El presidente Nayib Bukele golpeó duramente a las pandillas que sometían a El Salvador. Pero la victoria tiene una letra pequeña que no cabe en la propaganda: garantías constitucionales suspendidas, detenciones masivas, denuncias de abusos y cientos de muertos bajo custodia estatal. La violencia bajó; el costo no desapareció por decreto. Así lo recoge el artículo de Creusa Muñoz publicado por InSight Crimeel 28 de septiembre de 2026.
Del pacto presunto al garrote
El punto de quiebre llegó en marzo de 2022: 87 personas asesinadas en apenas 72 horas. La matanza ocurrió en medio de la ruptura de unas negociaciones secretas que, según el reportaje, funcionarios del Gobierno presuntamente habían mantenido con dirigentes pandilleros para reducir los homicidios. Un detalle incómodo para el relato de la mano de hierro: antes del puño cerrado habría habido conversaciones bajo la mesa.
La respuesta fue el régimen de excepción. El Gobierno suspendió garantías constitucionales y flexibilizó las reglas para detener personas, abriendo paso a una campaña de arrestos sin precedentes. La estrategia se sostuvo sobre tres pilares: poderes extraordinarios, capturas masivas y megacárceles. El debido proceso no salió precisamente fortalecido de esa combinación.
La ofensiva debilitó profundamente a la Mara Salvatrucha —MS13— y al Barrio 18, organizaciones nacidas en Los Ángeles y extendidas por Centroamérica mediante las deportaciones desde Estados Unidos. Las capturas desarticularon buena parte de sus estructuras y empujaron a numerosos integrantes a esconderse o abandonar el país. No fue solamente escenografía de fuerza: hubo un golpe efectivo contra su capacidad de operar.
Cuarenta mil plazas, ningún milagro
El alud de detenciones terminó desbordando un sistema penitenciario que ya arrastraba problemas de hacinamiento. En 2023, el Gobierno abrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT: una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a 40.000 reclusos en condiciones severas. Conviene precisar el número: es su capacidad prevista, no una cifra de ocupación acreditada por el artículo.
La megacárcel tampoco hizo desaparecer el hacinamiento del resto del sistema. Las prisiones existentes continuaron severamente sobrepobladas. El concreto admite ampliaciones; los problemas no se evaporan porque una nueva instalación tenga dimensiones monumentales.
El resultado nacional fue una cifra de vértigo: desde finales de 2023, cerca del 2% de la población salvadoreña estaba en prisión, una proporción que se mantuvo hasta finales de 2025. Según InSight Crime, El Salvador registró la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Ese porcentaje corresponde a personas encarceladas, no a una certificación de culpabilidad colectiva.
La justicia en grandes lotes
La persecución también cruzó fronteras. Las autoridades salvadoreñas recurrieron a notificaciones rojas de Interpol para promover la detención de presuntos pandilleros en otros países. En 2025, Estados Unidos incorporó a la MS13 y al Barrio 18 a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, ampliando sus herramientas legales para perseguirlas.
Dentro de El Salvador, el siguiente desafío fue procesar a miles de detenidos. La respuesta fueron los juicios colectivos, con cientos de acusados agrupados para tramitar el volumen de expedientes. En julio de 2026 concluyeron audiencias contra 485 presuntos integrantes de la MS13. El dato exige cuidado: el artículo habla de audiencias concluidas, no de 485 condenas firmes. La precisión importa, aunque estorbe al titular musculoso.
La factura que sigue abierta
Hay un resultado que no conviene escamotear: la violencia letal disminuyó significativamente y las pandillas perdieron buena parte del control territorial que ejercían sobre las comunidades. Reducir todo a propaganda sería tan tramposo como presentar cada captura como prueba automática de justicia.
Pero tampoco corresponde esconder el reverso. Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia. Según el reportaje, en julio de 2026 Amnistía Internacional documentó al menos 470 personas fallecidas bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción. Son muertes bajo responsabilidad de custodia del Estado; el artículo no establece una causa individual para cada una.
La ofensiva también estuvo acompañada de una mayor persecución contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Ahí la pregunta deja de ser únicamente cuánto retrocedieron las pandillas y pasa a ser cuánto espacio conserva la sociedad para vigilar a quienes las combatieron.
El balance es incómodo precisamente porque no admite una consigna limpia: pandillas profundamente debilitadas y menos violencia, junto con encarcelamiento masivo y graves denuncias de vulneraciones de derechos. La seguridad merece reconocimiento; no un cheque en blanco. Y una celda, por monumental que sea, no sustituye una prueba.
Con información: INSIGHT CRIME/
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