La advertencia del dirigente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco -Servytur),
Enrique Solana Sentíes, de que “por ningún motivo permitiremos que (los
padres de familia) se metan en los cuarteles”es una
medida “desafortunada” y“desesperada” para ayudar al gobierno
federal, pero también como una evidencia de la insensibilidad de las cúpulas
empresariales y su creencia de que son dueños del Ejército, aseveraron
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
(ANPC), y Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio del Salario Justo de
la Universidad Iberoamericana de Puebla
Mexico,D.F 15/Feb/2015 Si el dirigente de la Concanaco quiso respaldar al gobierno federal con sus
declaraciones de que la cúpula empresarial no permitirá “por ningún
motivo” que los padres de los normalistas desaparecidos se metan a los
cuarteles del Ejército –aunque la Secretaría de Gobernación accedió a que
inspeccionen sólo el de Iguala–,“poco lo ayuda a salir del problema”, expresó
Cuauhtémoc Rivera.
Una manera democrática de alcanzar una solución tiene que involucrar a los
padres para verificar todas las versiones, quienes se han sentido engañados y
han traído “de allá para acá y echándoles baldes de agua fría”, precisó.
Las declaraciones de Solana Sentíes, sostuvo, “son desafortunadas”,
porque “avivan el fuego de un problema que está lejos de resolverse”. Para
empezar, cuestionó:“¿Quién es él para impedir o permitir el acceso a los
cuarteles?”, sobre todo porque más que opinión parece una amenaza de que los
dirigentes empresariales estarán en la puerta de los cuarteles para impedir el
paso de los padres de familia; “porque no dicen: ‘nos solidarizamos con que no
se haga’, sino ‘no lo vamos a permitir’, como si él mismo fuera a estar en la
puerta con una metralleta.
Con eso sólo se radicaliza más el problema, que prevalecerá hasta que se
verifiquen todas las versiones que ha habido sobre la desaparición de los
estudiantes.
Imposición y promesas
A su vez, el investigador Miguel Santiago Reyes indicó que el cierre de
filas de la cúpula empresarial en torno al Ejército Mexicano por el caso de
Ayotzinapa no es más que una medida desesperada de los grandes empresarios para
sostener a un gobierno que ellos mismos impusieron y cuyas promesas, expresadas
en las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, todavía están en
proceso de ser cumplidas.
Las declaraciones de Enrique Solana es una muestra de insensibilidad y
refleja que los empresarios se comportan “como si fueran dueños del
Ejército”.
Las reformas aprobadas en los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña
Nieto fueron para favorecer a una buena parte del sector privado nacional y
extranjero por lo que dichos grupos ahora tratan de darle la vuelta a la página
en el caso de Ayotzinapa que, dijo, es solo una muestra del hartazgo social
ante la impunidad.
“El sector privado lo que hace –en una medida desesperada– es tratar de
salvar a a este gobierno y buscar fortalecer a una institución que la mayor
parte de los mexicanos sabemos que ha sido utilizada como una institución
represiva como en el 68 y más recientemente en Tlatlaya”, comentó.
Fuente.-La Jornada
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