«AGUACATEROS DROGADICTOS y MANZO CULPABLE ?: «DESMENUZAMOS COMPENDIO de BABOSADAS de JEFE de ASESORES de la PRESIDENCIA TRAS ENTREVISTA con EL FINANCIERO»…una narrativa que lava culpas mientras señala a todos menos al gobierno actual.

La mas reciente entrevista ,de Jesus Ramirez, jefe de asesores de la presidenta de Claudia Sheinbaum ,con el periodista Rene Delgado en el espacio de EL FINANCIERO, fue un vulgar intento desesperado de justificar una estrategia de seguridad fracasada y un “Plan Michoacán” vendido como solución integral, pero montado sobre los mismos muertos de siempre y una narrativa que lava culpas mientras señala a todos menos al gobierno actual.

El truco retórico del “Plan Michoacán integral”

• Ramírez presenta el Plan Michoacán como algo “no coyuntural”, una gran estrategia de fondo, pero no define metas claras, plazos ni indicadores públicos, solo menciona “evaluaciones quincenales” y “datos duros” sin concretar qué se va a medir ni cómo se van a transparentar. 
• Cuando el entrevistador le presiona sobre el punto de llegada, esquiva con generalidades: sellar el estado, atender jornaleros, jóvenes, medio ambiente, agua; es un catálogo de buenas intenciones sin diseño verificable, ideal para rueda de prensa, inútil para rendición de cuentas. 
• El recurso discursivo es clásico: inflar la complejidad del problema (economía global, metanfetaminas, aguacate, agroexportación) para diluir la responsabilidad política concreta del gobierno federal y del actual gobierno de Sheinbaum, presentando todo como una tormenta histórica de la que solo son víctimas bienintencionadas. 

Repartiendo culpas: Calderón, Peña, todos… menos el presente

• Ramírez recorre los cuatro planes de seguridad en Michoacán: el operativo de Calderón (guerra), el plan de Peña (autodefensas armadas), el plan de AMLO y ahora el de Sheinbaum, pero solo los primeros tres son señalados como fracasos o errores; el de López Obrador se salva con la fórmula mágica: “éxito relativo” y “mejoras sociales como nunca”. 
• El detalle incómodo es que, tras esos “éxitos relativos”, Michoacán siguió con altos índices de violencia, extorsión y control territorial del crimen; él lo admite cuando habla de la evolución del crimen, pero lo atribuye a cambios en el mercado de drogas y a la economía global, no a una estrategia de seguridad insuficiente o mal planteada. 
• Su narrativa construye una línea de tiempo donde el pasado oscuro termina simbólicamente en 2018, pero cuando el entrevistador le recuerda que también hay un “pasado” 2018–2024, Ramírez responde inflando indicadores sociales positivos y minimizando el hecho brutal: el alcalde Carlos Manzo está muerto en el contexto de una estrategia que se supone ya llevaba años “atendiendo las causas”. 

“La violencia no se termina con violencia”: lema útil, realidad incómoda

• Ramírez defiende la famosa consigna de que “no es con violencia como se termina la violencia”, pero cuida que no suene a “abrazos, no balazos”: insiste en que no implica impunidad y que debe haber Estado de derecho y procesar delincuentes. 
• El problema es que esa defensa moral se estrella con los hechos: durante años, el gobierno que él defiende ha sido señalado por capturas espectaculares seguidas de liberaciones, fallas del sistema de justicia, zonas completas bajo control criminal y masacres que no desaparecen por repetir la consigna pacifista. 
• Cuando el entrevistador matiza la frase “abatir delincuentes” del alcalde asesinado, Ramírez la trata como una posición casi bárbara, violatoria de derechos humanos, lo cual es discutible en términos jurídicos concretos (uso de la fuerza en flagrancia), pero muy conveniente políticamente: sirve para deslindarse del alcalde ejecutado y su narrativa de “mano dura”, sin hacerse cargo de que murió bajo el diseño de la seguridad federal fallida y fallando. 

Derechos humanos selectivos y moral de vitrina

• Ramírez se instala en una defensa absoluta de los derechos humanos del delincuente –cita incluso el caso Eichmann y los juicios a nazis– para descalificar cualquier enfoque de uso letal de la fuerza como respuesta al crimen, equiparando matices operativos con barbarie.
• Pero no aborda el reverso: las víctimas que viven bajo extorsión, desplazamiento, secuestros y asesinatos cotidianos en regiones donde el Estado renunció de facto al monopolio legítimo de la fuerza; su apelación a la “barbarie” parece reservarse para la idea de abatir delincuentes, no para los territorios donde el crimen dicta la ley. 
• La hipocresía está en el doble estándar: discursivamente, el Estado es garantista, jurídico, civilizatorio; en la práctica, la gente se organiza en autodefensas, paga piso, negocia con grupos armados y entierra a los suyos, mientras el gobierno mantiene una estética moral impecable en las mañaneras televisadas. 

El asesinato de Manso: crimen útil, no punto de quiebre

• Cuando se le pregunta si el homicidio de Carlos Manzo es un punto de quiebre, Ramírez dice que la oposición quiere verlo así, casi como “llamada a la acción”, y lo reduce a un crimen condenable que el gobierno debe procesar, pero niega que altere la ruta estratégica. 
• Ese encuadre es funcional: si aceptar que es un parteaguas implicaría admitir que la estrategia actual no funciona, la salida es acusar a la oposición de oportunismo y reafirmar que solo falta “demostrar con hechos” que la estrategia integral sirve, como si no se tratara ya de un sexenio y medio de laboratorio con miles de víctimas en el proceso. 
• Mansz, además, le sirve de chivo expiatorio conceptual: como él hablaba de “abatir” delincuentes, su asesinato se presenta casi como lección histórica sobre lo peligroso de pedir mano dura, desplazando la atención de la incapacidad estatal para proteger a un alcalde en funciones. 

Causas, metanfetaminas y aguacates: la niebla perfecta

• El discurso de Ramírez se regodea en la “complejidad estructural”: jornaleros agotados que consumen cristal para aguantar jornadas dobles y triples, industria del aguacate que genera miles de millones de dólares y pocos beneficios sociales, metanfetamina como eje del mercado local, crimen que controla sectores de la economía mediante extorsión. 
• Aqui la operación retórica es clara: al inundar el diagnóstico con factores estructurales, se disuelve la posibilidad de exigir soluciones específicas, cuantificables y urgentes; todo se vuelve un largo proceso histórico en el que el gobierno actual “hace lo que puede” y al que nadie puede pedirle resultados concretos en plazos definidos. 
• Hablar de “evolución del crimen” sirve además para evitar la pregunta más incómoda: ¿qué decisiones políticas y de seguridad de este gobierno, concretas, contribuyeron a dejar sectores enteros en manos del crimen que hoy extorsiona aguacateros, jornaleros y pequeñas economías locales? 

El pasado neoliberal como coartada infinita

• A lo largo de la entrevista, Ramírez vuelve una y otra vez al neoliberalismo, a la globalización, a las reformas judiciales de Zedillo, al uso del Poder Judicial contra movimientos sociales, a la subordinación a Estados Unidos; ese relato funciona como marco general de legitimación para todo lo que hoy falla.
• La fórmula es simple: si hay pobreza, violencia o dependencia económica, es herencia del modelo anterior; si hay mejoras, son producto del nuevo proyecto; si hay retrocesos, son culpa de los poderes fácticos, de Washington, de las cámaras empresariales o del crimen organizado infiltrando instituciones.
• Este marco excluye sistemáticamente una hipótesis básica en cualquier análisis serio: que la estrategia de seguridad, económica y judicial de la 4T también tenga errores de diseño, malas decisiones y negligencias que no se explican solo como “resistencias del viejo régimen”.

Reforma judicial: democratización o captura disfrazada

• Sobre la reforma al Poder Judicial, Ramírez la presenta como una “solución democrática imperfecta” para tocar el poder intocado, denunciar la captura por poderes fácticos y crimen, y romper el dominio de las élites sobre jueces y ministros. 
• Reconoce que elegir jueces no resuelve por sí mismo la justicia, pero lo vende como un “acierto” necesario para romper inercias, minimizando los riesgos de que la elección popular de jueces bajo un partido hegemónico termine sustituyendo la captura privada por una captura partidista. 
• Cuando se le menciona el impacto en la inversión y la certeza jurídica, responde con la carta nacionalista: presiones de cámaras empresariales, doble moral, defensa del interés mexicano; el ruido económico y jurídico se reinterpreta como prueba de que el gobierno está tocando intereses, no como síntoma de un diseño institucional defectuoso. 

La ética de la 4T y los “lunares” que nunca se limpian

• Ramírez insiste en que el proyecto de la Cuarta Transformación es democrático, popular y ético, y admite “lunares” y vicios heredados de la cultura priista: corrupción, clientelismo, uso patrimonialista del poder, infiltración de esa cultura incluso en la izquierda. 
• Pero cuando se le pregunta por qué no han desterrado esa corrupción y esos vicios, se la quita de encima mandando la responsabilidad a “instancias correspondientes” y al electorado, como si el gobierno no tuviera obligación concreta de sancionar a sus propios cuadros y como si la ética fuera una especie de destino autorregulado por las urnas.
• El resultado es un discurso cómodo: se reconoce la existencia de morenistas que traicionan la ética, pero no se asume responsabilidad institucional seria; el voto se convierte en detergente moral de temporada, mientras la estructura política se mantiene. 

Democracia viva o clientela cautiva

• Ramírez sostiene que México vive una “democracia viva muy fuerte” y que quienes critican al proyecto hablan de zombificación del electorado sin autocrítica de su lado, repitiendo la idea de un pueblo lúcido que eligió la transformación frente a élites ciegas y cínicas. 
• Esa narrativa ignora deliberadamente los mecanismos de control político y clientelar que el propio régimen ha perfeccionado: programas sociales masivos como base de legitimidad, narrativas de polarización permanente, descalificación sistemática de críticos, y un partido de Estado de facto que ocupa todos los espacios institucionales clave. 
• Presentar cualquier crítica al gobierno como nostalgia del “viejo régimen” o defensa de privilegios invita a cerrar el debate público, no a abrirlo; convierte a la democracia que dice defender en plebiscito de adhesión, no en un sistema de controles y rendición de cuentas. 

Conclusión: una narrativa blindada para un país desprotegido

• La entrevista de Jesús Ramírez es un ejercicio de blindaje discursivo: culpa al pasado, glorifica logros sociales, dramatiza la complejidad estructural y reviste de ética y soberanía una estrategia de seguridad que no ha impedido asesinatos de alcaldes ni el control territorial del crimen en estados como Michoacán,Sinaloa o Tamaulipas,donde el componente de amasiato de autoridades y gobernadores con el crimen organizado es asqueroso.
• Su discurso sobre violencia se sostiene en una superioridad moral que, sin embargo, no ofrece protección efectiva a quienes viven en los municipios “sellados” ; el Plan Michoacán se vuelve etiqueta de campaña, mientras la realidad sigue siendo de plomo, cristal y extorsión. 

Con informacion: ELFINANCIERO/