En Palacio Nacional, el jalón de orejas no se lo llevaron los políticos señalados por Washington por presuntamente proteger al Cártel de Sinaloa: se lo llevó Omar García Harfuch por dar crédito a las acusaciones estadounidenses. Según el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal, Claudia Sheinbaum fue particularmente dura con su Secretario de Seguridad durante una reunión en la que cuestionó los planes de congelar las cuentas de exfuncionarios vinculados con el entorno de una Gobernadora de Morena.
El mensaje político resulta demoledor: cooperación contra el narco, sí; pero cuando los señalamientos rozan al círculo del poder, empiezan los regaños y las invocaciones a la soberanía.
El diario reconstruye una reunión celebrada al amanecer de la semana pasada en Palacio Nacional. Allí, la Presidenta confrontó a sus principales responsables de seguridad e inteligencia porque, a su juicio, estaban dando por hecho que Estados Unidos contaba con pruebas sólidas para relacionar a los exfuncionarios con el crimen organizado.
No era cualquier colaborador el que terminó bajo la reprimenda: era Harfuch, el estratega de la seguridad y uno de sus hombres de mayor confianza y una figura que ha acompañado su trayectoria política.
De acuerdo con personas familiarizadas con la conversación, citadas por el Journal, Sheinbaum sostuvo que las medidas estadounidenses formaban parte de un intento por desestabilizar a México y a su Gobierno.
Finalmente autorizó el congelamiento de las cuentas; el periódico señala que negarse probablemente habría deteriorado la relación bilateral.
La escena tiene su propia ironía: Harfuch quedó prensado entre la cooperación internacional que la Presidenta había convertido en eje de su estrategia de seguridad y el costo político de aplicarla cuando los nombres incómodos aparecen cerca de Morena.
El Journal describe precisamente ese viraje después de dos años de colaboración estrecha con las agencias estadounidenses: Sheinbaum está endureciendo el tono frente a Washington y frente a sus señalamientos contra integrantes del partido gobernante.
La red bajo señalamiento
El paquete anunciado por el Departamento del Tesoro el 29 de septiembre incluyó a 21 personas y 25 entidades. No se limita a una acusación genérica contra “los cárteles”: identifica dirigentes, operadores financieros, empresas y presuntos facilitadores políticos del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de Los Mayos. Son señalamientos y sanciones estadounidenses, no sentencias penales mexicanas.
En el centro aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El Tesoro lo describe como un operador político aliado de “El Ruso”, jefe de Los Rusos en Mexicali, y lo acusa de utilizar su influencia para facilitar las actividades del cártel y protegerlo de la intervención gubernamental y policial. También sostiene que recibía pagos mensuales para permitir que la organización operara con relativa impunidad.
Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, habría recibido esos sobornos y lavado los recursos mediante empresas y campañas políticas, según la misma autoridad. La acusación no habla solamente de dinero sospechoso: plantea un presunto circuito entre protección política, sobornos y financiamiento electoral. Esa es la gravedad del señalamiento; su acreditación penal es otra cuestión que corresponde investigar y probar.
Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, también figura en la lista. Washington lo acusa de recibir sobornos de “El Ruso” a cambio de poner a la Policía Municipal al servicio de las operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitar el tráfico de drogas y permitir acciones de la organización. El Tesoro sostiene, además, que de Mendívil salían los pagos mensuales destinados a Carlos Torres.
Otro señalado es Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanero en Chihuahua y exasesor legislativo del Gobierno de Baja California. Según el Tesoro, proporcionó favores e influencia política al dirigente del cártel José Ángel Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
Información publicada por EL NORTE ,añade que Buenrostro fue jefe de la Aduana de Ciudad Juárez en 2025 y que actualmente respalda a Julieta Ramírez rumbo al Gobierno estatal.
También identifica a Dulce María Mendívil García, hermana del exjefe policial y subsecretaria Anticorrupción de la Administración de Ávila, como promotora de Ramírez. Estos últimos vínculos proceden del material suministrado, no del reportaje del Journal ni del comunicado del Tesoro consultados.
Marina del Pilar no aparece entre las personas sancionadas, precisó su portavoz al Journal. La Gobernadora negó irregularidades y su Administración subrayó que está legalmente divorciada de Torres y que el único interés que comparten es el bienestar de su hijo. Estados Unidos había revocado las visas de ambos en mayo de 2025, aunque no hizo pública la razón de la revocación de la visa de ella. Carlos Torres no respondió a las solicitudes de comentarios del periódico y Luis Torres no pudo ser localizado.
El Estado de derecho chueco
La Presidenta tiene un punto jurídicamente atendible: una sanción estadounidense no sustituye una investigación penal ni demuestra, por sí sola, culpabilidad. El problema político aparece cuando esa distinción sirve para desinflar los señalamientos antes de explicar con claridad cómo serán investigados.
La UIF, por su parte, informó que bloqueó cuentas como medida preventiva después de detectar operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras. Según el Journal, su comunicación no hizo referencia a los presuntos vínculos de los sancionados con el crimen organizado.
La caricatura política se escribe sola: “Traigan pruebas; si traen irregularidades, no alcanzan; si describen una red, revisaremos si no es una conspiración”.
Exigir evidencia es Estado de derecho. Usar la exigencia como coartada para no esclarecer responsabilidades sería otra cosa: un laberinto donde las pruebas siempre parecen necesitar un sello adicional, especialmente cuando el expediente toca una puerta políticamente incómoda.
Soberanía para el micrófono
En su discurso de finales de septiembre en el Zócalo, Sheinbaum declaró: “Los mexicanos no queremos injerencias, intervencionismo ni violaciones de nuestra integridad territorial”. El Journal sitúa esa declaración dentro del endurecimiento de su respuesta a la Administración Trump y a la presión estadounidense sobre cárteles y funcionarios mexicanos.
El exresponsable de seguridad Alberto Capella, consultado por el periódico, advirtió que la colaboración con Estados Unidos es un requisito para obtener resultados y que restringirla o negarla vacía de sentido el trabajo de seguridad. También señaló que los funcionarios enfrentan una creciente presión política interna para alejarse de los escándalos de corrupción.
Ese es el nudo del episodio: la soberanía debe proteger la capacidad de México para investigar y juzgar, no convertirse en una cobija para los señalados. Y el debido proceso debe servir para esclarecer responsabilidades, no para administrar silencios.
Por ahora, la postal que deja el reportaje es incómoda: Harfuch recibe el regaño, las cuentas terminan congeladas y la Presidenta presenta las medidas estadounidenses como un intento de desestabilización. Un Gobierno puede exigir pruebas sin arrodillarse ante Washington. Lo que no debería hacer es confundir la defensa del país con la defensa de su entorno político.
Con información: THE WALL STREET JOURNAL/ ELNORTE/
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