El mapa de la crisis forense es muy revelador,Tamaulipas sigue en la cúspide del "abandono forense" y encabeza la lista de los estados con "miles de cadaveres sin identificar",como una deuda más de la Fiscalía General de la República (FGR) con las y los desaparecidos.
En menos de 40 días la institución tendrá que cumplir con una falta que lleva arrastrando más de cuatro años: la creación y puesta en marcha de un Banco Nacional de Datos Forenses.
A raíz de un amparo ganado por Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido en Guanajuato desde 2017, la semana pasada un juez con sede en Zacatecas instruyó a la institución operar un mecanismo de identidad y reconocimiento a las más de 52 mil cuerpos sin identidad de los que se tiene registro en el país. El plazo: 40 días hábiles.
La crisis forense que ocurre en México tiene una larga numeralia marcada por el incumplimiento de las autoridades.
Mientras que en cifras oficiales, se registra que más de 106 mil personas están desaparecidas, las morgues están rebasadas de cuerpos o restos sin nombre, las fiscalías han sido omisas en el trabajo de identificación humana, y miles de cuerpos son enviados a fosas comunes sin posibilidad de ser reclamados por sus familias.
De acuerdo con un informe del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos, se contabiliza que hasta agosto de 2020, más de 52 mil cuerpos no tienen nombre ni identidad y esperan en fosas o instituciones periciales para ser reclamados. 
En las normas, la necesidad de crear un Banco Nacional de Datos Forense surge desde 2017 con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; la cual establece en su artículo 119 que estará a cargo de la Fiscalía General de la República.
Se trata de un mecanismo sume esfuerzos para erradicar la crisis forenses, ya que “se conforma las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real”, como se lee en la Ley.
Esta herramienta podrá conjuntar información genética, de huellas dactilares y las señas particulares de los cuerpos no identificados del país, para que esta se confronte con la información brindada por familiares que buscan a personas desaparecidas y de esta forma hacer cruces que faciliten la identificación.
A respuesta de esta orden judicial, la FGR emitió un comunicado en el que aseguró que el Banco Forense se mantiene en proceso de integración, pero evadió responsabilidad al afirmar que sólo el 4% de la información es responsabilidad de la federación y el 96% de las fiscalías locales por delitos en el fuero común.
Sin embargo, con la ineficiencia de la institución a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, la oportunidad de que cientos de personas desaparecidas puedan regresar con los suyos se ve cada vez más lejana.
LAS BASES DE DATOS “INACTIVAS” EN LOS ESTADOS
Hay tres tipos de bases de datos para identificar a una personas desaparecida: las de información genética; la AM/PM que conjunta rasgos y señas particulares de las personas en búsqueda con datos ante mortem y post mortem; y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, conocido como AFIS.
Sin embargo existen irregularidades y carencias en su utilización que no permiten que la información obtenida pueda compartirse entre los estados y la federación.
De acuerdo con el Centro de DDHH “Miguel Agustín Pro Juárez” existen al menos 34 bases genéticas, pero la FGR “no concentra toda la información de las bases de los estados, no les ha requerido la información forense que tienen y los estados no la comparten de manera rutinaria”, como explica el abogado César Contreras León.
La fragmentación de las bases de datos hace imposible identificarlos ya que, por ejemplo, si una desaparición se reporta en Guanajuato, pero se encuentra un cuerpo en Querétaro, no pueden cruzarse los datos disponibles, tanto de la información genética de los restos y contrastarlos con lo que donan las familias que buscan a sus desaparecids.
Tras un análisis al realizar diversas solicitudes de información a todas los estados del país, el Centro Prodh concluyó que, “muchas fiscalías tienen bases de datos en los años recientes, pero los cuerpos que fueron localizados hace mucho tiempo fueron enviados a fosas comunes sin que se tuviera su perfil genético”.
Las fiscalías de todo el país reconocieron que cuentan con un sistema de bases de datos genética, a excepción de Puebla que afirmó no contar con la herramienta.
El Centro Prodh detectó que la Fiscalía General de la República sólo tiene registro de información genética de cerca de 15 mil cuerpos de todo el país. Contrastado con los datos de los 52 mil cuerpos no identificados, significa que sólo tienen registro de 1 de cada 3 perfiles genéticos.
En tanto, las fiscalías locales llevan el conteo de 300 mil perfiles genéticos, resultado de la suma de información aportada por familiares y cuerpos encontrados. De estos la FGR sólo lleva cuenta de 60 mil, es decir menos del 20% de todos los perfiles genéticos tomados en el país.
En contraste, durante los últimos 15 años, la Fiscalía General de la República sólo refiere que ha logrado la identificación de mil cuerpos. “Esto revela que realmente no está funcionando la estrategia de identificación de la Fiscalía”, afirma el abogado César Contreras.
Respecto a la base de datos AM/PM, esta busca confrontar las características de señas particulares de la información de los cuerpos: AM ante mortem y PM post mortem; sumado a los datos aportados por los familiares.
Sin embargo, también para esta herramienta, la información es incompleta e insuficiente. Lleva el conteo de 13 mil 409 registros de personas desaparecidas y 8 mil 400 registros de cuerpos, lo que representa 1 de cada 5 cuerpos registrados, menos del 10% de los datos totales de personas desaparecidas.
LA DESAPARICIÓN INSTITUCIONAL DENTRO DE FOSAS COMUNES
Seis años estuvo el cuerpo del joven Braulio Bacilio Caballero en una fosa común. Sus familiares lo reportaron como desaparecido en 2016, cuando apenas tenía 13 años. Fue hasta agosto de 2022 cuando les fue entregado el cuerpo que pasó todo ese lapso de tiempo en calidad de desconocido.
Fue debido a diversas omisiones y negligencias de las instituciones forenses de la Ciudad de México las que impidieron a los padres dar con el paradero del cuerpo de su hijo, que fue atropellado en la alcaldía Venustiano Carranza en la misma fecha en que sus familiares comenzaron a buscarlo.
Al menos tres casos similares ha identificado y acompañado la Red Eslabones por los Derechos Humanos durante los últimos dos meses. Para ellos se trata de una nueva forma de desaparición: la de carácter institucional, ya que las autoridades no hacen los esfuerzos suficientes para hacer estudios genéticos que den nombre a los cuerpos desconocidos.
“Es una manera de desaparición. Una es la persona que se los llevó, otra quienes los ocultó en algún lugar, pero también la institución que hace el levantamiento sin vida y lo tiene metido en un congelador por años, luego decide desecharlo en una fosa común”, afirma Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones.
Circunstancia similar viven las Madres Buscadoras de Sonora, pues afirman que los desaparecidos “salen de un hoyo para entrar a otro”. Han reportado que la fiscalía local ha “perdido” cuerpos que ellas encuentran en búsquedas de campo, ya que se incumple con la cadena de custodia y posterior toma de muestras genéticas para dar con la identidad de las personas halladas en fosas clandestinas.
“Ellos mantienen todo oculto y por eso hay tantas personas en las fosas comunes. Es una doble desaparición. Nosotras sacamos y ellos vuelven a enterrar…Ya no se sabe qué fue lo que se encontró. Cuántos cuerpos se localizaron, si fueron 20 bolsas, cuántos cuerpos se completaron”, cuenta a EMEEQUIS la fundadora del colectivo, Cecilia Flores.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país se contabilizan 7 mil 611 fosas comunes, en las cuales tan sólo durante 2020 se inhumaron 24 mil 330 cuerpos.
Como lo dio a conocer EMEEQUIS, en la Ciudad de México cerca del 15% de los cuerpos ingresados a los servicios médicos forenses quedan en calidad de desconocidos. Durante los últimos 6 años, 4 mil 749 cuerpos han quedado en esta condición, de los cuales el 45% fueron enviados a la fosa común y 1 de cada 3 se enviaron a universidades de medicina para hacer prácticas con ellos.
Para el abogado del Centro Prodh, el envío masivo de cuerpos a la fosa común muestra la imposibilidad de las autoridades para identificar los cuerpos; además de que existe una mala gestión en fosas comunes y panteones para dar con la identidad del cuerpo incluso años posteriores a su recolección. La falta de orden en la información disponible es la razón principal.
“Tendría que ser un plan que articule las competencias de la Fiscalía General con las Fiscalías de los estados para que respecto a las fosas comunes de todo el país pueda realizarse un análisis de en cuáles hay certeza de que se tienen perfiles genéticos y las fosas se encuentran individualizadas. En cuáles hace falta exhumar los cuerpos para identificarlos, tomarles muestras, realizar todos los estudios complementarios a los genéticos para poder recuperar la información”, explica César Contreras.
En tanto, Valentina Peralta reconoce que las autoridades no cumplen con la normativa sobre la inhumación en fosas comunes; ya que no se guardan en gavetas individuales ni se les toman los datos genéticos previo a su inhumación.
“Todo se va haciendo sin generar cuadernillos de identidad, sin hacer toma de muestra biológica, sin procesar perfiles genéticos. Es una nueva desaparición por falta de organización institucional, de destinar recursos”, afirma.
Esta mala gestión también muestra otra carencia de la FGR que es la creación del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, y del Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas.
De acuerdo con la sentencia enviada por un juez federal a la FGR para la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, se establece también la creación de grupos de trabajo, ajustes presupuestales necesarios para obtener recursos extraordinarios para que se creen las herramientas y destinar personal humano para la construcción de la herramienta.
Para el Centro Prodh, que acompañó el amparo de no haber respuesta positiva de la FGR, un exhorto en organismos internacionales no sería suficiente, ya que por este tema se ha pronunciado diversos organismos de la ONU: el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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