Estados Unidos ha decidido dejar de hablar en clave diplomática: el CJNG no es sólo una banda de pistoleros con logística internacional, sino una maquinaria criminal que —según Washington— se sostiene también gracias a operadores financieros, redes de fraude y protección institucional. Y ahí está el punto incómodo: nadie acumula tal poder, controla territorios, lava fortunas y evade capturas durante años sin que desde alguna oficina pública le abran la puerta, le avisen del operativo o simplemente miren hacia otro lado,EE.UU no se equivoca.
La protección también es negocio
La ofensiva estadounidense ya no apunta únicamente a los capos visibles. Las recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares buscan desarmar la cúpula, sí, pero el mensaje de fondo es otro: perseguir la estructura completa, desde quienes ordenan asesinatos hasta quienes convierten el dinero sucio en negocios aparentemente respetables.
Washington ha anunciado acusaciones y recompensas contra mandos y presuntos operadores del CJNG, con Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, como uno de sus objetivos prioritarios.
Porque un cártel, sin distingo de la marca marca, no llega tan lejos únicamente con fusiles, halcones y camionetas blindadas. Llega con contadores, prestanombres, despachos, empresas fantasma, policías domesticados de todos niveles, ministerios públicos silenciosos y políticos que como Morena y Americo Villarreal en Tamaulipas,donde opera un híbrido CJNG-CDG, descubrieron la renta política y económica detrás de una súbita vocación por la ceguera cuando al crimen le tocaron la puerta.
“El dinero del narco no sólo compra armas: compra tiempo, expedientes congelados, patrullas distraídas y complicidades disfrazadas de gobernadores o servidores públicos, con uniformes de todos los colores. También compra impunidad a cambio de votos, muchos votos.”
Que caiga el paraguas
La DEA ha advertido que también buscará a los funcionarios corruptos que presuntamente facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia. La declaración importa porque rompe con la cómoda ficción de que la corrupción es un accidente aislado, una manzana podrida en un costal de instituciones sanas. Para las autoridades estadounidenses, la corrupción forma parte de la actividad criminal del cártel: no es un daño colateral; es su sistema de protección.
Ese es el verdadero golpe que tendría que preocupar a la clase política mexicana: no la fotografía de un capo esposado, sino el momento en que empiecen a caer los paraguas que los encubren y esa capa de poder que todo tapa. Porque detener a un líder puede reacomodar una estructura; desmontar sus vínculos con el poder puede dejarla sin oxígeno.
Y conviene decirlo sin maquillaje: mientras no se investigue a fondo quién protegió, financió, alertó o facilitó al CJNG o cualquier otra pandilla criminal empoderada, cualquier discurso oficial sobre combate al crimen seguirá pareciendo utilería.
El cártel no creció en un vacío institucional. Creció bajo administraciones, policías, fiscalías y gobiernos que, por acción, omisión y harta complicidad, permitieron que la impunidad se volviera parte de su modelo de negocios y se convirtiera en una grave enfermedad, la impudemia.
No sólo drogas: una corporación criminal
La presión de Washington incluye el rastreo de dinero, sanciones de la OFAC y procesos judiciales contra presuntas redes vinculadas a narcotráfico, lavado y fraude de tiempos compartidos. Las autoridades estadounidenses han sostenido que estas estafas afectaron a miles de víctimas y ayudaron a financiar las operaciones de la organización.
Ese detalle desarma otra mentira conveniente en Mexico: el CJNG no es solamente narcotráfico. Es una corporación criminal que diversifica ingresos, infiltra economías locales y explota cualquier actividad rentable, desde el fraude telefónico hasta los circuitos financieros. Por eso no basta con capturar sicarios ni con exhibir decomisos para la foto, ni para el maquillaje de cifras estadistico.
Hay que seguir el dinero, congelar las empresas, identificar a los prestanombres y, sobre todo, sentar ante un juez a quienes usaron un cargo público como chaleco antibalas.
Estados Unidos promete que ningún cargo ni conexión política protegerá a los facilitadores. México debería tomar nota: si la protección oficial fue el elevador que encumbró al CJNG que controla parte del crimen en Tamaulipas.
Y opera, además, en otros 22 estados en condiciones igualmente precarias. Así que derribar esa protección es la única manera de impedir que otro cártel vuelva a subir por el mismo piso.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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