La defensa incluso pretendía que se retirara la acusación principal: liderar una organización criminal durante un largo periodo, ya que dicho supuesto “habría expirado”.
Esa acusación y las subsecuentes se establecen como “conspiración”, es decir, los fiscales deben demostrar que las acciones de García Luna y sus socios fueron actos conspirativos.
“Todo lo que el Gobierno debe demostrar es que la conspiración ‘no terminó más de cinco años antes de la presentación de la acusación’”, dice el juez Cogan en su decisión.
Las otras acusaciones también son “conspiración intencional para distribuir cocaína”, “conspiración para distribuir con la intención de distribuir cocaína” y “conspiración para importar cocaína” a los Estados Unidos.
La decisión sobre estos hechos deberá ser tomada por un jurado, dijo el juez Cogan, quien mencionó la posibilidad de que García Luna pueda impugnar el cargo cuatro (conspiración para importar cocaína), si es que logra demostrar que dejó la “conspiración” antes de diciembre de 2014.
“El Sr. García Luna afirma que se retiró de la Conspiración cuando renunció al servicio público en 2012 y se mudó a Miami”, dice el documento judicial. “Puede haber numerosas razones por las que el Sr. Garcia Luna renunció al servicio público, pero no son inequívocamente atribuibles a la retirada de la Conspiración”.
ASI SE GESTO SU ESTADIA EN PRISION:
Otro de los argumentos de la defensa del exsecretario del Gobierno de Felipe Calderón y exfuncionario federal de Vicente Fox, es que García Luna le mintió al FBI y a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en la solicitud para su naturalización. El juez no se inclina hacia un lado u otro y reta a los fiscales federales demostrar que esa acción tuvo una conexión directa con los otros delitos de conspiración.
“El Gobierno responde que mentirle al FBI y en una solicitud de naturalización constituyó actos en apoyo de la Conspiración. Los argumentos de ambas partes parten de una premisa falsa”, dice el juez.
Las pruebas y testigos
El 9 de enero del 2023 está marcada como fecha de inicio del juicio a García Luna en la Corte de Distrito Este con sede en Brooklyn, Nueva York.
Los fiscales han acumulado miles de documentos de pruebas, incluida información de gobiernos de México, Colombia, Panamá, República Dominicana, entre otros, así como información de testigos, incluso audios y videos sobre el “mini cártel” que operaba en el Gobierno mexicano, según se reveló.
La defensa acusó a los fiscales de no entregar las pruebas, pero el juez Cogan señala que eso ha sido respondido por los fiscales, quienes han pedido también algunas protecciones sobre información, a fin de no poner en riesgo a los testigos.
“El Gobierno responde que ya le ha proporcionado a la defensa ‘un volumen extraordinario de material temprano… incluidos 15 testigos de las fuerzas del orden y seis posibles testigos colaboradores”, indica el juez.
Los fiscales también han pedido ciertas medidas de seguridad para los posibles miembros del jurado y han propuesto una lista de 79 preguntas para elegir al panel.
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