En Tamaulipas donde la pudrición moral de su gobernador 4T es en 4K, las familias buscan a sus desaparecidos y todavía tienen que corretear a quienes cobran por buscarlos. En Tampico, el colectivo Unidos de Corazón hasta Llegar a Ti llegó a su cuarta reunión con autoridades para exigir lo que ya les habían prometido: investigaciones que avancen, peritajes pendientes y búsquedas con rumbo, no más compromisos de utilería.
Su coordinadora, Elizabeth Mancha Ruiz, denunció expedientes rezagados de casos registrados entre 2018 y 2023, fallas en los protocolos y preocupación por la confidencialidad de los documentos.
Y tienen sobrada razon
A Tamaulipas no le hace falta otro discurso de transformación:le hace falta que su gente vuelva a casa. Pero el marcador de la tragedia no admite maquillaje: de las más de 130 mil personas desaparecidas en el país, de acuerdo con el registro oficial, 13,781 corresponden a Tamaulipas.
Esa cifra coloca en el primer lugar nacional a un estado gobernado por el crimen organizado, pero administrado por Morena y Américo Villarreal.
Las familias exigieron fechas y resultados verificables. Porque para acumular reuniones sobra burocracia; lo que falta son resultadosen un gobierno al que no deberían alcanzarle las horas para dar explicaciones.
No se le exige a Villarreal haber inventado la tragedia. Se le exige gobernar frente a ella. La herencia explica el punto de partida; no puede convertirse en permiso de residencia para el fracaso.
Once ciudades: el desastre no cabe en una sola postal
La discusión del campeonato nacional y el estatal nos lleva al mapa municipal ycoloca a Reynosa detrás de Tijuana y extiende el señalamiento a once ciudades tamaulipecas.
Once ciudades no son once trofeos. Son once lugares desde los que debería exigirse una explicación verificable.
Y ahí se desinfla cualquier ceremonia de autocelebración: un gobierno no demuestra que manda porque llena un presídium, sino porque protege a las personas y esclarece lo que les ocurrió. Lo demás puede lucir muy bonito en la fotografía humanista, pero una fotografía del gobernador no sustituye la fotografía de quien falta.
La inutilidad gubernamental que se denuncia aquí no necesita insultos gratuitos: necesita ese contraste. De un lado, el aparato institucional, sus atribuciones y sus promesas; del otro, familias que siguen exigiendo avances. Si el gobierno quiere refutar la acusación, que presente resultados, no susceptibilidades.
Que desaparezca la coartada, no la gente
La información del reclamo ciudadano y las cifras oficiales también dibujan una acusación política: una cifra estatal que avergüenza, una dimensión municipal que impide encerrar la crisis en un solo punto y una exigencia ciudadana que cuestiona la suficiencia de la respuesta.
Américo no necesita que le fabriquen otra medalla. Necesita rendir cuentas sin esconderse detrás del pasado, de los tecnicismos o del siguiente evento público.
En Tamaulipas, lo único que debería desaparecer es la impunidad. Con ella, la indolencia, la simulación y esa cómoda costumbre de confundir un gobierno que habla con un gobierno que resuelve.
Las personas tienen que aparecer. Las explicaciones también. Lo que ya no debería tener lugar es la coartada.
Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), tuvo dudas sobre la orden de aprehensión, pero ninguna para ofrecer el homenaje. Ante la posibilidad de una candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el dirigente nacional del PAN pasó del «según yo» al «sería un honor». Para el expediente, reservas; para el elogio, alfombra roja. Ese es el contraste que dejan sus propias palabras.
La palabra decisiva es honor. No dijo únicamente que el exgobernador tendría derecho a solicitar una candidatura, que habría que revisar su situación jurídica o que correspondería aplicar los procedimientos del partido. Fue más lejos: presentó su eventual postulación como algo que enaltecería a quienes la concedieran. No es lo mismo reconocer derechos que repartir condecoraciones.
«Según yo»: la certeza que no alcanzó para el expediente
Aqui conviene respetar la declaración completa, porque la crítica pierde filo cuando necesita hacer trampa: Romero condicionó su respuesta a que, según su entendimiento, no existiera una orden de aprehensión vigente. No anunció expresamente que lo postularía aun con ella. El problema es que hizo descansar esa condición en una fórmula repetida de incertidumbre: «según yo».
Y había antecedentes que exigían bastante más que una corazonada de dirigente. En 2024, el Tribunal Electoral confirmó la negativa de registro de García Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal; sostuvo que se actualizaban las condiciones de inelegibilidad relacionadas con su situación de prófugo y precisó que las suspensiones penales no habían invalidado las órdenes de aprehensión. También aclaró que esa inelegibilidad no era perpetua y debía examinarse caso por caso. Ni condena eterna ni borrón por simpatía.
Además, el 24 de febrero de 2026, la Suprema Corte revocó el amparo que lo protegía frente a una orden de captura por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa resolución, recogida también en la síntesis informativa de la propia Corte, contradice la imagen tranquilizadora de un asunto judicial despejado que Romero proyectó al responder.
Una orden de aprehensión no es una sentencia condenatoria. Precisamente por eso hay que separar las cosas: defender la presunción de inocencia no obliga a proclamar la ejemplaridad del investigado. Romero podía exigir debido proceso sin ponerse de maestro de ceremonias.
Su tropiezo no fue negarse a condenar: fue apresurarse a homenajear.
Una palabra con demasiada historia para usarla de porra
El Diccionario de la lengua española recoge varios sentidos de «honor»: la cualidad moral que lleva a cumplir los deberes; la buena reputación derivada de la virtud o del mérito; el homenaje que se tributa a alguien, y el acto por el cual una persona se siente enaltecida. La expresión «sería un honor» encaja especialmente en este último sentido.
Aquí importa la precisión: la frase de Romero no demuestra, por sí sola, que estuviera certificando la honradez de García Cabeza de Vaca. Esa sería una lectura excesiva. Lo que sí hace es colocar su eventual candidatura en el terreno del reconocimiento y del orgullo, no únicamente en el de la posibilidad jurídica.
Dicho sin incienso: no estaba expidiendo una sentencia de inocencia; estaba ofreciendo una reverencia.
La historia de la palabra vuelve más incómoda la escena. El latín honor, también honos, podía designar estima, recompensa pública y cargo político. La relación entre reconocimiento y posición pública está, por tanto, en su historia; incluso el español conserva «honores» para referirse a dignidades, cargos y ceremoniales.
Pero reconocer no es lo mismo que demostrar mérito. Ese es precisamente el punto: el homenaje puede concederse; la conducta que pretende justificarlo necesita acreditarse.
Por eso la pregunta pertinente no es solamente si Cabeza de Vaca podría volver a competir. Es qué tendría de enaltecedor para Acción Nacional entregarle otra candidatura. Romero invocó su «liderazgo»; no explicó en esa respuesta por qué ese liderazgo merecería el rango de honor institucional.
El honor personal y la factura partidista
Llamarlo «honor personal» es una interpretación crítica defendible, pero no una cita literal. Romero habló de «nosotros» y de que «sería un honor»; no dijo «para mí». El problema está justamente ahí: una valoración expresada por el dirigente aparece presentada como satisfacción colectiva del partido.
Puede admirarlo él. Puede reconocerle liderazgo él. Pero ¿con qué mandato convierte esa admiración en motivo de orgullo para todos?
No hace falta inventar compromisos ocultos para señalar el desliz: el salto está a la vista. De la consideración del dirigente al prestigio de la institución, sin explicar el puente.
El honor lo declara Romero; la factura reputacional se la deja al PAN.
Y esa factura choca con su argumento inicial: sostuvo que Acción Nacional era una mejor opción y respondió a los cuestionamientos judiciales denunciando persecución política. Esa denuncia puede formularse y debe examinarse, pero no sustituye la explicación de por qué la candidatura cuestionada sería una distinción para el partido.
Robert Greene: menos manual de poder, más discurso de sobremesa
El autor es Robert Greene. Sus 48 leyes del poder sirven aquí como lente estratégico, no como código moral ni como prueba de que Romero las siga. Desde ese marco, la declaración entra en tensión especialmente con tres de sus reglas:
Ley 4: decir menos de lo necesario. Romero podía limitarse a exigir una revisión jurídica y el cumplimiento de los procedimientos internos. Añadir «sería un honor» produjo el fragmento más fácil de aislar y el más difícil de defender: convirtió una respuesta condicionada en una adhesión emocional.
Ley 5: proteger la reputación. Al asociar el prestigio del PAN con una figura cuya situación judicial motivaba precisamente la pregunta, el dirigente abrió un flanco reputacional. No porque una acusación equivalga a culpabilidad, sino porque el elogio exigía una justificación que su respuesta no proporcionó.
Ley 20: no comprometerse con nadie. La regla aconseja conservar autonomía y capacidad de negociación. Romero mantuvo condiciones formales, pero adelantó el reconocimiento: antes de resolver la eventual candidatura, ya había anunciado cuánto le honraría concederla. En términos estratégicos, entregó parte del premio antes de cerrar el trato.
Hay, sin embargo, una lectura menos cómoda: Greene también describe, en su ley 24, las ventajas del cortesano que sabe agradar a quienes tienen poder. Si el propósito fuera congraciarse con un liderazgo interno, la frase podría tener utilidad. Pero eso no demostraría subordinación ni un acuerdo oculto; únicamente muestra que una declaración puede ser funcional hacia dentro y costosa hacia fuera.
Lo desafortunado no fue la defensa: fue la condecoración
El pronunciamiento resulta desafortunado como comunicación pública. No porque un dirigente deba condenar a un correligionario sin sentencia, sino porque confundió dos planos que debía mantener separados: la defensa de sus derechos y el entusiasmo por premiarlo.
La primera exige garantías. El segundo exige razones.
Y Romero ofreció una combinación políticamente ruinosa: incertidumbre para explicar la situación judicial y entusiasmo para anunciar la distinción.
Que el «honor» lo sienta Jorge Romero es asunto suyo. Que pretenda cargarlo a la cuenta de Acción Nacional ya merece una explicación. Porque una candidatura no es una tarjeta de agradecimiento entre conocidos, y un partido que se anuncia como alternativa no debería necesitar que su dirigente diga «según yo» para tranquilizar al público y «sería un honor» para tranquilizar al aludido.
Los gráficos de muertes violentas en Sinaloa, citados en los reportes puntuales de NOROESTE, tienen como fecha de corte el 15 de octubre de 2026. Desde el inicio de la guerra, el 9 de septiembre de 2024, hasta esa fecha, han transcurrido:
766 días.
109 semanas y 3 días.
18,384 horas, calculadas como días completos.
25 meses y 6 días: dos años, un mes y seis días.
Muertes violentas
Antes del inicio de la guerra de la «CHAPIZA vs la MAYIZA» , entre enero y agosto de 2024, el gráfico registra entre 34 y 54 muertes violentas mensuales: un promedio de 44. En septiembre de 2024 la cifra sube a 144 y en octubre a 187. El máximo visible llega en junio de 2025, con 241. Después hay fluctuaciones, pero no un regreso a aquel nivel previo.
La comparación decisiva está al final:
Periodo
Muertes violentas
Promedio diario
Septiembre de 2026, mes completo
153
5.1
Del 1 al 15 de octubre de 2026
116
7.73
Aunque la barra de 116 es menor que la de 153, corresponde solo a la mitad de un mes. Con los valores mostrados, el ritmo diario de octubre es aproximadamente un 51.6% mayor que el de septiembre. Esa comparación describe el periodo observado; no constituye una predicción del cierre mensual, para el que se proyectan 240 asesinatos.
Aquí las barras no respaldan una narrativa de reducción sostenida de la violencia letal. Muestran una ruptura respecto del nivel anterior a la guerra y, en el corte más reciente, una aceleración diaria.
¿Qué permite decir sobre los dos bandos del cártel?
Estos gráficos no miden por separado a Los Chapitos y La Mayiza. No contienen información sobre sus finanzas, integrantes, reemplazos de mandos, control territorial o responsabilidad en cada hecho. No prueban ni que estén intactos ni que ambos hayan sido debilitados en la misma proporción, claramente desigual y es «causalidad», no casualidad.
Sí dejan una pregunta periodística que el discurso oficial debe responder: si los golpes han reducido las capacidades criminales, ¿por qué esa reducción no se traduce también en una disminución sostenida de las muertes violentas ?
No es una contradicción imposible de explicar; es una explicación pendiente. «Debilitados» necesita una medida verificable. Y «seguridad» necesita resultados para la población, no solamente un inventario de detenidos y decomisos.
Los golpes al cártel deben evaluarse también por el daño que consiguen evitar, no únicamente por los objetivos que logran capturar.
El segundo piso de la Cuarta Transformación encontró cómo salir bien en la fotografía: posar junto al primero. Según la mas reciente gráfica de TResearch, al corte presentado como “25 meses de gobierno”, Claudia Sheinbaum acumula 49,682 víctimas de homicidio doloso, frente a las 76,525 de Andrés Manuel López Obrador en el mismo tramo. Son 26,843 víctimas menos: una reducción de 35.1%. La disminución existe, pero confronta el dato oficial de 52%. Lo que no se sostiene es convertirla, por sí sola, en certificado de pacificación. Una montaña de cadáveres no se vuelve jardín porque la de al lado sea más alta.
La comodidad del encuadre consiste en escoger el espejo adecuado. Frente a López Obrador, Sheinbaum mejora; frente a todos los demás presidentes incluidos en esa comparación, queda por encima en víctimas acumuladas.
Dentro de la serie presentada por TResearch, el segundo piso únicamente sale favorecido cuando se mide con el primero: la referencia más sangrienta de la propia gráfica. No es poca cosa bajar respecto de ese nivel; tampoco es poca cosa necesitar ese nivel para presumir.
La aritmética que no cabe en el confeti
Al mismo corte que presenta TResearch, los números colocan al gobierno de Sheinbaum así:
Frente a Peña Nieto: 49,682 contra 45,072. Son 4,610 víctimas más, un aumento de 10.2%.
Frente a Zedillo: 49,682 contra 31,444. Son 18,238 más, un incremento de 58%.
Frente a Calderón: 49,682 contra 23,722. Son 25,960 más, un aumento de 109.4%: más del doble.
Frente a Fox: 49,682 contra 21,340. Son 28,342 más, un incremento de 132.8%.
Frente a Salinas: 49,682 contra 14,493. Son 35,189 más, un aumento de 242.8%: alrededor de 3.4 veces su acumulado. Las diferencias y los porcentajes se calcularon a partir de las cifras del gráfico.
Así se entiende el truco del espejo: el segundo piso presume una escalera descendente cuando mira hacia AMLO, pero sigue varios peldaños arriba cuando mira hacia el resto. El dato incómodo no desaparece porque se le cambie el ángulo: en este comparativo, Sheinbaum tiene el segundo mayor acumulado de víctimas, solamente por debajo de su antecesor.
Eso sí: tampoco hay que hacer propaganda al revés. Estas cifras describen acumulados de víctimas durante determinados gobiernos; no demuestran que cada presidente haya causado personalmente cada homicidio ni bastan para establecer cuál estrategia fue más eficaz. Lo que sí permiten es pinchar el globo de una celebración que quiera presentar una mejora relativa como si fuera un país pacificado.
Menos ataúdes no significa que ya no haya funeral
49,682 víctimas registradas durante el gobierno de Sheinbaum NO son el sobrante molesto de un porcentaje favorable ni la letra pequeña que deba esconderse debajo del “35% menos” o el presumido 52%.
Una cosa es reducir la velocidad de una tragedia; otra, haber salido de ella. Si un edificio se incendia menos que el de al lado, hay una mejora. Para declararlo habitable todavía hace falta apagar el fuego.
La gráfica contabiliza homicidios; no acredita, por sí misma, el conjunto de condiciones que permitirían hablar de pacificación. Una evaluación más amplia debe mirar otras violencias y sus cambios. El Índice de Paz México 2026, por ejemplo, examina indicadores más allá del homicidio y advierte sobre el crecimiento de las desapariciones reportadas y donde Tamaulipas lidera la barbarie.
Por eso, anunciar menos asesinatos ,aun asi sea en medio del cuestionamiento por el incremento de desaparecidos ,puede ser una noticia favorable sin convertirse en acta de defunción de la violencia. El porcentaje informa una diferencia; no expide, por sí solo, un certificado de paz.
Cuantos desaparecidos:
Una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra que en estos dos años de gobierno han desaparecido 19,894 personas. Un promedio de 829 al mes, 28 al día. De este total, 11,677 corresponden al primer año (1 de octubre de 2024-30 de septiembre de 2025) y 8,217 al segundo (1 de octubre de 2025-30 de septiembre de 2026)….adondevanlosdesaprecidos.org
Bajar respecto del peor registro de la propia comparación,asi sea impreciso, es avanzar. Vender ese avance como pacificación sería confundir una montaña más baja con la desaparición del cementerio.
