La carga decía que eran “zanahorias”, pero las vitaminas de los betacarotenos que contenían, parece que si hicierón falta para mejorar la vista de todos los uniformes de todos colores que lo traficantes burlaron en retenes a su paso del lado mexicano para lograr llegar a EE.UU.
Pero viaje terminó justo donde la frontera se llama Pharr, Texas, y el puente hacia Tamaulipas parece más un colador que un control aduanal. Los agentes estadounidenses abrieron la caja de las zanahorias y descubrieron 136 kilos (unas 300 libras) de metanfetamina, valuadas en el mercado gringo en más de 2.5 millones de dólares.
Y aunque no se esclareció de que laboratorio improvisado del narco salierón, es de un tipo de “oficinas químicas” donde producir un kilo de metanfetamina cuesta menos que un celular usado, mas los gastos de traficarla hacia el norte, cruzando el país con la paciencia y la protección por acción y omisión de filtros militares y policiacos civiles, la mayoría “agujerados” y que también se replica en el lado e N.L
Cuanto cuesta producirla
En términos narcos, una ganga: producir esa cantidad cuesta apenas entre 50 y 80 mil dólares en químicos, gasolina y sobornos discretos. Todo lo demás es ganancia neta: un margen bruto que haría palidecer a Wall Street.
Los “cocineros” detrás del lote no improvisan: trabajan con manuales de química empírica, tambos oxidados y hornos adaptados. La fórmula ya es clásica: pseudoefedrina, ácido muriático, solventes industriales y paciencia. Lo mezclan en “cocinas” camufladas entre ranchos y bodegas agrícolas, donde nadie pregunta por qué huele tan mal mientras haya pago semanal.
Que la carga se haya detenido en Pharr no es casualidad, pero tampoco milagro. Estados Unidos lleva años incautando el saldo del desorden mexicano y la frontera texana es el laboratorio de evidencia. Brownsville, Laredo, Reynosa… todos puntos calientes donde la llamada “seguridad nacional” que atiborra con engorrosas revisiones antes de las garitas de EE.UU, apenas huele la droga cuando ya está cruzando al otro lado.
Lo grotesco es que mientras allá presumen decomisos récord, acá se siguen discutiendo los contratos del ejército y sus “operativos blindados” llenos de filtros, retenes y uniformes… pero sin resultados. Los narcos cuentan con algo más valioso que los millones: la certeza de que el sistema no puede atrapar siempre las zanahorias defectuosas, mientras muchos camiones con premio siguen rodando, coronando «vuelticas».
En Sinaloa ya no se trata de una “ola” de violencia contra policías: se trata de una estadística criminal con vocación de exterminio. El asesinato ayer del agente municipal activo José Luis “N”, en La Costerita, Culiacán, no es un hecho aislado ni una desgracia más para archivar en el inventario del terror; es parte de una suma vertiginosa que ya ronda el centenar de policías muertos, casi siempre bajo la misma fórmula: ataque, comunicado, duelo institucional y, después, el clásico deporte sinaloense de la impunidad.
La parte más obscena no es sólo que maten policías; es que el sistema permita que eso ocurra con una regularidad que ya desafía la lógica penal y la aritmética elemental.
Porque cuando una organización criminal acumula muertos de fuerza pública como si llevara un conteo estadístico en paralelo al del Estado, no sólo está cometiendo homicidio: está exhibiendo que ha logrado erosionar la capacidad real de disuasión, investigación y castigo del poder público.
La ecuación de la impunidad
Cada policía asesinado bajo la estrategia cuentachiles del estratega Omar García Harfuch, no esclarecido envía un mensaje simple: se puede matar al uniforme,no pasa nada y se puede matar un dia si y otro también. Eso convierte cada ejecución en una advertencia para los demás agentes, en una demostración de control territorial y en una confesión involuntaria de debilidad institucional.
Si el centenar se aproxima en poco mas de 1 año y medio e guerra de bandos de la misma banda y las condenas no aparecen, entonces lo que fracasa no es la estadística, sino el Estado que presume orden mientras administra funerales y no solo de policias.
El cartel y la probabilidad
Hay además una ironía brutal: el crimen organizado no sólo atenta contra las leyes penales; también atenta contra la probabilidad. En condiciones normales, la repetición masiva de asesinatos de policías debería elevar la reacción institucional, aumentar la presencia investigadora y detonar resultados judiciales.
Pero en Sinaloa la secuencia parece invertida: a más muertos, menos consecuencias; a más evidencia de patrón, más normalización; a más riesgo, más silencio. Eso ya no es azar: es una distribución perfectamente comprensible para quien controla el miedo y perfectamente intolerable para quien todavía cree en el monopolio legítimo de la fuerza.
Lo que revela el caso
El caso de José Luis “N” confirma una constante ya conocida: el agente iba fuera de turno, en motocicleta, y fue ejecutado a plena luz del día. La corporación municipal lamentó el hecho y prometió respaldo a la familia, mientras la Fiscalía queda, como siempre, con la tarea de esclarecer lo que casi nunca se esclarece. En otras palabras: la institucionalidad reacciona con condolencias, pero la criminalidad opera con certeza.
La verdadera pregunta
La pregunta ya no es cuántos policías faltan por matar; la pregunta es cuántos expedientes faltan por dejar en el cajón para que la impunidad siga funcionando como política de Estado por omisión. Porque cuando el crimen organizado logra convertir la muerte de policías en una estadística predecible, lo que está en crisis no es sólo la seguridad pública: es la credibilidad misma de la autoridad.
Durante años el crimen organizado en México construyó su poder sobre una lógica simple. Mientras hubiera demanda en Estados Unidos, siempre habría una droga, una ruta y una fuente de financiamiento. Lo que hoy empieza a cambiar no es la existencia del negocio criminal, sino la estabilidad de algunos de sus mercados más rentables. Y ese cambio, lejos de tranquilizarnos, debería preocuparnos más. Porque cuando una organización criminal poderosa deja de ganar por un lado, no se jubila. Voltea hacia otro.
La mariguana fue el primer aviso serio. La legalización para uso adulto en varios estados norteamericanos, sobre todo a partir del ciclo 2016 a 2018, no eliminó el consumo, pero sí alteró al proveedor. Una parte del mercado dejó de depender de cultivos mexicanos y comenzó a ser abastecida desde dentro de Estados Unidos. Eso erosionó una renta histórica para los grupos criminales mexicanos y los obligó a buscar productos más compactos, más rentables y más fáciles de mover.
La cocaína, en cambio, sigue mostrando fortaleza. La producción global está en máximos históricos y México conserva una ventaja criminal decisiva como corredor hacia la frontera terrestre con el mayor mercado consumidor del mundo. Mientras existan rutas, capacidad logística, control territorial y redes de lavado, la cocaína seguirá siendo una fuente de ingresos robusta para muchas organizaciones.
El caso del fentanilo merece una lectura aparte. Ahí sí hay señales reales de tensión. Las muertes por opioides sintéticos en Estados Unidos cayeron con fuerza en los últimos dos años, y eso coincide con una combinación de factores que incluyen presión sobre precursores, ajustes en la cadena de suministro ilegal y respuestas de salud pública más eficaces del otro lado de la frontera. Presentarlo como una medalla automática de cualquier gobierno mexicano sería una simplificación interesada. Pero negar que algo se está moviendo también sería un error. En ese mercado ya no todo luce tan terso ni tan expansivo como hace apenas poco tiempo.
A eso se suma la declaratoria de febrero de 2025 que designó como organizaciones terroristas extranjeras a varios cárteles mexicanos. Esa medida no ha probado todavía, en números públicos irrefutables, cuánto dinero exacto les quitó. Pero sí elevó el riesgo para mover recursos, lavar utilidades y utilizar intermediarios financieros o empresariales sin dejar rastro. Quizá no cerró la llave del dinero, pero sí endureció la tubería por donde circula.
El verdadero problema para México no es sólo cuánto dejan de ganar los cárteles por fentanilo, mariguana o incluso por el huachicol cuando ese mercado entra en estrés. El verdadero problema es qué hacen después. En un país donde distintos diagnósticos ubican alrededor de 175 organizaciones criminales con presencia regional, estatal o municipal, una contracción en economías como el narcotráfico no necesariamente reduce la violencia. Puede redirigirla. Puede empujarla hacia delitos más inmediatos y más crueles contra la sociedad. Extorsión, cobro de piso, secuestro, robo de carga, trata, fraude digital, despojo y control violento de economías locales.
Esa es la pregunta que debería guiar la discusión pública. Si algunas de las viejas cajas registradoras criminales empiezan a fallar, qué sigue para el crimen organizado en México. Porque la respuesta más probable no es menos delito. Es delito más cercano, más directo, más metido en la vida cotidiana de la gente. Cuando el narco pierde margen en los mercados globales, suele intentar recuperarlo en la puerta de la casa, en el negocio de la esquina, en la carretera y en el miedo diario de los ciudadanos.
Por eso cantar victoria sería irresponsable. El riesgo no es que el crimen organizado se quede sin dinero. El riesgo es que salga a cobrarlo de manera más brutal y más visible a la sociedad mexicana.
En Monterrey no se destapó una simple cuenta de chismes, sino una maquinaria bastante más ruin: una supuesta “tía” de Instagram que, detrás de la comedia barata y el morbo digital, habría operado como centro de difamación, extorsión y exhibición pública a la carta. Porque ya no bastaba con chismear: había que cobrar, amenazar y, si se podía, destruir vidas ajenas con una publicación y un grupito de Telegram.
La Fiscalía de Nuevo León ya giró órdenes de aprehensión contra Astrid “N” y César “N”, señalados como administradores de la cuenta “La tía Paty”, y ambos quedaron en prisión preventiva mientras avanza el proceso por extorsión. Lo que se vendía como una cuenta “divertida” terminó retratándose como un negocio de infamia con posible conexión a una red más amplia de explotación y servicios sexuales.
Del chisme al cobro de piso digital
La ruta era tan vulgar como eficaz: primero subían rumores, luego exhibían datos personales, después venía el escarnio público y, más tarde, la oferta indecente de siempre: paga o te seguimos quemando. Según el reportaje, incluso había personas que pagaban para “quemar” a terceros, como si la dignidad ajena estuviera disponible en menú de redes sociales.
El caso se volvió particularmente escandaloso porque las víctimas ya no eran solo influencers o socialités, sino también personas comunes, abogadas, pequeñas empresarias y mujeres que terminaron atrapadas en una lógica de hostigamiento digital con amenazas cada vez más directas. La cuenta pasó de la farándula de barrio al chantaje con aspiraciones criminales.
La víctima que se volvió objetivo
Uno de los episodios más grotescos fue el de Valeria Macías, activista por la llamada Ley Valeria, quien intentó frenar publicaciones contra una amiga y terminó convertida en carne de cañón de la misma cuenta. Minutos después de exigir que bajaran el contenido, su propia imagen apareció publicada, seguida por comentarios que buscaban desacreditarla y hacerle daño emocional.
La ironía es brutal: una mujer que lucha contra el acoso digital terminó siendo atacada por el mismo ecosistema de violencia que pretendía denunciar. Y como suele pasar en estos casos, el castigo no fue solo mediático; también vino en forma de ansiedad, desgaste y la tentación de abandonar una causa que ya de por sí exige pelear contra molinos muy bien conectados.
La abogada que pagó por “publicidad” y recibió difamación
Perla Calvillo Cantú también terminó arrastrada por la maquinaria de la Tía Paty. Lo que empezó como publicidad en una página de chismes derivó en campañas de difamación contra ella, su familia y hasta sus hijos, con amenazas, insultos y hasta videos manipulados con inteligencia artificial. O sea: el circo digital ya no solo cobraba por anunciarte, también cobraba por destruirte.
El relato de Calvillo muestra el nivel de podredumbre del asunto: clientes espantados, reputación golpeada, negocio destruido y una exigencia de 400 mil pesos para retirar publicaciones. En otras palabras, una extorsión con filtro de Instagram y disfraz de entretenimiento.
Telegram, catálogos y el lado más oscuro
El reportaje también apunta a un posible catálogo de “sobrinas” en Telegram, con presuntos servicios sexuales, cobros por acceso al contenido y testimonios sobre amenazas para evitar que las jóvenes o los clientes salieran del esquema. Si esto se confirma, ya no estaríamos hablando de “chismes”, sino de una estructura bastante más siniestra, con tintes de explotación y coerción.
Lo más alarmante es que, según testimonios recogidos por EL PAÍS, algunas víctimas habrían sido amenazadas con exponerlas ante miles de seguidores si hablaban o intentaban salirse. Es el viejo manual de la extorsión, pero en versión red social: control, miedo y humillación como modelo de negocio.
El “amigo de todos”
César “N”, uno de los detenidos, era visto como el típico chavo social, bien conectado, de familia acomodada y con acceso a demasiada información sobre demasiada gente. Ese perfil de “cae bien en todos lados” suele ser útil hasta que uno descubre que la cercanía social también puede servir para vigilar, acumular datos y convertir amistades en capital de chantaje.
Y mientras la investigación sigue abierta, queda claro que el caso no es solo sobre una cuenta caída en desgracia: es una radiografía del cinismo digital, de la extorsión disfrazada de humor y de cómo el morbo en redes puede convertirse en una industria criminal con toda la intención de lucrar con la ruina de otros.
El War Room de Codigo Magenta arranca con un video de una frase que hoy suena casi testamento:
“Las grandes mafias no nacieron en este país pacífico. Andrés Manuel López Obrador tiene que confrontar su problema con las mafias, en un país donde una gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico”.
Lo dijo Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. Lo mataron a plena luz, en campaña, a balazos y mensaje.
Villavicencio se pasó toda la campaña diciendo que había que romper la sociedad de hecho entre el correísmo y los cárteles.
Advertía: Ecuador es víctima top de las mafias de droga más poderosas del mundo… pero esas mafias no son ecuatorianas; tienen nombre y acta de nacimiento: Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pregunta incómoda uno: ¿quién los dejó entrar? Porque la semana pasada, en Polanco –sí, Polanco, no en la sierra– cayó el supuesto cerebro del asesinato de Villavicencio: Ángel Esteban Aguilar, alias “El Lobo Menorrello”. Lo detienen en el corazón financiero de la Ciudad de México, acusado de encabezar una red criminal enlazada con el CJNG en México y con “Mordisco”, jefe de las disidencias de las FARC en Colombia. El hilo conductor: la cadena internacional de suministro de cocaína.El “Lobo” no es cualquier matón de rancho. Es parte de una estructura criminal designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organización terrorista internacional. Eso lo convierte, en automático, en objetivo militar del Comando Sur. Traducción: el personaje que se paseaba por Polanco está en la misma lista donde Washington pone a los enemigos a los que se puede ir a cazar.
Pregunta incómoda dos: ¿qué hacía el Lobo en México? ¿Quién lo protegió? ¿Y a cambio de qué? El timing no falla: la captura en Polanco ocurre un día después de que Omar García Harfuch –el zar de la seguridad civil mexicana– se paseó por Washington para verse con la jefa de la DEA y el jefe del FBI. Versión oficial: simple “intercambio de información”. Versión geopolítica: México enseñándole a Washington que todavía sabe obedecer cuando le aprietan el expediente.
La reunión con la DEA no es casual. La actual cabeza de la agencia fue durante años agente de campo en México. Dos veces le encargaron hacer listas de políticos mexicanos conectados con el crimen organizado, según un reporte de Pública y una fuente de alto nivel consultada por Código Magenta. Y fue uno de los arquitectos de la Operación Polanco, donde la DEA habría documentado financiamiento ilegal del Cártel de los Beltrán-Leyva a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. El supuesto intermediario: Nicolás Mollinedo, el chofer de confianza, el hombre del círculo íntimo.
La película no es solo mexicana. Es regional. La expansión de los cárteles bajo gobiernos de izquierda populista no pasó desapercibida para el Departamento de Estado. La presencia del “Lobo” en Polanco obliga a preguntar qué redes políticas han ofrecido protección a este tipo de operadores del narco.
Ejemplo Venezuela: la acusación del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro sostiene que usó la embajada venezolana en Ciudad de México para mandar cargamentos diplomáticos llenos de cocaína. Maletas con inmunidad, con sello oficial, pero cargadas de polvo.
Ejemplo México: López Obrador cerró la puerta a la DEA y a otras agencias de inteligencia de Estados Unidos. Mientras tanto, el Estado Mayor, comandado por el general de confianza Marco Antonio Ortega, permitió el crecimiento inédito del CJNG y, por acción u omisión, la exportación de fentanilo de “Los Chapitos”, brazo del Cártel de Sinaloa. La acusación federal de un gran jurado en Nueva York recoge comunicaciones interceptadas con los hijos de “El Chapo” donde presumen contactos clave en aduanas y custodias durante el sexenio de López Obrador.
México y Venezuela comparten molde: redes criminales enquistadas en el Estado. La DEA acusó al exsecretario de la Defensa mexicana, Salvador Cienfuegos, de encabezar un aparato de protección militar al cártel H2, ligado a los Beltrán Leyva. Ese caso incluía comunicaciones interceptadas y tocaba, de paso, el rol de los militares en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. ¿Final? No juicio, sino negociación política entre el gobierno de Donald Trump y el de López Obrador.
En Caracas el guion se repite. El general Vladimir Padrino, recién relevado por el presidente L.C. Rodríguez, fue acusado por la DEA de cobrar 60 mil dólares por cada vuelo de cocaína hacia Centroamérica. Estados Unidos puso sobre su cabeza una recompensa de 15 millones de dólares.Insight Crime bautiza esto como narcopolítica a la venezolana: el llamado Cártel de los Soles no es un cártel clásico, es un sistema de protección para que generales y altos funcionarios se llenen los bolsillos del tráfico de droga. Ese modelo, dice Insight Crime, le permitió a Maduro construir un gobierno criminal híbrido capaz de sobrevivir al colapso económico y a las sanciones, a cambio de abrir la caja registradora del crimen a las élites militares y políticas. El espejo mexicano no queda lejos.
Colombia: Gustavo Petro copia la estrategia de “abrazos, no balas” a la mexicana. The Economist resume el resultado con dos mapas: en 2019, la presencia de grupos paramilitares y criminales llegaba a 30 por ciento del territorio; cuatro años después, dominan prácticamente todo el país. Petro está bajo investigación del Departamento de Justicia estadounidense por presuntos nexos con el tráfico de drogas.
Bolivia: los gobiernos del MAS abrieron espacio a capos mexicanos como José González Valencia, uno de los líderes de “Los Cuinis”, financiero y proveedor de armas del CJNG. Se quedó tan tranquilo porque Bolivia rompió su tratado de extradición con Estados Unidos. Tras dos décadas de izquierda, Bolivia giró al centro-derecha con Rodrigo Paz.
Ecuador es otro giro de timón. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el senador Marco Rubio empujaron, desde Washington, un reacomodo estratégico en el hemisferio occidental. Durante años, el gobierno de Rafael Correa ignoró el crecimiento de “Los Choneros” y “Los Lobos”, conectados a Sinaloa y al CJNG, respectivamente. Hoy, con Daniel Noboa, empresario de derecha, Ecuador abrió la puerta al Comando Sur para operaciones conjuntas.
Los resultados están en veremos, pero ya hay tropiezos: el New York Times documentó cómo el bombardeo de un supuesto campamento paramilitar terminó siendo… una farmacia. México no ha cambiado de régimen ni de color político, pero sí empezó a ajustar su política de seguridad. El arresto del Lobo es un mensaje.
La captura en Polanco ocurre en medio de una competencia feroz entre agencias mexicanas para quedar bien con Washington. García Harfuch hace su tour por la capital estadounidense en respuesta a la operación que el Comando Sur cocinó con la Sedena para ir tras Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. La presencia de fuerzas especiales de Sedena en el operativo de Polanco indica que ningún mando quiere ser visto como enemigo de Washington.
Pero esta carrera por la medalla gringa ya pisó zona de riesgo: ahí está la operación fallida de la SSPC y la Marina para capturar a “El Mayito Flaco” en Sinaloa. ¿Qué sigue para México? Más presión de Estados Unidos. Más protagonismo de Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en operativos de alto perfil.
Y la política interna tampoco es inocente. No es secreto que López Obrador operó para bloquear la candidatura de Omar García Harfuch a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Tampoco es secreto que el “teniente de Polanco” y su círculo están en la mira de investigaciones impulsadas desde el entorno de García Harfuch: casos como el del llamado Cártel “Tira-baches” y la reactivación de expedientes emblemáticos de huachicol.
Mensaje de fondo desde Washington, traducido al español llano: se acabaron los días de convivencia política cordial entre cárteles y gobiernos de izquierda latinoamericana. La pregunta es si México va a romper realmente esa relación… o solo va a cambiar de socio y de narrativa frente a la cámara.
Mientras en Chihuahua faltan medicinas y en Guerrero el campo se seca, la autollamada “transformación” del segundo piso de Claudia Sheinbaum ,se da el lujo de regalar 588 millones de pesos a “Sembrando Vida” en Cuba para apuntalar al régimen de Miguel Díaz-Canel. No es cooperación, es respirador político financiado con impuestos mexicanos.
Porque claro, para el gobierno es más urgente sembrar palmas en La Habana que sembrar seguridad en Sinaloa,Michoacán o Zacatecas. Candil del Caribe, oscuridad en la casa… pero con logo oficial.
La expriista reciclada y el fideicomiso tropical
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo no la dirige una experta en desarrollo, la dirige una expriista reciclada: Alejandra del Moral, excandidata del PRI al gobierno del Edomex, hoy muy cómoda en la nómina de la 4T. El viejo sistema priista no murió, solo se fue a cooperar… pero con dictaduras amigas.
Desde AMEXCID se ordena la segunda fase de Sembrando Vida en Cuba, con ficha técnica, contrato de donación y 588 millones listos para cruzar el mar, mientras aquí te dicen que “no hay presupuesto” para hospitales, refugios o productores quebrados. La austeridad republicana aplica para los mexicanos, no para los camaradas caribeños.
Petróleo para la dictadura, migajas para el mexicano
En 2025 México desplazó a Venezuela como principal proveedor de crudo a Cuba: 12 mil 284 barriles diarios, alrededor del 44% del petróleo que entra a la isla, según datos retomados por el Financial Times. La isla recibe petróleo subsidiado, y los mexicanos reciben gasolinazos disfrazados de “ajustes”.
Mientras la narrativa oficial presume “soberanía energética”, Pemex se convierte en gasolinera humanitaria del castrismo 2.0. A Cuba no le cobran, al mexicano sí; a Cuba se le entiende, al mexicano se le regaña.
Adoctrinar afuera mientras el país arde
No bastan los millones y el petróleo: también hay libros de texto, víveres, despensas y cargamentos “humanitarios” para mantener la maquinaria ideológica y clientelar del régimen cubano. Se exporta el modelo: adoctrinamiento obligado allá, y acá lo ensayan con los mismos manuales ideológicos.
Todo esto mientras en México falta seguridad, medicamentos, apoyos al campo y presupuesto para los desastres que el propio gobierno provoca o tolera. La prioridad no es el ciudadano mexicano, es el aplauso internacional del club de autócratas.
Fernández Noroña volvió a dar cátedra de lo que el “humanismo mexicano” entiende por rendición de cuentas: si le preguntas por lujos, te arma un berrinche, te acusa de clasista, acusa rivales hacen lo mismo y se sale del cuadro.
El senador del pueblo… en business
En cuanto su entrevistador Jose Luis Guerra le toca el tema del viajecito en cabina de primera clase, el autoproclamado “hombre del pueblo” se transforma en auditor de Aeroméxico: que si “business”, que si son pocos asientos, que si eso “no lo puedes pagar”, pero él sí, con su tarjetita American Express dos por uno.
En vez de aclarar si usó o no recursos públicos —en un contexto donde ya lo han acusado de aceptar viajes financiados por gobiernos extranjeros—, prefiere explicar el catálogo de prestaciones de United y su currículum de turista indignado.
La mansión que “no es mansión”
Cuando el periodista le menciona la casa de 12 millones en Tepoztlán, Noroña se prende: “¡Mansión! Eso me gusta. Hubiéramos hecho la entrevista en la mansión de Tepoztlán”.
Acto seguido, aplica la táctica clásica del político acorralado: no explica el origen del dinero, pero saca la lista de mansiones ajenas, de la gobernadora de Chihuahua a Alito Moreno, como si la existencia de otros bandidos fuera certificado de pureza para su propio patrimonio.
Humanismo selectivo y alergia a la crítica
Noroña insiste en que todo es una campaña “clasista y racista” en su contra y que vive de su sueldo de senador y de YouTube, mientras se enfurece porque le piden un mínimo de coherencia entre el discurso de austeridad y la vida de político VIP.
El “humanismo” que presume se resume en descalificar preguntas incómodas, reducirlas a ataques personales y convertir cualquier intento de escrutinio en complot contra la 4T, repitiendo el libreto de siempre: el problema nunca es el desvío, siempre es el periodista.
Animal político, pero de corral de cristal
Como animal político, Noroña ya mostró su ecosistema natural: ríñas, insultos, desplantes y ahora entrevistas abortadas en programa llamado PornoPolíticos, escenario perfecto para exhibir que tiene la piel tan delgada como la primera clase que presume.
Cuando el mínimo estándar democrático le exige explicar viajes, depósitos al extranjero o casas millonarias, recurre a la misma coartada: victimizarse, señalar a otros y huir de escena, demostrando que su tolerancia a la crítica es tan frágil como su narrativa de “compañero del pueblo”.
Otra ejecución a plena luz del día, otro funcionario partidista o cuadro político con discurso de “trabajo y compromiso”, y otra vez la misma coreografía de siempre que apunta al Cartel de Jalisco: condenas, indignación selectiva y promesas de justicia que suelen morir mucho antes que las víctimas. Esta vez la víctima fue Octavio Alan Ochoa Martínez, abogado y consejero del PRI en Guadalajara, asesinado afuera de su despacho en la colonia Moderna.
De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió cuando Ochoa salía de su oficina y subía a su camioneta; dos sujetos en motocicleta le dispararon en al menos dos ocasiones, para luego huir como ocurre en el guion ya normalizado de la violencia urbana en Jalisco. Aunque recibió atención de paramédicos, ya no presentaba signos vitales.
El PRI, entre el luto y la amnesia institucional
La dirigencia priista en Jalisco salió a condenar el crimen y a exigir justicia, como dictan los manuales del duelo político contemporáneo: frases correctas, indignación pública y cero capacidad para romper el ciclo de impunidad. Laura Haro lo describió como un colaborador cercano y recordó que trabajaron juntos desde hace años, pero el punto de fondo no es la biografía del abogado sino el estado de indefensión en el que opera la vida pública en el estado.
Lo que también quedó claro es que Ochoa no era un dirigente visible ni un cargo de representación popular en funciones; su papel estaba más vinculado a la vida interna del partido y a su ejercicio profesional como abogado laboralista. Eso no disminuye la gravedad del crimen: al contrario, confirma que en Jalisco ya no basta con no ser “figura pública” para evitar convertirse en objetivo.
Lo que dicen y lo que no dicen
Hasta ahora, los reportes consultados señalan que no se conoce la identidad ni el paradero de los agresores, y tampoco se han difundido líneas de investigación sólidas. Dicho de otra forma: el expediente ya tiene la parte fácil —la condena, la foto, el comunicado—, pero sigue atascado en la parte que de verdad importa: quién ordenó, quién ejecutó y quién protege a quién.
