LA “JUSTICIA de AMÉRICO en ABONOS DIFÍCILES: CUATRO AÑOS de CARPETAS y AHORA RESULTA que HAY que BUSCAR al FUGITIVO”… es decir, se les escapó, huyó.

La justicia anticorrupción de Morena y Américo Villarreal salió en cómodas mensualidades: primero la denuncia, luego la carpeta, después la vinculación, enseguida el boletín y, cuando por fin llega la hora de ejecutar la prisión preventiva, comienza otro trámite: averiguar dónde está el acusado. El castigo sigue pendiente; la propaganda nunca se atrasa.

El caso de Óscar Enrique Rivas Cuéllar, exalcalde panista de Nuevo Laredo, le pone nombre al siguiente capítulo de esta justicia en abonos. Según los datos del expediente citados por Noticiero de Victoria, perdió la protección judicial que frenaba su ingreso a prisión y ahora la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción instruyó a la Policía Investigadora a localizarlo. 

La investigación involucra un presunto desvío de más de 50 millones de pesos. Dinero bajo sospecha, expediente abierto y paradero por establecer: una combinación bastante menos presumible que un boletín de “resultados históricos”.

DEL BALANCE TRIUNFAL AL «FAVOR DE LOCALIZARLO»

El antecedente merece recordarse. En diciembre de 2025, cuando Jesús Eduardo Govea Orozco estaba por pasar de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía General, el balance difundido presumía 29 vinculaciones a proceso. 

En Valor Tamaulipeco cuestionamos aquella presentación porque no se traducía, según el recuento, en juicios concluidos ni condenas. La crítica era tan sencilla como incómoda: estaban vendiendo el arranque del procedimiento como si ya hubieran cruzado la meta.

Ahora, el caso Rivas exhibe la distancia entre anunciar que la justicia avanza y conseguir que sus resoluciones se cumplan.

De acuerdo con los antecedentes aportados del expediente CP 38/2023, en julio de 2025 un juez le impuso prisión preventiva justificada y le concedió 48 horas para internarse voluntariamente en el CEDES de Nuevo Laredo. El exalcalde promovió el amparo indirecto 358/2025 y obtuvo suspensiones que le permitieron permanecer en libertad mientras se resolvía la controversia.

Es decir: durante ese periodo no estaba prófugo por el solo hecho de no ingresar al penal; contaba con protección judicial. Ese detalle importa, aunque estorbe al espectáculo.

Pero la protección dejó de sostenerlo. Según la información proporcionada, el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa negó el amparo contra la prisión preventiva justificada, resolución que quedó firme el 1 de octubre de 2026. El 8 de octubre declaró sin materia otro recurso relacionado con la suspensión.

Y después de semejante recorrido procesal, la novedad es que un agente deberá revisar la carpeta y practicar diligencias en distintos domicilios para encontrarlo.

La justicia ya tiene expediente. Ahora le falta tener al imputado a disposición.

MUCHO ARCHIVERO, POCO DESENLACE

Ahí está el terreno legítimo de la crítica: en exigir que dejen de presumir como justicia consumada lo que sigue siendo justicia por cumplir.

Porque la rendición de cuentas no puede reducirse a contar carpetas, celebrar vinculaciones y cambiar al fiscal de oficina. Una acusación no es condena; una medida cautelar no es castigo definitivo; un comunicado no recupera los millones investigados depredados a los contribuyentes de Nuevo Laredo.

Casi cuatro años después, el gobierno de Américo Villarreal necesita menos ceremonias del expediente y más resultados verificables. Que se determine la responsabilidad, que se ejecuten las resoluciones y que, si se acredita el daño, se repare.

Lo demás es vender humo con membrete: cobrar políticamente la justicia de contado y entregársela al ciudadano en abonos que nunca terminan de pagar.

Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/

¿EL «BUENO», los MALOS y FEOS?: MAGENTA DEFIENDE a HARFUCH con CALIDAD de HÉROE bajo ACOSO de la PANDILLA 4T»… Solo faltó ponerle música de suspenso.

En esta mesa de Círculo Magenta, Omar García Harfuch no parece pasar por el escrutinio: pasa por maquillaje. Lo presentan como el funcionario que entrega resultados, cuenta con interlocución en Washington y combate al crimen, pero al que sus adversarios obligan a cargar con decisiones ajenas. Si algo sale bien, es mérito suyo; si sale mal, alguien le tendió una trampa. Más que analizar al secretario, la conversación termina construyéndole una coartada.

El reparto es demasiado cómodo: Harfuch ocupa el papel del técnico eficaz, cercado por una fiscalía desacreditada, los intereses de Palenque y las facciones de Morena que supuestamente quieren frenarlo. 

A sus adversarios se les atribuyen protección política, complicidades y maniobras; a él se le conceden buenas intenciones y obstáculos.

Aunque tambien hay un amago de crítica: una participante reclama que no basta con presumir menos homicidios y detener operadores si los delincuentes de cuello blanco siguen intocables. 

Pero el cuestionamiento pronto vuelve al mismo refugio:Harfuch quizá quiere actuar, solo que no lo dejan. Así, su responsabilidad se transforma en impotencia y su falta de resultados en ciertos frentes acaba presentada como prueba de las resistencias que enfrenta.

La indulgencia también alcanza sus movimientos políticos. El acercamiento con Manuel Velasco y el Partido Verde se describe primero como un peligroso “beso del diablo”, pero después encuentra justificación: necesita construir apoyos para sacar adelante su agenda. 

A los otros se les llama grilla; a Harfuch, necesidad estratégica. Y su cercanía con Washington funciona como certificado de seriedad, aunque el respaldo extranjero no sustituya la rendición de cuentas.

El cierre lleva el libreto al extremo: evoca las muertes de funcionarios en accidentes aéreos y pregunta si Harfuch debería evitar los helicópteros. Sin demostrar una amenaza concreta contra él, la mesa lo coloca también en el papel de posible víctima. El funcionario termina rodeado de enemigos, intrigas y peligros: prácticamente un héroe al que solo falta ponerle música de suspenso.

La postura parcial de Magenta permite cuestionar el encuadre editorial. Magenta anuncia una discusión sobre el poder y termina ofreciendo una defensa de Harfuch con apariencia de análisis.

Con información: CODIGO MAGENTA/

ES “CARO” y QUIERE que le SALGA BARATO ?: CAPO que MATÓ a un AGENTE de la DEA y SEMBRÓ VIOLENCIA, DESTRUCCIÓN y MUERTE»… ahora busca acuerdo con EE. UU.

Tanto apodo de leyenda, tanta fama de intocable y tanta mitología criminal para terminar buscando una salida con los abogados. Rafael Caro Quintero, el llamado “Narco de narcos”, mantiene conversaciones con la Fiscalía estadounidense para alcanzar un acuerdo de culpabilidad y evitar el juicio. El hombre cuyo nombre llegó a sembrar terror ahora depende de algo bastante menos cinematográfico: que avance una negociación.

Pero conviene no adelantar el corrido de la rendición: todavía no hay pacto. La audiencia del 14 de octubre en Nueva York terminó sin acuerdo y, aunque su defensa presume avances, la acusación sostiene que no existe una oferta formal. Por ahora, “Don Rafa” no ha cambiado su declaración de inocencia por una de culpabilidad. Está buscando un arreglo; no lo ha conseguido.

Ahí está la postal que le revienta la fantasía al narcocorrido: el fundador del Cártel de Guadalajara, presentado durante décadas como un personaje al que nadie podía tocar, espera ahora que sus abogados encuentren una salida procesal. La siguiente audiencia está prevista para el 20 de noviembre y el juicio continúa programado para marzo de 2027. El expediente no se espanta con apodos.

Del otro lado está la DEA, que convirtió el caso de Enrique “Kiki” Camarena en una cuenta pendiente institucional. En su memorial “Justicia para Kiki”, la agencia describe a Caro Quintero como un capo que sembró “violencia, destrucción y muerte”. Cuando recibió al mexicano en Estados Unidos, en febrero de 2025, su entonces administrador interino, Derek S. Maltz, lanzó un mensaje sin demasiada diplomacia: no importa cuánto tiempo pase ni qué tan lejos huyan, la justicia los encontrará

La historia tampoco empezó ayer. Camarena fue secuestrado en Guadalajara el 7 de febrero de 1985; su cuerpo fue localizado el 5 de marzo. Cuatro décadas después, su asesinato sigue entre las acusaciones que enfrenta Caro Quintero en Estados Unidos. Para la familia del agente, la llegada del capo a territorio estadounidense representó un paso hacia la justicia después de 14.631 días de espera

Caro Quintero ya había probado las ventajas de una puerta judicial abierta: salió de prisión en México en 2013 por una resolución sobre la competencia del tribunal que lo había juzgado. Fue recapturado en 2022 y terminó bajo custodia estadounidense en febrero de 2025, dentro del grupo de 29 capos enviados desde México. La libertad que recuperó no fue el capítulo final: fue un paréntesis.

Ahora busca otro desenlace, esta vez mediante conversaciones con la Fiscalía. Y esa es la escena que desmonta la propaganda del narco: mucha leyenda de hombre indomable, pero, frente al expediente y la posibilidad de un juicio, también aparece la disposición a negociar. No hay todavía confesión consumada ni acuerdo firmado; hay una defensa intentando conseguirlo.

Al “Narco de narcos” no lo está despidiendo un corrido triunfal. Lo está alcanzando una agenda judicial: noviembre para volver a comparecer; marzo para enfrentar el juicio si no prospera el arreglo. Tanto personaje de leyenda para acabar pendiente de lo que resuelvan un fiscal, una abogada y un juez.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/

«EX-SOCIO de MORENOS: FGR BUSCA CAPTURAR EMPRESARIO de MISS UNIVERSO por LAVADO que CONSEGUIA LICENCIAS de ARMAS al CAPE del CDG»…con sus amigos en el ejercito.

A Raúl Rocha Cantú le volvieron a poner una orden de aprehensión sobre la mesa. Ahora falta que lo pongan a él frente al juez. Después de los jaloneos judiciales y del ir y venir de su condición de testigo colaborador, la Fiscalía General de la República consiguió una nueva orden de captura contra el empresario de Miss Universo, esta vez por presuntamente encabezar una organización que habría lavado casi 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025. Porque una cosa es acumular expedientes y otra, bastante menos lucidora para el boletín, ejecutar las capturas.

Según la información proporcionada, el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó detener a Rocha Cantú, a su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello —presidente de Miss Universe México— y a otros cuatro presuntos implicados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La nueva embestida tiene antecedentes: en agosto ya se había informado de otra solicitud de aprehensión por una estructura empresarial que, según la investigación, habría servido para mover recursos ilícitos. El expediente cambia de capítulo; la pregunta sigue siendo cuándo dejará de ser persecución de papel.

De las coronas a las cuentas

La acusación no describe precisamente un concurso de transparencia. La FGR sostiene que el dinero circulaba mediante una estructura de tres niveles: empresas presuntamente de papel que inyectaban recursos, una sociedad que los concentraba y cuentas personales que los recibían y enviaban a otros destinatarios sin una relación comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.

En el centro aparece GI Euromex, señalada como la gran concentradora. Alrededor figuran Impulsora Eagle, Legacy Equity Group, Soluciones Gasíferas del Sur y las operadoras de alimentos y bebidas Naucalpan y Malibú. Mucha razón social y, según la imputación, poca actividad real que explicara semejante circulación de dinero.

La Fiscalía coloca a Rocha Cantú, Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar como presuntos dirigentes de la organización. A Mauricio Jesús Rocha Botello, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez les atribuye funciones de supervisión.

En el caso de Rocha, el señalamiento no descansa únicamente en aparecer en las actas: la investigación lo identifica como fundador y secretario de GI Euromex, presidente de Legacy Equity Group y accionista mayoritario y presidente de Soluciones Gasíferas del Sur. Además, habría tenido facultades para autorizar transferencias mediante la banca electrónica de GI Euromex en Intercam. Es decir, según la acusación, no estaba nada más para la foto.

La pasarela del dinero

Los movimientos descritos en el material proporcionado ayudan a dimensionar el expediente:

• GI Euromex recibió depósitos por 1,830 millones 582 mil 280.78 pesos entre febrero de 2015 y diciembre de 2025.
• Impulsora Eagle registró depósitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos entre agosto de 2018 y noviembre de 2025.
• Las cuentas personales de Rocha Cantú recibieron 125 millones 76 mil 522.33 pesos.
• Vázquez Ruiz recibió 224 millones 744 mil 797.97 pesos.
• Charlan Salazar registró depósitos por 54 millones 696 mil 706.23 pesos.

Conviene no hacerle al expediente la misma magia que se investiga: esos movimientos no deben sumarse automáticamente como si cada transferencia fuera dinero distinto, porque la propia imputación describe recursos que pasaban de unas cuentas a otras.

La ruta señalada llevaba dinero de las operadoras Naucalpan y Malibú y de Impulsora Eagle hacia GI Euromex; de ahí salía hacia Rocha, Vázquez y Charlan. También se describen movimientos hacia Soluciones Gasíferas del Sur e Inmobiliaria Sarajoce. Una circulación que, para la Fiscalía, no era precisamente el resultado de vender refrescos y servir banquetes.

Y antes del lavado, las armas

El antecedente tampoco es un asunto de lentejuelas. Reportes sobre la investigación han vinculado la red atribuida a Rocha con empresas de seguridad privada presuntamente utilizadas para abastecer de armas a grupos criminales, entre ellos el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra. Segurimex aparece entre las compañías mencionadas en esa trama. 

Un reportaje de El País documentó, además, gestiones de operadores de empresas de seguridad vinculados con la red investigada y conversaciones que aludían a “El Cape”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo. 

El contraste es suficientemente brutal sin necesidad de inventarle adornos: por un lado, el negocio de las coronas y los reflectores; por el otro, investigaciones sobre combustible, armas y dinero de presunto origen criminal.

La corona pendiente: ejecutar la orden

Rocha Cantú también arrastra el antecedente del Casino Royale de Monterrey, del que era dueño y donde murieron 52 personas en el incendio provocado por sicarios en 2011, según el texto proporcionado. Ese episodio no acredita las nuevas imputaciones, pero forma parte del historial público que acompaña al empresario.

Ahora la FGR vuelve a la carga con otro expediente y otra orden. Lo que todavía tiene que demostrar no cabe en una conferencia ni en una filtración: que puede ejecutar la captura y sostener sus acusaciones ante un tribunal.

Porque, hasta ahora, la gran pasarela sigue siendo judicial: desfilan razones sociales, cantidades millonarias y órdenes de aprehensión. Falta ver al acusado comparecer y a la Fiscalía probar lo que sostiene.

Con información: ELNORTE/ ELPAIS/

“YA VE VENIR el ATORÓN: el ILUSO del PRIMITO del CDG-CJNG se AMPARA Vs SHEINBAUM y la EXTRADICIÓN a EE.UU pero YA NO los VALEN.”…en su caída podría delatar a Américo y empuercar a Cabeza de Vaca.

César Morfín Morfín, alias «El Primito», capo híbrido del Cartel del Golfo y C.J.N.G ,todavía anda prófugo, pero ya está intentando ponerle candado jurídico a un posible viaje a Estados Unidos. El presunto líder de la facción de los Metros del CDG en Tamaulipas ,pero refugiado bajo las faldas del Cartel de Jalisco ,solicitó un amparo contra su detención con fines de extradición: no lo han agarrado y ya quiere discutir el destino. Toda una muestra de optimismo burocrático.

Según El Universal, presentó la solicitud el 13 de octubre ante el Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas y atribuyó la orden a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero su primera escala judicial tampoco salió como esperaba: el juez se declaró incompetente y turnó el asunto a un juzgado penal de la Ciudad de México, que, al momento de la publicación, todavía no resolvía si aceptaba conocerlo. Por ahora, lo que está viajando es el expediente.

La apuesta luce bastante ilusa frente a los antecedentes. México realizó tres entregas masivas a Estados Unidos —29 personas en febrero de 2025, 26 en agosto de ese año y 37 en enero de 2026— que sumaron 92 trasladados bajo el argumento de la seguridad nacionalizas de 370 en dos años, cita El Financiero.

En la entrega de agosto, la propia Fiscalía sostuvo que no se trataba de una extradición convencional, sino de una medida sustentada en la Ley de Seguridad Nacional. Dicho sin membrete: «El Primito» busca protegerse del trámite ordinario cuando el Gobierno ya ha presumido una ruta extraordinaria.

Y no lo requieren precisamente por estacionarse en doble fila.De acuerdo con la información citada por El Universal, agencias estadounidenses le atribuyen tráfico de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, además de importación de precursores químicos y una red de contrabando de crudo robado hacia Estados Unidos. 

Aun son señalamientos,no una sentencia, pero explican por qué su eventual captura tendría bastante más equipaje que una simple orden de aprehensión.

Que el amparo vaya a resultarle inútil casi puede darse por hecho: aunque por ahora la información ni siquiera reporta una suspensión concedida, pero aun y con amparos fueron trasladados a EE.UU sin tocar baranda.

Lo que sí resulta difícil de vender es la fantasía de que presentar la solicitud equivale a comprar inmunidad frente a una entrega como las anteriores. «El Primito» parece querer un amparo con prestaciones de búnker; los antecedentes aconsejan no confundir el sello de recibido con un escudo antitraslado.

Con información: ELUNIVERSAL/

“YA lo MATARON, FRENTE a la IGLESIA: CRIMINALES USAN el GATILLO del VETO ARMADO como FILTRO ELECTORAL para EJECUTAR a ASPIRANTE de MORENA a la ALCALDÍA”… dejan gravemente herida a su esposa.

En Cuajinicuilapa, Guerrero, la carrera por la alcaldía quedó atravesada por las balas antes de llegar a las urnas. Hombres armados asesinaron a Arturo Marín, aspirante de Morena a la presidencia municipal, e hirieron gravemente a su esposa. 

El ganadero había anunciado recientemente su registro para buscar la coordinación municipal del partido. Ni siquiera había una candidatura formal: apenas comenzaba el recorrido político.

El ataque ocurrió en el centro de la cabecera municipal, frente a una iglesia. Según testigos, los agresores dispararon desde un vehículo contra Marín y su esposa. Después, sus familiares recogieron el cadáver para llevarlo a su domicilio. Una escena brutal: una familia levantando a su muerto en el mismo municipio donde este buscaba construir una opción de gobierno.

Catorce alcaldes asesinados con Sheinbaum: no es un pie de página

El crimen ocurre bajo una administración federal que ya acumulaba 14 alcaldes asesinados hasta julio de 2026. No es una cifra que deba esconderse entre declaraciones de condolencia: El País documentó ese saldo el 24 de julio, después del asesinato de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos. 

Son 14 autoridades municipales asesinadas durante el sexenio de Claudia Sheinbaum; no necesariamente el total actualizado a octubre.

Y conviene no hacer trampa ni siquiera para denunciar la barbarie: Arturo Marín era aspirante, no alcalde en funciones. Su asesinato no debe sumarse automáticamente a ese conteo como si todas las categorías fueran intercambiables. La distinción no le quita gravedad; revela otra dimensión del desastre: la violencia alcanza tanto a quienes ya gobiernan como a quienes apenas intentan entrar a la disputa política.

Cuando el gatillo pretende funcionar como filtro electoral

La cuestión de fondo no termina en cuántos funcionarios han matado. También está en lo que significa que la violencia pueda recortar la oferta política antes de que la ciudadanía tenga una boleta enfrente.

Cuando una organización criminal amenaza, expulsa o asesina a actores políticos para condicionar una contienda, no está simplemente “metiendo las manos” en una elección: está intentando decidir quién puede competir, quién debe hacerse a un lado y bajo qué condiciones se gobierna. La ciudadanía conserva el derecho formal a votar, pero puede encontrarse con una lista de opciones previamente mutilada por el miedo.

Eso es un veto armado. Una suerte de comité de selección con pistolas, sin asamblea, sin escrutinio y sin la molestia de pedirle permiso a los electores.

En el caso de Marín, sin embargo, no se ha esclarecido públicamente el móvil del asesinato ni se ha establecido qué organización, si alguna, estuvo detrás. Afirmar que un grupo específico ordenó eliminarlo para controlar la elección sería presentar una hipótesis como hecho probado. La crítica no necesita inventar certezas para señalar la gravedad de que un aspirante sea asesinado al iniciar su participación política

Primero los amenazan; después les llaman “condiciones de seguridad”

Cuajinicuilapa no llega a este episodio sin antecedentes. En octubre de 2024, su alcalde, Hilderberto Salinas Meriche, y la presidenta municipal de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, ambos del Partido Verde, solicitaron licencia y abandonaron sus municipios tras recibir amenazas de muerte atribuidas a una organización criminal. Regresaron a sus funciones después de que el Gobierno reforzó la seguridad y les asignó protección de la Guardia Nacional y el Ejército.

La estampa es demoledora: autoridades electas que necesitan protección militar para volver a ejercer el cargo que les dieron las urnas. Ganar una elección no basta cuando hay quienes pretenden imponer, a punta de amenaza, las condiciones para gobernar.

Mientras tanto, habitantes de ambos municipios describen una vida de encierro autoimpuesto: calles recorridas por grupos criminales y familias que prefieren no salir para no exponerse. No se trata de un toque de queda decretado por una autoridad; es el miedo organizando los horarios de la población.

Ahí está el tamaño del problema: no solamente quién ocupa el ayuntamiento, sino quién puede circular, participar, aspirar y vivir sin pedirle permiso al terror.

Porque una democracia no se mide únicamente por instalar casillas. También por garantizar que nadie llegue a ellas después de que las balas hayan hecho su propia selección. Si el Estado no protege esa libertad, la elección corre el riesgo de convertirse en un trámite posterior al verdadero filtro: el de quienes no cuentan votos, pero sí cargan armas.

Con información: ELNORTE/