De 2007 a 2014 el número de
presos reincidentes en los Centros Federales de Readaptación Social
(CEFERESOS) se multiplicó más de 600 por ciento. Pasó de solomil
484 internos en 2007a casi 10 mil 900 en 2014. Ya es
prácticamente la mitad de toda la población penitenciaria en dichos
reclusorios.
“Las políticas de
reinserción social no están funcionado” concluyó la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) al evaluar el desempeño en 2014 del Sistema
Nacional Penitenciario en México.
El dictamen de la auditoría
advierte que si bien más del 88 por ciento de los 24 mil 776 internos en los
CEFERESOS fueron involucrados en actividades de reinserción social, estas
parecen tener un efecto nulo pues hasta 2014 el 45 por ciento de esos
internos ya había reincidido en cometer uno o más delitosen el pasado tras
ser liberados.
Y aunque existen proyectos
como el diseño de un plan integral de reinserción social y un nuevo instrumento
de clasificación de población penitenciaria, lo cierto es que los niveles de
reincidencia delictiva han experimentado un crecimiento notable en los últimos
años.
Lo anterior, sin olvidar que
el 41 por ciento de los centros federales de reclusión cerraron en 2014 con
problemas de sobrepoblación y cuatro penales de alta seguridad tenían
condiciones de hacinamiento crítico.
“Los incipientes avances en
el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de manifiesto una
continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes (…) esto pone
en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24 mil 776 internos recluidos
en los CEFERESOS, así como la contención de su reincidencia y, en consecuencia,
la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública.
El deficiente tratamiento de
la población penitenciario tiene un impacto también en los beneficios de
preliberaciones, los cuales han decrecido de forma sostenida en los últimos
siete años, revela el dictamen.
En 2007 por ejemplo, el
Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó que
se concedieron cuatro mil 464 beneficios de preliberación para internos que
mostraron un buen comportamiento durante por lo menos la mitad de su periodo de
reclusión, pero para el 2014 solamente fueron 150. Es una reducción
del 97 por ciento en la concesión de este beneficio.
De acuerdo con la auditoria,
en promedio actualmente solo se otorga un beneficio de preliberación por cada
140 solicitudes.
El dictamen establece que
estos datos corresponden en su mayoría al sistema penitenciario federal
pues a nivel estatal la OADPRS argumenta no contar con la información, pese a ser
la institución responsable del funcionamiento de la política pública en materia
de reinserción social. Lo anterior fue objeto de una recomendación específica
dirigida a Gobernación.
“Resulta necesario evaluar
la pertinencia de analizar las causas por las que no contó con información de
los estados en materia de reinserción social y, con base en ello, implemente
medidas para corregir la omisión con objeto de contar con información
pertinente para la instrumentación de la política penitenciaria” indica el dictamen.
Reos federales,
motor de hacinamiento
La ASF advirtió que al
cierre del 2014 había poco más de 58 mil internos en condiciones de
hacinamiento en los penales estatales del país, de los cuales, 26 mil 410
son internos de nivel federal que en teoría tendrían que estar en un CEFERESO.
Aunque la capacitad
instalada en los penales federales se ha incrementado progresivamente en los
últimos años hasta 31 mil espacios, los auditores consideraron que el OADPRS no
ha coadyuvado a despresurizar realmente los penales estatales, pues
prácticamente 1 de cada 2 internos en sobrepoblación en las entidades es un reo
federal
La sobrepoblación en los
penales estatales, subraya el dictamen, es un problema en crecimiento Pasó
de 22.5 por ciento en el 2010 a más de 34 por ciento en el 2014. En 24 de
las 32 entidades del país hay sobrepoblación penitenciaria.
Una clasificación realizada
por la auditoria advierte que en 14 de las entidades el hacinamiento es crítico
pues los índices de sobrepoblación superan el 20 por ciento. Los casos más
graves son el estado de México con una sobrepoblación del 144 por
ciento, Nayarit con 140 por ciento, Hidalgo con 108 por ciento, Morelos con 81
por ciento, y Jalisco con 80.5 por ciento.
En cuanto a los CEFERESOS la
auditoría identificó que si bien no existía una sobrepoblación general, había
cuatro de estos centros con un nivel de hacinamiento crítico hasta abril de
2015. Los casos más críticos eran el CEFERESO 2 Occidente con una
sobrepoblación de 88 por ciento, y el CEFERESO 1 Altiplano de 32.4
por ciento.
En ese contexto la ASF
emitió una recomendación al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación
Social para que realicen una “distribución heterogénea” de los internos, pues
mientras existen centros federales por debajo de su capacidad, hay otros con
condiciones de sobrepoblación.
Poco dinero y mal
usado
La Auditoría Superior de la
Federación advirtió que entre 2012 y 2015 el presupuesto destinado al Sistema
Nacional Penitenciario a través del OADPRS ha sufrido una reducción sistemática
lo que ha dificultado que las deficiencias en materia de espacio y
reinserción entre otras, puedan solventarse.
Por este motivo dicha
instancia emitió una recomendación dirigida a la Cámara de Diputados para que
la política de prevención social sea considerara prioritaria en temas
presupuestales y no sufra de deducciones.
Pero si bien el dinero es
poco, lo cierto es que un porcentaje del que se recibe también es mal gastado
por el OADPRS dependiente de la Secretaría de Gobernación, como se desprende de
la auditoría financiera realizada con motivo del análisis de la Cuenta Pública
2014.
Los auditores detectaron
irregularidades en el gasto de poco más de 60 millones de pesos destinados al
gasto para fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios
federales. De los sistemas penitenciarios locales no hubo información
disponible.
Por ejemplo, los auditores
ubicaron que en 2014 el OADPRS desembolsó 16 millones de pesos para la compra
de siete vehículos blindados para el traslado de funcionarios, bajo el
argumento de ser necesarios por temas de “seguridad pública y nacional”.
La primera irregularidad es
que no se justificó realmente la necesidad de contar con esos vehículos, pero
además, los auditores identificaron que tres de esos automóviles blindados
terminaron asignados al transporte de funcionarios de la Secretaría de
Gobernación que ni siquiera tienen que ver con el área de reclusorios.
Los auditores también
detectaron irregularidades en la contratación de servicios de transporte
aéreo ejecutivo para funcionarios de los penales, pues no se
proporcionó evidencia del procedimiento de selección de los proveedores de ese
servicio, además de que se eligieron empresas que no estaban en el
padrón de contratistas de seguridad nacional.
Otro ejemplo. La Secretaría
de Gobernación a través del OADPRS firmó en diciembre de 2013 un contrato por
un monto de más de nueve millones de pesos para producción de manuales en
materia “Capacitación Penitenciaria”, así como para el diseño de un “Programa
de Formación”, y otras acciones similares.
El problema es que los
auditores no encontraron un solo registro o evidencia documental de que
se haya proporcionado el referido servicio, o se hayan entregado los manuales, o
cualquier otra prueba mínima de que se cumplió el contacto comprometido.
Por
estas y otras irregularidades la Auditoría Superior de la Federación emitió 14
recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, además de diez promociones de
responsabilidades administrativas para que se sancione a los servidores
públicos que resulten responsables del mal manejo de los recursos.
Fuente.-ANIMALPOLITICO
