Apocos días de que se cumpla un año de los ataques a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y previamente al sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, el abogado Vidulfo Rosales Sierra considero que en México “hay un poder que va más allá del presidencial de Enrique Peña Nieto: es el del Ejército”.
Rosales Sierra es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que representa a los familiares de las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.
En entrevista con Proceso, unas horas antes de que el GIEI rindiera –este domingo 6– su sexto informe, Rosales adviertio que en el gobierno de Peña Nieto se niegan a aceptar otra versión sobre el destino final de los estudiantes que no sea la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, en la cual no se incluyó la participación de las Fuerzas Armadas.
Consciente de que el Grupo Interdisciplinario no fue creado “para decirles a los padres: ‘Aquí están sus hijos’”, Rosales considera que a casi un año de los ataques “hay una disputa por la verdad, y el GIEI va a inclinar la balanza”.
El grupo fue creado el 12 de noviembre de 2014 por el Acuerdo de Incorporación de Asistencia Técnica Internacional desde la Perspectiva de los Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de 43 Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, como parte de las medidas cautelares solicitadas tras los hechos de septiembre y en apego a las facultades “de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos de la región”.
El convenio fue firmado por el representante mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa; la entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, y la extitular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.
La asistencia técnica del GIEI tiene cuatro ejes: la elaboración de planes de búsqueda con vida de los desaparecidos, el análisis técnico de la investigación para determinar las responsabilidades penales, la revisión de los planes de atención a las víctimas de los ataques y la revisión de las políticas públicas frente a las desapariciones forzadas en México.
Obstáculos
Tras meses de organización y consultas, la CIDH designó como integrantes del GIEI a expertos con amplia trayectoria internacional: Ángela Buitrago, Claudia Paz, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristáin, quienes el 2 de marzo iniciaron su trabajo de revisión del caso y el 19 de ese mes dieron a conocer un informe preliminar.
Desde su reporte inicial, los expertos hicieron pública su intención de entrevistar al personal militar del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
En los siguientes cuatro informes, los expertos dieron cuenta de la evolución de esa petición. En el reporte del 20 de abril señalaron que habían “obtenido una respuesta positiva”; en el del 11 de mayo advertían su preocupación ante los obstáculos para entrevistar a los militares.
Ya en el cuarto despacho, los expertos manifestaban su inquietud por la respuesta escrita del gobierno, de que seguía analizando la solicitud y reiteraba que “en su carácter de coadyuvante, el GIEI está facultado en todo momento para exigir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros (sic) del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”.
En la quinta exposición, el 17 de agosto, los integrantes del GIEI narraron que en la víspera de su presentación, el Estado les negó por escrito entrevistar a los soldados y les sugirió que “el grupo formule por escrito las peticiones que considere formen parte de la diligencia ministerial”, tras advertir que “derivado de las características de esta diligencia, en ella sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”.
El GIEI alertó en el documento difundido en agosto que en el sexto reporte daría a “conocer las informaciones que considera relevantes y las cuestiones que se deberían investigar en torno al tema”.
Sobre la resistencia para acceder directamente al testimonio de los militares que estaban en activo la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, Rosales opina que bastaron cinco meses para que los expertos confirmaran que en México “el Ejército constituye otro poder; es una fuerza política que tiene poderes paralelos a la autoridad civil formal”.
Al considerar “muy grave” que “el poder de la autoridad civil sucumba ante el poder militar”, Rosales indica que “no le costaría absolutamente nada a los miembros del 27 Batallón ir a una entrevista con el GIEI, como están siendo entrevistados todos los demás funcionarios. La lógica indicaría que en nada afectaría al Ejército mexicano que fueran sus soldados.
“Pero de lo que se trata es de demostrar una fuerza y una postura política de que no va a atender el llamado que le hace un ente externo, como la CIDH, a pesar de que haya tratados de derechos humanos firmados por México que lo obligan a cumplir ciertas recomendaciones que emitan organizaciones de este tipo.”
Más allá del convenio de asistencia técnica firmado en noviembre pasado, el abogado recuerda que el Estado mexicano estaría trasgrediendo en el fondo la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por México, que “lo obliga y vincula en términos jurídicos a cumplir las recomendaciones que emitan los órganos que crea esa Convención”.
Moneda en el aire
La negativa a recabar las versiones de los militares no es la única omisión del Estado mexicano en la atención al trabajo del GIEI, considera Rosales.
Recuerda que como parte de su mandato, los expertos están facultados para emitir recomendaciones sobre asuntos que consideren de urgente intervención, como lo fueron sus advertencias sobre los procesos de búsqueda de los jóvenes, la urgencia de acumular las 13 causas penales dispersas en seis juzgados en todo el país, así como procesar a los responsables por desaparición forzada y no por secuestro, uno de los delitos por los que los más de 100 detenidos están siendo juzgados.
Sin embargo, acota, hasta ahora esos puntos relevantes para el desarrollo de la investigación no han sido asumidos por las autoridades.
El abogado estima que la desatención a las observaciones tiene que ver con que “hay una verdad en disputa, y como para el gobierno de Peña Nieto ya hay una verdad establecida y una investigación concluyente, no se han cumplido las recomendaciones preliminares”.
Aunque en lo que considera “temas torales” la Procuraduría General de la República (PGR) no ha reaccionado como se esperaba, el abogado reconoce que gracias a la actuación del GIEI se reactivaron las investigaciones, estancadas desde enero, cuando Murillo Karam dio a conocer su “verdad histórica”, además de que se descongelaron las relaciones con funcionarios del gobierno federal.
Como intermediarios, los integrantes del GIEI fueron testigos del último encuentro de los padres de los desaparecidos y sus abogados con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 15 de agosto.
“Osorio Chong no se comprometió a nada –cuenta Rosales– en el tema del Ejército. Dijo que seguía en análisis la solicitud. Y de la prórroga del GIEI consideró que él no veía problema en que continuaran trabajando, pero que también era tema de consulta.”
El 27 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que antes del martes 15 el gobierno dará respuesta formal a la CIDH sobre su disposición de aceptar o no la solicitud de familiares de los desaparecidos para que los expertos continúen sus pesquisas.
El 28 de agosto la CIDH notificó su decisión de otorgar una prórroga de dos meses para que el GIEI realice su trabajo, en tanto se mantiene pendiente la respuesta del Estado mexicano para que se formalice esa ampliación.
Para Rosales, mientras el gobierno de Peña Nieto no dé respuesta a la CIDH sobre la prórroga, la moneda sigue en el aire.
Advierte que las expectativas que guardan del sexto informe del GIEI, que podría ser el último, es que se fije la ruta para alcanzar la verdad de lo que ocurrió en Iguala el año pasado.
“Hay una disputa por la verdad, por un lado está ‘la verdad histórica’ establecida por el gobierno, que para nosotros no puede ser real. Y ese informe puede inclinar la balanza y sentar las bases que nos conduzcan a darle otra perspectiva y otro rumbo a la investigación”, remata.
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