¿De dónde sacan los tanates los gatilleros del Cártel del Golfo que encabeza César Morfín Morfín, alias «Primito», para disparar contra agentes estadounidenses? ¿Del arsenal? ¿Del dinero? ¿Del control de los pasos clandestinos? ¿De la complicidad con el gobierno de Américo Villarreal? ¿O de tantos años de ver que la autoridad llega tarde, posa para la foto y deja pendiente lo fundamental: detener a quienes aún mandan y, todo parece indicar, aunque se equivoquen, siguen mandando?
La pregunta no es un aplauso a su arrojo. Es una mentada al fracaso institucional. Porque detrás de esa actitud de desafío criminal no necesariamente hay valentía: hay una peligrosa expectativa de salir impunes.
El 26 de septiembre, personal de la Guardia Costera de Estados Unidos recibió disparos desde el lado mexicano del Río Bravo, cerca de Garceño, Texas, durante operaciones conjuntas de interdicción. Los agentes respondieron al fuego. No se reportaron heridos ni daños al equipo estadounidense.
La investigación continúa y la identidad de quienes dispararon ,pero en la zona el control del delito esta en manos de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo, bajo el mando de César Morfín Morfín, alias “Primito”, y su hermano, el “R8”.
Pero el ataque nos deja una pregunta atravesada en la garganta: ¿qué capacidad de reto y desafio ,ademas de impunidad, ha acumulado este líder criminal para convertir la ribera tamaulipeca en una posición desde la cual se dispara hacia el país vecino o se planea un ataque contra un consulado en Monterrey ?
No son tanates: es poder
El tamaño de una organización criminal no se mide solamente contando camionetas, fusiles o sicarios. La prueba más incómoda está en averiguar cuánto puede hacer sin que nadie consiga impedírselo.
Por eso, ante “Primito”, el “R8” y las estructuras que se les atribuye, las preguntas deben ir más allá del apodo y del corrido: ¿que tanto ha hecho o dejado de hacer Américo Villarreal y el gobierno federal para identificar a quién financia las operaciónes ?, ¿quién les abastece las armas?, ¿quién vigila los movimientos de la autoridad?, ¿quién cobra los cruces?, ¿qué investigaciones han identificado esas redes y cuántas han terminado en sentencias?
El señalamiento de control sobre esa zona debe convertirse en una ruta de investigación, no quedarse como decoración de una nota roja.
Porque disparar hacia Estados Unidos no demuestra que puedan derrotarlo. Demuestra algo distinto y suficientemente grave: que alguien estuvo dispuesto a abrir fuego contra sus agentes desde territorio mexicano. No hace falta regalarles una leyenda de invencibles para reconocer el peligro. Basta con mirar el hecho y preguntar qué falló antes de que llegara la primera bala.
Los tanates no sustituyen a la logística. Y la fanfarronería no explica, por sí sola, la posibilidad de operar. El asunto que debe esclarecerse es qué combinación de recursos, control local y fallas institucionales hace posible semejante desafío.
Las balas activan dos Estados
Aquí se acaba el cuento del pistolero haciendo una grosería y empieza el problema binacional.
Después del ataque se reportó el movimiento de aproximadamente 500 militares estadounidenses al Valle del Río Grande. El Mando Norte confirmó el reposicionamiento de cientos de efectivos y equipo; explicó que formaba parte de preparativos ante incrementos estacionales de actividad ilícita, y citó el encuentro del 26 de septiembre como ejemplo de ese repunte.
Del lado mexicano, también se reportó el despliegue de 500 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional. El embajador estadounidense, Ronald Johnson, señaló que su representación ayudaba a coordinar con las fuerzas mexicanas desplegadas en el área donde se disparó contra la Guardia Costera y que los mandos militares mexicanos mantendrían comunicación directa con las fuerzas estadounidenses.
Así de peligrosa es la bravata: unos tiradores abren fuego y dos países refuerzan su presencia en ambos lados de la misma frontera.
No estamos hablando de dos fronteras distintas, sino de una frontera compartida convertida en escenario de agresión y respuesta. Tampoco de una guerra declarada. Estamos hablando de un incidente armado que introduce un riesgo de escalamiento y exige coordinación entre fuerzas de ambos países. La investigación abierta y los despliegues reportados obligan a tomarlo en serio, no intentamos venderlo como hazaña del hampa.
La soberanía no se defiende únicamente dando discursos en la mañanera o gritando en el zocalo de la CDMX, cuando el vecino mueve tropas. También se defiende evitando que hombres armados utilicen tu territorio para dispararle.
Cuatro años, una promesa pendiente
Y aquí entra otra vez Américo Villarreal. No porque el gobernador sea responsable automático de cada gatillo, ni porque pueda atribuírsele sin pruebas una complicidad criminal, aunque estas sobran, sino porque su compromiso público merece contrastarse con los hechos.
En Valor Tamaulipeco tras cuatro años de su administración —iniciada el 1 de octubre de 2022— reprodujimos su promesa: “En mi gobierno no habrá impunidad ni mucho menos tolerancia para aquellos que atenten contra la paz y la tranquilidad de nuestro estado”. Cuatro años después, el contraste editorial es legítimo: la promesa hablaba de consecuencias; el incidente fronterizo y cientos, miles de delitos mas, obligan a preguntar cuáles han sido.
Porque cumplir años no equivale a cumplir compromisos. El calendario avanza solo; la justicia necesita investigaciones, detenciones, procesos y sentencias.
¿Qué resultados puede exhibir su gobierno contra las estructuras que operan en esa franjas mas allá de meros intentos ? ¿Qué información tenía sobre sus capacidades? ¿Qué hizo para impedir que la ribera se convirtiera en punto de agresión ? ¿Qué parte le corresponde al estado y qué parte debe exigir a la Federación ?
La respuesta no puede ser un álbum de patrullas, por cierto muy escasas. Un despliegue acredita movilización; por sí solo no acredita desmantelamiento. Los refuerzos anunciados a ambos lados del río hacen más urgente conocer los resultados de la investigación, no menos.
El mandatario prometió que no habría impunidad. Ahora le corresponde explicar cómo se traduce esa frase en acciones verificables. Porque “cero tolerancia” con casi «cero resultados» termina pareciéndose demasiado a tolerancia con membrete.
Que el castigo alcance al mando
¿De dónde sacan los tanates? Esa es la pregunta de entrada. La de fondo es más incómoda: ¿qué les permite creer que pueden hacerlo y seguir operando?
No hace falta adjudicarle una orden al “Primito” o al “R8” . Tan solo hace falta esclarecer quién disparó, quién lo ordenó, quién facilitó la operación y quién tenía la obligación de impedirla.
Y una vez que se pruebe, no hace falta inventar figuras legales. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada castiga a quienes, siendo tres o más, “se organicen de hecho” para cometer de forma permanente o reiterada delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el acopio y tráfico de armas, el secuestro, el robo de hidrocarburos o la extorsión. Y los castiga “por ese solo hecho”. Para responder por pertenecer a la estructura no es necesario haber apretado el gatillo.
La ley reserva su castigo más pesado para quien “tenga funciones de administración, dirección o supervisión”.
Dicho de otra forma: si el “Primito” manda, la ley lo trata como jefe, no como uno más de la nómina.
Porque si la investigación alcanza solamente al tirador y deja intacta la estructura que lo arma, lo financia y lo reemplaza, como lo hace actualmente la estrategia,el problema seguirá teniendo nómina.
El mismo artículo 5 contiene una advertencia para el gobierno. Las penas aumentan hasta en una mitad cuando participa un servidor público, y además este queda destituido e inhabilitado. Si los tanates salen de la protección, la ley también alcanza al protector.
Así que la pregunta del título ya tiene una respuesta jurídica. Los tanates les salen del expediente que no se abre, de la orden de aprehensión que no se ejecuta y de la promesa de Américo Villarreal de “cero tolerancia” que no ha pasado del podio.
Aqui está el verdadero epicentro: no admirarles los tanates, sino auditarles el poder. Y auditar también a la autoridad que prometió ponerles límite y claramente no ha cumplido.
Porque los criminales que se acostumbran a no pagar consecuencias pueden terminar confundiendo la impunidad con permiso. Y cuando esa expectativa cruza el Río Bravo en forma de balas, la factura ya no se queda en Tamaulipas.
Con información: @redes/medios/
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