuración de justicia. Se requiere un grupo especial de planeación integral que diseñe —desde el presupuesto hasta le evaluación—, una sola estrategia enfocada a objetivos comunes y tareas específicas por componente; no una estrategia distinta por cada área como ha sucedido hasta hoy.
En otro de los grandes temas en los últimos años, Obrador propone la creación de una instancia de coordinación permanente y con reuniones diarias para analizar la seguridad con los altos mandos en las diversas secretarias relacionadas con el tema. Es cierto que un mandatario que da seguimiento permanente al tema ayuda a mover las cosas. El reto es hacerlo funcional y real en el tiempo. Conocer a detalle las estrategias de coordinación con los procuradores y gobernadores, sin importar el partido que enarbolen, es deseable.
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, también se ha manifestado por el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de llegar a la Presidencia, al considerar que la seguridad pública compete al ámbito civil. Sin embargo, a pesar de que legisladores de su partido lo hicieron, AMLO no se manifestó contundentemente al respecto de la polémica Ley de Seguridad Interior. Únicamente llamó a perder cuidado en el tema, al afirmar que, de encabezar el Ejecutivo Federal, podría controlar la situación y la participación del ejército. Lo mismo nos ha dicho con el tema de la corrupción. Sin embargo, para estas tareas se requiere más que voluntad y confianza en que la honestidad se transfiere de arriba hacía abajo. Debemos generar los mecanismos, herramientas y vigilancia necesaria para que eso suceda y el reto no es menor.
En cuanto a la prevención, hay que reconocer que Andrés Manuel, a pesar de no lograr explicar con detalle e integralidad lo que hará, es quien más ha abordado el tema de atender las causas estructurales y sociales del crimen. Sin embargo, no solo se debe contar con la visión preventiva en ideas desvinculadas: esta debe ser una tarea prioritaria, en la que se inviertan recursos similares a los que se destinan a las operaciones reactivas. Tenemos una dispersión preocupante del crimen. Hay que fortalecer capacidades, transparencia y el compromiso local, enfocar e incluir a todos los sectores para ser más exitosos en la tarea. Entender que la falta de estado de derecho, aunada a la ausencia de oportunidades en diversos rincones de nuestro país, genera víctimas y re-victimización que no se atiende. También, ha hecho que jóvenes y niños, especialmente de zonas de alta vulnerabilidad, vean en el crimen un camino y en los criminales un ejemplo a seguir.
Para cambiar la ecuación falta —más que policías, armas o cárceles— inversión focalizada, a la medida y con transparencia, en más educación, espacios públicos dignos, oportunidades y acceso a estrategias sociales, productivas, de inclusión y reinserción.
En el tema de policía, propone el Mando Único con un enfoque de proximidad. El resto de las propuestas en el rubro caen en el lugar común: dignificación de la labor, formación de capacidades e inteligencia en los cuerpos policiacos, con énfasis en derechos humanos. Sin embargo, al no detallar en la manera que piensa llevar a cabo sus propuestas, resulta difícil explicar su viabilidad. Ahondar en la manera que se busca reformar y fortalecer las tareas de la Policía Federal o del Secretariado Ejecutivo —órgano responsable de todos los recursos federales en la materia a los estados y que actúa muy aislado al resto del sistema— es urgente. Un plan más detallado y útil debe considerar la profesionalización y desarrollo, detalles del estado de la fuerza, presupuestos y la reestructuración de los controles de confianza.
En el que sin duda es de los retos más grandes en nuestros tiempos, el sistema penitenciario, Obrador ha propuesto orientar la política penitenciaria hacia la reintegración social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, uno de cada cuatro reincide y de éstos, 53 por ciento lo hace antes de dos años. Falta, sin embargo, conocer con mayor detalle la propuesta para superar un sistema que ha puesto el acento en el castigo sin reinserción y que por el contrario, genera más violencia, delito y venganza, así como para hacer frente a la corrupción que en estos sitios, especialmente a nivel estatal. Una reforma y cambios profundos son necesarios. La reintegración emocional, familiar, educativa, laboral y social de quienes cometieron delitos requiere un cambio en el entorno e, incluso, una renovación en las directrices y recursos humanos. Es con más maestros, atletas, doctores, psicólogos y opciones recreativas y laborales al servicio de las prisiones, que se evitará la reincidencia.
Falta que nos brinden más información para entender la lógica integral de las propuestas lanzadas hasta ahora por López Obrador. Algunas ideas aisladas y ocurrencias también se han planteado. Lo más destacable es su abordaje en cuanto a poblaciones en riesgo y en temáticas de la prevención social pero debe quedar claro como una prioridad en el esquema.
Finalmente, y para todos los candidatos, hay que repetir hasta el cansancio que la seguridad, desde la prevención hasta la readaptación social, es un tema técnico que no debe politizarse. En la situación y crisis actuales, no hay lugar para aprender o improvisar.
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