El Congreso local de Tamaulipas dio entrada a iniciativas de la facción de Morena, por las que se busca restituir a Americo Villarreal Anaya, funciones que el pasado "Congreso dominado por Panistas dominados por Cabeza de Vaca en el ocaso de su gobierno, transfirieron a la Fiscalía General de Justicia como otra forma de control del exgobernador en fuga,que de esta manera limitaría y vigilaría el "contratismo de Morena", que una vez que son gobierno, aparecen empresas creadas al vapor y bajo la actual condicion,Cabeza de Vaca con ayuda de su Fiscalia,"podria descubrirlos y exhibirlos".
El certificado o “constancia de antecedentes de no corrupción”, exigida a los particulares que son proveedores del Gobierno del Estado y ayuntamientos tiene un costo de 286.66 pesos, de acuerdo a las reformas del CDV y es ahora expedido por Raul Ramirez Castañeda el Fiscal Anticorrupción corrupto que se negó a irse luego de reprobar los examenes de confianza y que depende depende de la Fiscalia de Irving Barrios Mojica que dependen del CDV.
Los legisladores de Morena que quieren que Americo "decida e incida" en el negocio de la obra publica y las provedurias ,ahora proponen reformas a las Leyes Orgánica de la Fiscalía y de Adquisiciones para la Administración Pública, por considerar que tal constancia es innecesaria, inoperante e injustificada y argumentan que la Fiscalía del Estado no debe ser parte del padrón de proveedores, ya que de existir una presunta responsabilidad, se debe dar parte a la autoridad competente para que inicie la integración de procedimientos administrativos y no penales.
Hacen ver que esas faltas, no graves, deben ser investigadas, substanciadas calificadas por la Contraloría o los órganos internos de control, en tanto que las graves le corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa,que si estan en manos del gobernador.
En el paquete de regreso a la constitucionalidad que ayer martes resulto infructuoso y a todas luces fallido, los Diputados de la bancada de Morena proponían una iniciativa para revertir las reformas a la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, Orgánica de la Fiscalía y Orgánica de la Administracinó Pública, para reducir las funciones de la “superfiscalía” panista y fracaso.
Con ello el Sistema de Seguridad Publica, los C-4 y C-3, el Secretariado Ejecutivo y el Centro Estatal de Control y Confianza regresarían a la Secretaría General de Gobierno, en tanto que Inteligencia Financiera a la Secretaría de Finanzas.
Las iniciativas se enviaron a comisiones por no alcanzar los votos suficientes para ser tratadas con dispensa de turno.
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