Un reporte elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) da cuenta de cómo evolucionó, a partir de 2004, la manufactura de armas en Estados Unidos y de cómo, desde 2007, su tráfico ilegal a México creció.
Basándose en cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el informe habla de los aseguramientos de armas ilícitas en el país, aunque el autor del estudio, David Pérez Esparza, aclara en entrevista que ese número no es necesariamente indicativo de éxito en la lucha contra el crimen organizado.
Hay dos años significativos que marcan el fenómeno del tráfico ilegal de armas de fuego y de los insumos que rodean a esta actividad (cartuchos, cargadores, miras, fornituras, cascos, granadas, chalecos balísticos): 2004, cuando expiró la prohibición federal en Estados Unidos que impedía la fabricación de armas de asalto automáticas para uso de civiles; y 2007, el año en que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, puso en marcha su Estrategia Nacional de Seguridad, enfocada en el enfrentamiento directo contra grupos criminales, especialmente contra las organizaciones del narcotráfico.
En ambos casos, las medidas adoptadas se tradujeron en un escenario que catapultó la producción de armamento bélico y para defensa personal en Estados Unidos. El Reporte Especial Elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, distribuido entre el gabinete de seguridad federal en la primera semana de enero de 2022, muestra cómo fue la evolución de la producción de armas de fuego en los estados del sur de la Unión Americana de 1998 a 2010.
Tal reporte especial –“Violencia vinculada a las armas de fuego”, elaborado por el director del CNI, David Pérez Esparza– es el documento más reciente del gobierno federal que muestra la complejidad del tema del tráfico ilegal de armas de fuego hacia México, su presencia, expansión y consecuencias en toda la población.
–Llama la atención que esto se vincula con el periodo de Felipe Calderón. ¿Habría algún tipo de responsabilidad más allá de la histórica? –se le pregunta a Pérez Esparza.
–Yo no me atrevería a dar ningún juicio de valor, porque los datos no te dan para eso. La lógica sí te da para eso, pero los datos no. La lógica te dice, sospecha mal, piensa mal y acertarás, pero de eso a que los datos lo avalen, no.
El documento deja ver que en el actual gobierno el aseguramiento de armas de fuego presenta cifras magras en comparación con otros sexenios. Indica que en 2017 y 2018, los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, se aseguraron 4 mil 802 y 5 mil 144 armas de fuego, respectivamente, principalmente en Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Sonora, Guanajuato y Baja California.
En tanto en 2019, primer año del mandato de Andrés Manuel López Obrador, se aseguraron sólo 907 armas de fuego (cifra que dista mucho de la ofrecida por el Ejército), con Tamaulipas como el estado con más incautaciones (13.45%), según el reporte especial, que acredita como fuentes en este segmento al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para 2017; y la Base de Datos del Registro de Armas Confiscadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para febrero de 2019.
Sin embargo, información de la Sedena actualizada al 31 de octubre de 2021 muestra que en 2018 se aseguraron 479 armas, pasando en 2019 a 5 mil 567 piezas, en 2020, a 5 mil 879, y en 2021 a 4 mil 561 armas.
En la página 68, con datos del INAI de 2017 y de la Sedena en 2019, se muestra que “en el sexenio de Felipe Calderón se observa un incremento en el número de armas confiscadas, alcanzando su máximo histórico en 2011 con alrededor de 32 mil armas”. En total, el recuento ofrecido por el CNI entre 1990 y 2015 es de 210 mil 831 armas de fuego incautadas, mientras que en la siguiente gráfica que engloba los sexenios de Vicente Fox (13 mil 629 armas aseguradas), Felipe Calderón (126 mil 847), Enrique Peña Nieto (35 mil 494) y el 2019 de López Obrador (3 mil 234 armas aseguradas), se indica que en esos tres sexenios hubo 179 mil 204 armas incautadas.
Problemas detrás de la confiscación
Este factor, el del aseguramiento como medida de éxito o parámetro correcto de una estrategia gubernamental para hacerle frente al tráfico de armas y a la violencia relacionada con ellas, es uno de los motores que dieron origen a la elaboración de los reportes especiales del CNI, señala David Pérez al explicar el problema detrás de la confiscación de armamento.
“Las confiscaciones, por ejemplo, también tienen un problema, porque si tú confiscas más no quiere decir necesariamente que había más armas, simplemente quiere decir que confiscaste más. O, por ejemplo, supongamos que hay un presidente al que le importa mucho el tema de las armas y confisca muchas armas. Llega un nuevo presidente y no le importa el tema de las armas y no se confiscan armas; no quiere decir que ya no hay armas, sino que simplemente la estrategia cambió”, señala.
Esparza considera que hay dos alternativas en torno al asunto de los aseguramientos: “Puede ser porque tú buscas menos armas o porque no hay tantas armas”. Ese es el tema y el problema es que no lo sabemos, añade.
“Es complicado saberlo, por eso el reporte plantea muchas fuentes, para que cada quien cree su historia. Nadie tiene la historia real, ni siquiera el propio gobierno la puede tener. Por ejemplo, ahorita, este gobierno ha hecho muchos más esfuerzos en el tema de las armas y confisca menos”, asegura.
Otra hipótesis es que ahora se trafican partes y no las armas completas, señala el director del CNI. “Eso complica más las cosas, porque ya estás hablando de que quizás están entrando más partes y menos armas. ¿Es mejor o es peor? Quién sabe, probablemente es peor porque es más difícil detenerlo”, reconoce.
El covid-19 también ha sido un factor importante en torno al tema de las armas de fuego ilegales y su nexo con la violencia. Pérez Esparza señala que las confiscaciones sí son una buena variable, “pero tienes que tener mucho cuidado en cómo la lees, porque son realidades muy distintas y puedes decir que el gobierno no actuó y puede ser que sí o puede ser por el covid-19”.
La orden con covid-19 fue no andar buscando cosas en los carros ajenos, dice. “Entonces, si te fijas, la mayor parte de los retenes son reactivos, ya no hay retenes preventivos y no porque el gobierno no quiera, sino porque está el covid-19. Yo veo muchas hipótesis y no veo que haya una que esté probada totalmente”, agrega Esparza.
Se ignora la cantidad
El reporte “Violencia vinculada a las armas de fuego” es, de hecho, el último de 2021 en la materia, en un ejercicio de análisis y seguimiento surgido en 2019, en el inicio del gobierno de López Obrador. Con el proyecto ya cristalizado del reporte especial, que se elabora trimestralmente, se ha buscado abordar el tema del tráfico de armas, de la violencia vinculada a este fenómeno y de sus consecuencias, señala Pérez Esparza, su autor.
Aquí el gran tema sigue siendo la manera de abordar fenómenos tan complejos como el tráfico de armas, su producción, sus impactos en la sociedad mexicana, las políticas y formas de conocerlo, explicarlo y buscar soluciones desde múltiples perspectivas, señala.
La pregunta central que siempre surge en torno a este tema es si sabemos con certeza o de manera muy aproximada cuántas armas de fuego entran ilegalmente a México. “Nadie sabe realmente de cuánto es la cifra”, contesta vía telefónica el director del CNI. Por eso realizamos este ejercicio multidisciplinario y con varias fuentes de información y análisis, para tener una perspectiva más amplia de una realidad compleja y cambiante como lo es este fenómeno, explica.
El reporte especial se elabora trimestral o semestralmente, es un instrumento de análisis único que ofrece una visión más amplia y detallada del tema, “es un atlas sobre la violencia vinculada a las armas de fuego”, precisa Esparza al detallar que el documento de 94 páginas presentado al final de 2021 es también una especie de resumen de otros más amplios elaborados por el CNI.
De hecho, el documento señala en la página 54 que “para comenzar a analizar el tráfico de armas se deben tomar en cuenta dos fechas clave…”. A continuación, se refiere a los años 2004 y 2007, para después mostrar las gráficas sobre la manufactura de pistolas en el sur de los Estados Unidos, que pasó de unas 200 mil unidades entre 2006 y 2007 a más de 600 mil para 2010.
Muestra también la manufactura de armas largas en el sur de los Estados Unidos, la cual pasó de 100 mil a más de 450 mil piezas entre 2007 y 2010, así como el boom en la fabricación de rifles, que en 2007 era de unas 10 mil unidades y para 2010 rebasó las 80 mil.
El documento inicia recordando que en 2017 el Injury Prevention Journal publicó los resultados de la Primera Encuesta Mexicana sobre Propiedad de Armas, aplicada en las ciudades de Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Ciudad Victoria, Mérida, Tijuana, Ciudad de México, Monterrey y Veracruz, en las que se aplicaron mil 361 cuestionarios telefónicos, con aproximadamente 150 participantes por ciudad.
El reporte especial aborda la manera en la que se cometen homicidios dolosos en el país, la cual “ha cambiado considerablemente”. En 1997, detalla, “sólo 15.0% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego. Para lo que va de 2021 (ene-nov) esta cantidad representa 68.3%”.
Con la misma base de datos y para el mismo lapso, el reporte indica que en 2017 se cometieron 19 mil 961 homicidios dolosos con armas de fuego, de los cuales 200 fueron feminicidios. Para 2018 la cifra fue de 23 mil 934 homicidios dolosos con 208 feminicidios incluidos. En 2019 hubo 24 mil 437 homicidios con armas de fuego, con mil 996 feminicidios en la cuenta, y en 2020 se registraron 24 mil 415 asesinatos con armas de fuego en los que se contabilizaron 222 feminicidios.
Por entidades, Guanajuato (3 mil 583 casos), Estado de México (3 mil 505), Michoacán (2 mil 742), Jalisco (2 mil 109) y Chihuahua (2 mil 47) aparecen como los cinco con más víctimas de delitos cometidos con armas de fuego. Acerca de los gun shows en Estados Unidos, el reporte señala “un incremento significativo en el número de ferias de armas realizadas en el periodo 2011-2019, con 4 mil 852 eventos registrados. Sólo en 2019 se llevaron a cabo mil 264 ferias de armas, casi todas en el sur de Estados Unidos, promovidas por 490 empresas o conglomerados de la industria armamentista norteamericana.
Diez de estas compañías han sido identificadas por el CNI como promotoras de gun shows en el sur de Estados Unidos (Showmasters Gun Shows, Wolf Hill Ammo, Texas Gun Shows, Worldwide Firearms, The Original Fort Worth Gun Show, C & E Gun Shows, Inc., Crossroads of the West Gun Shows, Florida Gun Shows, R.K. Shows Inc. y Wes Knodel Gun shows).
El reporte presenta los puntos de trasiego de armas de fuego cubiertos por el Servicio de Administración Tributaria y por la Guardia Nacional, correspondiendo cinco para el primero (Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros) y siete para la segunda (San Fernando, Tamaulipas; Colombia, Nuevo León; Ojinaga, Chihuahua; Agua Prieta, Sonora, Querobabi, Sonora; La Rumorosa, Baja California, y Manzanillo, Colima).
Con datos del INAI de 2017 y de la Sedena para el periodo 1990-2017, se muestran 42 marcas de armas de fuego cortas y largas de las cuales sobresalen Colt Industries, Winchester y Remington. La cifra en el reporte del CNI señala 28 mil 766 armas aseguradas de las marcas Colt Industries (7 mil 734), Winchester (6 mil 848), Remington (5 mil 864), Ruger (5 mil 008) y Norinco (3 mil 312).
