El narcotráfico y el crimen organizado representan los elementos y riesgos más importantes que enfrentan el Gobierno mexicano y la Reforma Energética, alertó un estudio realizado por la Universidad de Rice, en Estados Unidos. Establece que para aterrizar los cambios en la materia es urgente poner un alto inmediato a este problema.
Ciudad de México, 15/Feb/2015.– Para que la reforma dé los resultados previstos, según el documento, la administración de Enrique Peña Nieto necesita proteger las materias primas, los productos energético y la infraestructura energética tanto publica como y privada.
En diciembre de 2013, el Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias que abrieron el sector energético nacional a la inversión privada y extranjera, por primera vez desde 1938. La Reforma Energética se promueve como una solución a la disminución de la producción petrolera -¡–de 3.3 a 2.5 millones de barriles diarios– y la baja en los ingresos por este concepto, ya que aumentaría la inversión privada y extranjera, que como consecuencia aumentará la producción de petróleo, de gas, la generación de energía eléctrica y el ingreso nacional. El gobierno de México contempla inversiones extranjeras significativas en la infraestructura para el desarrollo de los distintos proyectos.
En este sentido, la administración actual ha prometido que los cambios estructurales conducirán a una economía más robusta, con menores costos de energía, y más y mejores empleos mejor remunerados.
No obstante, advierte el estudio, detrás de este escenario optimista, se encuentran los grupos delictivos organizados que se aprovechan de la industria petrolera de México y controlan gran parte de la infraestructura del Corredor Económico del Norte (CEN).
HIDROCARBUROS EN EL NOROESTE MEXICANO
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila podrían ser los primeros estados en recibir inversiones privadas en el sector energético, pero también son de alto riesgo debido a la presencia del crimen. Foto: Especial.
El documento apunta que el noreste de México es una zona rica en hidrocarburos, gracias a la Cuenca de Burgos, la más importante reserva no asociada de gas en el país que abarca 70 mil millas. La cuenca se extiende a través de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y es considerada como una de las primeras áreas que más inversión privada y extranjera recibirá para la exploración, extracción y refinamiento de hidrocarburos.
No obstante, también la región ha tenido descubrimientos importantes de petróleo y gas. En 2012, Pemex encontró dos nuevos yacimientos de petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, cerca de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
“Una de las reservas añadirían entre 75 y 125 millones de barriles de crudo 2P [reservas probadas y probables] incrementando el rango de potencial del sistema petrolífero localizado en el noreste del Golfo de México de 4 mil a 13 mil millones de barriles. El Gobierno federal y el estado de Tamaulipas anticipan desarrollos importantes para el sector de la energía en esta región, y recientemente dio a conocer un plan maestro de 130 millones de dólares el desarrollo integral del Puerto de Matamoros en la bifurcación de Río Grande”, afirma el estudio.
Recientes descubrimientos de petróleo y gas shale en el noreste mexicano han incrementado la importancia de la región a nivel internacional. “La Reforma Energética ofrece grandes oportunidades para el capital extranjero, no obstante los importantes riesgos de inseguridad deben solucionarse para lograr los resultados deseados”, insiste.
Recuerda que en enero de 2010, el puente internacional más grande y más moderno entre México y Texas abrió sus puertas en esta área con el Puente Internacional Anzaldúas. Este puente acelera el tránsito de personas y mercancías mediante la conexión con Reynosa, Tamaulipas, con La Misión y McAllen, Texas, donde se han establecido importantes parques industriales y decenas de maquiladoras y otros negocios.
Estos proyectos fueron construidos para ayudar a implementar la Reforma Energética y son cruciales para atraer la inversión privada y extranjera a la región, pero al mismo tiempo son un blanco del cártel de Los Zetas radicados en el NEC, mientras que el cártel de Sinaloa radicados al oeste, en su conjunto representan un claro desafío para los inversionistas en la región.
“Por desgracia, el noreste de México se encuentra actualmente en las garras de uno de los grupos criminales más violentos del país: Los Zetas. No obstante, los Zetas no han evitado que el gobierno mexicano lleve a cabo la construcción de futuro proyectos de infraestructura generados a partir de inversiones privadas y extranjeras. El gobierno mexicano, de hecho, ha aumentado la inversión pública en infraestructura de transporte”, afirma el reporte.
UNA NUEVA FASE DEL CRIMEN ORGANIZADO
En octubre de 2011, la Secretaría de Energía (Sener) anunció otro gran descubrimiento: los grandes depósitos de gas shale en la frontera México-Estados Unidos. El entonces Secretario de Energía, Jordy Herrera Flores dijo que los campos podrían “cambiar el rostro de México en el sector de los hidrocarburos” y garantizó que aumentarían el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del país en un punto porcentual. Pemex Exploración y Producción estima que las reservas de gas no podrían ser de 4 a 5 veces más que los 4 mil millones de pies cúbicos de reservas certificadas en la Cuenca de Burgos, aproximadamente 20 mil millones de pies cúbicos.
Sin embargo, grupos del crimen organizado en México se han diversificado en la última década, pasando del contrabando de drogas a hacer miles de millones de dólares en exportaciones ilegales de minería y mineral de hierro, la tala ilegal, la trata de personas y el contrabando, secuestro, extorsión y las mercancías piratas.
“El crimen organizado ha extendido sus redes a otras áreas que eran impensables en el pasado. Es un negocio al final del día, a pesar de que es ilegal”, agrega el informe.
El tramo territorial que se encuentra bajo el yugo de Los Zetas llega hasta la Cuenca de Burgos. El grupo ha estado involucrado en el robo de petróleo crudo, gas y gasolina en una práctica conocida como “ordeño de tuberías”.
El reporte afirma que “estas actividades se han facilitado por una relación de corrupción entre los grupos delictivos y los organismos policiales, así como políticos y funcionarios públicos. El impacto del crimen organizado en el sector de la energía en el CEN es difícil de cuantificar, pero es una amenaza real para los efectos que se tienen previstos con la implementación de la Reforma Energética”, puntualiza.
Sener y Pemex reconocen que el robo y venta ilegal de gas condensado, así como el robo de petróleo y sus derivados son una preocupación en la región. En la actualidad, existe una red criminal compleja a través de la cual millones de litros de productos derivados del petróleo son robados y contrabandeados hacia el norte.
Según algunos investigadores, estos grupos delictivos roban hasta el 40 por ciento de gas natural condensado extraído de la frontera norte de México y lo venden en el mercado negro de Estados Unidos. En algunas áreas, los grupos de delincuenciales prácticamente se han apoderado del sistema de gasoductos de Pemex, robando cantidades cada vez mayores de combustible y parte de los ingresos federales. No obstante, así como Pemex, empresas petroleras privadas pueden volverse víctimas de este tipo de robo.
Los Zetas también han demostrado que son capaces de manejar el mercado internacional. Pemex ha presentado dos demandas contra las empresas que presuntamente compraron gas robado de este cártel a través de intermediarios.
Los grupos delictivos organizados también se están beneficiando de las minas pequeñas que se encuentran en la frontera de Estados Unidos, vendiendo carbón como combustible para algunas empresas privadas. Fuentes señalan que Los Zetas “producen o compran alrededor de 10 mil toneladas de carbón cada semana para venderlas por 600 pesos—equivalente a 50 dólares— por tonelada.
“Las compañías de energía que se aventuran a ir a la región NEC tendrían que estar alerta para evitar la participación involuntaria con grupos sospechosos”, alerta el reporte.
Entre 2010 y 2011, la violencia que siguió a la guerra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado se tradujo a que la mitad de las empresas que operan en la Cuenca de Burgos abandonaran la zona. “La carnicería destrozó pueblos y ciudades situados cerca de la cuenca fronterizos de México, y se extendió al personal, el equipo y las instalaciones, y elevar los costos de seguridad”, agrega.
“Aunque el gobierno de México ha hecho algunos progresos contra Los Zetas, el grupo sigue siendo fuerte y todavía puede amenazar, robar, extorsionar y secuestrar para pedir un rescate, e incluso aterrorizar al personal de la industria. Las empresas transnacionales que hacen negocios en la región del Corredor Económico del Norte están en riesgo al hacer frente a la delincuencia organizada, dado que el gobierno mexicano ha sido incapaz de neutralizar totalmente los Zetas feroces y altamente organizados”, subraya el informe.
IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
Establece que el fracaso del gobierno de México para tener el control total de la región donde se ubica el Corredor Económico del Norte es un problema por sí mismo. La falta de recuperación del territorio perdido a mano de Los Zetas y falta de un marco legal que recupere el Estado de Derecho pone las promesas de la Reforma Energética en riesgo.
“El gobierno mexicano debe reforzar todas sus instituciones de justicia y restablecer la aplicación de la ley y de credibilidad para proporcionar no sólo la seguridad jurídica sino también garantías a los inversionistas privados y extranjeros de que su capital está protegido. El gobierno también debe ser transparente acerca de las dimensiones de la actividad criminal en la región y trabajar con los inversionistas para abordar el problema”, destaca.
“Las principales áreas de enfoque debe ser una reforma policial y lucha contra la corrupción. Las actuales alternativas que ignoran el problema de la delincuencia organizada, ocultan las estadísticas del crimen y mantener fuerzas armadas en la región para proporcionar seguridad pública, pedir que las empresas inviertan en su propia seguridad e incluso pedir a agencias extranjeras para ayudar a aplicar la , compromete la credibilidad del Gobierno federal, pone en peligro los objetivos de la reforma y a las empresas que operan en México, al mismo nivel de riesgo como los que realizan negocios en Libia o Nigeria”, concluye el informe.
Fuente.-SinEmbargo
