Familiares de víctimas de desaparición forzada a manos de las Fuerzas Armadas y de seguridad denuncian que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico ha conseguido avances mínimos en sus investigaciones sobre el paradero de sus familiares, mientras el presidente López Obrador sigue enviando señales de apoyo al Ejército. En tanto, la comisión enfrenta falta de presupuesto, reticencia de los militares para entregar documentos y falta de colaboración de la FGR.
Reunidos en las instalaciones del Archivo Histórico de Sinaloa, una veintena de familiares de personas desaparecidas por las Fuerzas Armadas y de seguridad durante la Guerra Sucia protestaron ante la Comisión para el Acceso a la Verdad, que depende de la Secretaría de Gobernación, “por no haber sido considerados como colectivo (…) para ser convocados y entrevistados como lo fueron un grupo de familiares de perpetradores”.
Así se lee en la minuta fechada el 26 de octubre de 2022 que la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos en Sinaloa de los Años 70 enviaron al organismo –creado por decreto en 2021– al enterarse de que, la víspera, los investigadores de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh) se entrevistaron en ese recinto oficial con familiares de perpetradores de graves violaciones a derechos humanos.
La molestia se acentuó cuando los investigadores Daniel Herrera y Laura Rojas, que trabajan de manera directa con el comisionado Carlos Pérez Ricart, intentaron convencer a los familiares de los desaparecidos políticos de que los policías desaparecidos también eran víctimas.
“A finales de los años setenta, siete policías estatales que formaban parte de la guardia del entonces gobernador Alfonso Calderón Velarde estuvieron involucrados en el asesinato de un militar y, tiempo después, los militares los detuvieron y los desaparecieron, un sobreviviente dio testimonio de ello.”
Una de las inconformes es la historiadora Martha Camacho Loaiza, presidenta de la Unión de Madres, exintegrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue detenida el 19 de agosto de 1977, cuando tenía ocho meses de embarazo, y permaneció privada de la libertad 49 días en la Novena Zona Militar de Culiacán.
“Esos policías –narra Camacho en entrevista– habían colaborado con el Ejército y la Brigada Blanca en la desaparición de nuestros familiares, por eso, cuando los quisieron equiparar, yo me levanté y les reclamé muy fuerte, porque yo sobreviví a las mazmorras donde estuve confinada por mis ideales, fui torturada sexualmente y presencié la ejecución extrajudicial de mi esposo, José Manuel Alapizco, cuyos restos sigo buscando.”
Una semana después, Pérez Ricart y otros funcionarios de la Coveh acudieron a Culiacán a tomar testimonios de familiares de desaparecidos, ante la exigencia de que el organismo le dé prioridad en la investigación al periodo de la Guerra Sucia.
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