La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avaló el
contenido de una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para
crear una ley de seguridad interior, que otorgue un marco jurídico a las
fuerzas armadas para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas
que “pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”, como
el narcotráfico e incluso la corrupción.
NOTA RELACIONDA:
La iniciativa, elaborada por el coordinador de la bancada
priísta en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, y la legisladora
Martha Sofía Tamayo, propone distinguir la seguridad nacional de la interior, y
prevé la participación del Ejército y la Marina en “acciones de orden
interno”, que serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
Las operaciones que incluye la propuesta son:
destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de
operaciones móviles y fijas, así como puestos de seguridad, intercepción
terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia,
reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y “las demás que
se consideren necesarias”.
Como en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, la propuesta
prevé que militares y marinos puedan “hacer uso de cualquier método de
recolección de información” y obligaría a las instituciones
gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar información.
Podrían combatir delincuencia organizada y corrupción
Entre las amenazas concretas que ameritarían la
intervención del Ejército y la Armada se consideran fenómenos por cambio
climático, corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de
seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico
ilícito de armas de fuego, entre otros.
Diputados de la Comisión de Defensa Nacional informaron
que, en una reunión la semana pasada con el general secretario de la Defensa,
Salvador Cienfuegos Zepeda, éste les comentó que la iniciativa, turnada a la
Comisión de Gobernación para su dictamen, contó con su visto bueno.
En su propuesta, Camacho Quiroz y Tamayo definen que la
seguridad interior “deriva de una de las funciones primarias e
irrenunciables del Estado, tanto para su propia subsistencia como para
garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las
potencialidades de sus habitantes, mediante la adopción de todo tipo de medidas
políticas, económicas y sociales, incluyendo el ejercicio del monopolio del uso
legítimo de la fuerza”.
También indican que para ello, “en primer término
debe hacer uso de todos los medios y recursos legítimos que se encuentren a su
disposición y, en caso de que la situación concreta así lo amerite, bajo el
principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las fuerzas
armadas como la última ratio del poder nacional”.
Para los priístas, es necesario un ordenamiento legal
específico que defina y regule las actividades que pueden realizar las
dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la seguridad
interior, y responder a cuestionamientos o confusiones sobre el alcance y las
tareas de seguridad pública.
“
”
“Los asuntos en materia de seguridad pública son
atendidos por las instituciones policiales especializadas de los tres órdenes
de gobierno; por su parte, la complejidad de los fenómenos de seguridad
interior requiere de la actuación coordinada de diversas dependencias e
instituciones del Ejecutivo federal, así como de la participación corresponsable
de las autoridades de las entidades federativas y los municipios”, indican.
También argumentan que la seguridad interior, como
vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de que el presidente
de la República, como comandante supremo de las fuerzas armadas, disponga de la
totalidad de la fuerza armada permanente, esto es Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, “para hacer frente a fenómenos que impacten a la seguridad
interior”.
Incluso refieren que las respectivas leyes orgánicas del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México definen como una de
sus misiones “coadyuvar en la seguridad interior del país”.
La iniciativa prevé el apoyo del Consejo de Seguridad
Nacional, para determinar la intervención de la Federación en temas de
seguridad interior, así como del secretario de Gobernación, en su carácter de
secretario ejecutivo del Consejo, para coordinar el análisis estratégico de las
amenazas.
Además, precisa que la intervención se hará a partir
de “acciones de seguridad interior” y de “acciones de orden
interno”.
Las primeras son presentadas como las aplicadas previa
emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, que no
tendría los efectos de una suspensión de garantías.
Consisten en “operaciones de restauración del orden
y operaciones para auxiliar a la población civil en caso de necesidades
públicas y desastres, esto es, reactivas frente a amenazas inminentes a la
seguridad interior”.
Y las segundas serán de carácter permanente, como el eje
preventivo de la seguridad interior, “fundamental para anticipar la acción
del Estado frente a fenómenos que pretendan vulnerar el orden interno”.
fuente.-
