Esta imagen icónica del Zócalo —dividida en tres escenas por cortesía de algún demonio irónico con sentido narrativo— no necesita subtítulos ni pies de foto; grita, insulta y escupe verdades incómodas sobre el México «humanista y trasformador» en estado puro. Lo que retrata no es el “orden público”, es el puerco completo del autoritarismo, revolcado entre el lodo del poder, usando la bota, el escudo, el gas y la descalificación para silenciar a quienes se atreven a tomar la bandera y plantarse en el centro de la vergüenza nacional.
La bandera como única “arma”
Aquí no hay barricadas de cartón ni cócteles Molotov, sólo un protestante armado de tricolor, sostenido como último refugio, como si esa bandera fuera la última línea de defensa que le queda al país frente a una maquinaria gubernamental empeñada en borrar la disidencia. Este ciudadano no se advierte que busca el disturbio, busca la dignidad; y por ello mismo se vuelve amenaza: el que se está quieto con la bandera obliga al régimen a mostrar su rostro más sucio, y lo hace a plena luz, porque el autoritarismo ya no se esconde: se exhibe, se pavonea y presume su violencia ante cámaras, celulares y el mundo.
¿Qué le dice México al mundo aquí?
México es ese espacio donde el gobierno responde con represión a la juventud que exige justicia y seguridad; donde la plaza pública se militariza y la policía deja de ser institución para transformarse en muro, valla, y piedra lanzada contra ciudadanos. En estas tres escenas hay centenares de sombras, cuerpos dispersos, el movimiento caótico de una multitud encapsulada, desalojada, aporreada; pero el punto de fuga visual regresa siempre a la bandera mexicana, último vestigio de lo que se supone deberíamos poder ejercer: protesta pacífica, derecho a réplica, exigencia de verdad.
Un autoritarismo sin maquillaje
Este gobierno no se molesta ya en disfrazar la cochina represión: encapsula manifestantes, derriba a los que se oponen, convierte el Himno Nacional en pretexto para llenar la plancha de gases lacrimógenos y escudos. Se jacta de diálogo mientras lanza piedras y empuja reporteros, y hasta presume las vallas frente al balcón presidencial como trofeo del miedo institucionalizado. El Zócalo es ahora el teatro de la bestia, la escena donde a delincuentes se les defiende con humanismo, mientras los golpes los reciben quienes aún creen que vale la pena exigir cuentas al poder.
México en metáfora obscena
Esto es México: un país donde la bandera se ha vuelto más peligrosa que las armas. Donde la autoridad sólo sabe responder al reclamo legítimo abriendo el costal de porquería: arrincona, apalea, encapsula, corta la marcha, insulta y humilla. Es el retrato de un Estado que prefiere que lo acusen de puerco antes que verse débil. Un país donde el Zócalo, que debería ser la plaza mayor del diálogo, se convierte en el corral de los que resisten, en el potrero donde se destaza la democracia mientras el resto asiste al espectáculo en pantallas de plasma.
El mensaje: no necesitamos disturbios para incomodar
En esta imagen —esta secuencia— el mensaje mas que nítido es brutal: no es la violencia la que amenaza al régimen, es la dignidad. No son los encapuchados, ni los confrontados con la policía. Es ese que, con la bandera mexicana en alto, no hace nada más que resistir, que incomodar con su mera presencia, con su no conceder, con el puro hecho de existir con decoro frente al autoritarismo.
Eso es lo que el gobierno no soporta. Por eso la represión es tan pueril y grotesca: porque en el fondo, el Estado sabe que su mejor enemigo no es el caótico encapuchado, ni el vociferante, ni el que rompe vallas. Su peor enemigo es el que no concede, el que no transa, el que no baja la bandera aunque esté rodeado de cerdos.
Esta imagen no solicita permiso, ni pide disculpas. Es el retrato de México enseñando el hocico sucio del poder, ante la mirada de todos. Aquí, el autoritarismo no necesita disturbios, sólo una bandera y alguien digno para demostrar que el gobierno de Claudia Sheinbaumn sigue siendo, irremediablemente, un puerco.
La mas reciente entrevista ,de Jesus Ramirez, jefe de asesores de la presidenta de Claudia Sheinbaum ,con el periodista Rene Delgado en el espacio de EL FINANCIERO, fue un vulgar intento desesperado de justificar una estrategia de seguridad fracasada y un “Plan Michoacán” vendido como solución integral, pero montado sobre los mismos muertos de siempre y una narrativa que lava culpas mientras señala a todos menos al gobierno actual.
El truco retórico del “Plan Michoacán integral”
Ramírez presenta el Plan Michoacán como algo “no coyuntural”, una gran estrategia de fondo, pero no define metas claras, plazos ni indicadores públicos, solo menciona “evaluaciones quincenales” y “datos duros” sin concretar qué se va a medir ni cómo se van a transparentar.
Cuando el entrevistador le presiona sobre el punto de llegada, esquiva con generalidades: sellar el estado, atender jornaleros, jóvenes, medio ambiente, agua; es un catálogo de buenas intenciones sin diseño verificable, ideal para rueda de prensa, inútil para rendición de cuentas.
El recurso discursivo es clásico: inflar la complejidad del problema (economía global, metanfetaminas, aguacate, agroexportación) para diluir la responsabilidad política concreta del gobierno federal y del actual gobierno de Sheinbaum, presentando todo como una tormenta histórica de la que solo son víctimas bienintencionadas.
Repartiendo culpas: Calderón, Peña, todos… menos el presente
Ramírez recorre los cuatro planes de seguridad en Michoacán: el operativo de Calderón (guerra), el plan de Peña (autodefensas armadas), el plan de AMLO y ahora el de Sheinbaum, pero solo los primeros tres son señalados como fracasos o errores; el de López Obrador se salva con la fórmula mágica: “éxito relativo” y “mejoras sociales como nunca”.
El detalle incómodo es que, tras esos “éxitos relativos”, Michoacán siguió con altos índices de violencia, extorsión y control territorial del crimen; él lo admite cuando habla de la evolución del crimen, pero lo atribuye a cambios en el mercado de drogas y a la economía global, no a una estrategia de seguridad insuficiente o mal planteada.
Su narrativa construye una línea de tiempo donde el pasado oscuro termina simbólicamente en 2018, pero cuando el entrevistador le recuerda que también hay un “pasado” 2018–2024, Ramírez responde inflando indicadores sociales positivos y minimizando el hecho brutal: el alcalde Carlos Manzo está muerto en el contexto de una estrategia que se supone ya llevaba años “atendiendo las causas”.
“La violencia no se termina con violencia”: lema útil, realidad incómoda
Ramírez defiende la famosa consigna de que “no es con violencia como se termina la violencia”, pero cuida que no suene a “abrazos, no balazos”: insiste en que no implica impunidad y que debe haber Estado de derecho y procesar delincuentes.
El problema es que esa defensa moral se estrella con los hechos: durante años, el gobierno que él defiende ha sido señalado por capturas espectaculares seguidas de liberaciones, fallas del sistema de justicia, zonas completas bajo control criminal y masacres que no desaparecen por repetir la consigna pacifista.
Cuando el entrevistador matiza la frase “abatir delincuentes” del alcalde asesinado, Ramírez la trata como una posición casi bárbara, violatoria de derechos humanos, lo cual es discutible en términos jurídicos concretos (uso de la fuerza en flagrancia), pero muy conveniente políticamente: sirve para deslindarse del alcalde ejecutado y su narrativa de “mano dura”, sin hacerse cargo de que murió bajo el diseño de la seguridad federal fallida y fallando.
Derechos humanos selectivos y moral de vitrina
Ramírez se instala en una defensa absoluta de los derechos humanos del delincuente –cita incluso el caso Eichmann y los juicios a nazis– para descalificar cualquier enfoque de uso letal de la fuerza como respuesta al crimen, equiparando matices operativos con barbarie.
Pero no aborda el reverso: las víctimas que viven bajo extorsión, desplazamiento, secuestros y asesinatos cotidianos en regiones donde el Estado renunció de facto al monopolio legítimo de la fuerza; su apelación a la “barbarie” parece reservarse para la idea de abatir delincuentes, no para los territorios donde el crimen dicta la ley.
La hipocresía está en el doble estándar: discursivamente, el Estado es garantista, jurídico, civilizatorio; en la práctica, la gente se organiza en autodefensas, paga piso, negocia con grupos armados y entierra a los suyos, mientras el gobierno mantiene una estética moral impecable en las mañaneras televisadas.
El asesinato de Manso: crimen útil, no punto de quiebre
Cuando se le pregunta si el homicidio de Carlos Manzo es un punto de quiebre, Ramírez dice que la oposición quiere verlo así, casi como “llamada a la acción”, y lo reduce a un crimen condenable que el gobierno debe procesar, pero niega que altere la ruta estratégica.
Ese encuadre es funcional: si aceptar que es un parteaguas implicaría admitir que la estrategia actual no funciona, la salida es acusar a la oposición de oportunismo y reafirmar que solo falta “demostrar con hechos” que la estrategia integral sirve, como si no se tratara ya de un sexenio y medio de laboratorio con miles de víctimas en el proceso.
Mansz, además, le sirve de chivo expiatorio conceptual: como él hablaba de “abatir” delincuentes, su asesinato se presenta casi como lección histórica sobre lo peligroso de pedir mano dura, desplazando la atención de la incapacidad estatal para proteger a un alcalde en funciones.
Causas, metanfetaminas y aguacates: la niebla perfecta
El discurso de Ramírez se regodea en la “complejidad estructural”: jornaleros agotados que consumen cristal para aguantar jornadas dobles y triples, industria del aguacate que genera miles de millones de dólares y pocos beneficios sociales, metanfetamina como eje del mercado local, crimen que controla sectores de la economía mediante extorsión.
Aqui la operación retórica es clara: al inundar el diagnóstico con factores estructurales, se disuelve la posibilidad de exigir soluciones específicas, cuantificables y urgentes; todo se vuelve un largo proceso histórico en el que el gobierno actual “hace lo que puede” y al que nadie puede pedirle resultados concretos en plazos definidos.
Hablar de “evolución del crimen” sirve además para evitar la pregunta más incómoda: ¿qué decisiones políticas y de seguridad de este gobierno, concretas, contribuyeron a dejar sectores enteros en manos del crimen que hoy extorsiona aguacateros, jornaleros y pequeñas economías locales?
El pasado neoliberal como coartada infinita
A lo largo de la entrevista, Ramírez vuelve una y otra vez al neoliberalismo, a la globalización, a las reformas judiciales de Zedillo, al uso del Poder Judicial contra movimientos sociales, a la subordinación a Estados Unidos; ese relato funciona como marco general de legitimación para todo lo que hoy falla.
La fórmula es simple: si hay pobreza, violencia o dependencia económica, es herencia del modelo anterior; si hay mejoras, son producto del nuevo proyecto; si hay retrocesos, son culpa de los poderes fácticos, de Washington, de las cámaras empresariales o del crimen organizado infiltrando instituciones.
Este marco excluye sistemáticamente una hipótesis básica en cualquier análisis serio: que la estrategia de seguridad, económica y judicial de la 4T también tenga errores de diseño, malas decisiones y negligencias que no se explican solo como “resistencias del viejo régimen”.
Reforma judicial: democratización o captura disfrazada
Sobre la reforma al Poder Judicial, Ramírez la presenta como una “solución democrática imperfecta” para tocar el poder intocado, denunciar la captura por poderes fácticos y crimen, y romper el dominio de las élites sobre jueces y ministros.
Reconoce que elegir jueces no resuelve por sí mismo la justicia, pero lo vende como un “acierto” necesario para romper inercias, minimizando los riesgos de que la elección popular de jueces bajo un partido hegemónico termine sustituyendo la captura privada por una captura partidista.
Cuando se le menciona el impacto en la inversión y la certeza jurídica, responde con la carta nacionalista: presiones de cámaras empresariales, doble moral, defensa del interés mexicano; el ruido económico y jurídico se reinterpreta como prueba de que el gobierno está tocando intereses, no como síntoma de un diseño institucional defectuoso.
La ética de la 4T y los “lunares” que nunca se limpian
Ramírez insiste en que el proyecto de la Cuarta Transformación es democrático, popular y ético, y admite “lunares” y vicios heredados de la cultura priista: corrupción, clientelismo, uso patrimonialista del poder, infiltración de esa cultura incluso en la izquierda.
Pero cuando se le pregunta por qué no han desterrado esa corrupción y esos vicios, se la quita de encima mandando la responsabilidad a “instancias correspondientes” y al electorado, como si el gobierno no tuviera obligación concreta de sancionar a sus propios cuadros y como si la ética fuera una especie de destino autorregulado por las urnas.
El resultado es un discurso cómodo: se reconoce la existencia de morenistas que traicionan la ética, pero no se asume responsabilidad institucional seria; el voto se convierte en detergente moral de temporada, mientras la estructura política se mantiene.
Democracia viva o clientela cautiva
Ramírez sostiene que México vive una “democracia viva muy fuerte” y que quienes critican al proyecto hablan de zombificación del electorado sin autocrítica de su lado, repitiendo la idea de un pueblo lúcido que eligió la transformación frente a élites ciegas y cínicas.
Esa narrativa ignora deliberadamente los mecanismos de control político y clientelar que el propio régimen ha perfeccionado: programas sociales masivos como base de legitimidad, narrativas de polarización permanente, descalificación sistemática de críticos, y un partido de Estado de facto que ocupa todos los espacios institucionales clave.
Presentar cualquier crítica al gobierno como nostalgia del “viejo régimen” o defensa de privilegios invita a cerrar el debate público, no a abrirlo; convierte a la democracia que dice defender en plebiscito de adhesión, no en un sistema de controles y rendición de cuentas.
Conclusión: una narrativa blindada para un país desprotegido
La entrevista de Jesús Ramírez es un ejercicio de blindaje discursivo: culpa al pasado, glorifica logros sociales, dramatiza la complejidad estructural y reviste de ética y soberanía una estrategia de seguridad que no ha impedido asesinatos de alcaldes ni el control territorial del crimen en estados como Michoacán,Sinaloa o Tamaulipas,donde el componente de amasiato de autoridades y gobernadores con el crimen organizado es asqueroso.
Su discurso sobre violencia se sostiene en una superioridad moral que, sin embargo, no ofrece protección efectiva a quienes viven en los municipios “sellados” ; el Plan Michoacán se vuelve etiqueta de campaña, mientras la realidad sigue siendo de plomo, cristal y extorsión.
La presidenta Sheinbaum enfrenta desafíos cada vez más complejos para los que no encuentra fácil solución y menos si hace uso de las herramientas del pasado reciente para salir del atolladero. El pasado ya está desgastado, el presente es inclemente y el futuro se asoma titubeante en forma de “michoacanazo”.
Desafíos es un eufemismo. Lo que enfrenta la presidenta son crisis que llegaron de la mano de aguacates y limones. Michoacán volvió a la escena nacional cuando el gobierno no encuentra todavía la manera de salir de la alarma en Sinaloa. Se juntan los problemas, se amontonan las urgencias, se agolpan las denuncias, se multiplican los conflictos. Eso se llama crisis y la tiene en política, comunicación, y seguridad. Las tres van pegadas.
En el tema de seguridad, es evidente que la presentación optimista de cifras ha quedado rebasada por la despiadada realidad. A la baja de miles de homicidios, bastaron dos asesinatos en Michoacán para darle la vuelta al asunto. Lo peor es que la situación amenaza con crecer en otras entidades.
La primera reacción presidencial fue lamentable: la gastada diatriba del oponente, culpar al pasado, cada vez más remoto, de lo que sucede ahora. Las cuentas para atrás ya no salen porque hay que saltarse el sexenio anterior y entonces la denuncia queda hueca. Es cada vez más evidente que el sexenio pasado es un vacío, un hoyo negro que el gobierno actual no puede mencionar.
El plan para pacificar Michoacán contiene muy buenas intenciones como los anteriores que se diseñaron para atender los problemas en esa entidad, pero fundamentalmente hay que dedicarse a combatir a los criminales. Qué bien que el gobierno federal quiera crear “polos de desarrollo económico para el bienestar”, impulsar una “producción forestal sustentable”, que promuevan la entrega de “la nueva beca Gertrudis Bocanegra” y se habiliten “centros deportivos de alto rendimiento México imparable”, por tan solo dar unos ejemplos. Pero lo que los habitantes de Uruapan han pedido y, lo hizo el alcalde asesinado, es acabar, abatir a los criminales que les hacen imposible la vida. Quieren que la autoridad los defienda de los asesinos y extorsionadores no quieren jugar voleibol.
En el desorden que es la comunicación gubernamental, deberían empezar por poner algo de orden: guardar el disfraz de Batman, dejar de creer que viven en un comic; deja de acusar al asesinado por lo sucedido como lo hizo el secretario de Defensa al decir que ellos no faltaron a la seguridad, que la culpa fue del personal que nombró el muerto; o de acusar a los michoacanos de que lo que hacen no sirve como lo manifestó el vocero Jesús Ramírez Cuevas al decir que el aguacate, aunque se venda mucho, no genera “beneficios sociales”, y que los jornaleros en Michoacán tienen que atascarse de metanfetaminas para cumplir sus turnos de trabajo.
El exvocero presidencial cree que los michoacanos no tienen salvación pues lo que producen no impacta y además se drogan. Qué bien. Mientras tanto la presidenta arremete contra un señor de edad porque “ni a chavorruco llega” y la emprende contra jovencitos tuiteros porque atentan contra su movimiento. Curiosas prioridades.
Michoacán ha puesto de cabeza el armado del discurso gubernamental. El fracaso de los gobiernos locales de Morena tiene un ejemplo en esa entidad. Creer que culpar a Calderón es redituable no tiene sentido.
En Uruapan piden acción porque los criminales están en guerra contra la ciudadanía y contra el gobierno. Eso es un hecho. Pero el gobierno insiste en que no está en guerra. Debería repensarlo, porque las bajas están de este lado.
Con informacion: @juanizavala/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
Al menos ocho personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas durante una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, a la altura del kilómetro 4 de la carretera Parral–Jiménez, en Parral, Chihuahua, en un ataque atribuido a civiles fuertemente armados que además provocaron bloqueos carreteros en la zona.
De acuerdo con la informacion mas reciente,publicada por El Monitor de Parral,fue confirmada la identidad de uno de los muertos y se trataría de Benito «M», alias el «84», asi como otro mas apodado El Chikilin,ambos lideres criminales en la zona.
La tarde en que tronó el hipódromo
Lo que debía ser una tarde de apuestas, cerveza y caballos desbocados se convirtió en un campo de tiro al aire libre en el carril Santa Teresa, un improvisado templo de la velocidad montada sobre tierra suelta en la Parral–Jiménez. En plena carrera, cuando el polvo apenas dejaba ver a los caballos, irrumpieron sujetos armados y comenzaron a descargar ráfagas contra asistentes y participantes, dejando cuerpos tirados entre hieleras, boletos de apuesta y sillas plegables.
El saldo confirmado: al menos ocho muertos y varios heridos, en una cifra que las autoridades afinan mientras recogen casquillos y levantan indicios en un escenario que huele a pólvora y a sangre seca. Versiones preliminares señalan que todo habría comenzado cuando un hombre armado se acercó a un grupo que bebía junto a una camioneta de lujo, y de ahí el caos escaló a una lluvia de balas que nadie en la pista pudo esquivar.
La carretera sitiada
Mientras en el carril los asistentes se tiraban al piso o corrían hacia el monte, en la cinta asfáltica la violencia también se acomodaba en primera fila. Sobre la carretera Parral–Jiménez se reportaron bloqueos con vehículos atravesados, al menos una unidad incendiada y automovilistas atrapados entre cierres, sin más instrucción que quedarse quietos y rezar que nadie decidiera usar su carro como barricada.
El cerco no fue solo una postal de carretera: se convirtió en advertencia para toda la región, con autoridades locales y estatales pidiendo evitar la rúa como si se tratara de un tramo maldito en el mapa. Entre el miedo y la desinformación, algunos buscaron refugio en instalaciones oficiales, otros se encerraron en casa, mientras el rumor corría más rápido que cualquier patrulla.
El desfile de uniformes
Después del estruendo llegaron los discursos y los despliegues. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones, Defensa y Policía Municipal llenaron el cuadro, como si a punta de logos en las patrullas se pudiera tapar el hoyo que dejaron las balas en la confianza de la gente.
El alcalde de Parral, Salvador Calderón, ordenó un “operativo especial de vigilancia” en todos los accesos carreteros, una frase que ya suena a plantilla automática cada vez que la realidad les estalla en la cara. El mensaje oficial: habrá patrullajes permanentes, filtros, presencia preventiva; el mensaje extraoficial que entendió la gente: algo se les salió de control y ahora intentan blindar, a toda prisa, una ciudad que vive rodeada de brechas, carreteras y silencios.
La normalidad torcida
En la narrativa oficial, el carril Santa Teresa es ya “escena de investigación”; en la narrativa de la calle, es el recordatorio de que en Chihuahua ni las carreras de caballos se salvan del marcador de la guerra no declarada.La gente que fue a apostar por su caballo terminó apostando sin querer por su vida, en un sistema donde la casa —los grupos armados— casi siempre gana.
Mientras tanto, las autoridades llaman a “evitar transitar por la carretera Parral–Jiménez hasta nuevo aviso”, como si la violencia respetara señalamientos y horarios, y como si el “nuevo aviso” no fuera siempre el siguiente tiroteo. El saldo no solo se mide en muertos, sino en la certeza brutal de que en el norte, entre carreras, bloqueos y operativos de rutina, la vida se juega a balazos en cualquier tarde de fin de semana.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, en la que participan altos mandos militares y que ha operado desde el año 2021 en las aduanas de Piedras Negras, Coahuila, así como en Palomas y Ciudad Juárez, Chihuahua.
Información obtenida por Aristegui Noticias indica que uno de los militares investigados es el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, quien fue separado de su cargo como Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez del cargo el pasado 1 de noviembre, de acuerdo con reportes oficiales.
La indagatoria también contempla varias aduanas fronterizas que fueron ocupadas por militares.
Este medio también tuvo acceso a una amplia investigación realizada por una fuente que documenta el esquema de huachicol fiscal en el norte del país, mediante seguimiento de pipas, identificación de patios clandestinos, miles facturas y testimonios, lo que apunta a la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, comenzando por los militares que operan aduanas, autoridades fiscales, estatales y hasta municipales.
Para la venta final a estaciones de servicio o gasolineras, los grandes huachicoleros contratan pipas de empresas aparentemente legales como Windstar, Mefra Fletes, Transportadora Aton, Autolíneas Roca, Carvel, Transportes Rápidos Regionales y CZ Fuels, principalmente.
Durante los últimos meses pipas o carros “salchichas” de todas esas empresas han sido aseguradas en las aduanas y en patios clandestinos de almacenamiento y trasvase de combustible, por lo que se encuentran sujetas a investigación de la FGR por su presunta participación en una red de contrabando de tráfico de combustible.
El objetivo de la operación era llevar el combustible a gasolineras que lo venden directamente a automovilistas, entre las que se encuentran marcas como Windstar y Carvel, así como a franquicias de marcas internacionales como Gasolinera 76 y Phillips 66, las cuales pagan por el uso de las marcas registradas, pero que no operan directamente las compañías transnacionales.
Uno de los documentos compartidos con este medio, fue el seguimiento con un GPS a una pipa transportadora de hidrocarburos desde el Paso, Texas en Estados Unidos, a Ciudad Juárez, Chihuahua en México, donde visitó una gasolinera con la marca Phillips 66.
Posteriormente, su recorrido se extendió a Camargo, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Fresnillo, Zacatecas y la capital de Aguascalientes, descargando combustible en cada parada, para posteriormente regresar a Estados Unidos.
Otro seguimiento con GPS a una pipa arrojó un recorrido de Ciudad Juárez, Chihuahua, a un patio clandestino de Piedras Negras, una ruta inusual para el reparto de combustible que buscaba evitar inspecciones de la autoridad, de acuerdo con la fuente consultada.
Aristegui Noticias tuvo acceso al seguimiento GPS de varias pipas de empresas que aparentemente se benefician del huachicol fiscal.
Así funciona el huachicol fiscal verde olivo
En el esquema del huachicol fiscal operado con la complicidad de militares,Aristegui Noticias identificó dos compañías comercializadoras que ofrecían grandes cantidades de diesel y gasolina proveniente del contrabando a grupos gasolineros y líneas de transportistas en el norte y noroeste de México.
Se trata de Petro Soluciones, representada legalmente por Mario Alberto Valdez Luna, e Ingemar, vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, los cuales vendían grandes cantidades de combustible introducidos a México mediante pipas y ferrotanques que no pagaban el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) correspondiente.
El ex gobernador ha dicho en medios nacionales que no ha sido citado en ningún momento y que el uso de su nombre ha sido politizado, ya que dice no ser el único socio de la empresa Ingemar.
Petro Soluciones e Ingemar ya eran investigadas por casos previos de tráfico de combustible, como el caso de los buquetanques que descargaron gasolina y diésel en el puerto de Ensenada, Baja California, y de los vagones de ferrocarril o ferrotanques cargados con huachicol que fueron incautados en Coahuila, por lo que hay más de una línea de investigación en contra de sus socios y representantes legales.
En este esquema, las importadoras compran el combustible de forma legal en Estados Unidos a refinerías o plantas de almacenamiento. Los compradores mexicanos presentan la Carta Porte y el pedimento de importación que señalan el destino de la carga.
Posteriormente, la gasolina y el diésel se introducen a México mediante pipas o carros tanque de ferrocarril, pero alterando o falsificando dichos documentos para reportar que la carga es aceite quemado, aditivo para aceite, alcohol o cualquier otra sustancia que no implique el pago de IEPS.
De esta forma, las empresas importadoras evaden el pago del impuesto. Con esa maniobra, la gasolina y el diésel bajan su precio 6.45 y 7.00 pesos, respectivamente, con respecto al mercado nacional.
Por ejemplo, un empleado de Petro Soluciones ofreció el 11 de marzo de 2025 diésel a 21.80 el litro en un patio clandestino de Ensenada, Baja California, fecha en la que el precio más bajo ofrecido por Pemex a mayoristas era de 22.40 pesos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“Tenemos 9 millones de litros de diésel en Ensenada, en patio, se bajaron el día de ayer”, señala un “kit fiscal”, un paquete de documentos que los intermediarios enviaron a un cliente potencial de huachicol entregado a Aristegui Noticias durante esta investigación.
En el caso de Ingemar, a la citada empresa se le relaciona con el aseguramiento de 129 carrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de huachicol fiscal ocurrido en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, el pasado 7 de julio.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las unidades no contaban con los documentos para acreditar el traslado y la procedencia lícita de combustibles.
Un representante de Ingemar también ofreció gasolina y diesel de contrabando a un posible comprador, comunicación de la que este medio tiene copia.
Patios, puntos intermedios del huachicol
Tras la importación de Estados Unidos, el combustible es almacenado en patios clandestinos, donde es resguardado previo a su comercialización en entidades como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Veracruz.
Se trata de terrenos con tanques y sistemas de bombeo improvisados para hacer el trasvase de combustible. Por ejemplo, en los límites de Nava y Piedras Negras opera uno de estos lugares en un terreno de tierra, junto a una nave industrial, violando visiblemente la NOM-006-ASEA-2017, misma que establece las especificaciones técnicas y criterios de seguridad que deben cumplirse en las instalaciones terrestres de almacenamiento de petróleo crudo y petrolíferos
De acuerdo con las investigaciones realizadas por este medio, no existen registros oficiales en materia Energética o de Medio Ambiente que avalen el funcionamiento de estos espacios.
El Registro Público de la Comisión Nacional de Energía (CNE) indica que todos los permisos concedidos en Piedras Negras y Nava corresponden a plantas de almacenamiento y estaciones de carburación para la venta de GAS LP.
Entre las empresas que han usado estos patios se encuentran Atom, Mefra Fletes, Windstar y Carvel, entre otras.
Además, Aristegui Noticias revisó miles de facturas que comprueban los vínculos y operaciones financieras entre las empresas investigadas por presunto huachicol fiscal con compañías fantasma, estaciones de servicio y brokers del huachicol fiscal, en un complejo entramado que mezcla operaciones legales con irregulares.
El coronel huachicolero
Fuentes ministeriales señalan que la salida del coronel Octavio Othón López Pérez de la aduana de Ciudad Juárez se dio tras el decomiso de al menos nueve pipas de la marca Windstar cargadas con huachicol, las cuales fueron interceptadas en un doble retén de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad a la salida de la zona aduanera, operativo que se dispuso ante las sospechas de corrupción del mando militar.
López Pérez llegó al cargo de administrador de la Aduana de Ciudad Juárez en mayo de 2025, tras cinco meses de gestión de su compañero —también militar en retiro— Benito Cegueda Hernández.
Ambos fueron colocados bajo la titularidad del general André Georges Foullon Van Lissum, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el gobierno del entonces presidente Andrés López Obrador.
López Pérez al igual que Cegueda Hernández fueron mencionados este año en medios locales de Chihuahua como personas vinculadas a investigaciones relacionadas con actos de corrupción.
En Declaranet, el sitio web donde los funcionarios públicos colocan sus declaraciones patrimoniales, tanto Cegueda como López nunca aparecieron como encargados de la administración en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Previo a la salida del coronel, diversas notas periodísticas ya lo vinculaban con operaciones de huachicol fiscal y tráfico de armas cuando fue responsable de la aduana en Palomas, Chihuahua, de la que salió en mayo del 2025 para dirigir la aduana de Ciudad Juárez.
Tras ser separado del cargo, el coronel Octavio Othón López Pérez se habría quejado ante el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por su “desvinculación de la Aduana de Ciudad Juárez”.
El mando militar habría argumentado en su defensa que su salida fue consecuencia de una denuncia por presunto contrabando de combustible que él mismo presentó apuntando a responsabilidades de las autoridades civiles.
Sin embargo, hay evidencia de que su estancia al frente de la aduana en Ciudad Juárez, estaba siendo cuestionada
Desde el pasado 30 de julio, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Fernando Marín Mollinedo, giró un oficio para acotar el mando del general retirado, otorgando a Rafael Buenrostro Martín, subdirector de Operación Aduanera, la responsabilidad de asignar los roles y turnos en la aduana de Ciudad Juárez.
Dicho oficio fue publicado por Calibre 800, un noticiero de radio Chihuahua, y Aristegui Noticias pudo confirmar su autenticidad.
Fuentes ministeriales también revelaron que el coronel retirado está vinculado con el empresario René Díaz Ramos, alias “La Rana”, señalado como contrabandista y “fayuquero” en una nota del semanario Zeta de Tijuana.
La investigación de huachicol fiscal de Aristegui Noticias revela que no solo altos mandos de la Secretaría de Marina están vinculados con el tráfico de combustible, sino también elementos del Ejército Mexicano, a pesar de que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los militares acabarían con la corrupción en las aduanas.
