Cuando aún era dirigida por Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmó un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México, con el compromiso de que al despacho privado se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio.
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A través de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de México un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por más de 250 millones de dólares en ese país. De ganarse el caso, que hasta ahora avanza en favor de México, 75 de los 250 millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas.
Pero una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una denuncia ha concluido inicialmente que dicho contrato es ilegal y que Nieto es probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones, confirmaron autoridades federales a este medio.
La firma contratada por Nieto el 14 de julio de 2020 es Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM, y cuya primera misión fue promover una demanda civil ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, Florida, contra García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
La demanda, presentada el 21 de septiembre de 2021 —mes y medio antes de la renuncia de Nieto a la UIF—, señala que se busca “recuperar al menos 250 millones de dólares robados al gobierno de México por García Luna” y los personajes que conspiraron con él, entre los que se encuentran otros exfuncionarios mexicanos, empresarios pertenecientes a la familia Weinberg y compañías fachada.
De prosperar la demanda civil por el monto reclamado en el caso contra García Luna, el despacho estadounidense se haría acreedor a un pago por honorarios de 75 millones de dólares, correspondientes al 30% de los recursos recuperables, conforme el contrato suscrito por Nieto y la firma KCM, documento del que Animal Político tiene copia y que es dado a conocer por primera vez.
En el contrato, Nieto fungió como “representante de los Estados Unidos Mexicanos” y confirió poder de representación de la UIF a los abogados del despacho KCM.
El caso ha avanzado a favor de México. El pasado 21 de agosto, el juez William Thomas desechó las demandas de sobreseimiento de las partes demandadas y autorizó al gobierno mexicano a continuar con el proceso judicial de recuperación de activos, con la posibilidad de que haya una resolución en 2023.
A través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la FGR inició, el pasado 4 de julio, una carpeta de investigación en contra de Nieto por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pues, según la indagatoria, el exfuncionario no tenía facultades para representar al Estado mexicano ni otorgar a terceros poderes de representación, amén de que se violó presuntamente la Ley de Adquisiciones, según confirmaron a Animal Político autoridades ministeriales.
En un posicionamiento enviado a este medio, Nieto aseguró que tenía facultades legales para efectuar la contratación de la firma estadounidense, que contó con el permiso de todo el gabinete de seguridad, y que, incluso, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dio su “autorización expresa” para continuar con el acuerdo, aunque no presentó pruebas de estas afirmaciones.
Argumentó que, debido a que se suscribió un contrato a “cuota litis”, ningún proceso legal encabezado por el despacho generaría costo presupuestal alguno para las finanzas públicas, debido a que los gastos se cobrarían del 30% de los montos que se recuperaran.
Nieto dijo que el Estado mexicano no cuenta con una representación jurídica para procesos de este tipo ante las instancias de EU. Así que, a falta de ello, “de acuerdo con la costumbre internacional de representación de clientes soberanos y en aras de asegurar un esquema de austeridad, la UIF acordó con el despacho KCM un esquema de contrato a ‘cuota litis’ (sin posibilidades de cobro a menos a que se obtenga la victoria legal)”.
Exfuncionarios y abogados consultados por este medio afirmaron que el esquema de contratar firmas de abogados en EU para litigar casos de corrupción y ofrecerles honorarios del 30% de los recursos y bienes que logren obtener es algo usual y que dicho porcentaje está dentro del rango del mercado.
Nieto, quien recientemente fue designado fiscal interino de Hidalgo, advirtió que la indagatoria de la FGR pone en riesgo los avances en el “sólido” proceso de recuperación de activos obtenidos ilegalmente por García Luna, al “(otorgar) argumentos a la justicia norteamericana para no reconocer la legitimidad de la petición”.
Aseguró que los únicos beneficiarios de que el litigio falle serían el extitular de la SSP y sus cómplices; calificó la indagatoria de la FGR de “inexplicable” y acusó “motivos personales”.
Según la investigación ministerial, solo la Cancillería, la SHCP —a través de su titular— o la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal estarían facultadas para suscribir un contrato como el que firmó Nieto.
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