El director de Informática del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), José Alfredo Sánchez López, entregó el examen para jueces de distrito para que fuera vendido a postulantes.
La compra-venta de las preguntas y respuestas del examen para jueces de distrito, el escándalo más grave del Poder Judicial de la Federación de los últimos años, ocurrió en mayo de 2018. Los reactivos fueron ofrecidos en distintas tarifas que iban desde 25 mil, 50 mil y hasta 186 mil pesos.
La investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concluyó que Sánchez López fue el primer eslabón de la estafa; en la indagatoria, la Judicatura ya había inhabilitado a 13 funcionarios y un particular, entre ellos el magistrado Salvador Mondragón Reyes, entonces director del IJF.
Las preguntas y respuestas del examen fueron ofrecidas por Óscar Esquivel Martínez, quien desde antes del escándalo ya había renunciado a su plaza de secretario del Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta capital.
En el examen participaron más de 2 mil 600 interesados en una de las 100 vacantes para ser juez.
"Los medios de prueba en análisis, concatenados entre sí, permiten presumir que José Alfredo Sánchez López filtró a un tercero las preguntas y respuestas del examen de la primera etapa, así como el caso práctico de la segunda etapa del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, pues accedió a dicha información en periodos cercanos a que se llevaran a cabo", dice el procedimiento.
Según la investigación, Esquivel Martínez ofreció por WhatsApp y llamadas telefónicas los reactivos y respuestas. Contactó a Verónica Patiño Olvera, secretaria particular de un magistrado, para que le ayudara a contactar a interesados en comprar el examen.
Pero el propio Esquivel llamó a varios secretarios de juzgados y tribunales como Roberto León Rodríguez, Alejandro Ordóñez Pérez, Felipe Gilberto Vázquez Pedraza, Patricia Guadalupe Lee Martínez y Verónica Patiño Olvera, para ofrecerles los reactivos y respuestas.
¿Cómo se fraguó el delito?
La necesidad de corregir un error de tres letras del abecedario en el examen fue lo que llevó a pedir la ayuda de Sánchez López, y lo que detonó su posterior filtración.
Mondragón Reyes explicó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo que una vez que el Comité Académico aprobaba las preguntas y respuestas, la información no pasaba por más de tres manos.
En su testimonio del 22 de febrero de 2018, el magistrado expuso que aparentemente los reactivos se tenían que entregar en dispositivo electrónico a Bernardo Velasco Muñoz, coordinador académico, quien a su vez entregaba la memoria a la secretaria del proceso de selección, Marga Xóchitl Cárdenas.
Ella se encargaba de guardarlos en una computadora que conocían como la "superpoderosa", la cual se guardaba en una caja de seguridad del Salón de Profesores del IJF, de la que Cárdenas era la única persona quien tenía la clave de acceso.
"La revisión de los reactivos terminó el 22 de diciembre de 2017 y a partir de ahí dio instrucciones a Marga Xóchitl Cárdenas para que los ingresara a la supercomputadora, sin que recordara el número exacto de reactivos, desconociendo en qué momento llevó a cabo la instrucción", dice el magistrado.
Si bien esta información es administrada con mucho celo y sigilo, en esa misma fecha, Cárdenas pidió a Mondragón y Velasco el permiso para llevarse a su casa la "superpoderosa" y los reactivos autorizados, para ingresarlos al Sistema de Generación de Concursos (SIGECO).
La ex funcionaria dijo en su testimonio que ambos accedieron, pero la responsabilizaron de la computadora y la información. Ella dijo que se fue de vacaciones con sus padres, pero que dejó el equipo de cómputo "debidamente" oculto en su domicilio.
En su labor de introducir la información, el 2 de enero de 2018 Cárdenas advirtió que había un error en pregunta dos, que tenía como opciones de respuesta D, E y F, en lugar de las tres primeras letras del abecedario.
Por lo anterior, a las 15:00 horas solicitó al ingeniero José Alfredo Sánchez, director de informática del instituto, que acudiera a su oficina para que verificar el archivo.
Mondragón le pidió a la funcionaria que, por el sigilo que debe haber sobre esta información, vigilara al ingeniero en el momento en que tuviera acceso al equipo.
"Quiero que veas exactamente lo que hace, que estés atrás de él viendo cómo opera la máquina, que no realice ningún respaldo o copia", le dijo el magistrado.
Después de 15 minutos, director de informática se comunicó con Geovani Salas, para que lo apoyara a solucionar el problema. Sánchez señaló que la solución era dar "enter" al final de cada campo de las partes que integraban el reactivo en el sistema.
Ese fue el momento en que Sánchez habría tenido acceso a los archivos del examen.
Un mes después, el 2 de febrero, Mondragón le entregó a Cárdenas un sobre amarillo con una memoria USB que contenía la legislación con la que los aspirantes a jueces debían resolver el caso práctico.
Ella le pidió a Sánchez instalar los archivos con esas normas en las computadoras que usarían los aspirantes.
"En el momento en que José Alfredo ingresó a su computadora, Marga Xóchitl Cárdenas García, refiere haberse distraído unos segundos con otro de sus compañeros y cuando volvió su mirada al equipo de cómputo, José Alfredo había abierto la unidad USB y de manera instantánea apareció en su monitor un archivo en formato PDF, ante lo que aquél le preguntó ¿es este el material? Marga Xóchitl dice que desconcertada dirigió su vista hacia ese archivo y mencionó 'al parecer es el caso' haciendo referencia al caso práctico, por lo que le instruyó a que lo cerrara", dice la relatoría del caso.
Los miembros del Comité Técnico nunca enviaban escaneado el caso hipotético que debían resolver los aspirantes, por eso Cárdenas declaró que estaba sorprendida que estuviera en el mismo dispositivo de memoria.
Según el CJF, otra irregularidad que hubo en este certamen fue que la legislación instalada en las computadoras tampoco coincidía con la materia jurídica del caso práctico.
Compra venta
El funcionario que confesó desde un primer momento haber obtenido los reactivos del examen y permitió al CJF desenredar la madeja de los implicados fue Roberto León Rodríguez, secretario del Tercer Tribunal Unitario Penal.
El 13 de febrero de 2018 rindió un testimonio ante las autoridades administrativas en el que dio detalles de la compra venta.
Según su dicho, el 2 de febrero Óscar Esquivel Martínez lo contactó por WhatsApp para ofrecerle las preguntas y respuestas en 100 mil pesos.
Esquivel, a quien León reconoce como su amigo, luego bajó el precio a 50 mil pesos al advertir que no tenía esa cantidad. Luego le hizo una última oferta de 25 mil pesos.
Esa noche se encontraron en el Sanborns de Tlalpan, cerca de la zona de hospitales.
Esquivel le entregó una USB con 110 reactivos (10 más de los aplicados en el examen) distribuidos en 5 o 6 carpetas electrónicas con las denominaciones Amparo, Administrativo, Civil, Mercantil y Laboral y la gran mayoría, el 90 por ciento, se aplicaron en la primera etapa del examen, el 4 de enero.
De acuerdo con el testimonio del secretario, esa noche grabó la información en una laptop, le devolvió la memoria y prometió pagarle más adelante, porque en ese momento no tenía el dinero.
Según un informe bancario, León retiró 35 mil pesos en efectivo el 9 de enero de 2018. Ese día le pagó los 25 mil pesos a Esquivel en el restaurante La Vicenta en Altavista.
La red de llamadas telefónicas que elaboró el CJF, con base en los informes de Radio Móvil Dipsa, establecen que antes, durante y después, Esquivel también estuvo en contacto con otros secretarios para ofrecerles el examen.
Es el caso de Alejandro Ordóñez Pérez, Patricia Guadalupe Lee Martínez, Felipe Gilberto Vásquez Pedraza y Verónica Patiño Olvera, de los tribunales Quinto y Sexto Colegiados Penales, y Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, todos en esta capital.
Lee Martínez, a su vez, habló con su ex esposo Martín Mayorquín Trejo, secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Mazatlán; Patiño, a su vez con Hugo Alberto Carmona Olguín, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en San Andrés Cholula, Puebla.
Este último, a su vez, contactó a Paulo César Falcón Gómez, su compañero secretario en el mismo juzgado.
León, según el expediente, también ofreció el examen en 50 mil pesos a Juan Carlos Hernández Jiménez, secretario del Tercer Tribunal Unitario, pero éste no aceptó.
El 6 de marzo de 2018, cuando Hernández acudió a declarar ante la autoridad administrativa, puso a disposición su teléfono para que verificaran sus conversaciones por WhatsApp.
-"No me sabría igual. Imagínate. Si es verdad y paso el examen, sería como engañar a mi familia en que conseguí algo y no es verdad, no sería honesto a mi parecer. Pero lo pienso yo, amigo, No lo critico y tampoco juzgo, simplemente yo no me sentiría cómodo conmigo mismo".
-"Amigo lo que insisto es que tú eres un gran abogado y no necesitas eso. Pero no opino nada ok? Reitero que el pjf estaría orgulloso de tener un juez como tú", le dijo Hernández a León.
-"Muchas gracias. No te preocupes", respondió.
Hernández aprobó 62 de los 100 reactivos y León 87.
