La venta de droga en las calles
está aumentando en el País.
Las averiguaciones previas
iniciadas por narcomenudeo crecieron 27.3 por ciento: pasaron de 34 mil 532 en
el 2016 a 43 mil 958 el año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los mayores incrementos se
registraron en Baja California con 225 por ciento, Veracruz con 213 y Campeche
con 130.
En Nuevo León subió 61 por
ciento, al pasar de mil 611 casos a 2 mil 599.
Expertos en seguridad
coincidieron en que detrás de este ilícito existe una debilidad institucional y
un auge de las bandas criminales que buscan su expansión a nuevos territorios.
"El aumento del narcomenudeo
es un reflejo del aumento de las bandas autónomas, que básicamente son
intermediarios que propician violencia", alertó David Ordaz, académico en
temas criminológicos.
"Esto se suma al
sometimiento de algunas autoridades del País... Es el resultado de la
corrupción y la impunidad".
Francisco Granados, consultor en
seguridad pública, cuestionó los escasos resultados en entidades que sí tienen
recursos de seguridad.
"La Ciudad de México cuenta
con un presupuesto de 17 mil 706 millones de pesos, un Estado de Fuerza de por
lo menos 90 mil elementos de seguridad pública y 4 mil policías
investigadores", señaló.
"Además (tiene) un C-5 de lo
más novedoso, un sistema de videovigilancia con casi 20 mil cámaras de video y
8 mil botones de pánico (y) lectores de placas interconectados a una base de
datos denominada RAPI. Prácticamente cuentan con todo para dar buenos
resultados y no es así. ¿Qué pasa?", cuestionó.
Empresarios y artistas buscan establecer sus viviendas de descanso en Salazar, un poblado del Estado de México donde abundan las historias de despojo, pero también de lucha comunal.
La geografía privilegiada que tiene la comunidad de Salazar en Lerma, Estado de México, fue un lujo natural para sus habitantes hasta hace tres años, cuando la codicia inmobiliaria se fijó en las tierras de un pueblo rodeado por una amplia zona boscosa, delimitada por un parque nacional, una laguna, la vía del extinto ferrocarril y la carretera México-Toluca.
Hoy, las tierras ancestrales que conforman el poblado de Salazar albergan dos realidades opuestas y una disputa legal por la ocupación de 217 hectáreas de bosques y parcelas agrícolas, litigio que sostienen con la comunidad de San Mateo Atarasquillo desde 1947.
Una realidad son los ocho comuneros que fueron detenidos y encarceladosdesde el 31 de agosto de 2017, acusados de los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la libertad y lesiones por defender un terreno que se localiza junto al panteón de Salazar, que se habría vendido de forma presuntamente ilegal a un grupo de particulares en el año 2015.
La otra cara de la moneda son los ranchos hípicos y fincas de descanso de grandes empresarios, como el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim; el Consejero de Grupo Grisi, Carlos Alberto Grisi Mariscal; el Director de Grupo Comercial Chedraui, Federico Carlos Fernández Senderos, y uno de los dos accionistas de Grupo Corrado, Ricardo Nizri Guasp.
Grupo Corrado es una compañía contratista de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Nizri funge como su representante legal en la mayor parte de las licitaciones.
También figuran como propietarios de grandes extensiones de bosque acaudalados integrantes de la clase política mexicana, como el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, cuyo rancho fue evidenciado por el diario Reforma en una investigación especial publicada este jueves.
Con una extensión de una hectárea y un costo de ocho millones de pesos, el rancho de Escudero goza de un camino empedrado para conectar con la carretera Salazar-Huixquilucan y vigilancia las 24 horas del día, según pudo constatar Reforma.
Otro de los nuevos residentes de la comunidad es León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del coordinador del bloque PT- Morena en el Senado, Manuel Bartlett Díaz. Bartlett Junior adquirió un terreno de más de una hectárea y al momento de recibir su certificado parcelario, el hijo del senador proporcionó como su domicilio un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
Germán Rojas Nava, integrante de la Comisión Agraria de Salazar, asegura que existen más personas involucradas en la compra y venta de predios que históricamente pertenecen a su comunidad, entre los que menciona a la actriz Yolanda Andrade y al empresario José Luis Vaca Bonilla, mismo que en septiembre de 2017 obtuvo un permiso del ayuntamiento de Lerma para bardear un terreno de tres mil metros cuadrados en la zona que Salazar disputa con San Mateo Atarasquillo.
“Sabemos de un señor que se llama José Luis Bonilla Vaca que ha revendido muchas hectáreas, también sabemos de Yolanda Andrade con su fundación ‘EsTuDía’ porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya le había concedido todos los permisos para el cambio de uso de suelo”, explicó.
Suplente en la Comisión Agraria, Francisco Ceballos, señala que los certificados parcelarios que amparan las supuestas propiedades de Carlos Alberto Grisi, Federico Carlos Fernández, León Manuel Bartlett y Ricardo Nizri Guasp, se otorgaron de forma irregular, puesto que ese tipo de documentos sólo se pueden otorgar a los propios comuneros.
Agrega que esos títulos parcelarios fueron expedidos a nombre de la comunidad La Cima San Mateo Atarasquillo, pero sostiene que se trata de terrenos ubicados dentro de Salazar y que se trata de ventas ilegales, aprovechándose de la buena fe de los compradores.
Otros presuntos compradores, señala Ceballos, son la conductora de televisión Montserrat Oliver, un hijo del cantante de Vicente Fernández y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, aunque en estos casos no cuentan con ningún tipo de documento para comprobarlo.
Por otro lado, el abogado Mario Alberto de León Venegas, quien se ostenta como representante legal de un grupo de 18 a 20 compradores cuyos nombres se reserva, sostiene que sus clientes adquirieron de forma legal, puesto que la comunidad de La Cima de San Mateo ganó en definitiva el conflicto agrario y se le reconocieron todos los derechos sobre los terrenos en disputa.
Además, sostiene que entre sus clientes no se encuentran artistas o grandes empresarios, pero se niega revelar cualquier nombre, con el argumento de la secrecía profesional. Incluso, considera que no hay ningún documento que dé la razón a los comuneros de Salazar, quienes han encontrado referencias de la existencia del poblado y de sus posibles derechos desde 1550, durante el virreinato.
PRESENCIA EN EL LITIGIO AGRARIO
La recomendación 269/1992 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que el abogado Mario Alberto de León Venegas participó en el fraude, despojo de tierra con violencia y venta ilegal de parcelas de San Juan de Ocotán, localidad indígena ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.
En la queja se señala que los documentos utilizados para quitar las tierras a los indígenas fueron falsificados y avalados con certificaciones y declaraciones falsas.En estos hechos participaron funcionarios agrarios y el propio abogado Mario Alberto de León.
En sus conclusiones, se afirma que el litigante jalisciense y accionista de la empresa inmobiliaria Arquitectura y Espacios Beda, creada en Jalisco, se coludió con ex líderes comunales de San Juan de Ocotán para despojar al resto de los ejidatarios de sus propiedades.
Textual, la recomendación dirigida al entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, señala que del análisis que obra en el expediente se pudieron detectar “irregularidades cometidas en contra de la Comunidad de San Juan de Ocotán, Jalisco, por parte de los ex-integrantes de la Mesa Directiva”.
Se nombra a Elías Noguera, David Olivares, Daniel Anguiano, Rito Ramos, Tereso Díaz Timoteo Jiménez, Reynaldo Olivares y Cipriano Flores como autoridades responsables de dichas irregularidades, los cuales fueron auxiliados “por el licenciado Mario Alberto de León Venegas, quienes realizaron la venta ilegal de parcelas, adjudicación de las mismas a personas ajenas a la comunidad, explotación indebida de recursos naturales y mala administración”.
Además, la CNDH afirma que De León Venegas “se quedó con el sello y material membretado de la comunidad y los usó en forma indebida y perjudicial para esta última”, puesto que se aprovechó de la comunidad que representaba para ceder un predio rústico que no era objeto de transacción alguna y para transferir una “finca” en Guadalajara a una persona totalmente desconocida para los comuneros de San Juan Ocotán.
Veintidós años después, otra comunidad de escasos recursos acusa a Mario Alberto de León Venegas de ser partícipe en el despojo de sus tierras, pero él argumenta que es el representante legal de la comunidad de La Cima San Mateo Atarasquillo y no de una compañía inmobiliaria o grupo empresarial.
Siguiente Parte: El alto costo de la defensa de Salazar
El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4, Noroeste, es conocido popularmente como El Rincón. En él se ha recluido a narcotraficantes y secuestradores pero también a guerrilleros y luchadores sociales. Ha sido señalado en reiteradas ocasiones por violar los derechos humanos de los internos. Está ubicado en las afueras de la ciudad de Tepic, capital de Nayarit.
Es uno de los 18 penales de “máxima seguridad” que administra el gobierno federal: 16 Ceferesos, el Complejo Penitenciario Federal Islas Marías y el Centro Federal de Readaptación Psicosocial. Todos están a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través, específicamente, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que –entre otras irregularidades– en el Cefereso de El Rincón el gobierno federal ha derrochado, sin ningún beneficio, 122 millones y medio de pesos. La auditoría financiera y de cumplimiento 16-5-04D00-02-0019, practicada al reclusorio federal, está contenida en el Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2016, cuyo dictamen se emitió el 26 de enero pasado.
Las irregularidades detectadas pertenecen al rubro Tecnologías de Información y Comunicaciones, en el cual el OADPRS erogó –en conjunto, en todos los penales federales– 1 mil 177 millones 782 mil 500 pesos sólo en 2016. La ASF revisó únicamente una muestra de 487 millones 783 mil pesos. Ahí pudo comprobar las irregularidades por los 122 millones 551 mil 300 pesos. Es decir, en más del 25 por ciento de lo revisado se detectaron las anomalías. Se trata de obras que no tienen ningún uso.
En la auditoría se señala que el gobierno federal (en específico, el OADPRS) celebró un jugoso contrato multianual, por adjudicación directa, con la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, mejor conocida como ICA. El documento tuvo una vigencia del 31 de enero de 2012 al 15 de marzo de 2017. El objeto formal del acuerdo fue “prestar los servicios integrales de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones” para el Cefereso 4.
Todo el contrato tuvo en valor de 2 mil 340 millones 229 mil pesos. En 2016 se pagaron 280 millones 610 mil 900 pesos. La ASF pudo constatar que la OADPRS, dependiente de la Secretaría de Gobernación, no contó con “un procedimiento formal” que aplicara el Cefereso “para la recepción, revisión o validación, aceptación de los entregables y facturas por los servicios realizados por el proveedor”.
Por ello, ICA pudo entregar los servicios sin la documentación específica que estaba obligada a proporcionar, como las certificaciones por parte del fabricante del equipo del personal de soporte técnico, la certificación de la correcta ejecución del trabajo y el plan de actualización del equipo tecnológico.
Además, la ASF no encontró evidencia de que la empresa contratada hubiera capacitado al personal del Cefereso y de la Policía Federal para que pudieran hacer uso de los sistemas electrónicos de seguridad, informática, telecomunicaciones y equipo de soporte a la operación de la infraestructura tecnológica existente. Es decir, no se capacitó a los servidores públicos para que supieran utilizar lo adquirido.
No fue lo peor, desafortunadamente. Auditores de la ASF realizaron una visita a El Rincón, el Cefereso 4, para ver directamente en qué condiciones se encontraban los “servicios” adquiridos. La inspección se llevó a cabo durante los días 22 y 23 del noviembre pasado. De manera sorprendente, la ASF reporta:
“En la vista realizada se identificaron equipos de los Módulos 15, 16 y 17; Aduana de Vehículos, Aduana de Personas, Servicios Generales y Necesidades Especiales que se encuentran instalados y funcionando; sin embargo, no se han aprovechado los servicios ya que desde diciembre de 2015 no se tiene población en esas áreas. Por lo tanto, se estiman pagos en exceso por 122 millones 551 mil 300 pesos.”
Vaya torpeza. Se instalaron equipos que cuestan más de 122 millones en áreas que no se necesitan, pues han cambiado de función. Por ello, la ASF no tuvo duda en emitir una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” contra los servidores públicos que “en su gestión no verificaron el cumplimiento de las obligaciones [de la empresa] derivadas de la celebración del contrato OADPRS/DGA/S/014/2012”. El órgano de fiscalización concluye que Prevención y Readaptación Social de la Segob “no administró, vigiló ni validó el cabal cumplimiento el contrato”.
Además, la ASF no duda en alertar de “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Púbica Federal” por un monto de 122 millones 551 mil 300 pesos. Se refiere a los equipos que no se utilizan ni aprovechan.
Y todo porque el organismo desconcentrado “no administró los recursos financieros con sujeción a las políticas y normatividad establecidas”, ni aplicó estrategias y métodos de trabajo para el ejercicio presupuestal asignado, ni verificó siquiera que la erogación de recursos tuviera en cuenta las necesidades y requerimiento de cada área.
El problema de la sobrepoblación en las cárceles, incluyendo las federales, no es ni mucho menos un secreto. El colmo es que se adquieran equipos y, por negligencia, se instalen donde no hay población y no se necesitan. Una pequeñísima muestra de lo que fue la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y de lo que es el agonizante gobierno de Peña Nieto.
Se puso de moda hurgar en la memoria de las indignidades y salir, frente a los micrófonos y las cámaras, a gritar que fuiste “violada”, “acosada”, “victimizada” por el poderoso sexo masculino.
Terrible para las mujeres. Sobre todo, para las mujeres inteligentes. Para las mujeres que han caminado senderos muy difíciles para ser fuertes y protectoras de su cuerpo, para todas aquellas que han escalado montañas para obtener un espacio de respeto.
Se trata de una campaña moralista, moña, estúpida en muchos sentidos que nació en Estados Unidos. Y que se ampara en la publicitación de hechos que, en todos los que se han publicitado, fueron permitidos.
Que sus protagonistas, que ahora se llaman “víctimas”, recibieron a cambio prebendas.
Todas las “denunciantes” han dicho que ellas abrieron la puerta a sus victimarios, que ellas acudieron a sus cuartos, que ellas fueron parte consentidora de los hechos que ahora denuncian.
Eso es lo más grave.
En México tenemos el ridículo extremo de una actriz Karla Souza que por una parte declaró que ella “buscaba”, “coqueteaba” con los productores para obtener un papel, y después resultó ser “víctima” de un director a quien todas las noches, por varias semanas, le abrió de madrugada la puerta de su cuarto y al que le permitió “tocamientos”.
Parecía la suma del horror. Pero vino Sabina Berman, que todo indicaba que era una escritora respetable, una mujer inteligente, a echar todavía más miasma a estos “protagonismos”. Con toda tranquilidad, como si fuese un mérito, declaró que por diez años “aguantó” todo tipo de humillaciones, de acercamientos sexuales y demás “acosos” a cambio de recibir su cheque mensual de manos de José Fernández Usaín, que en ese tiempo era dirigente de los escritores.
Gravísimo en dos sentidos. El primero la impunidad de sus declaraciones que no permiten la defensa de un muerto, y agravian a su familia. El segundo, que pone el ejemplo, en una mujer con tantos recursos, de una consentida victimización repetida, por un cheque. No puedo imaginar un mensaje más inmoral y grave para las mujeres.
Porque lo que nos están diciendo es que estuvo bien permitir abusos. Y eso es, en verdad, terrible contra la independencia, el fortalecimiento de las mujeres.
Porque lo único que puede estar bien es ejercer la libertad, poner límites, no permitir que ninguno abuse de ti. Y eso es lo que tienen que aprender nuestras hijas y nuestras nietas.
Abrir las puertas, en sentido real y también imaginario, de madrugada es un error. Un juego de manipulación femenina que cosifica a sus protagonistas, que las denigra en todos los ámbitos. Uno no abre ninguna puerta que no quiere que alguien traspase. Las puertas se abren para, justamente, que alguien entre con todo nuestro beneplácito y alegría. Si no es así, si no se quiere que un hombre traspase nuestro umbral, basta con cerrar la puerta.
Con defender nuestra intimidad. Con tener fortaleza para decir “NO” y afrontar las consecuencias. Para denunciar, a tiempo, legítimamente. Sin buscar luces.
Pocos movimientos supuestamente “feministas” pueden hacer tanto daño a las mujeres, también a los hombres, como este absurdo de juego de denunciar…
Luego de que circulara en redes la foto de un policía descalzo y diera paso a un sin fin de especulaciones, en un nuevo video difundido el policía aclara que no se había quedado sin botas, sólo esperaba la reparación de estas.
El uniformado fue grabado en calles del Centro de la Ciudad de México en posición firme sobre un pequeño soporte que separa sus pies del asfalto, mientras espera el zapatero concluya su labor y queden listas para usarse.
Asimismo, el oficial declaró ante Asuntos Internos que decidió entregar sus botas a un zapatero, pues éste se había dañado "en el cumplimiento de sus labores" y aseguró que no cometió ninguna falta, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México.
El policía que se muestra en la imagen declaró ante Asuntos Internos que se encontraba reparando su calzado, mismo que se había dañado en cumplimiento de sus labores, tal como se muestra en el video. pic.twitter.com/Yx4mC9cfV4
Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP capitalina abrió una carpeta de investigación, para esclarecer la situación respecto a este video del policía preventivo, perteneciente al sector Centro.
Ante la
falta de un director, madres de estudiantes de una secundaria en Reynosa
denunciaron que han sorprendido a alumnos con armas y drogándose en el plantel.
Desesperadas por la falta de respuesta de las
autoridades, las afectadas denunciaron los hechos que supuestamente se
registran desde hace un año en el turno matutino en la Secundaria 7
"Carlos Morales Sánchez", que se ubica en la Colonia Jardines
Coloniales.
Como medida de presión para que intervenga la
Secretaría de Educación, las madres impedirán el próximo lunes el acceso a la
escuela a maestros y alumnos.
Actualmente, el plantel no cuenta con un
directivo responsable.
En la escuela, señaló la madre de familia María
Catalina Quintana, se han visto a alumnos con navajas y cuchillos, incluso el
año pasado se halló un arma de fuego.
Además, otros estudiantes consumen drogas.
Además, agregó Quintana, se registra un alto
ausentismo de maestros, como el pasado jueves, cuando algunos grupos sólo
tuvieron 1 y 2 horas de clases. fuente.-
