UN «CHOFER con PODERES: el INE donde ENTREGAN CONTRATOS a la ESPOSA de la CHISPA del CDG, hasta al PILOTO de la NAVE de TADDEI TRANSA»… parece idioma y religión oficial.

En el Instituto Nacional Electoral parece más fácil cambiar de uniforme que despejar un posible conflicto de interés. Mientras el árbitro electoral busca un color que comunique neutralidad, alrededor de su presidenta, Guadalupe Taddei, aparecen relaciones entre funcionarios, proveedores y un chofer que, según la documentación descrita en la información proporcionada, también recibió poderes para representar a una empresa contratista. El problema no es la paleta: es la transparencia.

Jonathan Navarrete Torres, contratado oficialmente para conducir a la presidenta del INE, figura desde el 28 de junio de 2023 como apoderado para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras del organismo. Es decir: antes de sentarse al volante de la presidencia, ya tenía facultades para actuar jurídicamente en nombre de una compañía con intereses comerciales ante la institución.

El dato exige una explicación documental: ¿ese poder seguía vigente cuando ingresó al INE?, ¿se informó a las áreas responsables de prevenir conflictos de interés?, ¿existió alguna revisión? Porque una cosa es transportar a la presidenta y otra que el conductor pueda representar, al mismo tiempo, los intereses de un proveedor.

Un proveedor con demasiadas coincidencias

De acuerdo con la información aportada, Corporativo Zeg y Cajas Graf, atribuidas a los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, también tuvieron como representante legal en 2023 a Jesús Octavio García González, quien posteriormente se desempeñó como director de Administración del INE bajo la presidencia de Taddei, hasta abril de 2026.

Del contrato local al cargo nacional

Los antecedentes descritos también pasan por los institutos electorales estatales.

En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez habría otorgado, como secretaria ejecutiva del organismo local, un contrato de 32 millones de pesos a Zeg. Posteriormente fue nombrada titular de la Unidad de Género del INE por Taddei.

En Chihuahua, Claudia Arlett Espino asignó en 2021, cuando presidía el instituto electoral local, un contrato de 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Tres años después llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE, impulsada por Taddei.

El chofer, la declaración y la camioneta “prestada”

Según la informacion , Navarrete ingresó como chofer el 15 de abril de 2025 y reportó en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026 una remuneración mensual de 45 mil 765 pesos. En ese documento no habría informado del poder otorgado por Zeg; únicamente consignó como empleo anterior un puesto de chofer en Mercedes-Benz.

También queda pendiente esclarecer la procedencia de la BMW blindada en la que, según esa misma información, Taddei se trasladó entre finales de 2025 y abril de 2026. La explicación atribuida a la funcionaria fue que su Chevrolet Captiva estaba descompuesta y que la BMW era “prestada”.

Sin identificar al propietario ni las condiciones del préstamo, no puede afirmarse que el vehículo perteneciera a Zeg o a otra contratista. Pero precisamente por eso hace falta algo más que la palabra “prestada”: quién la facilitó, durante cuánto tiempo y quién pagó sus gastos.

En Reynosa, la limpieza también necesita aclaraciones

A este panorama se suma otro contrato en la Junta Distrital 02 del INE en Reynosa adjudicado en 2025 para servicios de limpieza a Ana María Juárez Hernández, identificada como CABIEXM, de acuerdo con el documento de contratación IA3-INE-02JDE-TAM-001/2025.

Ana María la contratista ,mantiene un vínculo conyugal con Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo también ligado al gobernador Americo Villarreal y señalada en otros contratos con el gobierno estatal.

Con información: ELNORTE/

“¿TEMEN que sea el DOBLE?: GOBERNANZA NARCA y AMÉRICO ROMPEN la BARRERA de los 14 MIL DESAPARECIDOS, la CIFRA MÁS ALTA de MÉXICO”… y seguramente del mundo libre.

Tamaulipas, gobernado por Morena y Américo Villarreal, ya rebasó los 14 mil desaparecidos. No son votos, no son beneficiarios de un programa ni asistentes a un mitin: son personas que no han vuelto a casa. La cifra oficial llegó a 14 mil 72 hasta septiembre de 2026, según la información difundida sobre esta crisis por HoyTamaulipas. 

Y ese horror, advierten las familias buscadoras, podría representar menos de la mitad de la realidad. Porque en Tamaulipas también hay quienes deben tragarse la denuncia por miedo a que preguntar por un desaparecido termine produciendo otro.

El «campeonato nacional del levantón» no es un reconocimiento oficial, sino la descripción sarcástica de una vergüenza pública:el reporte de Valor Tamaulipeco del 21 de septiembre ya colocaba a la entidad a la cabeza del registro nacional, con un corte de 13 mil 781 personas desaparecidas y no localizadas. 

El miedo también desaparece las denuncias

Edith González, presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, sostiene que los registros institucionales se quedan cortos porque numerosas familias acuden directamente a las organizaciones civiles y no a los ministerios públicos, como también lo avala la cifra negras.

Miedo a represalias, inseguridad y desconfianza: tres razones para que una ausencia exista en una casa, pero no necesariamente en una carpeta de investigación.

La activista estima que la dimensión real podría superar el doble de la cifra registrada. No se trata de un conteo comprobado de más de 28 mil personas, sino de una advertencia del colectivo sobre el subregistro. La diferencia importa: no hace falta inflar la tragedia para denunciarla; los números documentados ya son suficientemente brutales.

Según González, tan solo en Reynosa,la campeona estatal y subcampeona nacional, ocurren cerca de 500 desapariciones al año, además de aproximadamente 100 secuestros contabilizados por separado. 

También afirma que más de la mitad de las familias afectadas no denuncia. Si quienes buscan tienen razón, el expediente oficial no contiene toda la tragedia: contiene la parte que consiguió atravesar el miedo y llegar a una ventanilla.

Once municipios en el mapa de la vergüenza

Reynosa no aparece sola en esta geografía del espanto. De acuerdo con el análisis de Red Lupa, elaborado con datos del registro nacional, Tamaulipas tiene 11 municipios entre los 100 con más personas desaparecidas. 

En ese listado, Reynosa figura en segundo lugar nacional, con 2 mil 903 registros; Nuevo Laredo, en tercero, con 2 mil 764; y Matamoros, en cuarto, con 2 mil 505. 

Vaya potencia fronteriza: tres municipios donde Américo Villarreal administra la policias y los esfuerzos en seguridad, son colocados entre los primeros cuatro de una clasificación que ningún gobierno decente tendría motivos para presumir. Aquí la ironía apunta al poder, no a las víctimas. Porque detrás de cada posición no hay una medalla: hay una silla vacía, una búsqueda y una familia a la que le deben respuestas.

Las familias ponen las palas; el Estado debe poner resultados

El colectivo reportó 124 búsquedas de campo durante 2026 y la localización de 44 fosas clandestinas y sitios de exterminio en municipios de la frontera tamaulipeca. González explicó que en algunos puntos encontraron miles de fragmentos óseos y restos incinerados, condiciones que dificultan establecer cuántas víctimas hay e identificarlas. A ese horror se añade la lentitud de los análisis genéticos y de los cotejos institucionales.

Es la burocracia del espanto: primero falta la persona; después, cuando aparecen restos, todavía falta devolverles el nombre. Las familias buscan en el campo y luego esperan en las oficinas. Una doble condena que vuelve obscena cualquier celebración gubernamental que no venga acompañada de resultados verificables.

Gobernar no es administrar el comunicado

Esta crisis permite cuestionar el control efectivo del territorio y la capacidad del Estado para proteger, buscar e investigar en medio de la cada vez mas clara gobernanza narca. 

La expresión «gobernanza narca» aplica casi a cabalidad, pues exhibe el poder territorial del crimen y al vacío de autoridad. La exigencia política no necesita atajos: quien ocupa el gobierno debe explicar qué está haciendo para impedir nuevas desapariciones, localizar a quienes faltan y terminar con la espera forense donde Tamaulipas también es lider en cadaveres embodegados.

Porque el cargo dice gobernador, no administrador de condolencias. Y ante más de 14 mil ausencias registradas, la propaganda no puede hacerse pasar por respuesta

Con información: HoyTamaulipas/ CNTamaulipas/

LA “JUSTICIA de AMÉRICO en ABONOS DIFÍCILES: CUATRO AÑOS de CARPETAS y AHORA RESULTA que HAY que BUSCAR al FUGITIVO”… es decir, se les escapó, huyó.

La justicia anticorrupción de Morena y Américo Villarreal salió en cómodas mensualidades: primero la denuncia, luego la carpeta, después la vinculación, enseguida el boletín y, cuando por fin llega la hora de ejecutar la prisión preventiva, comienza otro trámite: averiguar dónde está el acusado. El castigo sigue pendiente; la propaganda nunca se atrasa.

El caso de Óscar Enrique Rivas Cuéllar, exalcalde panista de Nuevo Laredo, le pone nombre al siguiente capítulo de esta justicia en abonos. Según los datos del expediente citados por Noticiero de Victoria, perdió la protección judicial que frenaba su ingreso a prisión y ahora la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción instruyó a la Policía Investigadora a localizarlo. 

La investigación involucra un presunto desvío de más de 50 millones de pesos. Dinero bajo sospecha, expediente abierto y paradero por establecer: una combinación bastante menos presumible que un boletín de “resultados históricos”.

DEL BALANCE TRIUNFAL AL «FAVOR DE LOCALIZARLO»

El antecedente merece recordarse. En diciembre de 2025, cuando Jesús Eduardo Govea Orozco estaba por pasar de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General, el balance difundido presumía 29 vinculaciones a proceso. 

En Valor Tamaulipeco cuestionamos aquella presentación porque no se traducía, según el recuento, en juicios concluidos ni condenas. La crítica era tan sencilla como incómoda: estaban vendiendo el arranque del procedimiento como si ya hubieran cruzado la meta.

Ahora, el caso Rivas exhibe la distancia entre anunciar que la justicia avanza y conseguir que sus resoluciones se cumplan.

De acuerdo con los antecedentes aportados del expediente CP 38/2023, en julio de 2025 un juez le impuso prisión preventiva justificada y le concedió 48 horas para internarse voluntariamente en el CEDES de Nuevo Laredo. El exalcalde promovió el amparo indirecto 358/2025 y obtuvo suspensiones que le permitieron permanecer en libertad mientras se resolvía la controversia.

Es decir: durante ese periodo no estaba prófugo por el solo hecho de no ingresar al penal; contaba con protección judicial. Ese detalle importa, aunque estorbe al espectáculo.

Pero la protección dejó de sostenerlo. Según la información proporcionada, el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa negó el amparo contra la prisión preventiva justificada, resolución que quedó firme el 1 de octubre de 2026. El 8 de octubre declaró sin materia otro recurso relacionado con la suspensión.

Y después de semejante recorrido procesal, la novedad es que un agente deberá revisar la carpeta y practicar diligencias en distintos domicilios para encontrarlo.

La justicia ya tiene expediente. Ahora le falta tener al imputado a disposición.

MUCHO ARCHIVERO, POCO DESENLACE

Ahí está el terreno legítimo de la crítica: en exigir que dejen de presumir como justicia consumada lo que sigue siendo justicia por cumplir.

Porque la rendición de cuentas no puede reducirse a contar carpetas, celebrar vinculaciones y cambiar al fiscal de oficina. Una acusación no es condena; una medida cautelar no es castigo definitivo; un comunicado no recupera los millones investigados depredados a los contribuyentes de Nuevo Laredo.

Casi cuatro años después, el gobierno de Américo Villarreal necesita menos ceremonias del expediente y más resultados verificables. Que se determine la responsabilidad, que se ejecuten las resoluciones y que, si se acredita el daño, se repare.

Lo demás es vender humo con membrete: cobrar políticamente la justicia de contado y entregársela al ciudadano en abonos que nunca terminan de pagar.

Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/

¿EL «BUENO», los MALOS y FEOS?: MAGENTA DEFIENDE a HARFUCH con CALIDAD de HÉROE bajo ACOSO de la PANDILLA 4T»… Solo faltó ponerle música de suspenso.

En esta mesa de Círculo Magenta, Omar García Harfuch no parece pasar por el escrutinio: pasa por maquillaje. Lo presentan como el funcionario que entrega resultados, cuenta con interlocución en Washington y combate al crimen, pero al que sus adversarios obligan a cargar con decisiones ajenas. Si algo sale bien, es mérito suyo; si sale mal, alguien le tendió una trampa. Más que analizar al secretario, la conversación termina construyéndole una coartada.

El reparto es demasiado cómodo: Harfuch ocupa el papel del técnico eficaz, cercado por una fiscalía desacreditada, los intereses de Palenque y las facciones de Morena que supuestamente quieren frenarlo. 

A sus adversarios se les atribuyen protección política, complicidades y maniobras; a él se le conceden buenas intenciones y obstáculos.

Aunque tambien hay un amago de crítica: una participante reclama que no basta con presumir menos homicidios y detener operadores si los delincuentes de cuello blanco siguen intocables. 

Pero el cuestionamiento pronto vuelve al mismo refugio:Harfuch quizá quiere actuar, solo que no lo dejan. Así, su responsabilidad se transforma en impotencia y su falta de resultados en ciertos frentes acaba presentada como prueba de las resistencias que enfrenta.

La indulgencia también alcanza sus movimientos políticos. El acercamiento con Manuel Velasco y el Partido Verde se describe primero como un peligroso “beso del diablo”, pero después encuentra justificación: necesita construir apoyos para sacar adelante su agenda. 

A los otros se les llama grilla; a Harfuch, necesidad estratégica. Y su cercanía con Washington funciona como certificado de seriedad, aunque el respaldo extranjero no sustituya la rendición de cuentas.

El cierre lleva el libreto al extremo: evoca las muertes de funcionarios en accidentes aéreos y pregunta si Harfuch debería evitar los helicópteros. Sin demostrar una amenaza concreta contra él, la mesa lo coloca también en el papel de posible víctima. El funcionario termina rodeado de enemigos, intrigas y peligros: prácticamente un héroe al que solo falta ponerle música de suspenso.

La postura parcial de Magenta permite cuestionar el encuadre editorial. Magenta anuncia una discusión sobre el poder y termina ofreciendo una defensa de Harfuch con apariencia de análisis.

Con información: CODIGO MAGENTA/

ES “CARO” y QUIERE que le SALGA BARATO ?: CAPO que MATÓ a un AGENTE de la DEA y SEMBRÓ VIOLENCIA, DESTRUCCIÓN y MUERTE»… ahora busca acuerdo con EE. UU.

Tanto apodo de leyenda, tanta fama de intocable y tanta mitología criminal para terminar buscando una salida con los abogados. Rafael Caro Quintero, el llamado “Narco de narcos”, mantiene conversaciones con la Fiscalía estadounidense para alcanzar un acuerdo de culpabilidad y evitar el juicio. El hombre cuyo nombre llegó a sembrar terror ahora depende de algo bastante menos cinematográfico: que avance una negociación.

Pero conviene no adelantar el corrido de la rendición: todavía no hay pacto. La audiencia del 14 de octubre en Nueva York terminó sin acuerdo y, aunque su defensa presume avances, la acusación sostiene que no existe una oferta formal. Por ahora, “Don Rafa” no ha cambiado su declaración de inocencia por una de culpabilidad. Está buscando un arreglo; no lo ha conseguido.

Ahí está la postal que le revienta la fantasía al narcocorrido: el fundador del Cártel de Guadalajara, presentado durante décadas como un personaje al que nadie podía tocar, espera ahora que sus abogados encuentren una salida procesal. La siguiente audiencia está prevista para el 20 de noviembre y el juicio continúa programado para marzo de 2027. El expediente no se espanta con apodos.

Del otro lado está la DEA, que convirtió el caso de Enrique “Kiki” Camarena en una cuenta pendiente institucional. En su memorial “Justicia para Kiki”, la agencia describe a Caro Quintero como un capo que sembró “violencia, destrucción y muerte”. Cuando recibió al mexicano en Estados Unidos, en febrero de 2025, su entonces administrador interino, Derek S. Maltz, lanzó un mensaje sin demasiada diplomacia: no importa cuánto tiempo pase ni qué tan lejos huyan, la justicia los encontrará

La historia tampoco empezó ayer. Camarena fue secuestrado en Guadalajara el 7 de febrero de 1985; su cuerpo fue localizado el 5 de marzo. Cuatro décadas después, su asesinato sigue entre las acusaciones que enfrenta Caro Quintero en Estados Unidos. Para la familia del agente, la llegada del capo a territorio estadounidense representó un paso hacia la justicia después de 14.631 días de espera

Caro Quintero ya había probado las ventajas de una puerta judicial abierta: salió de prisión en México en 2013 por una resolución sobre la competencia del tribunal que lo había juzgado. Fue recapturado en 2022 y terminó bajo custodia estadounidense en febrero de 2025, dentro del grupo de 29 capos enviados desde México. La libertad que recuperó no fue el capítulo final: fue un paréntesis.

Ahora busca otro desenlace, esta vez mediante conversaciones con la Fiscalía. Y esa es la escena que desmonta la propaganda del narco: mucha leyenda de hombre indomable, pero, frente al expediente y la posibilidad de un juicio, también aparece la disposición a negociar. No hay todavía confesión consumada ni acuerdo firmado; hay una defensa intentando conseguirlo.

Al “Narco de narcos” no lo está despidiendo un corrido triunfal. Lo está alcanzando una agenda judicial: noviembre para volver a comparecer; marzo para enfrentar el juicio si no prospera el arreglo. Tanto personaje de leyenda para acabar pendiente de lo que resuelvan un fiscal, una abogada y un juez.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/

«EX-SOCIO de MORENOS: FGR BUSCA CAPTURAR EMPRESARIO de MISS UNIVERSO por LAVADO que CONSEGUIA LICENCIAS de ARMAS al CAPE del CDG»…con sus amigos en el ejercito.

A Raúl Rocha Cantú le volvieron a poner una orden de aprehensión sobre la mesa. Ahora falta que lo pongan a él frente al juez. Después de los jaloneos judiciales y del ir y venir de su condición de testigo colaborador, la Fiscalía General de la República consiguió una nueva orden de captura contra el empresario de Miss Universo, esta vez por presuntamente encabezar una organización que habría lavado casi 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025. Porque una cosa es acumular expedientes y otra, bastante menos lucidora para el boletín, ejecutar las capturas.

Según la información proporcionada, el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó detener a Rocha Cantú, a su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello —presidente de Miss Universe México— y a otros cuatro presuntos implicados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La nueva embestida tiene antecedentes: en agosto ya se había informado de otra solicitud de aprehensión por una estructura empresarial que, según la investigación, habría servido para mover recursos ilícitos. El expediente cambia de capítulo; la pregunta sigue siendo cuándo dejará de ser persecución de papel.

De las coronas a las cuentas

La acusación no describe precisamente un concurso de transparencia. La FGR sostiene que el dinero circulaba mediante una estructura de tres niveles: empresas presuntamente de papel que inyectaban recursos, una sociedad que los concentraba y cuentas personales que los recibían y enviaban a otros destinatarios sin una relación comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.

En el centro aparece GI Euromex, señalada como la gran concentradora. Alrededor figuran Impulsora Eagle, Legacy Equity Group, Soluciones Gasíferas del Sur y las operadoras de alimentos y bebidas Naucalpan y Malibú. Mucha razón social y, según la imputación, poca actividad real que explicara semejante circulación de dinero.

La Fiscalía coloca a Rocha Cantú, Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar como presuntos dirigentes de la organización. A Mauricio Jesús Rocha Botello, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez les atribuye funciones de supervisión.

En el caso de Rocha, el señalamiento no descansa únicamente en aparecer en las actas: la investigación lo identifica como fundador y secretario de GI Euromex, presidente de Legacy Equity Group y accionista mayoritario y presidente de Soluciones Gasíferas del Sur. Además, habría tenido facultades para autorizar transferencias mediante la banca electrónica de GI Euromex en Intercam. Es decir, según la acusación, no estaba nada más para la foto.

La pasarela del dinero

Los movimientos descritos en el material proporcionado ayudan a dimensionar el expediente:

• GI Euromex recibió depósitos por 1,830 millones 582 mil 280.78 pesos entre febrero de 2015 y diciembre de 2025.
• Impulsora Eagle registró depósitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos entre agosto de 2018 y noviembre de 2025.
• Las cuentas personales de Rocha Cantú recibieron 125 millones 76 mil 522.33 pesos.
• Vázquez Ruiz recibió 224 millones 744 mil 797.97 pesos.
• Charlan Salazar registró depósitos por 54 millones 696 mil 706.23 pesos.

Conviene no hacerle al expediente la misma magia que se investiga: esos movimientos no deben sumarse automáticamente como si cada transferencia fuera dinero distinto, porque la propia imputación describe recursos que pasaban de unas cuentas a otras.

La ruta señalada llevaba dinero de las operadoras Naucalpan y Malibú y de Impulsora Eagle hacia GI Euromex; de ahí salía hacia Rocha, Vázquez y Charlan. También se describen movimientos hacia Soluciones Gasíferas del Sur e Inmobiliaria Sarajoce. Una circulación que, para la Fiscalía, no era precisamente el resultado de vender refrescos y servir banquetes.

Y antes del lavado, las armas

El antecedente tampoco es un asunto de lentejuelas. Reportes sobre la investigación han vinculado la red atribuida a Rocha con empresas de seguridad privada presuntamente utilizadas para abastecer de armas a grupos criminales, entre ellos el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra. Segurimex aparece entre las compañías mencionadas en esa trama. 

Un reportaje de El País documentó, además, gestiones de operadores de empresas de seguridad vinculados con la red investigada y conversaciones que aludían a “El Cape”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo. 

El contraste es suficientemente brutal sin necesidad de inventarle adornos: por un lado, el negocio de las coronas y los reflectores; por el otro, investigaciones sobre combustible, armas y dinero de presunto origen criminal.

La corona pendiente: ejecutar la orden

Rocha Cantú también arrastra el antecedente del Casino Royale de Monterrey, del que era dueño y donde murieron 52 personas en el incendio provocado por sicarios en 2011, según el texto proporcionado. Ese episodio no acredita las nuevas imputaciones, pero forma parte del historial público que acompaña al empresario.

Ahora la FGR vuelve a la carga con otro expediente y otra orden. Lo que todavía tiene que demostrar no cabe en una conferencia ni en una filtración: que puede ejecutar la captura y sostener sus acusaciones ante un tribunal.

Porque, hasta ahora, la gran pasarela sigue siendo judicial: desfilan razones sociales, cantidades millonarias y órdenes de aprehensión. Falta ver al acusado comparecer y a la Fiscalía probar lo que sostiene.

Con información: ELNORTE/ ELPAIS/