Al gobierno de Claudia Sheinbaum le preguntan si investigará al hijo de AMLO y responde como si le hubieran pedido preparar su defensa. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, compareció ante el Senado con una declaración de imparcialidad bajo el brazo y una respuesta que, políticamente, sirvió de escudo para Andy López Beltrán y Amílcar Olán: la UIF “no hace ninguna excepción”, pero en la Fiscalía General de la República “no existe en este momento investigación” al respecto.
Qué cómoda manera de contestar: presumir que nadie recibe trato especial y, acto seguido, explicar que no hay pesquisa en la FGR. La pregunta era si se investigarían los señalamientos; la respuesta fue informar que la Fiscalía no los está investigando. No es lo mismo. Y en esa diferencia cabe todo un despacho de abogados.
La senadora panista Mauli Latifa puso sobre la mesa acusaciones contra López Beltrán y Olán relacionadas con presunto tráfico de influencias, corrupción y negocios ilícitos. Mencionó medicamentos para el Insabi, balastro del Tren Maya, huachicol fiscal y contratos que, según su exposición, alcanzarían los 33 mil 500 millones de pesos. Son señalamientos que requieren investigación y pruebas; no una condena automática, pero tampoco una respuesta que los mande al archivo de las incomodidades políticas.
La pregunta de la legisladora fue directa: “¿La UIF va a investigar estos hechos de corrupción y desfalco del clan de Andy López Beltrán?”.
Amador respondió:
“La UIF es coadyuvante en procesos judiciales y la Unidad no hace ninguna excepción, no tiene otra restricción más que la guía que le da la Fiscalía y otras entidades que requieran de su asistencia”.
Y remató:
“Todos los expedientes han sido completamente documentados y no existe en este momento investigación en ese sentido por parte de la Fiscalía”.
Ahí está el problema: “completamente documentados” no significa esclarecidos; ausencia de investigación no significa ausencia de irregularidades. El secretario no explicó, en los dichos citados, qué contienen esos expedientes, qué señalamientos se revisaron ni qué conclusiones permiten responder a las acusaciones. Ofreció una fórmula burocrática donde le habían pedido una respuesta concreta.
El parentesco no demuestra culpabilidad. Pero tampoco debería funcionar como salvoconducto. Andy López Beltrán merece las mismas garantías que cualquier persona, no una defensa política incorporada al organigrama del gobierno. Y la obligación de Hacienda no es condenarlo desde una comparecencia: es explicar con precisión qué ha hecho, qué puede hacer y qué corresponde hacer frente a los señalamientos.
Por eso la respuesta de Amador permite cuestionar al gobierno de Sheinbaum por su papel de “abogado” del hijo del expresidente: no porque haya acreditado su inocencia, sino porque convirtió la falta de una investigación de la FGR en el centro de su contestación, sin aclarar si la UIF actuará ante lo denunciado.
“No hacemos excepciones”, dice Hacienda. Muy bien: que lo explique con actuaciones verificables, no con una frase que suena impecable mientras deja intacta la pregunta.
Porque una cosa es respetar el debido proceso y otra ponerse la toga de defensor del heredero.
Con información: ELNORTE/
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