La averiguación sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, debe replantearse ante el hallazgo de nuevas evidencias como la existencia de un autobús que esa noche fue tomado por los jóvenes y en el que habría un cargamento de drogas lo que pudo desatar el ataque en su contra, concluyeron los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interdisciplinario de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de seis meses de investigación, los expertos encontraron evidencia sobre la existencia de un quinto autobús que la Procuraduría General de la República a cargo de su ex titular Jesús Murillo Karam, no consignó en el expediente sino hasta que fue solicitado por el GIEI en junio de este año, a partid de testimonios y declaraciones de testigos y estudiantes que participaron en los hechos.
Los especialistas exhortaron a las autoridades mexicanas a hacer un replanteamiento de la investigación toda vez de que se tuvo conocimiento de una indagatoria en un tribunal en Estados Unidos con base en una declaración de un agente de la DEA en la que refiere que existen rutas de trasiego de drogas de Iguala hacia la nación Atlanta.
Según la investigación los jóvenes habrían tomado tres autobuses de la Central camionera de Iguala que se sumaron a una caravana de otras dos unidades conformando así un grupo de cinco.
El GIEI obtuvo un video en el que se observa la salida de los autobuses de la Central de Iguala y refieren que de inmediato elementos de la policía municipal los comenzaron a seguir y a dispararles.
En un inicio la PGR había consignado que se trataba solo de cuatro, informó el grupo de expertos. Sin embargo luego de que salieran a la luz más evidencias, solicitaron que se realizara la búsqueda del autobús y luego, un peritaje en el que se hallaron inconsistencias en las características con el que aparece en el video.
“Cuando se nos presentó el quinto autobús para revisión había elementos que no coincidían”, aseguraron.
A partir de esto, solicitaron que se abra una nueva línea de investigación enfocada a que el ataque estuvo relacionado con la toma de un autobús que contenía un cargamento de droga, por la cual habrían atacado con altos niveles de violencia a los normalistas.
Otro elemento en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre es que una persona no identificada pero que fue señalada como “corpulenta” era quien coordinaba las acciones de los policías.
Lo anterior se desprende de la declaración de un chofer de los autobuses que fue llevado por policías de Iguala hasta un domicilio en el centro del municipio y que señala como una casa blanca con portón negro.
Este personaje desconocido dijo a los policías que le llevaron al chofer “ustedes ya saben qué hacer”. El conductor del autobús refirió que uno minutos después fue liberado.
Según la investigación que fue enviada al Gobierno Federal, los ataques contra los estudiantes normalistas fueron del conocimiento del Batallón 27 del Ejército desde que el primer grupo de jóvenes salió de Chilpancingo alrededor de las 17:00 horas del 26 de septiembre.
Además, según documentos desclasificados del ejército a los que tuvo acceso el GIEI, el ejército también se presentó en la clínica Cristina donde un grupo de normalistas buscó atención médica para sus compañeros. Este mismo grupo castrense fue el que encontró el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los tres normalistas que perdió la vida en los ataques.
El documento también da cuenta de un ataque a quemarropa por parte de tres sujetos que se bajaron de dos camionetas que sufrieron dos normalistas alrededor de las 0:00 horas del 27 de septiembre cuando daban una conferencia de prensa a medios locales.
La investigación también desecha la posibilidad de que los 43 normalistas hayan sido incinerados en el basurero del municipio vecino Cocula a manos de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Un peritaje realizado por el especialista peruano, José Torero, reveló que es “científicamente imposible” que los cuerpos de los normalistas hayan sido quemados en las condiciones que señaló la PGR en su informe de noviembre de 2014 pues se requerirían más de 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y 30 mil 100 de kilogramos de madera que estuvieran ardiendo durante 60 horas y no las 16 que refirió la autoridad mexicana.
“Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, señalaron.
Por lo anterior, en sus recomendaciones además de solicitar que la investigación sea replanteada, también llamaron a que se integre un peritaje de incineradores cercanos a Iguala.
Finalmente, lamentaron que pese a las investigaciones “no tenemos indicios de dónde puedan estar los desaparecidos”.
En tanto, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias del Gobierno Federal a analizar las recomendaciones hechas GIEI en torno al caso Iguala.
Peña informó que ya dio instrucciones para que las investigaciones de los sucesos en Iguala, Guerrero, tomen en cuenta los elementos aportados por este grupo de expertos.
Fuente.-LaSillaRota
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