La icónica imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la multitud en la marcha del pasado domingo, es la consecuencia de dos factores: un carismático liderazgo anclado en un ejercicio populista del poder, que sigue arrastrando la voluntad de millones de personas en México y un aparato de movilización operado desde el Estado, que canaliza recursos públicos y presiones políticas a favor de los intereses particulares de Morena. El corporativismo mexicano en su máxima expresión.
Si lo que asegura la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es cierto, que asistieron 1.2 millones de personas a la marcha, esto representa una función de la movilización de 22 gobernadores, secretarios del gabinete federal, sindicatos, operadores políticos, dirigentes de partido e incluso representantes de la iniciativa privada.
Por ejemplo, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, una figura emanada del Partido Verde que ha sido investigado a nivel federal por enriquecimiento ilícito y peculado, encabezó un grupo de 10 mil personas que viajaron a la Ciudad de México para acudir a la marcha.
Otra estampa: el SNTE, que es el sindicato más grande de América Latina y que históricamente ha sido un vehículo de movilización electoral en México, organizó a un contingente para estar presentes en el evento del presidente López Obrador.
También participaron el Sindicato Montero, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Popular Francisco Villa y los extintos partidos Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Social.
De acuerdo a información recabada por el periodista Darío Celis, el gobierno mexicano gastó alrededor de 1,870 millones de pesos en la organización de la marcha.
En México y en el exterior, esto ha despertado preocupaciones serias sobre la salud de la democracia en México. María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, argumenta que la movilización que se vio el domingo significa la antesala de lo que será una elección de Estado en el proceso de 2024.
Por primera vez, en décadas, hay dudas de que el presidente de México esté dispuesto a garantizar una transición pacífica del poder, en caso de que su partido pierda las elecciones. En ese sentido, The Washington Post ha publicado un editorial pidiendo a la administración de Joe Biden asumir una postura más sólida frente a la erosión de la democracia en México: “Estados Unidos tiene muchos intereses en México -comercio, energía, migración, narcotráfico- pero ninguno es más importante que asegurar el florecimiento de la democracia”.
La coalición que sostiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no necesariamente es la del mismo grupo de la izquierda que lo acompañó durante dos décadas de oposición. Los nuevos aliados del presidente se han acercado a una Cuarta Transformación que ha concentrado el uso discrecional del gasto público en Palacio Nacional y que resuelve alrededor del 80 por ciento de las licitaciones públicas por adjudicación directa.
El dinero es el común denominador de la lealtad que le confiere al presidente López Obrador un amplio sector de la clase política.
La relación con los sindicatos es una exhibición patente de este fenómeno. Entre el 2020 y el 2022, el IMSS y el ISSSTE adjudicaron cuatro contratos por 12.97 millones de pesos a Alheira Servicios Hospitalarios, cuyos accionistas son los hijos de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE.
La misma semana que López Obrador asumió el poder, en diciembre de 2018, Generadora Fénix, una joint venture del Sindicato Mexicano de Electricistas con la multinacional portuguesa Mota-Engil, anunció que invertiría 30 mil millones de pesos en la planta de ciclo combinado ‘Jorge Luque’. Martín Esparza, líder del SME no ha sido omiso en reiterar su apoyo al presidente y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
El uso político del gasto público ha sido una constante en el gobierno de la 4T. Esta semana, MCCI publicó un reportaje en el que detalló que los primos de los hijos de López Obrador ocupan posiciones clave en el área de licitaciones de la SEP; en la asesoría jurídica de Pemex y en la dirección general de la CFE.
A esto se suma una investigación del semanario Proceso, que pone de relieve que 26 miembros de la Ayudantía del presidente López Obrador se han convertido en altos directivos del gobierno federal. Destaca el caso de Almendra Ortiz, directora de Administración y Finanzas del ISSSTE, que operó la adjudicación irregular de un contrato de servicio de digitalización de imágenes médicas por 125 millones de pesos a Imedic, una empresa sin experiencia, cuyas faltas han derivado en la muerte de al menos nueve pacientes, de acuerdo al Órgano Interno de Control del instituto.
Estos casos se repiten una y otra vez, en una red de complicidades políticas y financieras que permitieron a Morena montar una manifestación pública del poder presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México.
Y eso, sin mencionar los polémicos casos del presunto financiamiento ilegal que ha acompañado a las campañas políticas del oficialismo, bajo el patrocinio de nombres como Sergio Carmona, Salvador Llamas y Gerardo Vázquez Barrera.
Las tesis del Washington Post, de que la democracia mexicana está en riesgo, no está muy lejos de la realidad.
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